Son las 4.12 de la madrugada del 30 de diciembre de 2020. La vicepresidenta Cristina Fernández anuncia desde el Senado: “Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”. La Plaza Congreso y sus alrededores estallan de euforia: el aborto voluntario es ley. Decenas de miles de jóvenes feministas sostuvieron una vigilia de 12 horas con una sensación térmica que durante el día llegó a los 35 grados a la sombra, con las banderas verdes levantadas y sin parar de alentar.
Alberto Fernández había elegido el Día de la Militancia Peronista de 2020 para enviar al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y atención del post aborto. Cumplía así su compromiso de campaña con el feminismo argentino. La autora del proyecto es Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. A 75 años de su fundación como movimiento, el peronismo se desprendió de sus lineamientos natalistas y se acercó a la perspectiva “verde”.
La balanza venía inclinada significativamente desde que Ginés González García fuera ministro de Salud del gobierno de Néstor Kirchner e implementara el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pero faltaba la ley.
El feminismo no partidario (y de otros partidos políticos) le había reclamado una ley de aborto a la presidenta Cristina Fernández, pero no lo logró. Cristina fue refractaria al feminismo hasta que amplió su mirada en el diálogo con su hija Florencia, muy comprometida con los temas de géneros. Durante un discurso en el estadio de Ferrocarril Oeste en noviembre de 2018 habló de la coexistencia de pañuelos verdes y celestes en su espacio, pero en el tratamiento de la ley IVE en ese mismo año, como senadora había votado a favor del proyecto.
Alberto Fernández y Vilma Ibarra jugaron una pieza importante para que el proyecto pudiera avanzar esta vez en el Congreso: introdujeron el derecho a ejercer la objeción de conciencia. La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con 15 años de militancia sostenida por la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, se manifestó a favor a pesar de su rechazo de siempre a la objeción de conciencia (“es utilizada como herramienta para obstaculizar derechos sexuales y reproductivos”).
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“El entusiasmo de las jóvenes kirchneristas en este tema revela que conocen poco de la tradición peronista, y ven la compatibilidad con la ampliación de derechos que al peronismo tradicional le cuesta ver. En ese sentido, Alberto Fernández no representa al peronismo tradicional. Él es católico pero entiende que una ley no puede tener carácter confesional. Además, perteneció al grupo Calafate y fue una de las primeras personas que estuvieron junto a Néstor Kirchner cuando se proyectó a nivel nacional”, dice la periodista y feminista Marta Vassallo, autora de varios trabajos sobre las relaciones entre feminismo y peronismo, e integrante de la Campaña entre 2005 y 2015. También participó en la Comisión por el Derecho al Aborto.
“En la tradición peronista -retoma Vasallo- más que el catolicismo pesó el posicionamiento natalista de los movimientos nacionales antiimperialistas. Interpretaban todo intento de control de la natalidad como una estrategia de los países centrales para debilitar a los subalternos, sobre la base de la concepción de que un país para ser fuerte debe estar densamente poblado”.
El 13 de julio de 1973 Héctor J. Cámpora renunció a la presidencia con el objetivo de permitir un tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Desde entonces y hasta su caída en julio de 1975, el ministro de Bienestar Social y jefe de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), José López Rega, se ubicó en el centro del poder. Una disposición de su ministerio, en 1974, prohibió desarrollar actividades relacionadas con el control de la natalidad.”
Los tres grupos feministas porteños de entonces (Política Sexual, Unión Feminista Argentina y Movimiento de Liberación Femenina) junto con el Frente de Liberación Homosexual volantearon entre 1973 y 1975 por la legalización del aborto y contra el cierre de los consultorios de anticoncepción. Con la dictadura de 1976, el feminismo se replegó a reuniones clandestinas en casas particulares.
En las jornadas de 1987 del grupo feminista ATEM surgió la propuesta de formar una Comisión por el Derecho al Aborto. La primera comisión estuvo integrada originalmente por Dora Coledesky, Safina Newbery (antropóloga y ex monja lesbiana feminista, pionera argentina de las católicas por derecho al aborto), Laura Bonaparte (madre de Plaza de Mayo, psicóloga feminista y ex militante del Peronismo de Base y de las Fuerzas Armadas Peronistas), Alicia Schejter y María José Rouco Pérez. Rosa Farías (militante de la izquierda peronista desde la década de 1960 y delegada del hospital Muñiz) aportó a la comisión los datos de mujeres atendidas con infecciones por aborto en su hospital y un espacio en la iglesia metodista para organizar reuniones. De la I Jornada de la Comisión (1990) surgió la invitación a organizar la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto.
En 2003 se conformó la Asamblea por el Derecho al Aborto por iniciativa de Dora Coledesky y con miras al Encuentro Nacional de Rosario. A esa asamblea se sumaron Lohana Berkins y sus compañeras travestis y adhirieron grupos piqueteros. En Rosario se masificó la demanda a través del taller Estrategias para el acceso al aborto legal y seguro.
En 2005 las organizaciones en lucha por el derecho al aborto de todo el país confluyeron en la Campaña por el Aborto Seguro Legal y Gratuito como espacio federal de articulación.
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El contacto de las bases de los movimientos populares con la Campaña en los Encuentros Nacionales de Mujeres produjo un vuelco que desbordó los límites del feminismo. “El comienzo de ese viraje se remonta a la crisis de 2001, cuando se produjo una incorporación de demandas feministas, que hasta entonces difícilmente se extendían más allá de grupos de la clase media, en sectores de mujeres populares”, señala Vasallo.
Pero hubo un punto de fricción en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2006 en Jujuy entre integrantes de la Comisión por el Derecho al Aborto y jóvenes de la organización Tupac Amaru. Vasallo recuerda que “las tupaqueras se oponían a la liberación de Romina Tejerina, principal consigna de ese Encuentro. En un taller una tupaquera argumentó que si todas las mujeres violadas mataran a sus hijos, entonces habría que matar a la mitad de los recién nacidos. Es decir: la Campaña no percibió la asimilación del aborto con el exterminio étnico, tampoco la escasa inteligibilidad de consignas como ‘Mi cuerpo es mío’ en poblaciones con fuerte impronta indígena y comunitaria”.
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La historia no se detiene aquí. Existen reclamos de organizaciones populares antirracistas que no contemplan ni el feminismo blanco ni por el peronismo que vota por el derecho a abortar.
Laura Quispe (Laki) se define como quechua, “una de tantas hermanas en proceso de recuperación y retorno a la identidad originaria”. Proviene de una familia de mineros del pueblo de Chaquí (Potosí) e integra la productora audiovisual con perspectiva antirracista TeleSisa.
“En ciertas comunidades no es opción el aborto porque la religión pesa más. Eso tiene que ver con el despojo de una cosmovisión cultural sobre cuándo parir, gestar o abortar con prácticas ancestrales. No podemos seguir negando que los abortos existen en nuestras comunidades, porque lo escuchamos en los relatos de nuestras madres y nuestras abuelas. Mi mamá nos ha dicho que abortó, pero no está a favor del aborto porque tiene la mirada pesada de que su cuerpo no es de ella. Y si rompés con eso te quedás fuera de la comunidad. Cuando abortan es porque han pasado por situaciones de violación y abusos. La colonialidad fue rompiendo el respeto. Son las jóvenes indígenas las que llevan la lucha por la Educación Sexual Integral”, explica Quispe.
Mónica García se define como afro-formoseña y colaboradora de la causa por el reconocimiento de la trata transatlántica de personas. Su perspectiva sobre el derecho al aborto se basa en la historia de su familia afroargentina. Le hubiera gustado exponerla ante la Cámara de Diputados, pero no lo consiguió.
“Mi abuela Ña Chimina era afro. No sabía de dónde provenía su familia. Se casó con el correntino Cambalí, afro como ella. Cambalí sí conocía la historia de su familia en este continente, que comienza con Zulema, una mujer cazada en África y llevada al puerto de Buenos Aires en un barco negrero. De la carta de libertad de una de sus descendientes proviene mi apellido García. Eso fue todo lo que nos quedó de Cambalí. Porque Ña Chimina fue violada y Cambalí la abandonó. Mi abuela se vio obligada a vender yuyos y tabacos para poder sobrevivir y mantener a sus hijos. Algunos de esos yuyos eran abortivos y ella misma realizaba los preparados. Ña Chimina falleció en 2015, a los 77 años. En los montes, la curandera es todo. Porque allí están las plantas y ellas las conocen bien.”
Uno de esos yuyos de uso común en Formosa lleva en su nombre la voz “congo”. Es un indicio de quiénes descubrieron el uso que podía dársele. Las negras esclavizadas abortaban para que sus hijos no nacieran en la misma condición. Hoy las mujeres guardan esos yuyos en un frasquito, en la alacena.
Las mujeres del monte migran a las ciudades. Si no transmiten sus conocimientos a otras, la fórmula de los yuyos se pierde. Y comienza el circuito de las prácticas mecánicas para abortar y las muertes por infecciones y abortos mal realizados.
En su libro Guerreras y tímidas doncellas del Pilcomayo, Mariana Daniela Gómez menciona la existencia de prácticas antiguas de control reproductivo entre las mujeres qom mediante preparados bebibles. El proceso de represión de estas prácticas llegó de la mano de “las prerrogativas patriarcales de origen mítico y cristiano”, escribe la autora.
Laura Quispe también menciona la centralidad del uso de plantas como parte de la medicina ancestral de estas comunidades. “Mi madre nos curaba con plantas y de manera espiritual. De joven, ella era hablante quechua. Ir a un hospital significaba chocar con las barreras idiomáticas y el señalamiento despectivo hacia su cuerpo. Un pequeño maltrato y ya no volvés. Cuando estaba por parir, a mi madre le negaban cama y aguantaba para no tener a su hijo en medio del camino. Esas cosas se heredan. Yo tengo cero ganas de ir a un centro de salud. En cuanto al misoprostol, debería ser un medicamento accesible. En nuestras comunidades, la mayoría vivimos de changas. Y también decimos que quienes tienen opciones espirituales y ancestrales para abortar no deberían ser criminalizadas.”
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En 2009 se conformó el colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (LyF), por el derecho a abortar de manera autogestiva y “cómo más nos convenga”, en el hospital, por obra social o de manera domiciliaria. Organizaron la Línea Aborto: más información menos riesgos, una línea telefónica pública que entre 2009 y 2018 brindó información sobre cómo utilizar el misoprostol para realizarse abortos seguros en la propia casa hasta la semana 12 de embarazo inclusive. En 2010 editaron el manual “Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas”.
Gabi Díaz Villa se define como tipo trans peronista y feminista. Es especialista en ESI, integró LyF y atendió consultas en la Línea Aborto.
“De una conversación a la que convocó Vero Marzano en 2009 surgieron LyF y la Línea. Leímos como favorable el contexto del gobierno kirchnerista y armamos una estrategia legal. El misoprostol empezó a usarse en la década de 1980 y ya había médicos trabajando este modelo, por ejemplo, las consejerías en Uruguay. El Estado no puede prohibirte que te toques la vagina con la mano. Con el tiempo, la Línea se convirtió en un lugar de investigación. En los tres primeros años recibimos 15 mil llamados y pudimos sistematizar algunos datos. Por ejemplo, que el negocio del aborto movía un millón de dólares por día.”
LyF estuvo en la apertura de sesiones de 2010 en el Congreso Nacional y desplegó una bandera con la consigna “Prohibir el aborto es gorila”.
“Pensar que las mujeres no van a saber abortar solas es una perspectiva racista, de clase media medicalizada -dice Gabi Díaz Villa-. Esperábamos que la izquierda del feminismo nos abrazara mucho más, pero se abroquelaron en la consigna ‘aborto en el hospital’. Cuando murió Néstor Kirchner, en la Línea decidimos sacar del closet la iconografía kirchnerista. Era fundamental poner en evidencia que abortar no es peligroso y hablar del orgullo a abortar como experiencia empoderante. Le decíamos ‘experiencia lesbiana’ porque estábamos dando esa lucha. Pero el empoderarse en la exploración con tecnología médica en nuestros cuerpos, es perspectiva trans”.
Pasaron 11 años desde la creación de Lesbianas y Feministas para que la diputada nacional kirchnerista Mónica Macha llevara su perspectiva a la sesión de Diputados que aprobó la ley. Y seis años desde la activación de Socorristas en Red para que la senadora por Corrientes Ana Claudia Almirón, perteneciente a La Cámpora, reconociera la tarea de estas feministas que “en lo que va de la pandemia acompañaron a 250 mujeres” a abortar. Hoy un hospital lleva el nombre de Laura Bonaparte, una de las pioneras del peronismo revolucionario en la lucha por el aborto legal.
Ahora que es ley, es preciso abrir el diálogo con las indígenas y las negras acerca de sus prácticas ancestrales. Y dentro de estas comunidades, con las lesbianas, masculinidades trans, no binaries, intersex y bisexuales. Porque no solo abortan las mujeres cis heterosexuales.