Publicado el 20 de noviembre de 2018
El rápido crecimiento de la globalización económica ofrecía perspectivas esperanzadoras para los derechos humanos de la mujer. Sin embargo, una mirada retrospectiva a los últimos 30 años revela que ese potencial no se ha hecho realidad. Cuando se han llevado a cabo nuevas operaciones transnacionales y se han creado puestos de trabajo para las mujeres, en su mayoría en cadenas de valor e industrias de elaboración de productos para la exportación, la mayoría de esos empleos han sido sumamente precarios y se encuentran entre los peor remunerados y más expuestos a explotación, al mismo tiempo que multiplicaban los beneficios de las empresas. Tal como lo explica Laura Pautassi, las mujeres siguen estando segregadas en el ámbito laboral, existe una desigualdad salarial por razón de género en todo el mundo, y millones de mujeres padecen pésimas condiciones de trabajo y puestos con bajos salarios y carecen de protección social.
Las reformas de la legislación laboral relacionadas con la austeridad, incluida la flexibilización del mercado de trabajo, a menudo erosionan los derechos laborales y dan lugar a un retroceso de las medidas de igualdad laboral en detrimento de las mujeres. Las tendencias al alza del desempleo, la precariedad laboral y los recortes de la inversión pública en servicios sociales esenciales en todo el mundo han contribuido a aumentar la desigualdad y a reducir las perspectivas de recuperación económica, lo que, en última instancia, representa un gran riesgo para el disfrute de los derechos humanos. Lamentablemente, esas tendencias emulan los patrones de las anteriores crisis mundiales y regionales.
Un decenio después de la recesión de 2007-2008 millones de personas de todo el mundo, en particular mujeres, siguen padeciendo significativas dificultades sociales y económicas, tanto por la crisis en sí misma como por las respuestas de los gobiernos ante ella. En el período inmediatamente posterior a la crisis, muchos Estados establecieron paquetes de medidas de estímulo fiscal y reforzaron los programas de protección social para proteger a las empresas y los empleos y hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, a raíz de la desaceleración económica y el aumento de los déficits fiscales, se ha producido un giro mundial hacia la austeridad, el ajuste estructural y la consolidación fiscal.
En la actualidad, más de dos tercios de los países de todo el mundo –en su mayoría siguiendo el asesoramiento de instituciones financieras internacionales– están contrayendo las arcas públicas y limitando, en lugar de ampliar, su margen de maniobra fiscal. Si bien las políticas de ajuste estructural y consolidación fiscal pueden tener enormes repercusiones negativas en los derechos humanos de las personas en situaciones de vulnerabilidad, la mayor parte de esas políticas no se han concebido ni ejecutado de manera que aseguren la promoción o salvaguarda de derechos humanos, y mucho menos teniendo en cuenta sus efectos en términos de equidad de género.
Muchas empresas transnacionales son más poderosas que los Estados. Especialmente en tiempos de austeridad, durante los cuales los servicios públicos se han privatizado de manera creciente, los empleos en el sector público se han reducido y el poder de los gobiernos para regular esas empresas y obligarlas a rendir cuentas se ha visto considerablemente debilitado.
No se han aplicado las lecciones extraídas de las respuestas a crisis anteriores sobre la importancia de proteger el gasto social. Lamentablemente, la creciente insistencia en el papel decisivo de los derechos humanos y la igualdad de género para mejorar los resultados en materia de desarrollo no ha desempeñado un papel suficientemente explícito en los análisis ni en la estructuración de las respuestas de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales.
Las políticas macroeconómicas son parciales en la mayoría de los casos, en parte porque la teoría económica dominante es androcéntrica y sigue siendo tratada como una ciencia sin contenido social. Por lo tanto, la atención específica a los efectos de la austeridad sobre las mujeres contribuye no solo a poner de manifiesto que las metas macroeconómicas excesivamente restrictivas y los recortes del gasto tienen consecuencias devastadoras para los derechos humanos sino también a comprender, desentrañar y denunciar las relaciones de poder entre los géneros subyacentes al sistema económico.
En la esfera de la producción, en la que se utiliza mano de obra para crear valor de cambio en los mercados, las mujeres tienen más probabilidades de encontrar empleo en el sector público, especialmente como proveedoras de servicios en los ámbitos de la educación y la salud. Tienen también empleos mal remunerados y precarios y en el sector de la economía informal. Por lo tanto, los recortes en las oportunidades de empleo en los sectores público y privado han condenado a muchas mujeres al desempleo y el subempleo o a puestos de trabajo temporales, con el consiguiente aumento de su inseguridad financiera, de la brecha de género en el empleo y de la brecha salarial.
Los recortes de los servicios sociales intensifican también con frecuencia la demanda de trabajos de cuidado no remunerados, que recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres y las niñas (especialmente en los hogares pobres) y, por lo tanto, las obligan a colmar tales déficits de cobertura. Además, habida cuenta de todas las formas de violencia y discriminación con que se enfrentan las mujeres, hay nuevos indicios de que la carga de la crisis ha recaído sobre ellas de manera desproporcionada, debido, entre otras cosas, a los recortes del empleo en el sector público, los recortes y topes en los sueldos de ese sector, la eliminación gradual de los subsidios básicos, los recortes en los servicios y prestaciones de protección social y las reformas de las pensiones. El efecto ha sido especialmente negativo en el caso de las que están expuestas a formas múltiples e interrelacionadas de marginación debido a su condición económica y social, raza, orientación sexual o condición de migrante, entre otras dimensiones.
Además, las pérdidas o cambios registrados en los ingresos de los hogares pueden también reconfigurar la capacidad decisoria de las mujeres, lo que daría lugar a reducciones del gasto en bienes y servicios que generarían probablemente beneficios para las propias mujeres y sus hijos e hijas, y en particular para las niñas. Estas presiones económicas pueden contribuir también al aumento de las tasas de violencia doméstica. Además, las mujeres, normalmente debido a la desigual condición social y jurídica, no tienen las mismas oportunidades para empezar y todo lo que puedan haber conseguido con su trabajo se erosiona cuando se pierden ingresos debido a las medidas de austeridad.
El sistema económico actual está sustentado –en su mayor parte – por la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo. Entre las diversas formas de desigualdad, el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres es un elemento fundamental y, sin embargo, muchas veces obviado en la formulación de políticas y en las reformas económicas. Un enfoque de derechos humanos aplicado a las cuestiones económicas debería esforzarse por tener en cuenta las relaciones de poder asimétricas que sustentan la desigualdad de género.
La teoría económica dominante no tiene en cuenta el valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado ni su contribución a la economía. Las mujeres realizan la mayor parte de esa labor, que sostiene el crecimiento y la producción de valor económico. Además, el trabajo no remunerado absorbe injustamente las conmociones económicas y compensa con frecuencia las medidas de austeridad. La carga desproporcionada del trabajo no remunerado impuesto a las mujeres y las niñas constituye un importante obstáculo para que tengan acceso al derecho al trabajo.
La austeridad castiga con especial dureza a las mujeres. La mayoría de ellas ya están haciendo frente a una serie de desigualdades estructurales, como las diferencias salariales, la segregación ocupacional, la informalidad, los empleos precarios, el desempleo, la falta de acceso a la tierra, el crédito y otros recursos productivos y de control de los mismos y la pesada carga del trabajo no remunerado. Además, muchas de las mujeres también se enfrentan a normas discriminatorias, estereotipos de género y diversas formas de violencia.
Las mujeres suelen estar también insuficientemente representadas en la política y la adopción de decisiones, y pueden tener menos oportunidades de participar en las decisiones que determinan directa o indirectamente sus condiciones de vida y las de sus familias y comunidades. En algunos casos, debido a sus desventajas económicas o necesidades concretas, muchas mujeres suelen recurrir al sector público en busca de empleo, servicios de salud y educación, ofrecidos por el sector público. A menudo, las mujeres dependen también de las transferencias sociales y los subsidios de vivienda y servicios públicos, junto con las prestaciones de discapacidad y por hijo/as a cargo o, en el caso de las mujeres que viven en la pobreza, las transferencias en efectivo o en especie.
Por ello, las medidas de consolidación fiscal y las reformas económicas impulsadas por la austeridad, como las que alientan la flexibilización del mercado laboral, las reducciones de la cobertura de las prestaciones y los servicios de protección social, los recortes del empleo público y la privatización de los servicios, suelen afectar negativamente a las mujeres más que a los hombres. En vez de crear o consolidar esas situaciones, que en muchos casos pueden constituir una forma de discriminación, las políticas estatales deberían centrarse en su prevención.
Las políticas de austeridad y consolidación fiscal golpean con especial dureza a los grupos más vulnerables de la población, entre los cuales las mujeres están sobrerrepresentadas y son las más expuestas, lo que provoca formas interrelacionadas de discriminación. Entre las mujeres más vulnerables se encuentran las madres solteras, las mujeres jóvenes, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las migrantes y refugiadas, las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intergénero, las mujeres que pertenecen a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, las mujeres de las zonas rurales y las mujeres que viven en situación de pobreza o extrema pobreza. Una serie o combinación de medidas de austeridad y consolidación fiscal tiene a menudo efectos adversos acumulativos para las mujeres.
La formulación de políticas con perspectiva de género debe ser un requisito esencial para realizar una evaluación del impacto de las políticas de reforma económica en los derechos humanos. Con ese fin, los Estados y otras partes interesadas deben garantizar la participación de las mujeres en el proceso, sobre todo las que se verán probablemente afectadas y los grupos de mujeres más vulnerables a los efectos negativos de las reformas. Dado que las mujeres no son un grupo monolítico y presentan diferencias significativas en cuanto a la identidad, la condición jurídica, el acceso a los recursos y la capacidad de iniciativa, es crucial una recopilación sistemática de datos para determinar y anticipar los efectos de esas medidas en las mujeres que podrían verse afectadas.
Las evaluaciones del impacto en los derechos humanos, con un claro enfoque de género, pueden garantizar mejor la realización de los derechos humanos de las mujeres derribando las barreras socioeconómicas estructurales. Es importante señalar que las políticas que pueden mejorar los indicadores sociales generales quizá no lo consigan al mismo tiempo para las mujeres. En América Latina, por ejemplo, si bien la desigualdad general de los ingresos parece haber disminuido, las tasas de pobreza femenina han aumentado y, más concretamente, las mujeres jóvenes en edad reproductiva tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres, ya que no pueden acceder al mercado laboral debido a la falta de servicios de atención pública. Todo ello demuestra que las evaluaciones de los efectos de las políticas económicas deben tener capacidad de transformación en el ámbito del género en vez de ser solo palabras vacías en favor de los derechos humanos.
La prohibición legal de las medidas regresivas inadmisibles que discriminan desproporcionadamente a la mujer debería integrarse en el debate sobre la reforma de la política económica. En otras palabras, el diseño, el seguimiento y la aplicación de las reformas de la política económica deben inspirarse en los principios de no discriminación, la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y la utilización al máximo de los recursos disponibles. Las políticas económicas discriminatorias no pueden justificarse argumentando la necesidad de alcanzar metas macroeconómicas a corto plazo sin tener en cuenta los derechos humanos y las consecuencias relativas al género. Esas políticas deberían tratar de evitar la mitigación de los efectos sociales extremos para ciertos grupos únicamente. Las políticas económicas que dan lugar a medidas regresivas inadmisibles contra las mujeres o algunos grupos de mujeres son ilegales desde la perspectiva de los derechos humanos.
Los efectos positivos de la inversión en la economía de ciudado son potencialmente exponenciales. Esas inversiones no solo repercuten positivamente en los ingresos y tiempo de las mujeres, sino que también pueden servir para abordar los factores más determinantes de la desigualdad de género al facilitar un cambio de las normas con perspectiva de género. Los gobiernos pueden desempeñar una función a ese respecto financiando servicios de atención a los/las niños/niñas de alta calidad, el pago fiable de la manutención de los/las hijos/hijas, la licencia parental remunerada para hombres y de maternidad para mujeres y la entrega a las madres que trabajan de los recursos necesarios para competir en pie de igualdad con los hombres en algunos sectores tradicionalmente masculinos. Los empleadores privados, por su parte, pueden también implementar medidas para facilitar la conciliación trabajo-familia para varones y mujeres.
En momentos de crisis económica, la inversión pública en el cuidado de lo/as hijo/as y de los mayores genera ciclos virtuosos y contracíclicos cuando la inversión no solo aborda el déficit de atención mediante la prestación de servicios de cuidado fundamentales, sino que además desencadena un efecto multiplicador en la generación de puestos de trabajo (generalmente para las mujeres), que ponen más dinero en manos de los hogares (por lo general, de bajos ingresos), lo que a su vez reduce el gasto social mediante la contracción de las prestaciones de desempleo y aumenta los ingresos del impuesto sobre la renta y de consumo gracias a la contratación de nuevos empleados.
Las instituciones financieras internacionales (y muchos Estados) han adoptado un programa de género por motivos instrumentales, que se centra casi exclusivamente en el crecimiento. Pero las políticas que generan desigualdad de género en la remuneración pueden de de hecho hecho impulsar el crecimiento, con lo que la cuestión de la igualdad de género no puede reducirse a la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Brettons Woods subestima que la desigualdad de género puede de hecho estimular el crecimiento económico: no se trata sólo de cómo las mujeres se incorporan al mercado de trabajo sino también en qué condiciones lo hacen.
Las instituciones financieras internacionales deberían abordar urgentemente los efectos de las políticas macroeconómicas prescritas, los préstamos y la asistencia técnica, sobre las oportunidades de la mujer para ejercer su derecho al trabajo, a la protección social y al acceso a servicios públicos. La desproporcionada carga de trabajo de cuidado no remunerado que recae sobre las mujeres, las limitaciones de su capacidad para tomar decisiones sobre sus actividades económicas y los efectos negativos de los regímenes fiscales regresivos en materia de género deberían abordarse también con carácter urgente.
No se puede ser feminista y al mismo tiempo promover políticas de recortes en subsidios de energía, la privatización de servicios públicos, debilitamiento de las redes de protección social, la reducción del salario mínimo, desregulación laboral, reducción de pensiones, reducción de servicios públicos y regímenes impositivos regresivos, porque todas esas políticas afectan de manera desproporcionada a las mujeres.
Las políticas macroeconómicas seguirán haciendo caso omiso de las desigualdades estructurales de género mientras se margine e ignore la voz colectiva de lo/as defensore/as de los derechos de las mujeres y las economistas feministas en la adopción de decisiones económicas. Un ejemplo positivo fue la decisión de Islandia de afrontar su colapso bancario de 2008-2009 teniendo en cuenta los derechos humanos, una perspectiva de género y un proceso de toma de decisiones participativo. La rápida recuperación del país demuestra que una política discriminatoria contra la mujer no es la única respuesta posible para hacer frente a las crisis económicas.
* Este ensayo sintetiza el informe que el autor, como Experto Independiente sobre Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, presentó en octubre de este año a la Asamblea General de la ONU. En dicho documento se desarrollan más ampliamente los datos y argumentos aquí presentados, se describen los canales causales a través de los cuales las medidas de austeridad afectan una amplia gama de derechos humanos de las mujeres, y se presentan recomendaciones para los Estados, instituciones financieras internacionales y empresas. Este informe fue publicado por la Fundación Friedrich Ebert - Argentina con prólogo de Laura Pautassi. Un gran número de organizaciones de la sociedad civil, académicos, organizaciones estatales y entidades financieras internacionales contribuyeron con estudios y comentarios críticos al informe, los cuales se encuentran disponibles en línea.