Un criterio clasificatorio opera con frecuencia como parteaguas de los imaginarios sobre las clases trabajadoras argentinas. Existen quienes logran sobreponerse a la adversidad a través del sacrificio y el esfuerzo personal. Y están aquellos cuyas acciones suelen leerse en clave de ilegitimidad. De un lado se enaltecen las vidas de quienes superan las dificultades con tenacidad, sin que “nadie les regale nada”, como los niños que caminan largos kilómetros para llegar a las escuelas o los talentos artísticos que encuentran su cauce aún en contextos hostiles. Del otro, afloran sospechas y acusaciones condenatorias a existencias que sólo se comprenden a partir de actos considerados indignos. El modelo ejemplar singulariza para disciplinar: si no trabajan, es porque no quieren. Si participan de protestas y demandan respuestas a sus problemas, lo hacen obligados o porque eligen el camino más fácil. Si ocupan un lugar de liderazgo, esta representatividad se pone en tela de juicio, como la fachada de un facilismo más, una viveza o un lugar mantenido a costa de manipular a otros.
Durante los cuatro años del macrismo, la inflación, las corridas cambiarias y los aumentos en las tarifas de servicios públicos fueron ejes centrales de una política de feroz ajuste económico que llevó al 40,8% de la población bajo la línea de pobreza y a un 8,9% de indigencia, según las últimas mediciones de la UCA. Este ajuste sólo fue posible de la mano del igualmente violento proceso de represión, persecución y encarcelamiento de dirigentes, pero también a partir de una violencia capilar, menos explícita y más cotidiana, difundida a través de términos peyorativos para calificar a esta población. La descalificación de las clases trabajadoras y la consiguiente exclusión de dicha condición de un conjunto de sectores de la población requirió perfeccionar y poner en juego un discurso sobrecargado de imágenes morales.
Estos estereotipos no son novedosos y han sido productivos como forma de disciplinamiento de las clases trabajadoras. Pero en los últimos años calificaciones negativas como las de vagancia, falta de voluntad de trabajo, ilegalidad, mafia y delito se hicieron presentes en las explicaciones que buscaron legitimar medidas económicas regresivas. Se habló de fiestas por pagar, de falsos escenarios que debían sincerarse y de sacrificios necesarios para alcanzar un futuro de mayor crecimiento. En gran medida, estas estigmatizaciones adquirieron más fuerza cuando estuvieron dirigidas a actores colectivos y grupos políticamente organizados. Durante los cuatro años del gobierno macrista, el discurso estatal interpeló cada vez más a un destinatario encarnado en ciudadanos individuales, utilizando la segunda persona del singular en estrategias comunicativas y reformulando programas estatales que antes orientaban sus objetivos hacia el fomento del cooperativismo y la organización barrial. Lo colectivo devino mala palabra y fue puesto en cuestión.
La antropología nos ha enseñado que las palabras no son solo formas de decir sino principalmente de hacer, lenguajes sociales. Construir otras formas de nombrar y hablar de las clases trabajadoras hace posible mostrar lo que categorías como mafia, vagancia, ilegalidad o asistidos ocultan, permitiéndonos mirarnos de otra manera. Reconocer(nos) en aquellos que son construidos como otros es por tanto también una herramienta política. De ahí el carácter urgente de emprender un debate a contrapelo de estos discursos estigmatizantes y simplificadores. Urgente tiene, sin embargo, un sentido que es necesario explicar. La urgencia no es sólo -o principalmente- de carácter temporal. Es también conceptual. Urgencia es pues aquí sinónimo de necesario, imprescindible. Afirmando el sentido público de la antropología, la invitación es a debatir qué país somos y qué país queremos ser: tomarnos en serio la heterogeneidad que compone hoy a las clases trabajadoras, reconocer la diversidad de experiencias sin reducirlas, aprender de sus formas de organización que han sido y son sustantivas para sostener la vida. Tender puentes que hagan posible construir desde esa diversidad.
¿Cómo vivencian estos discursos estigmatizantes en el día a día aquellas personas que forman parte de la economía popular y de diversas organizaciones de la clase trabajadora? ¿Qué formas de trabajo y reproducción de la vida tienen lugar en estos sectores habitualmente asociados a la violencia, la vagancia y el accionar delictivo? ¿Bajo qué condiciones se construye el tan mentado “emprendedurismo”? ¿A partir de qué relaciones se producen modalidades de representatividad y liderazgos? ¿Cómo se habitan los barrios que el GPS identifica como peligrosos? ¿Qué encuentra un ex preso al recuperar su libertad?
Bajo sospecha es un libro colectivo que se detiene sobre estos interrogantes. Los protagonistas de los diez capítulos que se incluyen allí son integrantes de organizaciones de trabajadores: viven de la venta de productos en el espacio público o la recolección de residuos, trabajan en talleres textiles, lideran organizaciones gremiales y territoriales, integran cooperativas creadas a partir de programas estatales. Sus experiencias y trayectorias desbordan los estereotipos simplificadores. La reconstrucción del trabajo cotidiano y prolongado en el tiempo que se requiere para producir liderazgos permite correr el foco de las lecturas que condenan la permanencia de los dirigentes en su cargo o que sospechan de la legitimidad de estas formas de representación, como lo muestran Sandra Wolanski y Victoria Taruselli. Acompañar escenas de la vida cotidiana en barrios populares hace posible dislocar aquellas caracterizaciones de estos espacios únicamente como terrenos de la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Así lo reconstruyen Silvana Sciortino y Cecilia Cavigliasso en sus capítulos. El día a día de las personas nos muestra un escenario que, lejos de estar únicamente signado por la carencia, la lucha por la supervivencia, se producen constantemente horizontes políticos de transformación, demandas de derechos que son formas de gremialidad. Los procesos de organización impulsados por costureros, liberados, cartoneros dan cuenta de esta construcción política y así lo desarrollan Dolores Señorans, Paz Laurens y Santiago Sorroche respectivamente. Es sabido que los programas estatales, con sus discursos cada vez más individualizantes y culpabilizadores de sus destinatarios, no siempre reflejan en sus diagnósticos las realidades sobre las que se proponen intervenir. Recuperar entonces las prácticas de aquellos sectores de la población que son objeto de intervención estatal resulta una herramienta central para problematizar temáticas como las de “empleabilidad” abordada en el trabajo de Florencia Pacífico o “emprendedurismo”, en los términos en los que lo analiza Carmina Pederiva.
A continuación, un adelanto del capítulo que abre el libro, en el cual María Inés Fernández Álvarez problematiza las acusaciones de mafia o delincuencia que se posan sobre vendedores ambulantes del ferrocarril.
Nunca mafia. Experiencias de vida y formas de organización de vendedores ambulantes en espacios públicos.
Mafia es uno de los términos que aparece con mayor frecuencia en los medios masivos al hablar de la venta ambulante. Se utiliza para señalar que los vendedores ambulantes responden a organizaciones “ilegales” comandadas por “empresarios” que se adueñan del espacio público y someten a situaciones de esclavitud a un conjunto amplio de personas que trabajan para ellos vía relaciones de padronazgo o redes migratorias. La retórica de este discurso público proyecta un retrato de la amplia mayoría de quienes ejercen esta actividad como víctimas de organizaciones mafiosas a cambio de una paga diaria que apenas garantiza la supervivencia.
Esta imagen estereotipada y estigmatizadora se desvanece cuando entramos en contacto con personas que, a través de generaciones y desde muy temprana edad, han venido haciendo de esta actividad un modo de ganarse la vida. No porque la palabra organización desaparezca sino porque el calificativo que lo acompaña deja de ser mafia para asociarse a cuidado. Este fue en efecto el caso al conocer a Silvia Palmieri y, a través de ella, a quienes componen la Cooperativa Vendedores Unidos del Tren San Martin que desde el momento de su formación integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
Esta organización fue creada por las y los vendedores que comercializan productos en la línea interurbana que conecta la zona centro de la Ciudad de Buenos Aires con el noroeste del conurbano bonaerense. Se unieron para protegerse de posibles acciones de desalojo, hostigamiento y persecución que hacen parte de sus trayectorias de vida, en algunos casos experimentadas en carne propia y en otros a través de sus padres o abuelos. Pero también esa unión es un camino para proyectar una vida mejor para sí mismos y las generaciones futuras. Organización es, en síntesis, una palabra que hace referencia a un conjunto de prácticas colectivas tendientes a garantizar la sostenibilidad de la vida en un sentido amplio, forjadas a partir de relaciones de parentesco y familia.
Familia es un término que bien podría reforzar la descripción que los medios proyectan de la venta ambulante en su asociación a la idea de mafia. Se trata de uno de los primeros comentarios que recibo en círculos variados cuando relato la forma en que las y los vendedores reglamentan la posibilidad de ingresar a trabajar en el tren a través de relaciones de filiación directa. Un comentario que difícilmente se haga respecto de otros oficios o profesiones como escribanos o jueces. La diferencia aquí es que familia es una palabra que refuerza la importancia de cuidarse para trabajar más tranquilos, ayudarse cuando alguien lo necesita y juntarse para proyectar una vida mejor.
Ser vendedor ambulante es mucho más que una actividad económica en base a la que se obtiene un ingreso para “pagar el guiso”. Es una forma de vida digna que hoy se encuentra amenazada de manera creciente. Este texto asume, por ello, un posicionamiento explícito: busca contribuir al proceso de organización que día a día llevan adelante para resistir una práctica de despojo que los impida seguir siendo. Un proceso cuyo punto de partida consiste en reconocer que la venta ambulante no es un delito sino un trabajo. Qué organización no es sinónimo de mafia sino de cuidado. Que la actividad realizada a diario no es una práctica ilegal sino un servicio a la comunidad.
Una vida forjada en “el fierro”
En septiembre de 2017, después de meses de trámites, el INAES otorgó la personería jurídica a la cooperativa que las y los vendedores del tren San Martin habían conformado hacía más de dos años. Por primera vez el Estado los reconocía como trabajadores, algo que anhelaban desde pequeños. Si la agrupación se constituyó formalmente en 2015, quienes integran la cooperativa han venido organizándose desde hace décadas a partir de una serie de “códigos de vida” que marcan los ritmos, dinámicas y relaciones de trabajo. Estos códigos establecen tanto la posibilidad de vender en el tren como la forma en que se realiza la actividad y la circulación de saberes relacionados a ella: recorridos, horarios y temporadas priviligedas para vender los productos, dónde comprar y guardar la mercadería, cómo interactuar con el personal de seguridad, etc. En la creación de estos códigos son centrales las relaciones de parentesco que atraviesan los vínculos entre las y los vendedores.
“Nosotros somos una familia”, enfatizan al hablar de sí mismos, una afirmación que remarca los códigos de vida que fueron creando para enfrentar situaciones de violencia sistemática, tanto con fuerzas de seguridad como con funcionarios públicos —decomisos, persecuciones o detenciones—. La conformación de la cooperativa en sí misma, llevar consigo una identificación, tener una bandera propia o portar una remera con el logo de la CTEP también constituyen prácticas de cuidado que los protege frente a situaciones de violencia que en los últimos años se intensificaron en la vía pública, exacerbando acciones de control policial de larga data sobre esta población.
Al mismo tiempo, estas prácticas son la base para la producción de formas de bienestar colectivo como la realización de jornadas de solidaridad para recaudar fondos cuando un compañero está enfermo y no puede ir a trabajar, festejos y entrega de regalos en momentos como el día del niño o el reparto de cajas navideñas. Formas de bienestar fortalecidas en los últimos años al integrarse en dinámicas más amplias de construcción gremial como parte de la CTEP a través del acceso al Monotributo Social que les permite contar con una obra social o, más recientemente, al Salario Social Complementario.
Esta noción de familia abarca y sobrepasa vínculos biológicos para incluir relaciones de amistad o convivencia forjados por y a través del fierro —término que las y los vendedores prefieren usar a la hora de hablar del tren. Fue, de hecho, en un viaje en tren con Silvia donde comprendí plenamente la profundidad y el carácter corporizado de su vínculo con el fierro: “Yo te puedo decir donde estoy por cómo se mueven los rieles, por el ruido de las piedras, por cómo siento el movimiento en mis piernas”. Pasando la mano derecha sobre su brazo izquierdo agregó: “los fierros están en mi sangre, son parte de mí”. Tiempo después su hija, recientemente devenida en vendedora, se refería al orgullo que sentía por su madre que llevaba “el tren en las venas”.
Silvia comenzó a trabajar como vendedora a los siete. Desde hace más de diez años milita en el Movimiento Evita y hoy es una de las referentes de la Rama de Vendedores y Artistas en Espacios Públicos de la CTEP. Su trayectoria de vida, cuyo ingreso al tren como vendedora data de muy temprana edad, lejos de ser una excepción es una característica común que se repite en gran parte de los vendedores más “viejos” o “de toda la vida”. Lejos de definir una clasificación meramente etaria, los “viejos” son quienes sufrieron detenciones o tuvieron que enfrentar a las fuerzas de seguridad para seguir trabajando en el tren, una experiencia que los “jóvenes” nunca atravesaron. Los vendedores “viejos” reconstruyen su vida describiendo una infancia de privaciones materiales que los obligó a salir a trabajar desde edades muy tempranas. Esta reconstrucción incluye también referencias recurrentes a situaciones de violencia sistemática a las que de pequeños o muy jóvenes tuvieron que hacer frente para poder trabajar. La década del noventa, el proceso de privatización de los ferrocarriles y su consecuente cambio en el sistema de seguridad a bordo, suele relatarse como una etapa particularmente difícil de la vida, en la cual fue importante resistir para “no desaparecer del tren”.
La venta en el tren es una actividad y un puesto de trabajo que “se hereda”. Las y los vendedores suelen transmitir la tranquilidad que sienten de saber que sus hijos e hijas tienen asegurado a futuro al menos esta posibilidad para ganarse la vida. En la reconstrucción de sus vidas señalan genealogías que se remontan a dos o tres generaciones como parte del “fierro”, de una forma de vida que se transmite de padres a hijos y modela expectativas a futuro. Una proyección que se prolonga también en el pasado: los padres que abrieron el camino para que hoy puedan seguir estando en el tren.
En reuniones mantenidas con otras agrupaciones de vendedores ambulantes o asambleas interferroviarias, las acciones que se proponen afirman la importancia de estar unidos para lograr trabajar más tranquilos y “sembrar una semilla para las generaciones futuras” entrelazando las experiencias propias con las de sus padres o abuelos. Durante la clausura de la primera asamblea interferroviaria, un trabajador de otra línea cerró su intervención transmitiendo entre lágrimas los saludos de su padre que seguía la reunión desde la ciudad de Necochea, a orillas del mar, donde se había instalado luego de trabajar toda la vida en el tren. Enfatizando la importancia de luchar por el reconocimiento como trabajadores del tren y organizarse para pelear por sus derechos, recordó las noches esperándolo en su casa de pequeño cuando era detenido por vender en el tren. “Nosotros no queremos eso para nuestros hijos” dijo con la voz entrecortada, mientras con la misma emoción su auditorio cubría con un aplauso las últimas palabras de su intervención. Una alocución semejante coronó la intervención de Silvia en la primera asamblea de la rama de vendedores y artistas en espacios públicos de la CTEP. Luego de contar que tanto su hijo como sus dos hijas mayores trabajan en el tren al igual que ella y su marido, afirmó: “yo me puedo morir tranquila porque hicimos historia, si me muero nuestros hijos van a seguir levantando nuestras banderas de lucha”.
Si históricamente lo que se heredaba era un puesto de trabajo, ahora este legado incluye también un proceso de organización desde el que es posible sostener y proyectar una vida mejor.
La venta ambulante como un servicio
La construcción de un discurso público que asocia venta ambulante a mafia e ilegalidad ha sido una pieza clave para legitimar crecientes acciones expulsivas y represivas sobre quienes ejercen esta actividad. Resulta un andamiaje fundamental de una estrategia más amplia que se define como “política de ordenamiento del espacio público” e incluye iniciativas de privatización sobre estas áreas tendiente a favorecer dinámicas de acumulación del capital privado.
En contraste, las prácticas de cuidado que describimos en este capítulo constituyen formas de protegerse frente a estas acciones que, en algunos casos de manera temporaria, en otros de forma más permanente, amenazan la continuidad de esta forma de vida. Prácticas que hacen parte de un proceso más amplio de organización desde el cual demandar el reconocimiento como trabajadores que desarrollan un servicio a la comunidad. Esto último equivale a afirmar que la venta ambulante, además de asegurar la (re)producción de sus vidas y la de sus familias, tiene una función social: se trata de un servicio que, al comercializar “productos populares a precios populares”, garantiza el acceso al consumo masivo de bienes a una población que no lo tendría por otros medios.
La venta ambulante constituye además un servicio en tanto genera una presencia cotidiana y conocida en zonas que de otro modo se tornarían inseguras. Por último, la venta ambulante es un servicio porque minimiza la cantidad de mercadería que finaliza en los rellenos sanitarios al mantener en el circuito comercial productos discontinuados o cuya fecha de vencimiento es demasiado próxima. Sobretodo porque genera un mercado para pequeños productores locales que no tienen posibilidad de comercializarse por otros medios en forma masiva. En asambleas y reuniones internas suelen recordar entre risas los nombres de golosinas que lograron instalar, y reproducen el speech creado para comercializar un producto hasta entonces desconocido que luego se convertía en primera marca.
En síntesis, en su lucha por el reconocimiento de su actividad como un servicio las y los vendedores ponen en evidencia el modo en que su trabajo, lejos de estar en los márgenes de la economía se integra a dinámicas de acumulación formalmente reconocidas y reguladas. Este mismo proceso ha permitido elaborar una interesante conceptualización del espacio público que pone al desnudo las relaciones de desigualdad que la política de ordenamiento oculta. Al subrayar la legitimidad y disputar el derecho que, en tanto trabajadores, tienen a apropiarse colectivamente de una pequeña porción de la renta que la ciudad produce, esta conceptualización visibiliza un proceso de reificación del espacio público que busca reducirlo a una dimensión puramente “física”, como un espacio que se presenta “neutro”, que prioriza su función logística ocultando y dejando fuera las relaciones sociales que lo producen. Una teoría que, al restituir su dimensión relacional, ilumina las lógicas de apropiación-expropiación, de producción de desigualdades y asimetrías que la propuesta de ordenamiento del espacio público oculta.
Desprender la venta ambulante de la idea de ilegalidad y delito para restituir su condición de actividad laboral, despegar la palabra organización de la noción de mafia para acercarla a la de cuidado pueden ser pasos sustantivos para conquistar el reconocimiento de quienes realizan esta actividad como trabajadores que realizan un servicio para la sociedad en su conjunto.