El Estado secreto

Por Federico Ghelfi, Sol Hourcade, Paula Litvachky, Manuel Tufró, Leandro Vera Belli

Este texto forma parte del libro "Más que nunca. 12 debates necesarios para construir la democracia del futuro".

Entrar al edificio de la ex-SIDE sobre la calle 25 de Mayo es toda una experiencia. Por historia y por estética. La arquitectura ya es un mensaje: cerrado, pocas ventanas, intrincado. Medidas de seguridad hiperestrictas. Hay que dejar el documento de identidad, el teléfono, dar los datos y presumir que de una u otra manera van a quedar registrados todos los movimientos. La paranoia es inmediata. A medida que avanzás por los pasillos brota una sensación oscura. Es un lugar en el que queda registrada información que muy pocos conocen. De los edificios de otros organismos de inteligencia, como el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, sabemos menos, no alcanza ni para hacer una metáfora arquitectónica: desconocemos dónde quedan y cuál es su estructura.

¿Qué hay en esos edificios, en esas oficinas, en esas instituciones? ¿Qué pasa cuando queremos saber? ¿Qué nos perdemos o qué nos ocultan?

Pensemos una serie de hechos o situaciones de la historia argentina reciente en los que se produjeron graves violaciones de derechos humanos. El plan sistemático de represión clandestina de la última dictadura, por supuesto. Pero también en democracia: los asesinatos y las desapariciones perpetrados por el Ejército luego del copamiento al cuartel de La Tablada, el atentado a la AMIA y su posterior encubrimiento, la represión policial el 19 y 20 de diciembre de 2001, la masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002. Más allá de lo que diferencia esos hechos respecto de cómo se desplegaron las violencias de Estado y las respuestas institucionales, hay un hilo conductor. La posibilidad de reconstruir la verdad histórica y de cambiar las cosas aparece sistemáticamente obstaculizada porque el Estado impide el acceso a información clave sobre esos hechos. Cuando se trata de documentación de inteligencia, esa dificultad se vuelve prácticamente insuperable. Cada vez que nos propusimos, durante estos cuarenta años de democracia, pelear contra el secreto de Estado, no solo por hechos de los años setenta, nos enfrentamos a una tarea ardua, detectivesca, farragosa. El acceso público a los archivos de inteligencia sigue siendo una demanda histórica de los organismos de derechos humanos. Sin embargo, poco sabemos sobre qué podemos encontrar ahí. Cuánto se registró, cuánto se guardó, cuánto cambió de lugar, cuánto se destruyó. La lógica del secreto, aún justificada en necesidades de “seguridad nacional”, se impone también en relación con el pasado, aunque sea de manera implícita, es decir, a través de la falta de una política activa de desclasificación y apertura de los archivos que vaya más allá de los pedidos judiciales.

—Lo siento mucho, no encontramos nada.

La voz de la mujer de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue como un baldazo de agua fría para Irene. Su padre, Francisco Provenzano, está desaparecido desde el 24 de enero de 1989. Ella y otres familiares reclamaron durante años que el Estado entregara la información que había producido sobre el destino de les detenides y asesinades en La Tablada aquel día. Irene cuenta que Cristina Fernández de Kirchner, durante su primer gobierno, firmó un decreto en el que ordenaba entregar al juzgado federal toda la información existente sobre la actuación estatal en La Tablada. Sin embargo, no pasó demasiado: “Se pidieron cosas y siempre lo que llegó fue medio trucho”, dice Irene. Nada relevante. Ninguna respuesta. Algunos años después, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la SIDE, que ya era la Secretaría de Inteligencia (SI), pasó a ser la AFI. Les familiares decidieron entonces insistir. Irene y otres peregrinaron hasta el edificio de la calle 25 de Mayo. Se reunieron con funcionaries. Recibieron la promesa de que iban a buscar esa información. La respuesta fue ese llamado telefónico que, como dijo Irene, les cortó el chorro. No encontraron nada.

Pero algo había. En 2019, cuando estaba en pleno desarrollo el juicio oral en el que se juzgaba la responsabilidad del general Alfredo Arrillaga, a cargo de la recuperación del Regimiento de Infantería Mecanizada nº 3 de La Tablada, el tribunal recibió un conjunto de archivos de parte de la AFI, junto con la condición de que solo las partes de la causa podían tener acceso.

Además, la AFI dijo que si querían ampliar o especificar información debían hacer otro pedido de desclasificación. A pesar de las restricciones en cuanto al acceso y algunas imprecisiones que contenían los documentos, la información era muy relevante porque echaba luz sobre un aspecto que el Movimiento Todos por la Patria (MTP) había denunciado en los días posteriores al asalto y la represión: al menos 7 de los militantes que habían entrado al cuartel nunca salieron, ni figuraban en la lista de muertes comunicada por el Estado. Algunos habían sido retratados por fotógrafos en el momento de rendirse, se imponía la sospecha de que habían sido ejecutados. Otros testimonios apuntaban en el mismo sentido. Uno de los desaparecidos era José Díaz, considerado prófugo de la justicia y con una orden de captura que estuvo vigente hasta 1997. Sin embargo, en la documentación aportada al juicio consta que ese mes de enero de 1989 la SIDE produjo un informe en el que registró, a través de los datos brindados por una fuente propia, que José Díaz había sido ejecutado dentro del cuartel. El tribunal oral que condenó a Arrillaga tomó este informe como prueba de su ejecución a manos del Ejército y de la cobertura que se armó para mantenerlo desaparecido y que se lo considerara prófugo. El Estado siempre lo supo, pero no se lo informó a les familiares ni brindó estos datos al Poder Judicial hasta 2019, después de que la querella de José Díaz lo volviera a solicitar.

¿Por qué el Estado negó durante años la existencia de información, aun con un decreto que habilitaba la desclasificación desde 2008, y de pronto responde a uno de los tantos pedidos aportando un documento clave? Puede que no todo sea conspiración. Pablo Llonto, abogado de la causa, dice que si bien los archivos de inteligencia sobre La Tablada nunca fueron desclasificados para el acceso público, siempre existió la posibilidad de pedir acceso por requerimiento judicial. Pero el problema para acceder a información clave sobre la producción de violencia estatal no está únicamente en la barrera normativa. Aunque el secreto se levante –como en el caso del decreto–, la trama de las estructuras de inteligencia y de producción de la documentación puede y suele impedir un acceso real. Las resistencias internas, el descontrol, la falta de recursos, el desconocimiento de los circuitos formales e informales por parte de las autoridades civiles, el tanteo a ciegas de lo que se busca y se pide mantienen la opacidad. Es sobre estas cuestiones que la voluntad política de abrir debería operar para hacerse efectiva.

Llonto también señala que en la AFI hay mucha documentación sin ordenar ni sistematizar. Pocas personas saben realmente lo que hay en esos edificios. Todos estos factores operan para hacer materialmente imposible el acceso. Lo que lleva a pensar que la orden política de “abran los archivos” no es muy conducente si no viene acompañada de una política de relevamiento, ordenamiento y sistematización que haga posible el acceso no solo en causas judiciales, sino para la sociedad.

“¡Que abran los archivos!”

Al iniciar su gestión en las últimas semanas de 2019, Alberto Fernández decidió intervenir la AFI, que venía de años de completo descontrol. Cuando la interventora Cristina Caamaño entró al edificio de la calle 25 de Mayo, encontró tres grandes ficheros. Cajones y cajones llenos de microfilmaciones ordenadas alfabéticamente que no se sabía muy bien por qué o cómo perduraron ahí durante casi cuarenta años. Al iniciar el trabajo con los archivos, identificaron más de 250.000 fichas sobre personas, organizaciones y una enorme e incierta cantidad de documentación reunida por la SIDE durante la dictadura. Por algunos patrones sobre cómo estaba ordenado el material, se sospecha que faltan otros diez ficheros de ese conjunto. Durante todas las décadas en las que se negó que hubiera documentación de inteligencia de tiempos de la dictadura, los ficheros estuvieron ahí.

En septiembre de 2020, nos enteramos por la prensa que la AFI había encontrado un libro tipo álbum con más de 500 fotos de mujeres y hombres perseguides por la dictadura. No sabíamos quién lo había producido. Este documento volvió a confirmar que hay mucho más de lo que conocemos.

Además de estos ficheros, en ese edificio hay documentación administrativa de la ex-SIDE a la que todavía la sociedad no pudo acceder: legajos, sumarios, organigramas, decisiones sobre la estructura y el funcionamiento del organismo, que es central para entender la intervención de la inteligencia en el circuito represivo de la dictadura.

Luego del hallazgo, el gobierno entregó a los organismos de derechos humanos material relevado sobre el espionaje ilegal que sufrieron referentes y organizaciones. En esas fichas, no había listados ni documentos que aportaran información directa sobre el destino de les desaparecides. Tampoco una descripción que nos ayudara a comprender el material. Era una nueva confirmación de lo que ya sabíamos: los organismos y referentes de derechos humanos fuimos espiades.

La potencia de la información que está todavía metida en esos canales burocráticos la vimos con un ejemplo muy puntual. La intervención armó un equipo de relevamiento de la documentación y convocó a una mesa con organismos de derechos humanos para pensar criterios de procesamiento. Con lo que ya conocíamos por investigaciones judiciales sobre el centro clandestino de detención Automotores Orletti, el equipo identificó un sumario administrativo de un agente de inteligencia. Era un integrante hasta ese momento desconocido, un nombre no mencionado en los juicios. El sumario tenía que ver con un conflicto laboral, pero en el desarrollo de sus planteos aparecen referidas las tareas que realizaba en la base de Operaciones Tácticas nº 18 que funcionaba en Orletti. Esto nos da una pauta de lo que falta saber sobre el rol de la SIDE y de sus integrantes en el plan sistemático de desaparición de personas y sobre la dificultad agregada para reconstruir lo relativo a este centro clandestino administrado por la estructura de inteligencia.

La burocracia deja constancias y marcas en la documentación corriente que produce. El hallazgo a partir del sumario es solo una muestra del tipo de lectura que se puede hacer cuando un material en apariencia burocrático es interpretado en su contexto de producción y en relación con las series documentales a las que pertenece y que le dan sentido.

Lamentablemente, este proceso de trabajo viene muy demorado y no está claro cómo, luego de la digitalización, continuará el ordenamiento de la documentación, y menos aún si se avanzará en garantizar el acceso público a los archivos.

Como sucede con La Tablada, la barrera no es solo normativa: desde 2010, hay decretos presidenciales que autorizaron la desclasificación de información de la dictadura para los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo que sucede en la práctica con la información de inteligencia es que vamos obteniendo datos recortados a partir de lo que el Poder Ejecutivo notifica en las causas judiciales, la información que se filtra o lo que se puede ir reconstruyendo a partir de impulsos de políticas públicas que se discontinúan.

La aparición de documentos aislados como los de La Tablada y de armarios gigantes de fichas es indicio de la existencia de grandes acervos de información que podría ayudar a reconstruir la verdad histórica de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el paso del tiempo sin una política de desclasificación y apertura sostenida limita las posibilidades de comprender y conocer el material encontrado y de darle sentido y legibilidad en el contexto de otros materiales aún desconocidos.

Caminamos los laberintos de la desclasificación, dedicamos horas a descifrar lo que conocemos, volvemos a esos ámbitos oscuros. Pedimos la información en causas judiciales, la pedimos públicamente, la pedimos institucionalmente y nos enfrentamos otra vez a resistencias, al desorden, a la falta de políticas y de recursos. La matriz burocrática de la represión no se deja ver. Se supone que el Estado habilitó en la última reforma de la Ley de Inteligencia, en 2015, la desclasificación de archivos de inteligencia por el paso del tiempo para convertirlos en públicos. Les legisladores establecieron un plazo mínimo de quince años, pero no pusieron plazo máximo para habilitarlo. Desde entonces, el Ejecutivo no reglamenta esta decisión legislativa. Ya pasaron cuarenta años.

A pocos meses de cumplirse veinte años de las represiones policiales del 19 y 20 de diciembre de 2001 y del 26 de junio de 2002, desde el CELS pedimos al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la AFI la desclasificación y el acceso a los documentos producidos por la ex-SIDE y la ex-Secretaría de Seguridad Interior (como órgano de gobierno político de las oficinas de inteligencia de las fuerzas federales de seguridad) sobre los movimientos sociales y la protesta social en el período comprendido entre agosto de 2001 y septiembre de 2002. El objetivo del pedido era conocer qué información de inteligencia se había producido sobre esas organizaciones y esos hechos, y qué podía aportar a la reconstrucción de la verdad histórica. En enero de 2022, el Ministerio de Seguridad de la Nación se contactó diciendo que, como querían dar una “respuesta cabal” al pedido, ofrecían iniciar un proceso de trabajo para rastrear, identificar y eventualmente comunicar los hallazgos. Iniciamos el proceso de diálogo, pero muy pronto vimos que no llegaba a ningún lado. Les funcionaries nos dijeron que había una política de destruir toda la información a los diez años de producida, y que “seguramente” eso es lo que había ocurrido. También dijeron que no podían entrar “pateando puertas” a las oficinas de las fuerzas federales pidiendo que les muestren lo que tenían. Por fin, en junio de 2022 respondieron el pedido sin brindar ninguna información relevante. La AFI nunca respondió. De manera informal hubo compromisos de “ver qué hay”, que tampoco llegaron a nada. Sin embargo, una foto de 2015 que muestra unos biblioratos con datos de causas judiciales en sus lomos llegó a manos de la revista Crisis al momento de elaborar un informe especial sobre el vigésimo aniversario de la masacre de Avellaneda. Por lo menos dos biblioratos tienen una referencia a la causa Kosteki y Santillán y están en alguna oficina de la actual AFI. No se sabe qué contienen esas carpetas. Podríamos presumir que registran la intervención de la propia SIDE en todos estos episodios. Sabemos algunas cosas de su participación en el operativo y de la investigación judicial de los asesinatos de los dos militantes piqueteros, que terminó con la condena a dos policías bonaerenses.

Según el informe de Crisis, hay por lo menos algunos hechos concretos para enumerar: la SIDE había hecho un informe sobre la movilización y el posible corte del puente porque había infiltrado la Asamblea Nacional Piquetera. Ese informe alimentó la decisión política de reprimir ferozmente para disciplinar la protesta social. Hubo también llamados telefónicos ese mismo día con el jefe del operativo que salieron de la base de operaciones Billinghurst de la ex-SIDE. Hubo agentes de la Secretaría de Inteligencia presentes durante los hechos en el Puente Pueyrredón. La colaboración de la ahora AFI para dilucidar su propia intervención fue nula. Lo que llegó a la causa judicial fue muy poco. No se investigó realmente el papel de la agencia de inteligencia.

La lógica de las “filtraciones”, como forma de aparición repentina de información de inteligencia descontextualizada con el objetivo de operar política o judicialmente sobre algún conflicto o disputa, alcanzó su máxima expresión durante la investigación del peor atentado terrorista ocurrido en suelo argentino: la voladura de la AMIA el 18 de julio de 1994.

Un día de abril de 1997, la sociedad argentina se enteró de que el exjuez federal Juan José Galeano, a cargo de la investigación del atentado en ese entonces, había usado 400.000 dólares provenientes de los fondos reservados de la ex-SIDE para pagarle al dueño de la camioneta que explotó. Galeano “arregló” la declaración indagatoria de este personaje con el fin de incriminar a un grupo de policías bonaerenses que finalmente resultaron absueltos.

Esa noticia surgió porque se filtró un video de la negociación grabado por el propio Galeano, que había sido sustraído de su caja fuerte. Las imágenes llegaron a canales de televisión y a les familiares de las víctimas. El impacto de esta filtración no fue un mero escándalo mediático.

Tiempo después fue fundamental para dar por tierra con una investigación desastrosa. Lo que se fue conociendo de las irregularidades mostró que, en los meses posteriores al atentado, los organismos de inteligencia habían copado el juzgado y con la venia del juez llevaron adelante la investigación que en realidad fue un encubrimiento. Durante el juicio por el atentado en 2004, agentes autorizados a declarar y la desclasificación de un sumario interno de la SIDE confirmaron el pago ilegal. El sumario completo, pieza clave de la acusación contra quienes desviaron la investigación del atentado y lo encubrieron, fue accesible a la fiscalía y a las partes recién en 2015. Esta información fue utilizada como prueba en el juicio por el encubrimiento que llegó a una sentencia de condena en 2019.

El trasfondo de estos episodios fue una batalla feroz por el control de la ex-SIDE. Las filtraciones y la información administrativa que el Poder Ejecutivo puso a disposición del Tribunal Oral Federal con sucesivas desclasificaciones fueron parte de esta interna. También existió una interna con la Policía Federal que infiltró el juzgado de Galeano con un agente del Cuerpo de Informaciones. Se sospecha que ese agente tuvo que ver con que se conociera el video.

En la actualidad, la información de inteligencia producida por la ex-SIDE, las dependencias de la Policía Federal y otras áreas del Poder Ejecutivo, que permitiría reconstruir la verdad sobre el atentado y su encubrimiento, sigue siendo un océano de papeles inabordables. La lógica de la filtración y de la desclasificación parcial a pedido judicial impide entender realmente la documentación acopiada. Por la forma de producción y de entrega –sin orden y sin contexto–, no es posible determinar si lo que se puso a disposición de la fiscalía y de las partes con sucesivas desclasificaciones es todo lo que hay, o es solo una parte. Hace años que esa información está arrumbada en depósitos y los recursos para ordenarla, digitalizarla y procesarla son muy escasos. De nuevo, esa trama burocrática no se deja ver.

¿Por qué no se abren los archivos? Porque muestran el funcionamiento violento del Estado y porque tapan las propias ilegalidades. Porque abrirlos brindaría información sobre cómo funcionaron las estructuras de inteligencia y, quizás, sobre cómo funcionan aún hoy. Porque la racionalidad del secreto de Estado vive en el funcionamiento burocrático de estas agencias y es aceptada por las autoridades políticas por convicción, por conveniencia o por debilidad.

La “aparición” y la “filtración” son las lógicas predominantes a través de las cuales accedemos a información producida por los organismos de inteligencia sobre hechos claves de la historia reciente. Aun en los casos en los que hay o hubo voluntad política de autorizar la desclasificación. Con las historias de filtraciones y apariciones podemos ver, de contrabando, cómo se ilumina ese funcionamiento. Pero, en realidad, apoyan una lógica de la desconexión: el dato puntual que no permite tirar del hilo, que sugiere pero no termina de mostrar.

Estas lógicas refuerzan la política del secreto, ya que la aleatoriedad o discrecionalidad de la respuesta estatal nos coloca a quienes queremos saber en una posición de incertidumbre y asimetría propia de una relación autoritaria. “El secreto del poder (servicios secretos) destruye el ámbito público que requiere una comunicación simétrica”.

Al mismo tiempo, las filtraciones y apariciones confirman la sospecha de que esa información, muchas veces negada, existe. El problema es que también, como ocurrió con la AMIA, iluminan el funcionamiento ineficaz, ilegal, mafioso del Estado. Por eso no es posible descansar en que las propias agencias de inteligencia o policiales, por un arranque de transparencia, decidan mostrarlo.

Para quienes buscamos entender cómo funciona el poder hoy y las formas de violencia estatal, las filtraciones o apariciones son estrategias y oportunidades valiosas para romper el secreto. Pero desde la perspectiva estatal, la filtración es el indicio muerto. Las políticas de desclasificación implican la contextualización de la información y son lo opuesto a la aparición y a la filtración. Es la información puesta en relación histórica y no el secreto como efecto general de decisiones políticas y caos administrativo.

19/05/23.