Marta llega temprano al Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de San Martín. Todavía faltan unos minutos para que abran. En la puerta se encuentra con sus dos nietos pequeños. Espera mientras una empleada prepara la sala para la mediación con su nuera, la madre de los niños. Luego de una charla en conjunto con el abogado del CAJ que lleva adelante el proceso y de entrevistas por separado, se resuelve un régimen de visitas para la abuela y el otorgamiento de alimentos para la madre. Firman un acta y aunque el CAJ no tiene capacidad de garantizar su cumplimiento funciona como un antecedente para una futura mediación, si fuera necesaria, o para llevar, más adelante, el conflicto a la justicia.
Otra tarde, una mujer se acerca a las oficinas del CAJ-San Martín junto a su marido y sus dos hijos. Quiere recibir asesoramiento pero saca de su cartera una denuncia de violencia de género que realizó hace unos días en la comisaría. Las trabajadoras se organizan, llevan al marido y los hijos a los juegos del complejo. Una vez a solas, le advierten a la mujer que, al tener la denuncia hecha, su agresor tiene prohibido acercarse a ella y a sus hijos. La mujer dice que tiene que volver con él a su casa porque no tiene dinero para alimentar a los niños. Las trabajadoras le explican la situación al marido, la denuncia y lo que esto significa. Buscan además un comedor para la mujer y sus hijos. Aún en casos como estos, donde los CAJ no pueden formalmente llevar adelante una mediación, su intervención logra clarificar la situación de las partes y resolver los problemas específicos que traen las personas que llegan a las oficinas del organismo.
Los Centros de Acceso a la Justicia son una ventanilla multipropósito que logra algo poco común en la experiencia de los sectores populares en su vínculo con el Estado: la resolución de problemas. Asesoran, derivan o median. Los CAJ son aliados para las personas que no saben o no logran resolver situaciones que implican o pueden implicar una intervención estatal.
Aunque quiso ser una política de tipo universalista, el desarrollo de los CAJ fue, en los hechos, una iniciativa de discriminación positiva orientada hacia los sectores populares. Desde su creación en 2008, tuvo su mayor éxito e impacto en los barrios de sectores populares de todo el país donde las personas tienen un contacto difuso, esporádico y ajeno con el sistema judicial. Una intermediación con la justicia –que consiste en poder diferenciar qué cosas se pueden resolver en los estrados y cuáles no- y una ventanilla genérica de resolución de problemas administrativos –a través del enlace con otros organismos públicos- son los aportes principales que los CAJ brindan en el territorio.
El 10 de junio de 2024 el Ministerio de Justicia de la Nación publicó en el Boletín Oficial la Resolución 178/2024 que abre interrogantes sobre el futuro de una política que se orienta a mejorar las condiciones de acceso de la población al sistema judicial. Los fundamentos de la resolución se concentran en el “sustancial gasto total anual” que implica el sostenimiento de esta política pública (unos 400 empleados y unos 20 inmuebles en todo el país) y el impacto del cambio tecnológico que permite ahora brindar el servicio que ofrecen los CAJ de forma totalmente digital. La idea de limitar esta política de despliegue territorial del Estado y reemplazarla por un refuerzo de las líneas telefónicas de denuncia o por nuevas plataformas de interacción digital desconoce la historia y la importancia que tuvo esta iniciativa que ya lleva 15 años de funcionamiento.
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En el partido de General San Martín hay dos CAJ que cubren los más de 57 km2 del partido y las más de cuatrocientas cincuenta mil personas que viven allí. El CAJ no es el único organismo de su tipo en el distrito. En los últimos años se crearon otros organismos similares y los desafíos de coordinación y articulación son habituales: los centros de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación (ATAJO), de la Provincia de Buenos Aires (CAVAJ) y del Ministerio de Justicia de la PBA (CAV).
El CAJ-San Martín está ubicado a unas cuadras de Tecnópolis, en un paisaje de ruta, casas bajas y edificios de planes de vivienda típicos del conurbano. Funciona en el complejo del Centro Integral Comunitario (CIC) creado en 2011 por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí también está la ANSES. El CAJ-San Martín son dos oficinas con una infraestructura bastante precaria al final de un largo pasillo del CIC. En una se atiende al público, tiene cuatro escritorios con computadoras, una conexión de internet que va y viene y algunas bibliotecas; la segunda, más despojada, se utiliza para entrevistas que requieren mayor privacidad.
Pedro llega con las planillas que le entregaron en una de las defensorías de San Martín. Tiene setenta años y fue derivado allí por el propio CAJ para asesorarse sobre las opciones que tiene para protegerse de los maltratos que recibe de su hijo con el que convive. Romina, que es parte del personal administrativo del CAJ, le pide que la espere mientras termina de tramitar un turno para renovación del DNI de otra consultante y luego se sienta con él a explicarle cómo completar las planillas.
El tipo de consultas que atienden los CAJ varía en función de su ubicación geográfica. En San Martín las consultas son distintas a las de Liniers, por ejemplo, dónde se reciben reclamos sobre cuestiones laborales o a las de Caballito dónde destacan los conflictos entre vecinos o temas vinculados al funcionamiento de los consorcios de propietarios (1). En esa oficina se atienden, en su mayoría, consultas sobre documentación (trámites de DNI) y cuestiones vinculadas a la violencia de género y/o conflictos ligados a la dinámica de la vida familiar. Al CAJ llegan fundamentalmente mujeres (65%); personas de entre 19 y 29 años (22%) o entre 30 y 39 años (18%), con primario completo (22%), secundario incompleto (37%) o completos (27%), desocupados (39%) o empleados (31%). La mayoría se acerca por recomendación de alguien conocido (50%) o porque ya concurrió en otra oportunidad (26%).
En San Martín, según los datos registrados entre 2016 y 2019 en el Sistema Informático de los Centros de Acceso a la Justicia (SICAJ) un 48,7% de los casos implicaron cuestiones legales -como por ejemplo, brindar asesoramiento o consultar el estado de un expediente- mientras que un 38% tuvieron que ver con temas administrativos, como tramitar documentación. A eso se agrega un 8% de temas vinculados principalmente a la gestión del acceso a programas sociales y un 5% que implicó asistencia psicológica. La resolución de conflictos familiares fue el tema principal de consulta (45%), incluyendo problemas por alimentos, régimen de visita, cuidado y custodia de niños, separaciones y divorcios y conflictos intrafamiliares de todo tipo (excluyendo violencia de género que se registra como un tema aparte (y que corresponde a un 2,7% de los casos). Otro tema de consulta son los trámites de documentos (39%): DNI y partidas, certificados de antecedentes penales, y documentación relacionada con trámites de migración, entre las principales. En el CAJ se resuelven problemas cotidianos de los habitantes de la zona. O más bien, de una parte de los habitantes.
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El trabajo del CAJ-San Martín se fue transformando a lo largo del tiempo. La situación actual es muy diferente a lo que los trabajadores recuerdan como “el momento de esplendor”: cuando la gente hacía cola en la puerta. No daban abasto para atender a los consultantes y las charlas en la fila muchas veces resolvían las dudas y consultas con las que la gente se acercaba a la oficina. En el 2011 no había otras oficinas equivalentes, los trámites electrónicos eran mucho más infrecuentes. No había pasado aún la pandemia. Después del aislamiento y el parate del trabajo presencial, las tareas se retomaron en burbujas, el equipo alternaba días de trabajo presenciales y a distancia, nunca se reunía completo en la oficina. También habían mermado significativamente las consultas presenciales.
El proyecto de reforma que impulsa el gobierno es más drástico que el que se realizó en 2017, cuando se cerraron unas treinta antenas del programa que un año después fueron reemplazadas por otras tantas nuevas. Esta vez la idea es dejar un solo CAJ por provincia, seguramente en las ciudades capitales. Es decir que de los 108 Centros que existen actualmente en todo el país quedarán solo 24. Los distritos más afectados serán la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, los que más Centros tienen por la gran presencia de barrios populares en esos distritos.
El enfoque presupuestario que propone el gobierno no incluye una evaluación seria de los alcances y potencialidades que tuvo esta política en estos años de funcionamiento. En octubre de 2023, el informe “15 años de una política pública federal transformadora. Acceso a la Justicia 2008-2023” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación destaca elementos interesantes de la historia de la política. Se aprecia cómo se fueron definiendo progresivamente los criterios y modalidades de atención e intervención, de qué manera los CAJ permitieron tejer redes de acción comunitaria con actores de diversas características y su rol clave para gestionar y potenciar políticas públicas. El informe también muestra cómo la política de acceso a la justicia se fue transformando y ajustando a distinto tipo de coyunturas, en especial, la que impuso la realidad de la pandemia. El documento tiene un marcado tono partidario y es muy pobre en el análisis de la información sobre el funcionamiento y el impacto del programa. En cambio, están disponibles los datos del SICAJ que permitirían analizar seriamente cuál fue la evolución histórica de las consultas y de las personas que consultan y pensar los desafíos de la situación actual y el trabajo a futuro.
La pandemia alteró, sin dudas, las rutinas de trabajo y favoreció los modos de interacción virtual entre las personas y el Estado. Pero que se haya producido esa dinámica no implica que no haya dejado pérdidas en el camino. Se pueden aprovechar esos cambios y, a la vez, identificar y subsanar los problemas que los acompañan. Se sabe poco sobre el impacto de la virtualización de las interacciones con el Estado en los sectores populares. Quizá haya algunos aspectos positivos, como derribar las barreras que el desplazamiento trae consigo. Pero sin duda puede generar dificultades a la hora de abordar algunas de las problemáticas con las cuales los CAJ venían lidiando hasta este momento.
En primer lugar, los ahora muy frecuentes trámites virtuales demandan asistencia y asesoramiento que no se resuelve siempre a distancia. El mejor ejemplo es el trámite de documentación, como el DNI. En segundo lugar, los conflictos familiares necesitan intervención y mediación. Muchas veces resulta muy difícil identificar cuál es el problema y su posible solución. No se trata sólo de saber y orientar la distinción entre una solución judicial o administrativa, hay que lograr que las personas se expresen y puedan ordenar la experiencia de su malestar. Y saber, en función de eso, qué recursos, derechos u obligaciones se aplican a su situación específica. Este aspecto particular requiere que las interacciones produzcan algo mucho más difuso e importante que la resolución práctica de problemas o el encauzamiento de trámites de distinto orden. Se trata de generar confianza entre las personas, ofrecer espacios que permitan la conversación y a través de ella ordenar las ideas y definir estrategias y caminos para mejorar esas situaciones.
La evaluación global sobre el funcionamiento y el impacto de los CAJ es fundamental. Repensar su rol en un escenario que es muy distinto al de 2008 puede ser importante. Aprovechar los cambios que de un modo u otro se fueron produciendo en estos años e integrarlos como parte de un rediseño de la política puede ser una decisión sensata. Explorar, por ejemplo, cuáles son las redes asociativas y de organismos que existen actualmente en los distritos y de las cuales los CAJ son una parte importante. En particular en el Gran Buenos Aires donde estas redes parecen siempre escasas pero se han ido multiplicando de modo sostenido en las últimas décadas. Dar más espacio a la coordinación, a la diferenciación de alternativas de intervención e interacción parecen desafíos importantes y necesarios. Nada de eso está implicado en la decisión ministerial que se enfoca únicamente en la cuestión presupuestaria. De este modo puede arrasar con la preocupación sostenida que el Estado ha mostrado en los últimos años en materia de acceso a la justicia.
- Como parte de una investigación sobre dispositivos de atención a víctimas, en 2022 nuestro equipo relevó el funcionamiento del CAJ-San Martín. En el trabajo de campo participaron Denise Fiquepron, Jimena Ramin y Melina Ibarra.