Esta crónica fue seleccionada para su publicación entre las notas participantes del Taller de Periodismo de Investigación coordinado por Espacio Público (Chile), realizado antes de la pandemia de Coronavirus.
El nuevo hotel Oasis marca el comienzo de la paradisíaca ribera de Varadero. En las noches, Yerandi Valero Silva puede escuchar la música que interpretan para los huéspedes en los restaurantes y cabarets de ese mundo de ensueño; algún vecino suyo incluso asegura haber percibido el aroma de las langostas y los asados, traído por el viento que cruza sobre la dársena.
Ese canal, que separa a la península de Hicacos de la isla grande, sirve de «frontera» entre el principal balneario de Cuba y Finca Cadena, un pequeño asentamiento semioculto entre las malezas que bordean la Vía Blanca, la autopista de 130 kilómetros que conduce hacia La Habana.
El padre de Yerandi fue uno de los fundadores de Finca Cadena. «Llegó en 1963 a pasar el servicio militar, y cuando terminó se quedó a trabajar», cuenta ella. Luego de algunos años nacieron los hijos, y estos a su vez constituyeron sus propias descendencias. A medida que las familias crecieron, también lo hizo el poblado, sin importar que no hubiera documentos que atestiguaran los derechos de propiedad de quienes lo habitaban.
«Siempre dijeron que nos iban a sacar, pero a pesar de eso la gente venía y plantaba su casita. Yo nací aquí hace 47 años, aquí tengo a mis hijos y mis nietos. Esta fue siempre una zona ´congelada´, pero aun así lo hicimos», confiesa Yerandi.
Durante décadas, Finca Cadena fue una violación pendiente en los archivos del Instituto de Planificación Física, el ente gubernamental encargado de supervisar el uso nacional de la tierra. Sus potestades se acrecientan en las llamadas «Zonas con Regulaciones Especiales», condición jurídica en la que se encuentra Varadero.
En un radio de pocos kilómetros, allí coexisten la playa más conocida de Cuba y sus mayores reservas de petróleo. Adonde se mire, todos los terrenos tienen tres fines claramente definidos: el turismo, la explotación petrolera o como reserva para la expansión de alguna de esas actividades económicas.
Bajo tal esquema de prioridades no había futuro posible para Finca Cadena. En julio de 2019, varios funcionarios del gobierno municipal lo confirmaron al visitar el lugar y anunciar el comienzo de los traslados de sus pobladores. A los pocos días, once familias iniciaron el éxodo hacia la ciudad de Cárdenas, a unos quince kilómetros al sureste. Esa distancia, que en cualquier otro país pudiera resultar insignificante, en Cuba constituye un obstáculo formidable debido a los históricos problemas del transporte.
De poco sirvieron los reclamos para que la mudanza fuera hacia un sitio menos alejado, que les permitiera a los vecinos de la comunidad seguir trabajando en el balneario y evitara que los niños tuvieran que cambiarse de escuela a mitad del curso. Al momento de la última visita de estos reporteros —a inicios de 2020— ya sumaban cuarenta los núcleos familiares relocalizados.
En su momento de mayor expansión, Finca Cadena llegó a contar con 102 viviendas: 85 arrendadas, 16 ilegales y una en propiedad.
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Varadero ocupa una estrecha lengua de tierra llamada península de Hicacos, en el extremo septentrional del archipiélago cubano. Una playa de 23 kilómetros de largo se extiende por la costa norte de la península.
Foto: Flickr - VladIslav Tep
Motivados por la calidez de sus aguas y la blancura de su arena, miles de vacacionistas arriban cada semana a la pequeña ciudad. Para acogerlos, allí se concentra un tercio de la planta hotelera del país. Son, en números redondos, unas 22.000 habitaciones distribuidas entre medio centenar de hoteles, la mayoría de cuatro y cinco estrellas. Más de 300 hostales familiares completan la red de alojamiento del balneario, cuya playa fue calificada en 2019 como la segunda mejor del mundo por la web de viajes TripAdvisor.
Por más de un cuarto de siglo Varadero ha sido un destino de referencia dentro de la cuenca del Caribe, incluso para los ciudadanos estadounidenses, a quienes las leyes de su país prohíben vacacionar en la isla. Durante el breve intervalo en que pudieron hacerlo —entre 2015 y 2019, al amparo de una docena de licencias promulgadas por el presidente Barack Obama—, su número escaló de 161.000 a poco menos de medio millón. Los estudios sobre el tema coincidían en pronosticar que la tendencia se aceleraría en los años siguientes, a tenor con la proximidad geográfica entre ambas naciones y el interés que despertaba la isla comunista.
Previendo ese escenario, desde 2015 Varadero se ha beneficiado con un amplio programa de renovación hotelera, que ha corrido en paralelo con constantes campañas publicitarias orientadas a que el balneario se convierta en la mejor playa del mundo. Antes de la pandemia de Coronavirus, el Ministerio de Turismo anunció que su meta era alcanzar el título en 2020.
Tan ambiciosos proyectos chocan, sin embargo, con un problema de difícil solución: la falta de espacio para nuevas construcciones.
Prácticamente no quedan zonas «libres» en ninguna parte de la península de Hicacos. El desarrollo del turismo en Varadero dependerá de que se consigan habilitar nuevas parcelas para la edificación de hoteles o se cambie el uso a sectores ya urbanizados.
En 2015 más del 70 % de la superficie de la península (10,66 km²) ya estaba edificada o se encontraba en proceso de edificación, y otro 11,69 % (1,78 km²) se hallaba protegido por el Decreto Ley 212, sobre Gestión de la Zona Costera. Los datos corresponden al artículo «Urbanización turística y ocupación del suelo en la península de Hicacos», redactado por especialistas de varias universidades españolas y cubanas, y publicado originalmente por la revista EURE, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una versión actualizada de sus conclusiones, presentada tres años después ante el Décimo Congreso Internacional de Geomática, celebrado en Cuba, resaltaba la conveniencia de preservar los restantes 2,5 km2 del enclave como espacios naturales «amortiguadores» del impacto de la actividad humana.
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Roberto «Waco» Ojeda no olvidó nunca el Barrio de los Tibores, donde nació y se hizo deportista venciendo el obstáculo formidable de la pobreza. «De todas las familias de la zona, solo tres o cuatro tenían buenas casas de madera; los demás vivíamos en ranchos que se inundaban con las lluvias y las aguas albañales», recordaba poco antes de morir, acompañado por la aureola de sus éxitos en el remo.
Apenas triunfó la Revolución, Fidel Castro ordenó que los cerca de 300 de habitantes de aquel «moridero de pobres» fueran trasladados hacia el reparto Primero de Enero, que se construía a la entrada del pueblo de Varadero, y que las chabolas que hasta entonces habían ocupado fueran arrasadas.
Entre 1961 y 1965 Primero de Enero también se convirtió en el hogar de cientos de antiguos sirvientes y sus familias, que se habían quedado cuidando las mansiones abandonadas por los jerarcas de la burguesía que se marchaba del país. En cumplimiento de la recién promulgada Ley de Reforma Urbana, los inmuebles pasaron a propiedad del Estado, mayoritariamente con fines de utilidad social.
Hasta la década de 1990 no se producirían más cambios de fondo en el panorama inmobiliario de la península, cuyo territorio se distribuía entre la incipiente infraestructura hotelera, el poblado de Varadero y una comunidad llamada Las Morlas, levantada en el extremo norte del territorio.
Pero, tras la desaparición de la Unión Soviética y los regímenes «populares» de Europa del Este, el gobierno cubano se vio obligado a apostar todas sus cartas al turismo. En Varadero, los planes de desarrollo del sector se tradujeron en la necesidad de obtener nuevos terrenos sobre los que construir.
Aquel fue el comienzo del fin de Las Morlas, recuerda Arminda Laxico, hija de uno de los pescadores más conocidos y respetados del lugar. Aunque las mudanzas no se iniciaron sino hasta 2003, hacía varios años que su familia y vecinos sabían que —quisiéranlo o no— tendrían que irse, porque la zona había sido declarada de «interés turístico». Así se los anunciaron los funcionarios que en ese tiempo llegaron hasta Las Morlas para coordinar el proceso.
Foto: Unsplash - Jennifer Chen y Diego van Sommeren
«Éramos 50 o 60 familias en total, la gran mayoría de pescadores. Por eso, casi todo el mundo estuvo de acuerdo en venir para Boca de Camarioca, que también es un pueblo de pesca. El problema es que entre nosotros nadie quería que le dieran apartamento; todo el mundo especificó que entregaba su casa por otra casa, y eso fue en lo que primero incumplieron.»
A la informalidad de las autoridades se sumó la mala calidad de las viviendas —«que tuvimos que terminar nosotros mismos, pues muchas ni tenían instaladas el agua y la corriente»—, debido a lo cual el proceso de mudanzas se extendió por más de siete años, durante los cuales no fueron pocos los «morleños» que intentaron resistir.
«Hubo quien se fue a los tribunales, que escribió cartas al Consejo de Estado, pero esa era una batalla perdida desde el principio —narra Arminda—. Cuando ya solo quedaba un puñado de familias, a las que no encontraban forma de convencer, llegaron al punto de meter presos a varios hombres para obligar a sus mujeres a que aceptaran la mudanza. Eso no me lo contaron, yo misma lo vi.»
Ida Gutiérrez fue una de las últimas vecinas en irse de Las Morlas, en el año 2010. Su intransigencia se fundaba en la negativa a comenzar una nueva vida en un apartamento que ni siquiera tenía la seguridad de poder considerar legalmente suyo. «Y tuve razón. Para hacernos salir de nuestro pueblo enseguida aparecían la gente de la Vivienda y el Gobierno, pero para entregarnos las propiedades de estas casas nadie se ha dado por aludido.»
De 2014 en adelante otras comunidades de la península de Hicacos también sufrieron desplazamientos. Los más significativos fueron los del reparto Isla del Sur, donde cerca de 250 personas fueron trasladadas hacia Cárdenas, y la urbanización Cabañas del Sol, que colindaba con el emblemático hotel Internacional y a cuyo medio centenar de moradores se les ofreció la posibilidad de asentarse en Guanabo, un balneario de la periferia de La Habana.
Como parte de la investigación para este reportaje fueron entrevistadas 73 personas; de ellas, solo 15 se manifestaron conformes con el proceso de reasentamiento. Entre las 27 que emprendieron acciones de resistencia —en lo fundamental, el envío de cartas a las autoridades o reclamaciones por la vía judicial— solo cinco encontraron respuestas favorables a su caso.
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Desde hace años el reparto 13 de Marzo, en Cárdenas, es el destino previsible de los reubicados fuera de Varadero. A primera vista, nada lo diferencia de cualquier otra barriada de monótonos edificios prefabricados a lo largo de la isla.
En 13 de Marzo el concepto de urbanización es difuso. Se desvanece entre las calles sin asfaltar y los terrenos cubiertos de maleza que se intercalan entre las edificaciones terminadas y las que todavía se levantan. La falta de constructores calificados, el robo de materiales —común a la mayoría de las obras emprendidas en el país— y la premura con que se acometen los trabajos comienzan a pasar factura apenas los nuevos residentes toman posesión de sus apartamentos.
Uno de ellos es el ocupado por Ana Valdés García, quien desde 2015 vive un «infierno cotidiano». A los 65 años de edad debe compartir techo con el hombre de quien se separó quince años atrás. Antes de que los trasladaran hacia el 13 de Marzo, ambos habitaban la vivienda que habían construido en la década de 1990 en Isla del Sur. «Pero habíamos dividido la casa para estar cada uno en su espacio», aclara ella.
Luego de divorciarse acordaron ese modo de coexistencia, nada inusual en Cuba, donde —según estadísticas oficiales— haría falta casi un millón de nuevos inmuebles para cubrir las necesidades acumuladas.
Los pobladores de Isla del Sur estuvieron durante años a la sombra de la reubicación. Cada cierto tiempo llegaban al lugar funcionarios del Gobierno y el Ministerio de Turismo para recordarles lo inevitable de los traslados y conocer sus intereses de permuta. Estrictas disposiciones del Instituto Nacional de la Vivienda prohibían la inscripción de nuevos residentes o el traspaso de propiedades.
Ana nunca olvidará el día en que recibió la orden de trasladarse hacia el barrio cardenense junto a su ex esposo. Tampoco la insensibilidad de los responsables de aquel proceso, quienes no dudaron en ponerla ante la disyuntiva de marcharse a su provincia natal o volver a convivir con su antiguo cónyuge, Luis Venancio Fuentes Pozo, quien en la actualidad tiene 83 años. «Como la casa de Isla del Sur se la habían asignado a él, yo no tenía derecho, me dijeron. A los de la Vivienda solo les importaba sacarnos de allá. Era tanto su apuro, que el día que me hicieron dejar mi casita vinimos en camión debajo de un aguacero y ni la llave para entrar al apartamento tenían.»
En su peregrinar por oficinas estatales, Ana solo encontró actitudes prepotentes o simple indiferencia. Hoy, una casa propia es para ella un sueño tan improbable como añorado. «La convivencia es mala. Ayer yo hice una sopa y él se la comió. Yo limpio poquito a poquito y a él no le importa. Cuando pasan estas cosas me digo, ¡si hubiera tenido un abogado!»
Ni siquiera los «movimientos de cuadros», que cada cierto tiempo intentan purgar a la administración pública de los funcionarios más corruptos e incapaces, han bastado para cambiar la dramaturgia de las reubicaciones. Cuatro años después que Ana, en julio de 2019, Clotilde Guerra Barreras se vio obligada a cambiar su vida en Finca Cadena por un apartamento del 13 de Marzo. La mudanza, por lo demás, corrió a su cargo («hasta tuve que vender las tejas de mi casa para pagar el camión»).
Una vez en Cárdenas, las peripecias continuaron. Cuando Clotilde y sus vecinos llegaron al edificio que a partir de entonces sería su hogar, nadie se ocupó de repartir las viviendas. «Ante la desorganización, todo el mundo se mandó a correr, y los más jóvenes y sanos pudieron escoger piso», narra. Ella, con un infarto y setenta años a cuestas, tuvo que conformarse con vivir en la segunda planta. A la vuelta de seis meses todos siguen sin documentos que acrediten su derecho sobre los inmuebles que ocupan.
No todos han salido perdiendo con el cambio. Marcia Calderín La O es una de las que se considera beneficiadas. «Mi casa había quedado en peligro de derrumbe después del ciclón Irma y, a pesar de la ayuda de mi hija para reparar un poco los daños, aquel ranchito no podía compararse con este apartamento. Imagínese que en los últimos tiempos yo vivía con el miedo constante de que me cayera encima.»
A Pura Pérez y su esposo la mudanza a Cárdenas les costó una batalla particular. La suya es una de las contadas excepciones en que el reclamo encontró oídos receptivos de parte de una instancia estatal, nada más y nada menos que del Consejo de Estado. «Nosotros estábamos de acuerdo con irnos de Isla del Sur, pero cuando llegó la orden de mudanza nos dijeron que debíamos regresar para la provincia donde habíamos nacido, sin importar que lleváramos viviendo allí más de veinte años y hubiéramos trabajado siempre para el Ministerio de la Construcción. Ahí fue cuando yo dije “qué va, tenemos que reclamar”, y me fui para La Habana. En el Consejo de Estado nos atendieron muy bien, y al cabo de un tiempo recibimos este apartamento. Es verdad que en el reparto no hay casi alumbrado público ni tanques de basura, pero no puede compararse con las condiciones en que estábamos en Isla del Sur».
«La Revolución es tan benévola que ha terminado dándole casas a todo el mundo, incluso a los que estaban ilegales», resalta Juan Bueno Reyes, quien espera por su inminente traslado a Cárdenas. A su juicio, el problema estuvo en que nadie puso orden cuando hacía falta, sobre todo ante la llegada indiscriminada de migrantes desde la región oriental del país. «Unos cuantos de los que se quejaban por tener que mudarse vendieron los apartamentos apenas se los dieron. Es decir, que tan mal no les vino el cambio.»
Casi todas esas compraventas se realizaron al margen de la ley, pues buena parte de los residentes de 13 de Marzo sigue sin tener títulos de propiedad; algunos, hasta diez años después de haber sido reasentados.
La lentitud en los procesos de regularización contrasta con la importancia que poseen los documentos de identidad en el contexto cubano. «Sin la propiedad de la vivienda no se pueden solicitar los nuevos carnés, y sin estos cuesta mucho hacer cualquier trámite, lo mismo en un hospital que a la hora de matricular a los niños en la escuela o ir a comprar los mandados (la cuota de alimentos distribuida a precios subsidiados), que casi todas las familias tenemos que seguir yendo a comprar a Finca Cadena. Pero por mucho que una se desgaste en las oficinas de la Vivienda, no resuelve nada», se lamenta Clotilde.
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Residir en Varadero es un privilegio que puede perderse con pasmosa facilidad. En el imaginario colectivo subyace el temor a sufrir el decomiso de la vivienda, casi siempre por delitos que en otros sitios del país no implican tal sanción.
Así le sucedió a la familia de Rachel Ortega Martell, de las primeras reubicadas en 13 de Marzo. Tenía diez años cuando su madre fue acusada de proxenetismo por haberle alquilado habitación a un turista extranjero y una «jinetera» (prostituta). «Nosotros vivíamos en una zona muy céntrica, en la calle 43, y recuerdo todo el frente de la casa lleno de policías que nos gritaban para que montáramos en el camión de la mudanza. Mi hermana, mi mamá y yo fuimos tratadas como criminales.»
Foto: Unsplash - Leonides Ruvalcabar
Por el contrario, asentarse en la península resulta poco menos que imposible. Todos los cambios de dirección deben ser aprobados por el Ministerio de Turismo, incluso si se producen como consecuencia de compraventas o permutas. «Nuestra misión es velar por que los núcleos familiares que se muden sean iguales o menores que los que se marchan», reconocía a mediados de 2016 la delegada provincial de Turismo, Ibis Fernández Peña, en una entrevista radial. Por lo regular, los cambios de residencia solo se autorizan en casos de matrimonio, siempre y cuando la vivienda cumpla un estricto pliego de requisitos.
El efecto de tantas restricciones se evidencia al repasar la evolución demográfica de Varadero. De acuerdo con un estudio publicado en septiembre de 2018 por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, entre 1970 y 2012 (fecha del último censo) la población varaderense cayó de 9.072 a 7.671 personas. En el mismo período, los asentamientos cercanos experimentaron un proceso diametralmente opuesto: la ciudad de Cárdenas pasó de 54.913 habitantes a 88.987, y poblados como Santa Marta y Boca de Camarioca, que no alcanzaban siquiera la condición de comunidades urbanas, acrecentaron sus respectivos padrones hasta 12.675 y 6.658 vecinos.
Para quienes permanecen en la península, la cotidianidad suele entrañar retos desconocidos por el resto de sus compatriotas. En particular, desde que el Consejo de Estado creó las Zonas con Regulaciones Especiales y Varadero recibió ese estatus administrativo, en octubre de 2015.
La nueva condición parecía llamada a cubrir el vacío que había dejado la disolución de la administración municipal cuatro años antes. Aquella inédita medida fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular —Parlamento— bajo su tradicional fórmula de la unanimidad, sin consultas previas con la ciudadanía. La premura con que se redactó la ley resulta evidente al contraponer su letra y la interpretación que por entonces le dio el diario Granma. A finales de 2010, el rotativo destacó con optimismo cómo la mayor parte del antiguo municipio se constituiría en «zona de administración especial subordinada al Consejo de Ministros». Sin embargo, en lo legislado solo se prescribía la extinción de la municipalidad y su reincorporación al vecino territorio de Cárdenas.
Al igual que en la década de 1960, buena parte de las facultades de gobierno pasaron al Ministerio de Turismo, con lo que se suprimieron los pocos espacios de representación de que disponían los lugareños y se complejizaron exponencialmente los trámites administrativos que deben cumplir.
La percepción, alentada por algunos de ellos, de que «los cubanos “sobramos” aquí» no parece una conclusión tremendista. El estudio sobre uso del suelo mencionado en el inicio del reportaje incluye un epígrafe significativo. Leyéndolo, es inevitable concluir que el único espacio todavía «disponible» para el crecimiento de la planta hotelera es el Varadero Histórico, la zona más céntrica de la pequeña ciudad y donde residen los cubanos. Mientras allí las parcelas turísticas ocupan un magro 3,81 % de la superficie, en el sector de urbanización más reciente (Punta de Hicacos) los terrenos destinados a tal fin representan un notable 39 % del área total. Conviene acotar que Hicacos fue «despejada» para el desarrollo turístico mediante el traslado de Las Morlas.
En Varadero, los planes a corto plazo de las hoteleras cubanas contemplan un segundo campo de golf de más de setenta hectáreas, una urbanización conexa de mil viviendas de lujo y la unión de la tierra firme con Cayo Buba, donde se levantará un hotel. El hecho de que se apueste por colonizar las pequeñas islas de la plataforma revela hasta qué punto es urgente disponer de terrenos sobre los cuales seguir expandiendo el negocio inmobiliario.
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«Vean a Magdalena: ella es la que ha ido a La Habana, a todos los lugares, a nombre de todo el mundo», dice uno de los moradores de la casona de la calle 12, a pocos pasos de la céntrica Primera Avenida. Su gesto esquivo delata el signo de lo acontecido. Una niña con un bebé en brazos y su mamá musitan: «Es que hablar de esto es muy triste».
La mentada Magdalena es una mulata de palabras y gestos rotundos. «Ya le dieron la llave para que se mudara, pero no se ha movido de aquí», refieren. La orden es que todos se marchen a Cárdenas y desocupen el destartalado edificio en que residen. Son, en total, 27 personas.
Magdalena echa mano a un bulto de papeles. Habla del estrés permanente en que viven, bajo la amenaza de ser reubicados. «No estamos de acuerdo con el procedimiento que han seguido. Primero, vinieron unas inspectoras para dejarnos una citación que nos mandaba a mudarnos en cinco días por nuestros propios medios. Como a las dos semanas fue la Policía, decían que para aconsejarnos que no armáramos barullo, que no cometiéramos ningún delito ni agrediéramos a nadie. Vinieron a amenazar, no a persuadir», explica con aparente tranquilidad.
Contada por sus pobladores, la historia de la casa puede resumirse en pocas líneas: al marcharse del país en 1966, los dueños originales la dejaron al cuidado de su jardinero. Aunque nunca se hizo un traspaso oficial, no hubo mayores inconvenientes hasta 1985, cuando la entonces Dirección Municipal de la Vivienda dictaminó que aquel proceso había sido ilegal. Treinta y cuatro años más tarde, la Fiscalía de Cárdenas decidió reabrir el expediente, dando como única alternativa la mudanza de los vecinos.
«Nosotros hemos estado acá una vida entera, y de pronto nos mandan a irnos. Ni siquiera pueden ofrecernos que el traslado sea hacia Santa Marta; dicen que no es posible porque forma parte del “corredor turístico”», continúa Magdalena.
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El desplazamiento forzoso de personas se ha convertido en consecuencia —al parecer inevitable— del desarrollo turístico. Así lo señala el libro La ciudad mercancía, presentado en 2019 por un equipo de investigadores argentinos, que al analizar ejemplos ilustrativos del fenómeno concluye: «Cuando el espacio urbano es la mercancía, su turistificación lleva habitualmente implícita […] la expulsión de los actuales vecinos y la liquidación de las formas de sociabilidad que les eran propias».
Varias universidades europeas han estudiado los trastornos que generan los procesos «gentrificadores» asociados a la industria del ocio. En contextos urbanos como los de Barcelona, París y Roma, esas dinámicas se han coligado con otras preexistentes para elevar de manera exponencial los precios de la vivienda, incluso en barrios que otrora se consideraban de clase media o populares.
Numerosos movimientos ciudadanos han nacido de la inquietud que provocan estos procesos, pero más allá de algunas disposiciones que facultan a los vecinos para decidir sobre el alquiler de pisos turísticos y de periódicas manifestaciones electorales, poco se ha logrado.
La falta de supervisión internacional ha dejado a los gobiernos virtualmente libres de proceder según sea su entender. Tal «orfandad» es más sensible en contextos como el de Cuba.
En la práctica, la legislación local no contempla ningún «derecho de posesión» basado en el tiempo de domiciliación en un inmueble. «Una de las pocas excepciones fue la de las personas que en los primeros años de Revolución ocuparon casas de propietarios que se habían marchado del país, y permanecieron en ellas durante generaciones. A casi todas se les regularizó su condición», detalla Miguel Porres, abogado con experiencia en instituciones públicas cubanas, entre ellas el Instituto Nacional de la Vivienda. «Ahora bien, también existen las llamadas zonas congeladas o especiales, regidas por disposiciones muy específicas, en las que el tiempo de ocupación no sirve de nada.
En esas circunstancias la ley permite que, al amparo de razones de interés público, el Estado tome la decisión de darte otra vivienda en lugar de la tuya».
Tal es la condición de Varadero.
En la última década sus habitantes fueron testigos de la desaparición de su municipalidad y un largo etcétera de «reconversiones» de la infraestructura que alguna vez se creó para servirlos. Así, el antiguo ayuntamiento y las oficinas de Correos pasaron a ser sedes de agencias de viajes, y en la parcela donde se levantaba el museo de la localidad se proyecta construir un hotel. Centros culturales como el cine, la casa de cultura y la librería tampoco escaparon a la turistificación del enclave, y terminaron convirtiéndose en bares y cabarets.
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Cuando a Varadero llegué, había una frontera
Con gendarmería, garita y pasaporte.
Yo la última que anduve por estas tierras
Esto todavía era Cuba, mi consorte…
Frank Delgado, trovador cubano
«Viaje a Varadero» (1999)
En los últimos dos años la industria del ocio ha vuelto a convertirse en la principal generadora de divisas para Cuba. Su preeminencia ha crecido debido al mal desempeño de las otras ramas que más entradas reportaban a la economía nacional: la exportación de servicios profesionales (principalmente sanitarios) y las remesas familiares.
El programa de misiones en el exterior se ha visto muy afectado por la crisis venezolana, por los cambios políticos en Brasil, Bolivia y Ecuador, y por la emigración de miles de especialistas. Las remesas, en tanto, son uno de los blancos de preferencia de la administración de Donald Trump en su escalada de agresiones contra La Habana. A lo largo de 2019 el magnate recortó en varias ocasiones la suma que pueden enviar los emigrados, y en octubre y enero últimos canceló las licencias para vuelos regulares y chárteres hacia las ciudades del interior de la isla.
Cuando en 1991 la desaparición de sus aliados europeos obligó al gobierno cubano a encontrar nuevas fuentes de ingresos, el turismo desempeñaba un rol secundario dentro de su esquema económico. En todo el país había 8.346 habitaciones, fundamentalmente de gama media y baja. Ese año la cifra de visitantes extranjeros había superado por poco los 380.000.
El desinterés por la industria del ocio se fundaba en una línea de razonamiento que conjugaba el temor a la «penetración ideológica» con la realpolitik. La premisa de las autoridades era que, a mayor contacto con el mundo capitalista, mayores eran las posibilidades de que sus ciudadanos se «contagiaran». Además, los acuerdos al amparo del Consejo de Ayuda Mutua Económica favorecían la especialización de la isla en sectores como la industria azucarera y la minería, para cuyas producciones se garantizaban precios superiores a los del mercado internacional.
No fue sino hasta que Fidel Castro vislumbró el fin de la Unión Soviética que el turismo recibió luz verde para su desarrollo. El pistoletazo de arrancada se escucharía precisamente en Varadero, como resultado de «la primera participación económica extranjera entre Cubanacán (agencia turística creada en 1987) y el grupo hotelero español Sol Meliá», apunta en su tesis doctoral la profesora Ana Alcázar Campos, de la Universidad de Granada. El hotel surgido de aquel acuerdo, el Sol Palmeras, abrió sus puertas en 1990.
Treinta años después, la playa azul sigue siendo la «joya de la corona» dentro del esquema turístico cubano. La apuesta por su desarrollo no se ha detenido siquiera ante la contingencia financiera que vive La Habana. El balneario había sido designado como sede de la próxima Feria Internacional de Turismo de la isla, que antes de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 se anunciaba con bombos y platillos para el mes de abril. «Varadero tiene un valor estratégico, por sus aportes y porque puede contribuir al despegue de varios de los destinos de nuestro país», reflexionó en marzo el nuevo primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien antes de ser promovido a esa alta jerarquía se desempeñaba como titular de Turismo.
El negocio hotelero venía registrando una expansión sostenida desde comienzos de la década. El año pasado, la cifra de vacacionistas extranjeros —que en 2012 superó por poco los 2,6 millones— se proponía romper el récord de los cinco millones. Aunque las sanciones del gobierno estadounidense terminaron por rebajar la estimación en alrededor de un 10 %, al cierre de 2019 La Habana informó que el sector le había reportado ganancias por más de 1.800 millones de dólares.
El plan de las autoridades para 2020 contemplaba elevar la planta de alojamiento de 60.000 a 85.000 habitaciones, fundamentalmente en hoteles de alto confort. Una cuarta parte de las 460 oportunidades listadas en la cartera de inversión extranjera presentada en noviembre pasado se concentran en marinas, campos de golf y balnearios que el gobierno se interesa por desarrollar; entre ellos, un gigantesco atracadero para yates proyectado en los terrenos de Isla del Sur.
«Existe una competencia por recursos que son escasos. Las autoridades, así como los y las cubanas, ven en el turista un potencial recurso y pretenden tener acceso al mismo. Y no sería menor, también, el papel de “voceros/as” que podemos hacer, por lo que también compiten por producir la imagen que nos llevamos al exterior, con la centralidad que eso tiene no solo para un régimen cerrado sino para una isla», considera la profesora Alcázar Campos a través de un correo electrónico.
Como avalando su lógica, en los últimos meses el plan de desarrollo estatal ha ido acompañado por nuevas regulaciones para los negocios privados que atienden a vacacionistas extranjeros. En zonas como Varadero se ha llegado a suspender la emisión de nuevas licencias para el trabajo por cuenta propia.
Cuando a mediados de 2019 los vecinos de Finca Cadena escribieron al presidente Miguel Díaz-Canel reclamando su atención sobre el proceso de traslados, la carta insistía en que «aquí no se ha hecho ninguna comisión, ni investigación para esta reorganización, por ninguno de los funcionarios del gobierno y mucho menos del partido, ni tampoco por la vivienda del municipio, para informarnos de esta reubicación y ocuparse de las personas que vivimos aquí».
En cualquiera de sus habituales visitas a la península, tanto el premier Marrero Cruz como otros altos dirigentes gubernamentales hubieran podido detenerse en Finca Cadena y conocer de primera mano las inquietudes de la comunidad. Pero ninguno lo ha hecho.
Hasta que la covid-19 puso en pausa al mundo, ampliar la puerta de entrada del turismo era la prioridad del gobierno cubano. Y con seguridad volverá a serlo luego de que la pandemia sea superada.