La abuela de Loan estaba contenta. San Antonio, dice ella, la había ayudado a encontrar un teléfono que había perdido. El 13 de junio, día de su santoral, Catalina Peña organizó un almuerzo para agradecerle. Cocinó un estofado de pollo y tendió una larga mesa en su honor. Era jueves al mediodía y su casa, en el paraje correntino de El Algarrobal, se llenó de gente como si fuera un domingo. Sin aviso llegaron José y Loan, el hijo y el nieto de Catalina. Sumó dos platos a la mesa. Luego fueron ingresando las tres parej as invitadas con siete niños. Cuando terminó de comer Loan fue a buscar naranjas al fondo del terreno y desapareció sin dejar rastros. Dos semanas después Catalina le pide a San Antonio que le ayude a encontrar al nieto. Los vecinos de la zona le dicen que se lo llevó el Pomberito. Cinco de los adultos que se habían sentado a su mesa ese día están detenidos.
En los medios, en las redes y en las casas de todo el país se habla de aquel almuerzo y de la desaparición de Loan. Después de una cadena de torpezas policiales, una marcha masiva en la capital correntina y un pase del caso a la justicia federal, lo que se investiga es un caso de trata.
En aquella mesa se habían sentado Laudelina, la hija de Catalina, con su esposo “Capi” Benítez, un ruralista que tenía antecedentes penales por robo de ganado. Estaban también sus cuatro hijos pequeños. Además habían llegado “Fierrito” Ramírez, amigo de Catalina, y su esposa Mónica Millapi. Fueron con su hija y dos sobrinos. La tercera pareja era Carlos Guido Pérez, un capitán de navío retirado, y Victoria Caillava, directora de Producción de la municipalidad de 9 de Julio, cerca de El Algarrobal.
Loan, de 5 años, era uno más de los ocho niños que había en la mesa. José, su papá, vive haciendo changas de albañilería y trabajos en campos. En 9 de Julio habían quedado los hermanos mayores de Loan y María, su mamá.
La búsqueda desesperada y la última foto del almuerzo generaron enorme atención mediática sobre el caso. Al clima turbio se le sumaron las desconfianzas cruzadas y el inicio de manifestaciones en distintas localidades de Corrientes. Al lado de la familia, el lunes marchó con una multitud desde la Catedral el obispo auxiliar de Corrientes Adolfo Larregain, con paradas en las puertas de la Casa de Gobierno, del Ministerio de Seguridad de la provincia y las de la Jefatura de Policía.
Nadie en el Gobierno de Gustavo Valdés los atendió, ni siquiera a César y Mariano, los dos hermanos mayores de Loan, que encabezaron la columna de más de cinco cuadras de manifestantes.
La búsqueda
Corrientes no tiene policía judicial y el día que desapareció Loan, 9 de Julio no tenía energía eléctrica. La empresa distribuidora comunicó entonces que el viento norte había perjudicado las líneas del suministro: durante varias horas dejaron de funcionar las cámaras de seguridad del pueblo. Las horas clave de la desaparición y del inicio de la búsqueda.
Juan Carlos Castillo, ex policía correntino a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya, con jurisdicción en la zona, recibió la denuncia del caso a las seis de la tarde, pero recién llegó a la casa de Catalina el viernes a la mañana, después de viajar 75 kilómetros hasta El Algarrobal.
A las 14:24 de ese viernes se activó por pedido de Castillo el Alerta Sofía, un sistema de aviso de emergencia rápida para localización de los niños y adolescentes desaparecidos basado, principalmente, en la difusión masiva. Cinco minutos después, la casilla de peaje sobre la Ruta Nacional 16 registró la salida de la provincia de Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. El ex capitán de navío y la directora de Producción de la municipalidad de 9 de Julio pasaron al Chaco —donde él tiene una hija— en un Ford Ka rojo, con el que permanecieron hasta el día siguiente, 15 de junio, a la mañana en Resistencia.
Ese sábado a las 8:17, de regreso a Corrientes, atravesaron de vuelta el peaje del puente interprovincial que cruza el río Paraná, un puesto custodiado por la policía chaqueña y la Gendarmería Nacional.
Durante los primeros días, el fiscal mantuvo una única hipótesis: que Loan se había perdido buscando naranjas.
El fiscal Castillo explicó, once días después de la desaparición de Loan, que Pérez y Caillava estaban bajo sospecha pero pudieron viajar por la autorización del comisario Walter Maciel, el jefe policial de 9 de julio, que había tenido a su cargo la primera etapa de búsqueda. Maciel fue el sexto detenido. Además del permiso que le dio a los sospechosos en plena investigación, ostentaba otras fechorías y torpezas: cargaba en su legajo una antigua denuncia de abuso sexual y una serie de traslados forzados por su mal desempeño de funciones. En esta historia se lo sospecha de haber “plantado” una zapatilla de Loan en el barro de una laguna ubicada a tres kilómetros de la casa de la abuela.
Ese punto de la pesquisa fue clave para sostener la principal hipótesis de los investigadores. Recorrieron la zona con cincuenta perros de búsqueda y no encontraron ningún otro rastro de Loan. En teoría, la policía y los bomberos, fuerzas federales y de otras provincias rastrillaron 25 mil hectáreas de campo en busca del nene, con el apoyo de voluntarios y voluntarias que atravesaron montes y esteros y hasta cocinaron para los uniformados. Una escena de esa búsqueda circuló en redes: cuatro policías, en cueros y en calzoncillos caminan en un pantano mientras, con palos en la mano, tantean el fondo buscando rastros.
Sólo encontraron huellas suyas en el radio de 576 metros que separan la casa de Catalina Peña del naranjal al que Loan fue con “Capi” Benítez, “Fierrito” Ramírez y Mónica Millai junto a los otros niños.
También con el trabajo de los perros adiestrados es que se logró otra evidencia muy valorada por los fiscales Castillo y Guillermo Barry, de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Goya: el olor de Loan en la camioneta de Pérez y Caillava y en el Ford Ka con el que viajaron al Chaco.
Hasta este martes, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó a Corrientes para comunicar (por enésima vez) que el caso dejaba la órbita provincial y pasaba a la federal, el registro de evidencias compaginadas sumaba el equivalente a tres cuerpos de 200 fojas cada uno.
Entre esas pruebas las que se resguardan con mayor recelo son las que arrojaron los teléfonos y otros elementos secuestrados a los imputados.
Ellos son “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, junto a “Capi” Benítez, quienes hasta el lunes pasado estaban bajo la mira judicial y detenidos en prisión preventiva como posibles autores del delito de abandono de persona, pero que, en las últimas horas, junto con Pérez y Caillava, comenzaron a ser investigados por la posible comisión de un hecho de captación de persona con fines de explotación, agravado por tratarse la víctima de un menor de 18 años. En la misma situación procesal se encuentra el comisario Maciel, a quien, además, se le imputó el encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público.
El marino y su esposa son sospechosos de ser coautores; los demás de ser partícipes primarios.
Con esas etiquetas pasaron ahora a estar a disposición de la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo y el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán.
La magistrada tiene experiencia en el trote por estos ripios. Nació en la localidad de Santa Lucía, a 48 kilómetros de 9 de Julio, donde en diciembre de 1993 desapareció a sus dos años el niño Carlos González. Luego de trajinar los tribunales provinciales con distintas funciones, incluso la de jueza, fue subrogante del Juzgado Federal de Paso de los Libres. Allí desarticuló y mandó a juicio a los integrantes de una red de trata con fines de explotación sexual de más de 30 víctimas, con la que cayó el fiscal federal de la zona, Benito Antonio Pont, procesado por proteger a esa mafia.
Desapariciones
El cambio de carátula y el paso al fuero federal alimentaron versiones que aparecen con frecuencia ante este tipo de caso: la existencia de organizaciones criminales dedicadas al secuestro y venta de niños y niñas que operan en las provincias del norte y el litoral pero que tienen carácter transnacional.
Desde el gobierno arrojaron la idea sin sutilezas. “Existen redes de trata que venden niños como perritos”, dijo el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, hombre de confianza de la ministra Patricia Bullrich.
La hipótesis del funcionario es exagerada. En su página de internet el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) tiene registro de siete niños y niñas menores de seis años desaparecidos o extraviados en todo el país en la última década. La mayoría en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Puede que los datos no sean del todo precisos. En el listado de Missing Children Argentina figuran 115 niños, niñas y adolescentes que aún siguen desaparecidos (muchos de ellos ya superaron la mayoría de edad). Según el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) continúan en trámite 1777 búsquedas de niños, niñas y adolescentes. Pero en su sitio de internet solo figuran ocho menores de seis años.
“En la Argentina existe una deficiencia muy grande en materia de registros de personas desaparecidas —explica la antropóloga Celeste Perosino, integrante de la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV)—. No tenemos un registro unificado y actualizado. Tampoco un registro donde se asienten las causales de desaparición por lo que no conocemos a ciencia cierta cómo se desenvuelve el fenómeno en nuestro país”. Esta deficiencia hace que sea imposible saber por qué desaparecen los niños, niñas y adolescentes, si se trata de casos de accidentes, de secuestro de parientes, explotación sexual, etc.
La configuración del delito de trata de personas con fines de explotación no implica necesariamente la existencia de organizaciones criminales complejas dedicadas al tráfico internacional. Alcanza con que tres o más personas coordinen el secuestro (o captación), traslado y recepción de una persona con fines de explotación.
Para los fiscales provinciales, que se declararon incompetentes, esa es hoy la línea central de la investigación: “Se abandonó la hipótesis de la pérdida”, dijo Barry.
Soto, responsable del vínculo del Ministerio de Seguridad de la Nación con el Poder Judicial, lo cruzó en X: “Todo indica el secuestro con fines de trata, pero ello no implica que deba desistirse de la posibilidad (remota, por no imposible) de que Loan se haya extraviado”. Los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) lo tienen claro: en muchos de los casos de desapariciones caratulados como trata de personas nunca se pudo comprobar esa hipótesis.
“Más allá de que una causa pase a fuero federal para ser investigada como trata siempre es necesario que se investiguen múltiples hipótesis de trabajo”, explicó Perosino.
Con el último giro procesal se desvanecen ciertas inconsistencias que barnizaron la investigación hasta el momento. Desde las falsas citaciones a declarar ante el Ministerio Público Fiscal a quienes concurrieron a las marchas de reclamo en 9 de Julio hechas por el comisario Maciel, hasta la aparición en escena de una médium, entre otros chamanes que medran las redes sociales con impacto en medios masivos de prensa.
Las respuestas ahora provendrán del trabajo de la Justicia Federal con el apoyo de las fuerzas federales, que este martes estuvieron representadas en una reunión cerrada. Fue en la sede goyana de la Policía Federal con Bullrich a la cabeza bajo estricto hermetismo.
Casi todas las preguntas apuntan a la escena inicial. A desentrañar los vínculos entre las personas que se sentaron en esa larga mesa donde Loan estuvo por última vez, antes de desaparecer en el naranjal.