Ailén miraba por la ventana y veía un sol naranja, detrás de una cortina de humo blanco. Es psicóloga y atiende en pleno centro porteño. El viernes 14 de enero decidió ir a hacer home office al country de sus suegros, ubicado en Canning, para amortiguar lo que se anunciaba como el segundo día más calusoro de la historia en su ciudad. Con su familia tenían prendida la tele y buscaban en el celular información sobre el incendio. Pero a las 13 horas se cortó la luz.
Veían tres focos de incendio, respiraban aire caliente y temían por la dirección que tomaría el viento; frente al barrio hay pastizales secos que hace tiempo piden que corten. Sin luz, solo les quedaba hidratarse. A las 16, la temperatura superó los 41 grados. Sin embargo, Ailén, su pareja, y sus padres jubilados decidieron no abrir la heladera para no perder toda la comida. No sabían cuánto duraría el corte, nunca lograron que los atendiera Edesur.
Esa tarde, Ailén suspendió las sesiones virtuales con sus pacientes. A las 19 volvió la electricidad. En broma, agradecieron que la luz volviera antes de la hora de dormir. La mayoría de los vecinos, acostumbrados a los cortes, tienen generadores; el calor extremo más el ruido de los motores habrían hecho todo más difícil.
Argentina se alistó en un ranking extraño: en esos días registró las temperaturas más calurosas de la tierra. Y cuando más necesitaban del ventilador, del ascensor, del aire acondicionado y del agua, más de 1 millón de hogares del AMBA se quedaron sin luz. También hubo cortes en Santa Fe y Córdoba, provincias con las tarifas más caras del país.
La desesperación de familias, comercios e industrias por las fallas en el suministro volvieron a poner en el centro a la política energética, protagonista en la negociación de la deuda con el FMI y una de las áreas que mayor dolor de cabeza genera entre los gobiernos, ya que el costo político de esa mala gestión puede hasta impedir su continuidad, como pasó en 2015 y en 2019.
¿Por qué los cortes? Los expertos en energía subrayan dos causas: a la sobredemanda de energía coyuntural se agrega la falta de inversiones de las empresas distribuidoras.
En los últimos 2 años, la tarifa eléctrica aumentó el 9% pese a que la inflación superó el 100%. La situación presenta varios dilemas: ¿Quién va a financiar esas inversiones? ¿El Estado, los usuarios, los que puedan pagar? ¿Cómo monitorear que la suba en los precios se traduzca en mayores inversiones y mejor servicio? ¿Cómo podría financiarlo el Estado con un FMI que pide mayor ajuste para cerrar la negociación? ¿Cómo aumentar tarifas con el 40% de la población bajo la línea de pobreza? ¿Cómo impactaría en el poder adquisitivo y en el consumo (principal componente del PBI) con los ingresos de las familias todavía por debajo de la prepandemia? ¿Cómo tocar el único “ancla” que usó el Gobierno para contener la inflación, cuando la suba de precios está en el segundo valor más alto desde la hiperinflación? ¿Cómo salir del descongelamiento en medio de este incendio?
El laberinto podría ponerse más difícil. Uno: la crisis energética global en medio de la pandemia implica que la energía se volvió mucho más cara. El gas, que se importa para la producción de electricidad, subió 150% y presionará sobre las flojas reservas del Banco Central. Dos: el cambio climático traerá eventos más adversos, con olas de calor que demanden mayor consumo y sequías que compliquen la generación hidroeléctrica, una de las formas más económicas de producir energía. Tres: la transición energética hacia energías más limpias también traerá mayores costos a la hora de generar energía.
Ese mismo viernes a la tarde, Gustavo le propuso a sus tres hijos, uno de 3 años y dos mellizos de 1 año, salir a pasear en auto. Buscaba escapar de su PH de Villa Crespo sin luz, refugiarse en un lugar con aire acondicionado. Volvieron a la hora de la cena. Comieron bajo la luz de las velas, esperando las 22:10, horario que la máquina que atiende en Edesur les había dicho que volvería la luz. Pero luego les avisaron que volvería a las 4:10 am. Se bañaron a oscuras. Por suerte tengo agua, pensó Gustavo. Los bebés de un año lloraban. El nene de 3 se empezó a descomponer y solo atinaba a decir que le dolía la cabeza. Llamó a su hermana que vive en Flores a ver si los podía recibir, pero ella también estaba sin luz. Mediante un conocido, consiguió un alojamiento: a las 12 de la noche, volvió a agarrar el auto y se dirigió al Acceso Oeste, a un dormi en un club en Moreno. A las 10 de la mañana del sábado los vecinos le avisaron que había vuelto la luz. Pensaba en la cantidad de sachets de leche que tendría que tirar a la basura.
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Entre los analistas energéticos coinciden: el problema de los cortes de luz está en el último segmento de la producción de energía, que es la distribución, tarea realizada en el AMBA por Edenor y Edesur. “Se necesitan inversiones. Pero también se necesita controlar la ejecución”, dice Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad.
Las inversiones en distribución no implican miles de millones de dólares, como pueden requerir la generación de energía (para poner una represa, por ejemplo) o el transporte (para realizar un gasoducto). Se calcula que con una inversión de 150 millones de dólares por empresa se podría modernizar la distribución en el corto plazo. Así, la inversión es mucho más “hormiga” para los números que se manejan en el sector, pero tiene que ser constante. Hablamos de cables, transformadores, fusibles, cuadrillas o baldosas.
Sobre el estado de la infraestructura, la gran pregunta es: ¿Quién va a financiar esas inversiones, el Estado o las empresas? Hoy el Estado no subsidia a las distribuidoras sino a la generación de energía. Una alternativa es la que pidieron varias organizaciones sociales y sectores afines al oficialismo: la estatización de esas empresas, después de 30 años de concesión privada. Sin embargo, más allá de que hay especialistas a favor de hacerlo por ideología, ante la pregunta de por qué debería tener una lógica empresarial un servicio público, consideran que hoy no conviene. “Poner en condiciones las redes te puede llevar 5 años, muchísima plata, y en el medio que te digan que sos un Estado ineficiente”, opinó Marcos Rebasa, ex director del ENRE e integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.
Otra alternativa es que el Estado subsidie solamente las inversiones de las distribuidoras mientras están en manos privadas, como ocurrió en 2015. Pero, más que ampliar el gasto en subsidios, el Gobierno buscará reducirlo, debido a la negociación con el FMI por la mayor deuda que otorgó el organismo a un país en su historia. Para lograr un acuerdo, el FMI pide bajar el déficit fiscal, aunque no especifica cómo.
Los principales gastos del Estado son el previsional, el social y los subsidios energéticos. Estos últimos, en 2021 cerraron en más de 10 mil millones de dólares (un 2,4% del PBI, un 53% superior a lo estimado en el presupuesto, siendo uno de los pocos gastos del Estado que subió en términos reales en un año donde el déficit fiscal se redujo a más de la mitad). Casi el 70% de ese subsidio energético se concentró en electricidad. El financiamiento, sin acceso a los mercados, se realiza en gran parte con emisión monetaria del Banco Central.
Entonces, si el Estado no lo hace, las inversiones quedan a cargo de las empresas, cuyos ingresos dependen de las tarifas que pagan los usuarios. Desde que asumió el Frente de Todos, con una inflación superior al 100%, el aumento habilitado fue de 20% para las distribuidoras, por lo que para los usuarios fue del 9%. “La energía es indispensable. Debe ser lo suficientemente barata para que todo el mundo pueda acceder y lo suficientemente cara para que se invierta y el sistema funcione. La tensión entre accesibilidad y seguridad energética es mundial”, describió el ingeniero Bronstein.
El problema es cuando un aumento de tarifas no se traduce en mejoras. “En el gobierno anterior se habilitó una suba mayor al 3.000% y no se observó un cambio sustancial”, agregó Bronstein. Los cortes de luz bajaron, de 33 horas por año en 2014 a menos de la mitad en la actualidad. La inversión creció, pero no de la misma forma que los aumentos, que se vieron moderados por un fallo de la Corte Suprema. En Edenor, la inversión cayó en forma continua en los últimos tres años (desde 2019, cuando Macri aplicó un congelamiento de cara a las elecciones). En Edesur, contaron que las tarifas están 100% desfasadas y que se necesitarán 10 años para mejorar el servicio con “reglas de juego claras”. Su tarifa, en promedio, es de $1200. “Nadie se queja porque paga 4000 de internet, pero sí cuando aumenta la luz”, comentan desde la compañía.
Por eso, otro punto clave a discutir es el papel del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre). El marco regulatorio de la ley de los noventa (24.065) fue copiado del Reino Unido. Establece que el Enre debe controlar por desempeño, que se define según la cantidad de cortes y su duración. “La ley no prevé que el Enre esté planificando inversiones o controlando que se hagan. Deja la planificación en mano de las empresas y regula por desempeño. Esto supone un capitalismo puro de oferta y demanda donde se optimizan inversiones y las tarifas son más bajas, mientras que en la realidad se trata de empresas que son un monopolio natural”, dijo Bronstein. Luego de los cortes masivos de la semana pasada, la represalia del ENRE fue una multa a Edenor por $20 millones, monto equivalente al 20% de lo que la compañía factura en un mes.
Dentro del mismo Gobierno hay distintas miradas sobre el tema. Apenas asumió el Frente de Todos se frenó la revisión tarifaria integral (RTI) luego del shock de aumentos entre 2016 y 2019. Ahí hubo total consenso, y más cuando llegó la pandemia. A fines del 2020 expertos en energía dentro del oficialismo anticipaban que con el congelamiento tarifario y sin monitorear inversiones, el sistema aguantaría en el verano de 2021, pero en el verano 2022 va a explotar, decían internamente. Las empresas distribuidoras tuvieron resultados negativos en 2020 y 2021, y hoy tienen deudas hasta con Cammesa, la empresa público-privada que despacha la energía al sistema eléctrico, según la demanda. Después llegó la ola de calor y la historia ya conocida. Es la crónica permanente de una muerte anunciada, reconoció una fuente. Hacia adelante, en caso de autorizar subas de tarifas, los expertos piden mayores regulaciones del Enre: poner un veedor y dar tarifas atadas a un plan de inversiones. “El plan tiene que ser permanente, en el marco de un espacio de planificación con personal especializadas”, describió Bronstein.
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Lucía vio en el noticiero que se venía una ola de calor, y ya se imaginaba lo que iba a pasar. El martes 11 de enero se quedó sin luz en su casa de Monte Castro. Estaba con covid, así que recién el jueves pudo terminar el aislamiento y salir a averiguar por qué hacía 48 horas no tenía luz. Por teléfono solamente lograba que una máquina le tomara el reclamo. En la esquina de su casa se encontró con una cámara de luz que se prendía fuego. El humo blanco se mezclaba con el aire caliente. Eran las 15, justo llegaban la policía, los bomberos y defensa civil. Se ve que era esto, pensó. Recién a las 21:30 cayó una cuadrilla de Edesur y cambiaron los fusibles. Le dijeron que el problema eran los cables quemados que atraviesan el piso, pero que se tienen que dar una serie de cortes para que se puedan cambiar todos juntos. A las 3 de la mañana del viernes volvió a estallar la caja.
El viernes a la mañana, con 72 horas sin luz, Lucía agarró el auto y fue a dar una vuelta por el barrio. Encontró una cuadrilla de Edesur y les pidió por favor que fueran a ver qué pasaba. Se le rieron en la cara. Lucía les dijo que si no la ayudaban se iba a quejar con la empresa. “No hay problema, Edesur no sabe ni quiénes somos, somos contratados”, le contestaron.
El Gobierno ya definió lo que cree que será una solución para empezar a desenredar el ovillo. Aplicará una segmentación, esto es, se aplicará un aumento del 20% generalizado para todos los usuarios (contra lo que se estima será una inflación superior al 50% en 2022) y luego aplicará mayores aumentos a quienes considera que pueden pagarlos. El proyecto que entraría en vigencia este año está listo desde mayo del 2020. Consiste en sacar subsidios a 500 mil usuarios del AMBA donde el metro cuadrado supere los u$s 3700. Quedará en esos barrios un inquilino en un monoambiente o un jubilado de la mínima que no pueda pagarlo, ya podría haber subas de hasta 400%, pero se podrá apelar para esas excepciones. “No hay segmentaciones perfectas”, anticipó Rebasa. Podría haber mejores criterios: por ingresos, pero el Estado no puede acceder por secreto fiscal; o según si la persona es propietaria o inquilina, pero el Estado no cuenta con datos sobre quiénes son los inquilinos y propietarios en Argentina.
Para lxs economistas, aumentar tarifas a medio millón de usuarios, en un país de 45 millones de personas, no alcanzará para bajar el gasto en subsidios que pide el FMI para tender rápidamente al equilibrio fiscal.
“Las personas pueden no saber cómo funciona un transformador pero entienden lo que implica que les corten la luz. La falta de políticas energéticas afecta sobre todo a nivel popular”, analizó Rebasa, ex titular del Enre. Al interior del Gobierno hay sectores que consideran que la política energética de tarifas baratas durante los tres kirchnerismos condicionó las posibilidades del oficialismo en 2015 por el impacto macroeconómico en el déficit fiscal y en la balanza comercial, y el resultado en el autoabastecimiento energético. Lo mismo en el macrismo: “El gobierno anterior pagó un costo político alto por las tarifas”, aseguró Luciano Caratori, subsecretario de Planeamiento Energético durante el último año de Cambiemos.
“Nadie gana con un servicio malo. Pisar tarifas es tentador como política anti inflacionaria porque es un precio que podés regular, pero se vuelve una bomba de tiempo por el drenaje fiscal por subsidios y de divisas por importación de energía. Cuanto más se postergan los aumentos, más difícil se vuelve salir sin golpear el poder adquisitivo”, agregó Caratori, investigador en temas de energía y cambio climático. Entiende que la segmentación no es el mejor camino y por eso promueve una tarifa única que remunere el costo del servicio, en conjunto con una buena tarifa social. Y subraya que la salida es política y necesita del consenso entre las dos coaliciones, ya que son medidas que impactan en el largo plazo. De hecho, recuerda cómo leyes que salieron adelante en contextos parecidos, y que derivaron por ejemplo en el despegue de Vaca Muerta.
Cortes, inversión, control… en poco tiempo a esta tensión se sumará otra más compleja: en 2023 ocurrirá algo catalogado como “histórico”: vence la concesión de empresas hidroeléctricas como El Chocón y Piedra del Águila, otorgadas durante el menemismo, que podrían volver al Estado nacional o provincial y ayudar a bajar el costo de la generación de energía (que se traducirá en la tarifa final de los usuarios). En el medio se verán fuertes lobbys privados y provinciales. Por el momento, no hubo acuerdo ni para fechar la audiencia pública para debatir la tarifa de electricidad.
Yo misma pasé 7 horas sin luz, justo cuando estaba armando esta nota. Como mi casa, las confiterías del barrio también estaban a oscuras. Quise escaparme en auto, pero fue imposible moverlo, atrapado detrás del portón eléctrico. Los cajeros tenían la pantalla en negro: no tenía plata encima para tomar un taxi y tampoco pude sacar billetes. Crucé al kiosco para comprar un helado de palito y Juan, el vendedor, me lo regaló (“Antes de tener que tirarlos, los doy”). A la noche volvió la luz. Prendí la tele, hice zapping. Mostraban un cacerolazo y los cortes en General Paz para reclamar por el servicio:
“Fuertes reclamos contra Edenor y Edesur por la falta de luz”, decía el zócalo de IP.
“La casa que dejó sin luz a 3 millones de personas”, decían en América, canal cuyos dueños Daniel Vila y José Luis Manzano son accionistas de Edenor. Y rotaba: “El problema de las construcciones bajo líneas de alta tensión. Desde el 2013 que Edenor denuncia estas obras.”
Fotos: Telam