Fotos de interior: Gustavo Legarde y Milangela Galea
“Acaban de matar a Ricardo Durán entrando al edificio donde reside, todavía está tirado en la entrada”, twitteó @jc13ymc23 el martes 19 de enero a las 23h45. Desde su ventana, en el barrio Caricuao, anunciaba lo que en segundos se transformaría en noticia en casi toda Venezuela: el reconocido periodista chavista acababa de recibir un disparo en el cuello. Los autores del crimen, tres hombres, se habían retirado sin robarle nada. Ni auto, ni dinero, ni celular.
Rápidamente la trayectoria del periodista fue recordada en redes sociales: uno de los pocos en transmitir desde el Palacio de Miraflores durante el Golpe de Estado de abril del 2002, había ocupado el puesto de director de comunicación de la Asamblea Nacional, sido ganador del premio de periodismo en el 2009, y era el actual jefe de prensa del Gobierno de Distrito Capital. Quién había matado a Ricardo Durán, fue la pregunta que todos comenzaron a hacerse. Para unos se trató de un crimen común, un intento de robo sin robo que terminó en muerte. El Nacional, por ejemplo, principal periódico de la oposición, relegó el asunto a páginas de policiales. Para el chavismo en cambio, el país se encontraba nuevamente ante un disparo programado:
“Que no vengan ahora a tratar de enturbiar y obstaculizar las verdaderas razones, los verdaderos móviles (…) fue un asesinato por encargo, un asesinato que procura llevar nuevamente al país a un expediente de oscuridad, agresión y violencia”, declaró Jorge Rodríguez, alcalde del Municipio Libertador.
El entierro en Caracas al día siguiente fue multitudinario. Las voces nítidas, casi quemadas: “Ya basta de aceptar, ya basta de perdonar, no más un muerto chavista”; “Están buscando que se desate en este país una guerra entre pueblo, entre hermanos, debemos evitarlo, hay que estar en las calles, pero sin caer en el juego de la violencia”; “Ya estamos arrechos que nos estén matando nuestros líderes y nuestros cuadros políticos, ya es hora de que salgamos, no vamos a calarnos más estos escuálidos que están traicionando la patria”.
Para millones la bala que mató a Durán se pareció al punzón que había terminado con las vidas del diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Robert Serra, y su compañera María Herrera, el primero de octubre del 2014. Esa vez el asesinato había sido dentro de la propia casa, en una acción que involucró a ocho paramilitares, y un autor intelectual central, el colombiano Julio Vélez, exconcejal de Cúcuta y mano derecha del expresidente Álvaro Uribe. Así lo había informado el presidente Nicolás Maduro en junio del 2015. No solamente ese rojo vino a la memoria: también los 43 muertos y más de 800 heridos dejados por las protestas callejeras conocidas como guarimbas (piquetes), ocurridas entre febrero y abril del 2014, encabezadas por el dirigente opositor, Leopoldo López bajo la consigna de “La salida”. Y además los 11 asesinados la noche del 15 de abril del 2013, cuando luego de perder las elecciones presidenciales Capriles Radonski llamó a desconocer los resultados electorales y tomar las calles. Aquella vez habían sido quemados locales del Psuv, centros de salud, y los canales Telesur y Venezolana de Televisión asediados.
56 muertos en tres años. Para nombrar a los más mediáticos. Contando a comuneros, campesinos, militantes barriales, el número es alto, mucho más alto. “No más un muerto chavista”.
Según la oposición, sus medios de comunicación y dirigentes, nada de esto sucedió. Cada uno de los asesinatos fue un caso aislado, desvinculado el uno del otro, un asunto de robo común, inseguridad, responsabilidad del Gobierno Nacional por acción u omisión. Como en el caso de Ricardo Durán, donde los rumores quisieron señalar como autores del crimen a sectores del chavismo. Negarlo todo ha venido siendo la estrategia permanente de la derecha en estos años. Como si siguiera al pie de la letra la frase de Charles Baudelaire: “El mayor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía”.
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Seis meses para terminar con Nicolás Maduro. Ese fue el plazo puesto por Ramos Allup al asumir el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional. Las vías, según explicó luego, podrían ser varias: un referéndum revocatorio -posible a partir de abril, cuando el presidente cumpla la mitad de su mandato-; la renuncia, un enjuiciamiento o una enmienda constitucional para acortar el período presidencial de 6 a 4 años. Sacar al presidente y siempre, según los diferentes voceros de la oposición, de forma constitucional. Finalizar, por fin, luego de 16 años, con la experiencia del chavismo en el Gobierno. Y es cierto, nunca han estado tan cerca. Quien camina Venezuela puede verlo: colas para conseguir comida a precio regulado, colas para comprar medicinas, colas para productos de higiene, precios en constante aumento, un dólar paralelo cercano a los mil bolívares -contra los 6.90 oficiales para importaciones y 200 para exportaciones- que marca los precios, historias de asaltos a plena luz del día, una realidad de desgaste cotidiano. Con un elemento que ha venido agudizando todas las variables económicas: el descenso del precio del petróleo a niveles donde el costo de producción es apenas inferior al de venta.
Esos son hechos. En su explicación reside la disputa. Según la oposición todo sería responsabilidad del Gobierno y del modelo de construcción socialista que habría fracasado: sus políticas de control sobre el dólar, incapacidad productiva, persecución a los empresarios, la negación a recortar el gasto social, la corrupción, etc. La única vía posible sería regresar a los préstamos internacionales, devolver las posesiones expropiadas -tierras, fábricas y petróleo- a sus legítimos dueños -oligarquía, burguesía, Estados Unidos-, liberar a los denominados presos políticos como Leopoldo López, terminar con el “régimen”.
Esos puntos son repetidos por voceros políticos, empresariales y también y sobre todo internacionales. Medios de comunicación de Colombia, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, cancilleres, expresidentes, organizaciones no gubernamentales. El objetivo: crear una imagen de un país controlado por un gobierno déspota, incapaz, y convencer al mundo que se estaría ante una crisis de hambre y salud. Generar así el consenso necesario que daría pie al escenario planteado por el hasta poco tiempo atrás encargado del Comando Sur, John Kelly, quien afirmó el 22 de octubre del 2015, que una situación de crisis humanitaria podría motivar una intervención norteamericana. Una declaración que continuó con el camino iniciado a través del decreto-ley firmado por Barack Obama a principios de ese año, al declarar a Venezuela como una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos. Es en el plano internacional donde no se aplica el truco del diablo.
La oposición venezolana sigue esa agenda. Ha intentado declarar desde la Asamblea Nacional una situación de crisis humanitaria en el sector salud. Y ningún ataque ha sido aislado: en el mes de enero la organización Human Right Watch declaró que el poder judicial de Venezuela “dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno”, los expresidentes José María Aznar y Andrés Pastrana han afirmado una y otra vez desde el 2015 la existencia de la crisis integral y la necesidad de una transición a la democracia para salir de “la dictadura del silgo XXI”; Transparencia Internacional expuso que Venezuela sería el país más corrupto de América Latina; The Washington Post pronosticó una cesación de pagos internacionales por parte del Gobierno venezolano. Para nombrar algunos pocos ejemplos. En cuanto al Gobierno de Mauricio Macri, su tarea ha sido encabezar de manera pública el ataque continental contra la revolución bolivariana.
Es desde lo internacional que puede verse con más claridad el escenario, comprender que la actualidad venezolana no es producto del fracaso de un modelo, sino que ha sido creada a través de una estrategia ya utilizada. La situación actual es similar a lo sucedido con anterioridad al Golpe de Estado en Chile, cuando fueron aplicados ataques sobre la economía -como el desabastecimiento- para desgastar al pueblo. “Hacer gritar la economía” le había encargado el entonces presidente Richard Nixon al secretario de Estado Henry Kissinger. Pegar en el estómago, en la moral, en la base de la revolución para generar una ruptura del vínculo con el Gobierno. Echándole cada día la culpa al modelo, al presidente, y, en el caso actual, tratar por ejemplo de generar saqueos, como sucedió en agosto pasado en la ciudad de San Félix, cuando un grupo de personas con motos y armas quisieron desatar una protesta espontánea. Y desconocer, a nivel nacional, todo. Desconocer el acaparamiento aun cuando el Gobierno decomisa galpones con toneladas de mercancías -muchas veces vencidas- que faltan en las góndolas. Desconocer las casas de cambio en la frontera colombiana legalizadas para elevar -junto a la página Dólar Today- el dólar paralelo y desestabilizar monetariamente al país. Desconocer la infiltración de centenares o miles de células paramilitares en el territorio venezolano, aunque los vínculos quedan establecidos, como en el caso de Lorent Saleh y Gabriel Valles, entrenados en Colombia -con fotos junto a Álvaro Uribe- para llevar adelante la “Operación libertad” con uso de explosiones con C4 y asesinato de cuadros intermedios del chavismo, o cuando un autor de un descuartizamiento -Eduardo Trejo Mosquera- resulta ser militante de Primero Justicia, el partido de Capriles Radonski. Quienes investigaban estas redes eran Robert Serra y Ricardo Durán.
¿Se puede estar en una guerra y no saberlo? ¿Una guerra no convencional hecha de varios niveles superpuestos actuando en simultáneo -económico, político, armado, comunicacional, geopolítico, institucional- con el objetivo de llevar al país a una situación de caos? ¿Con una estrategia cuyo eje principal es no mostrarse? Que confunde asesinatos políticos con muertes comunes, se olvida de los 43 asesinados en las guarimbas y convierte a su autor ideológico en un mártir defendido por el presidente de Argentina, que baja los niveles de producción de grandes monopolios de la alimentación, como Empresas Polar y le adjudica la culpa a la falta de dólares otorgados por el Estado -quien le facilitó 2 mil 290 millones de dólares entre 2013 y 2015-, que sabotea las redes eléctricas y aun cuando alguien muere en esa acción, como en octubre del año pasado, también le otorga la responsabilidad al Gobierno.
¿Puede existir una guerra sin nombre, sin rostro, una guerra que se niegue a sí misma, que solo sea hecha de sombras que crean muertes, angustias y finales, y cuyos autores se presenten como la solución? ¿O es que la revolución bolivariana construyó de repente su propia crisis por incapacidad? Existe un plan contra Venezuela. El único que dijo la punta de la verdad fue el Gobierno norteamericano, declarándola como amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional. Tal vez porque ya lo había desenmascarado Hugo Chávez en una cumbre de Naciones Unidas. Aquí huele a azufre.
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“El pedo es que no producimos un coño”. Primera verdad de Mariela Machado, militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Segunda: “Te puedo asegurar que durante que el Comandante estuvo vivo hizo de tripa corazón para que la gente entendiera que había que producir, y decía, ‘en el balcón de tu casa, en una esquina, siembra, pon un gallinero vertical’, y aportó para que sucediera, y Maduro siguió aportando para que eso se diera”. Habla sentada al pie de dos edificios construidos de forma autogestiva sobre un terreno ocupado por el Movimiento en plena Caracas. 92 viviendas que forman parte de las más de 1 millón construidas y entregadas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, iniciada en el 2011. Cuenta que vio el primer chorro de agua salir de un caño en su casa durante la revolución. Antes todo era con balde, escalones, casas a medio terminar sobre un barranco. Tiene otras verdades: que las políticas asistencialistas no generan conciencia, es decir no se traducen ni en organización ni en votos, y pueden dar lugar al desclasamiento. Que es necesario realizar críticas, exigirle al Psuv que sea un partido de calle y formación, no únicamente una maquinaria electoral como los de las épocas anteriores a la revolución. Que muchas instituciones están sumidas en la burocracia. Que existen “seis millones de habitantes chavistas de corazón, como demostramos en las últimas elecciones; la oposición no creció, ganó con siete millones, ya casi los tenían, nosotros en cambio dos millones de personas se abstuvieron, al rescate de esa gente tenemos que ir”.
Dos millones que optaron en su mayoría por un voto castigo. Que no se volcaron hacia la oposición -que se fortaleció con la falsa promesa de eliminar las colas- pero marcaron su descontento con la conducción actual. Expuestos, como todos, a la guerra comunicacional, económica, que cada día desgasta más, golpea sobre los puntos más frágiles del proceso. Casi tres años de horas de espera, aumentos de precios y desabastecimiento. Esos casi seis millones de votos, en esas condiciones, fueron heroicos, prueba de la profundidad de una identidad política.
Mientras Mariela habla, a las cuatro de la tarde de un viernes, se está formando una cola para realizar las compras en un supermercado de la Red de Abastos Bicentenarios, que abrirá a las ocho de la mañana del día siguiente. Esa Red de comercialización estatal cuyo ex presidente fue detenido recientemente por corrupción. Al igual que la administradora y la expresidenta de la Corporación Venezolana de Alimentos. No solamente hay burocracia, también existe corrupción y es parte del actual escenario. “La ineficiencia y la corrupción no son culpa del imperio”, afirmó el exdiputado del Psuv Freddy Bernal. Sin ella existirían menos colas, contrabando, aumento de precios, descreimiento, más alimentos, respuestas, sanciones, presos, producción. Quienes más critican esos problemas son los chavistas: saben que daña el proceso desde dentro, que es parte de la trama que desmoraliza, genera escepticismo, ha alejado a muchos, a esos para quienes Mariela plantea construir una política. ¿Cómo? Con la resolución de problemas a través de organización popular y formación política, para resistir a una situación difícil que, por las tendencias del petróleo -en un país dependiente de esa renta- no promete mejorar sustancialmente en el corto plazo. “Yo nunca dejaré de ser chavista, y pienso que el camarada Maduro ha hecho un esfuerzo sobrenatural, con precio de barril caído, para seguir fortaleciendo los mecanismos sociales que ayudan a la lucha del pueblo, el socialismo se hace con conciencia, sin harina, sin nada, tú estás defendiendo la patria y no votas por la derecha”. La tensión se encuentra en la distancia abierta entre lo acumulado en los 17 años de revolución, el proyecto socialista, y la realidad económica actual. Resolver este último punto es la urgencia primordial. Vital. Y el escenario nunca ha sido tan difícil.
“Aquí la única alianza es con el poder popular, las comunidades organizadas, las comunas, esa es la vía hacia el socialismo, pactar con las empresas privadas me parece que hay que estudiarlo muy bien, siguen pidiendo dólares preferenciales y no se ve la producción en el país”. Mariela se refiere al Consejo de Economía Productiva, instalado el 19 de enero, la última actividad que cubrió Ricardo Durán como periodista. Allí fue puesto en marcha un espacio integrado por el Estado, sectores privados y populares -con predominancia de los segundos- para poner en marcha 13 motores económicos. El objetivo: producir para consumo interno y exportación. Algunas de las voces de la oposición, integradas al Consejo, como Henri Falcón, rápidamente plantearon lo anhelado desde 1999: la restitución de lo que fue expropiado. Tal el caso, por ejemplo, de las más de 600 hectáreas de la Comuna El Maizal, que de ser tierras ociosas de un latifundista pasaron a producir, en seis años, 12.880.000 kilos de maíz blanco, 400.000 kilos de carne bovina, a la vez que fueron construidas escuelas, ambulatorios, redes eléctricas. La oposición -política y económica - pide que sean devueltas al antiguo dueño, buscando reconquistar el poder perdido. Y parece moverse en dos niveles: mientras por un lado aceptó integrarse al Consejo de Economía Productiva, la Asamblea Nacional por su parte rechazó la aprobación de la Declaración de Emergencia Económica pedida por el presidente Nicolás Maduro. Desde la mayoría legislativa, la derecha apunta a generar un choque de poderes oponiéndose a toda iniciativa del ejecutivo y de los parlamentarios del chavismo. ¿Por qué buscar una alianza económica entonces? ¿Existen sectores empresarios por fuera de la trama de la desestabilización con voluntad de producir? Esa es la pregunta que recorre líneas, debates, conversaciones de cada día. Porque quedan cada vez menos días hasta el esperado -aunque todavía no anunciado oficialmente- referéndum revocatorio. O en caso de no darse, de las elecciones para gobernadores que tendrán lugar a fin de año. Buscar un acuerdo o radicalizar, y de hacer esto último, ¿qué condiciones existen, qué sujeto podría encabezar esa tarea?
La agenda legislativa es clara: una Ley de Amnistía para liberar a Leopoldo López y quienes se encuentran prófugos en Miami, derogar la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, introducir las casas de la Gran Misión Vivienda en el mercado inmobiliario. Entre otras iniciativas. Contra esta última se movilizó el Movimiento de Pobladores y Pobladoras. Ahí estuvo como siempre Mariela, arriba de una moto con la bandera de su organización y un brazalete tricolor en el brazo. Para ella y muchos más el chavismo debe recuperar las calles, hacer sentir su presión, su potencia que permitió recorrer 17 años de transformaciones haciendo frente a intentos de Golpes de Estado, paro petrolero, asesinatos de campesinos, cuadros medios, bombardeos mediáticos, una permanente desestabilización. Y producir. Esa es la clave. Realizar balances políticos y económicos de qué sucedió con el dinero invertido en planes de siembra, fábricas, qué ha funcionado y qué no. Protagonizar ese debate -que de lo contrario es acaparado por la derecha- y construir un programa de sustitución de importaciones, siembras de alimentos imprescindibles etc. Con pocos recursos y una certeza: ante la actual situación no se optará por un recorte social. Así lo ha venido sosteniendo Nicolás Maduro. Las Misiones seguirán, las viviendas seguirán, la resolución de la deuda histórica no se detendrá. Y junto a eso el poder debe ir acrecentándose en manos de las comunidades organizadas. Esa fue la clave repetida hasta el último día por Hugo Chávez, tanto para resistir como para construir la transición al socialismo bolivariano.
Desde ese poder nacido de la experiencia de la democracia participativa y protagónica, existen propuestas, formas de resolución de nudos económicos. La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, movimiento que impulsa a más de 300 comunas, sostiene por ejemplo la necesidad de que el Estado transfiera al poder popular la revisión de las empresas recuperadas y nacionalizadas para analizar su actual situación, y que la distribución de las mercancías que se produzcan a partir del acuerdo con los empresarios quede en manos del pueblo organizado. Entre otros puntos. Pero para que eso suceda se debe, como afirmó Freddy Bernal, “romper con la sordera de la conducción”, y con la negación de muchos a avanzar en la transferencia de competencias -estipulada en leyes- al pueblo organizado. Se sabe, uno de los mejores antídotos para la corrupción es la organización popular, que, en el caso de Venezuela, mantiene espacios de contraloría, legislación, parlamentarismo comunal, gobierno territorial.
Queda poco tiempo. Los meses se parecen a una bala viniendo de frente. Por la acumulación de poder de la derecha, la coordinación internacional para forzar una derrota, el desgaste permanente de la realidad económica, el daño de la corrupción, la guerra que se niega y deja en su paso golpes psicológicos, violentos, entierros, nombres como el de Ricardo Durán. Nunca antes la situación fue tan difícil. Nada está perdido tampoco: la experiencia acumulada en el pueblo puede revertir esta situación, detener posibles negociaciones claudicantes, obligar a la conducción a trabajar sobre las líneas más revolucionarias del proceso, poner en práctica espacios de cogobierno con el presidente Nicolás Maduro. El chavismo es más que un Gobierno, se trata de una experiencia radical de empoderamiento y politización popular. Está en lo más hondo de los cerros, los campos, en las miles como Mariela. Ahí puso Chávez la confianza, ahí continúa estando hoy.
Colaboró en esta crónica Gabriela Porras