El pasado 10 de diciembre de 2015 tuvo lugar algo mucho más importante que un recambio presidencial. Más allá de las variadas y fundadas críticas que se le pudieran (y se le pueden) realizar a la política económica de los gobiernos kirchneristas, con la asunción de Mauricio Macri se dio inicio a una nueva etapa caracterizada por una modificación en el carácter social del proceso económico en la Argentina. Por un lado, porque el organigrama estatal se cubrió rápidamente con representantes orgánicos del poder económico y con cuadros formados en centros de estudio afines a las ideas y los proyectos del establishment. Por otro, y fundamentalmente, porque se empezó a aplicar una política de ajuste de neto contenido anti-popular y con ganadores y perdedores bien definidos en lo que se refiere a las distintas clases sociales y fracciones de clase.
Para aproximarse al nuevo carácter social del planteo económico, basta realizar un breve repaso de las principales medidas implementadas por la nueva administración gubernamental en sus primeros dos meses de gestión.
- Se eliminaron los controles cambiarios (el llamado “cepo”) y se devaluó fuertemente la moneda nacional (el tipo de cambio oficial con el dólar estadounidense acumula un incremento de alrededor del 50%). Ello se articuló con la supresión de las retenciones a las exportaciones, con la salvedad de la soja y sus derivados cuyas alícuotas se redujeron (y seguirán haciéndolo de modo paulatino), así como de los controles existentes a las exportaciones (en particular de cereales y carne vacuna). En un cuadro internacional signado, entre otros aspectos, por una crisis considerable y con pocos visos de superación a corto y mediano plazo, un deterioro en los términos de intercambio para muchos de los bienes exportados por el país y una menor demanda por parte de nuestros principales socios comerciales (sobre todo de Brasil y China), es claro que con estas medidas difícilmente en lo inmediato, como se plantea, se sienten las bases para un “boom exportador”, pero sí para lo que efectivamente aconteció. Esto es: una fenomenal transferencia de ingresos a los grandes exportadores (50 empresas líderes explican aproximadamente el 60% de las ventas externas totales)[1]. Esa traslación se sostiene, por un lado, en una merma en los ingresos fiscales (que en función de la ideología y los “mapas conceptuales” predominantes, seguramente dará paso a un mayor ajuste sobre las cuentas públicas y/o a un nuevo ciclo de endeudamiento) y, por otro, en un profundo deterioro en los ingresos de los trabajadores y los sectores de ingresos fijos a raíz del proceso inflacionario que, como era de esperar y procuró la propia política económica, se disparó tras la devaluación, en especial en bienes esenciales de la canasta básica de consumo. La importante pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la caída del costo salarial en dólares (clave para los exportadores) se dan en el marco de una acelerada ola de despidos en el sector público y en el privado (donde también proliferan las suspensiones), la casi total ausencia de medidas compensatorias, un silencio tan llamativo como “ensordecedor” y complaciente de parte importante de la oposición político-sindical y un gobierno que busca “marcar la cancha” para la discusión salarial que se avecina (poniendo techo a las paritarias, bastante por debajo de la inflación real, y planteando la disyuntiva o, más atinadamente, el chantaje: preservar el empleo versus subas salariales “desmedidas”).
- Se convalidaron aumentos importantes en las tasas de interés, al tiempo que se desmontaron ciertas regulaciones vigentes en el sistema financiero doméstico (eliminación de topes para las tasas de interés mínimas para depósitos y máximas para créditos, creciente liberalización al movimiento de capitales, etc.). Esta búsqueda por canalizar parte del excedente hacia el sector financiero se vio potenciada ante la revisión de la exigencia para que las compañías aseguradoras destinen parte de sus fondos a apalancar proyectos de inversión en ámbitos productivos.
- En un marco ostensible de restricción externa, a la par de avanzar en la conversión parcial de yuanes en dólares, se emitió nueva deuda en un esquema que implicó además el canje de deuda intra-estatal por deuda exigible en manos de la banca extranjera. Y, en lo sustantivo, se ha venido procurando en forma denodada viabilizar el regreso al mercado internacional de capitales, para lo cual los señalados estímulos al sector financiero fueron complementados con una propuesta para los holdouts que, de concretarse, implicará ganancias elevadísimas para los “fondos buitre” que no ingresaron a los canjes de deuda promovidos durante los gobiernos kirchneristas.
- Se eliminó gran parte de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica, con el consecuente brusco aumento de las mismas y con la decisión de avanzar en lo sucesivo con las correspondientes al gas natural por redes y el transporte público. Obviamente, todo esto apuntalará el proceso inflacionario y, con ello, el deterioro salarial y la inequidad en la distribución del ingreso.
- Se renovó de manera acotada el programa de “precios cuidados” con ciertas peculiaridades para nada desdeñables en un escenario inflacionario sumamente regresivo: se redujeron los bienes cubiertos por el programa (de algo más de 500 a 300, en muchos casos reconociendo productos de menor calidad que en la etapa anterior) y se quitó de la lista a un conjunto de bienes muy sensibles para el consumo popular como carnes rojas, pollo, frutas, verduras, algunos lácteos y varios enlatados, entre los más gravitantes. En paralelo el gobierno concedió subsidios y créditos preferenciales a productores tamberos y bodegueros.
- En línea con las “señales de precios” del gobierno anterior, se autorizaron nuevos aumentos en el precio final de los combustibles en el contexto del desplome de los valores del petróleo a nivel internacional, al tiempo que se le otorgaron subvenciones a varias petroleras para “compensar” esa disminución.
- Se sentaron las bases para la redefinición del esquema de control de importaciones, proceso que se inscribe en una creciente liberalización del comercio exterior, la redefinición de las alianzas a nivel regional y mundial y, amén del salto que experimentó la paridad cambiaria y el cambio en el sistema de retenciones, la ausencia de políticas activas en procura de competitividad. Todo ello, en un contexto interno de tasas de interés elevadas y recesión en el nivel de actividad de vastos sectores, y la existencia de condiciones críticas en el mercado mundial (que induce a muchas empresas transnacionales a “exportar la crisis” hacia la periferia). De modo sintomático con el carácter social del proceso económico en curso, la única “política” industrial fue la reducción de los impuestos internos a los autos de alta gama.
Dos meses constituyen un lapso temporal por demás escaso como para hacer un balance de la gestión de un gobierno, pero sí resulta suficiente para trazar una primera radiografía de su carácter social. En lo estrictamente económico quedan pocas dudas de que se está en presencia de un nuevo (y muy drástico) avance del capital sobre el trabajo, que arroja adicionalmente un saldo concreto de ganadores y perdedores, lo cual dota al proceso de singularidad histórica. Entre los primeros se cuentan los grandes exportadores, el sector financiero (no sólo los bancos) y los principales formadores de precios (tal el caso de varias empresas oligopólicas de numerosos segmentos alimenticios, proveedores de insumos intermedios de uso difundido y grandes cadenas de comercio minorista). Entre los segundos se destacan, principalmente, los trabajadores y los sectores de ingresos fijos, así como muchos segmentos empresarios (mayoritariamente pymes) cuyo ciclo de acumulación es de clara impronta “mercado-internista” y otros que ocupan lugares subordinados en distintos complejos productivos.
Sólo el devenir de la lucha política y social marcará si el carácter social del gobierno de Macri se consolidará en los meses y los años venideros, lo mismo que el reposicionamiento que experimentaron las diferentes clases y fracciones de clase. Lo que es indudable es que se avecinan tiempos muy álgidos en varios frentes.
[1] Ese grupo selecto está integrado, entre otras empresas, por las principales comercializadoras y/o procesadoras de granos, especialmente de soja (Aceitera General Deheza, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, Nidera, Vicentín, Asociación de Cooperativas Argentinas, Noble, ADM, etc.), las terminales automotrices (Toyota, Volkswagen, Ford, Fiat Auto, General Motors, Renault, Mercedes Benz, Peugeot-Citroen, Honda), algunas firmas líderes de distintos segmentos de la industria alimenticia (Molinos Río de la Plata, Molfino, Arcor, Sancor, Peñaflor, Mastellone Hermanos, Nestlé), varias petroleras (Pan American Energy, YPF, Shell, Esso, Petrobras, Tecpetrol), un par de mineras (Minera Alumbrera, Cerro Vanguardia), tres compañías del oligopolio siderúrgico y una del monopolio del aluminio (Siderar, Siderca y Acindar en el primer caso, Aluar en el segundo) y empresas de distintos rubros de la producción químico-petroquímica (Dow, PBB Polisur, Unilever, Compañía Mega, Monsanto, Bayer, Procter & Gamble). Ver Gaggero, A. y Schorr, M.: “La cúpula empresaria durante los gobiernos kirchneristas”, en Realidad Económica, Buenos Aires, en prensa.