Lo que sabemos de la noche en la que mataron a Melina Romero lo contó Melody, su amiga que hoy tiene 20 años, en aquel agosto 17. Una piba conurbana, de Tres de Febrero, sin contención y rodeada de abandono. Cuando quedó embarazada dejó la escuela. Marcada por muchas giras y el consumo desmedido, es muy difícil comunicarse con esta joven a la que nadie cuidó y adjetivan como inmanejable. Su nombre verdadero fue impreso en muchos diarios. Durante más de un año solo se pudo mover en un patrullero que un Comisario autorizaba cuando podía y tenía ganas, con el requisito previo de explicarle con antelación para qué necesitaba salir a la calle. Su situación era asimilable a la de una prisión domiciliaria que a un dispositivo de cuidado. El Estado nunca le proporcionó asistencia legal efectiva, ni apoyo para resguardar su salud mental. Hoy es perseguida penalmente por su relato. Los mismos tribunales que en tres años no fueron capaces de dar con los culpables del abuso y muerte de su amiga hoy la investigan por falso testimonio y la quieren llevar a juicio oral.
El 23 de agosto de 2014 Melina salió a bailar para festejar su cumpleaños. Nunca regresó a su casa. Melody estuvo con ella. Testigo, víctima y protagonista de un episodio traumático. Fue privada de su libertad en un contexto de violencia desmedida, con uso de armas de fuego, donde presenció cómo su amiga fue golpeada, violada, asesinada y luego descartada como basura por un grupo de varones.
Cinco veces tuvo que declarar. En ninguna oportunidad se respetaron los protocolos que debían seguirse por tratarse de un adolescente en contexto de vulnerabilidad. No se le brindó apoyo para sostener ni fortalecer su salud mental. Jamás se observó que ella era una adolescente que había sobrevivido a enormes niveles de violencia. Nunca se pusieron en juego las amenazas que recibió y recibe. Tampoco cobró relevancia procesal el hecho de que, una madrugada de marzo, el custodio asignado a la puerta de su casa recibiera un balazo en el pecho. Varias veces la fueron a buscar con la policía para obligarla a dar una y otra vez detalles sobre lo ocurrido. Por esas declaraciones que realizó bajo la presión revictimizante del Estado, puede ir presa.
En su declaración Melody dijo que un joven de apodo “Toto” había participado del hecho. Nunca pudo identificarlo ni dar más datos o precisiones sobre él. Con base en esa declaración, sumada a un acta de una ronda de reconocimiento -que presenta graves nulidades procesales, por lo que no debiera poder ser usada como prueba válida en un juicio-, el fiscal y el juez de garantías imputan y dictaminan la prisión preventiva a un adolescente. Melody siempre sostuvo que Toto no participó en la muerte de Romero. Ella declaró que él solo le dio un beso a Melina en la puerta de un boliche. Sin embargo, la pluma fácil de los poderosos para firmar imputaciones y dictar preventivas con más rapidez que certezas la obliga a enfrentarse con un proceso por falso testimonio.
Su defensa pública -la que le tocó por el azar del turno judicial frente a la imposibilidad de pagar a un abogado o abogada particular- fue completamente deficiente. No presentó prueba, no solicitó pericias, no cuestionó el marco en el cual fueron tomadas las declaraciones, ni argumentó en favor de la joven. Se limitó a esbozar una débil estrategia ligada a declararla inimputable. Esto fue rechazado por el Juez que entiende en la causa. El abogado defensor ni siquiera logró entablar una comunicación clara con Melody. Ella no alcanzaba a comprender de qué se la acusa, por qué se la acusa y qué implicancias puede tener eso para su vida y su libertad. La falta de perspectiva de género, edad y clase del poder judicial se hace carne y se ensaña contra una sobreviviente de un hecho de violencia.
Pero no está sola.
Ornella Tinnirello nació en CABA y desde los 3 años vive en San Martín. Habitó diversas localidades de ese municipio y ahora está en Suárez. En esta localidad vive, trabaja y milita mientras estudia en la UNSAM. Es una de las referentes del Frente de Mujeres del Movimiento Evita de San Martín. Se define como una militante por los derechos de las mujeres, lesbianas y trans. Su tarea troncal es motorizar una consejería de asesoramiento, acompañamiento y debate que se articula sobre los ejes salud sexual y violencia. En ese espacio junto con sus compañeras desarrollan y aplican herramientas de empoderamiento para resolver los conflictos que complican la vida de las mujeres en San Martín. Explica que en los barrios de la ribera del Río Reconquista, frente al abandono, las mujeres han sabido agruparse para sostener sus formas de vida. Se ayudan y organizan para llevar adelante la compra comunitaria, la construcción de sus casas y de las veredas y cordones. También para hacerse un aborto seguro con pastillas o acompañarse en casos de violencia institucional o de género. Esa potencia, conjugada con el convencimiento de que hay que apoyarse mutuamente, hizo posible hallar el cuerpo de Melina Romero.
Ya había pasado un año del asesinato. El híper control policial sobre Melody se empezaba a relajar cuando se cruzó a un compañero de Ornella –el mismo que se quedó bajo la lluvia cuidando la escena del hallazgo del cuerpo a la vera del Río-. Como lo conocía desde pequeña le contó que tenía un problema de salud. Él le ofreció el contacto de sus compañeras para que la orienten -conseguir turnos y enfrentarse con un sistema de salud que expulsa y rechaza no es tarea fácil-. Eso le generó un lazo de confianza con las mujeres del Frente, que a su vez pudieron identificar la situación de vulnerabilidad que atravesaba la piba y le brindaron apoyo.
Ella no tenía clara su situación procesal y no terminaba de entender qué pasaba, aunque esbozaba en forma confusa que podría ir presa por lo que le había pasado a Melina. Recién en marzo de 2017, Ornella y sus compañeras tuvieron la certeza de que había una causa donde Melody estaba imputada. Cuando lograron articular con una abogada para que tomara su defensa ya se habían vencido importantes plazos procesales y con ello se habían agotado muchas oportunidades de defensa. Presentar prueba ya no era posible. Sólo se pudo argumentar sobre las múltiples nulidades que presentaba el proceso. “El Estado no debe valerse de una indefensión tan evidente y de pruebas viciadas para condenar, más aún teniendo en cuenta que el Abogado público no activó ninguna estrategia para asistir legalmente a la acusada”, explica una de sus abogadas.
En la urgencia, con menos de una semana para la audiencia previa al juicio oral, Ornella y sus compañeras armaron un nuevo operativo que convocó a abogadas, periodistas, sociedad civil y militantes todas feministas y de diversos espacios de referencialidad para trabajar en conjunto. Trabajaron hasta los fines de semana y el feriado del día del trabajador para estudiar la causa y generar una estrategia de defensa. El objetivo es, en el alargue de un partido casi perdido, activar una movilización social, legal y mediática que oficie de garante y amplificador de los derechos que le fueron negados a Melody.
Miércoles 4 de mayo: el Juez Tula Bogado -con el escrito de la nueva defensa feminista frente a sus ojos- decidió suspender la audiencia y ordenó realizar una pericia psiquiátrica a Melody. Ese es el estado del proceso en este momento. El tiempo de la injusticia se sigue alargando, pero el equipo tiene esperanzas. El final de esta batalla aún no está cerrado.
Los personajes se repiten y las conexiones con redes de apoyo nuevas se multiplican. Así se ha generado un entramado que permite sostener a una piba que eludió la muerte.
Por momentos las diferentes personas, que con sus testimonios me ayudaron a construir este este relato, confunden los nombres “Melo y Meli”. No parece casual. Hay muchos puntos de conexión que las vuelven muy parecidas en su diversidad: la amistad, lo que compartieron juntas, su edad, el territorio, aquella noche y el tránsito por situaciones de violencia machista que a una le costó la vida y a la otra la amenaza con arrebatarle la libertad. Es por eso que salvar de la cárcel a la que logró sobrevivir se presenta como una oportunidad de hacer justicia por la que murió.
Justicia es poder construir, de manera colectiva, una posibilidad de existencia que celebre la vida y la libertad de las pibas.
San Martín es el municipio más poblado de la zona norte del Conurbano bonaerense. Forma parte del primer cordón. Limita con la General Paz y su extremo más lejano se encuentra a 22 kilómetros del punto cero de la Ciudad. Según el registro de femicidios que elaboró la procuración de la PBA en 2015 hubo 11 muertes de mujeres en manos de varones mediados por violencia de género en ese territorio. De años anteriores no tenemos datos oficiales.
Para llegar a José León Suárez hay que tomar el tren Mitre y el viaje desde Retiro es de 50 minutos. Los días sábados, en esa cabecera conurbana, los evangelistas cantan, recitan y hasta ofrecen cambiar un pucho por una manzana. Ahí también se juntan un grupo de militantes del Frente de Mujeres del Movimiento Evita.
Frente a la estación, en el puesto de Susi, hacen la fila para comer un pancho completo –mostaza, mayonesa, kétchup y salsa golf-. La lluvia de papas no está incluida y tampoco venden cerveza, “para evitar que rancheen los pibes, porque la panchería está las 24 horas abierta.” Comentan que es el más rico de San Martín. Se quejan del célebre Pancho 46, donde “un panchito ya cotiza 40 pesos. El de Susi sale la mitad y es el doble de grande.”
Al costado de las vías la gente se sube a remises truchos. Saliendo para un lado se ven los barrios que lindan con el Río Reconquista, para el otro aparecen los murales que las organizaciones sociales pintan sobre las paredes de la subida a la autopista del Buen Ayre. En el aire, nubes de mosquitos gigantes que pican duro. Llegaron hace poco y dicen que son resistentes al frío.
Bordeando el Camino del Buen Ayre se levanta la República Ciruja. Durante más de 5 kilómetros se suceden los barrios que nacieron a partir de las tomas de tierras de la década del 80 y que crecieron en la década de los 90. Al mismo tiempo que la capital provincial de la industria se desplomaba y languidecía, los barrios que nacieron y viven por y de la basura se hinchaban. Con la explotación de la vulnerabilidad comenzaron a llegar los transas.
Suárez está signado por los abusos policiales. La violencia institucional se respira con la misma intensidad que los vapores de “la quema”. La basura ya no arde, pero si lo hace la realidad. Desde fines de la década del 70, en esa zona se constituye el CEAMSE. El proyecto inicial contemplaba que sobre las tierras ganadas por el uso del relleno sanitario -que tenía su origen en la basura que se importaba desde lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se emplazarían una serie de espacios verdes y parques donde se instalarían equipamientos de interés público como aeropuertos, hospitales y cementerios. La foto de hoy es la opuesta a la que se planificó hace 40 años.
Los basurales tienen historia de sangre. Sobre esa geografía sucia, mal oliente y abandonada se dieron los fusilamientos que Rodolfo Walsh narró en 1957. En 2004 Diego Duarte, un chico de dieciséis años, murió tapado por una montaña de deshechos cuando trataba de escapar de una patoteada policial. Ahí también aparecieron los cuerpos de Ángeles Rawson (2013), Melina Romero (2014) y Araceli Fulles (2017). Desde lo simbólico Suárez está ligado a la basura, al proceso de basurización- degradación de las cosas y las personas- y a la masacre. Sin basura y sin violencia institucional, Suárez no sería lo que es.
Actualmente en esa zona viven cerca de 100 mil personas. Varias organizaciones sociales acompañan la vida allí. Una es el Frente de Mujeres del Movimiento Evita. Las compañeras dicen que la camiseta las protege dentro de los barrios.
En 2014 Melina estuvo desaparecida por un casi un mes. Durante el tiempo de incógnitas sobre qué le había pasado y frente a la desidia de las instituciones, las mujeres del territorio se movilizaron para extender su búsqueda. El Frente de Mujeres del Movimiento Evita había organizado varias actividades de difusión, debate y rastreo. Se encontraban desarrollando una reunión cuando un grupito de compañeras empezó a revolver el avispero. Estaban inquietas y dispersas. Algo pasaba. Con buen ojo Ornella Tinnirello, su referente política y territorial, identificó ese movimiento. Una de las mujeres, secundada por otras que la animaban a hablar dijo las palabras: “Encontré a Melina Romero.”
La encontraron a varios kilómetros de donde la buscaba la policía. Su hallazgo a la orilla de un arroyo cercano a la planta de procesamiento de residuos del CEAMSE fue casual. La mujer que la encontró tenía miedo de hablar por dos razones: la policía y su ex pareja. La policía porque todo aquel que vive en “la quema” tiene sobradas experiencias para desconfiar de “la gorra”. Su ex porque ella era en ese entonces una víctima de violencia de género de altísimo riesgo -actualmente él está preso por una golpiza brutal que le dio- y temía verse expuesta al tener que dar explicaciones de que hacía caminando cerca del cañaveral: geografía conocida en el barrio como territorio de garches. Allí encontró el horror: un cadáver en avanzado estado de descomposición, hinchado e irreconocible, pero con la misma ropa que en la tele habían visto que usaba Melina. La velaron en Caseros a cajón cerrado y la autopsia arrojó muy pocos resultados, habían pasado muchos días.
Ornella cuenta que, con apoyo de sus compañeros, entre ellos uno que trabaja como funebrero –y no tenía miedo de ver un cadáver de frente- se armó un operativo. Primero para comprobar que efectivamente hubiera un cuerpo y segundo para resguardar el lugar del descubrimiento. Para llegar allí tuvieron que salir del Barrio Independencia y caminar 450 mts. por un basural en un terreno con abundante maleza, cruzar dos arroyos y circular por una zona con desniveles que ese día estaba convertida en un lodazal. Se comunicaron directamente con la fiscalía. La policía no es una institución confiable para quienes conocen el lado poco amable de las fuerzas represivas. Los ratis, además de ser los ejecutores de la violencia institucional, suelen estar implicados en casos de corrupción y entorpecimiento de las investigaciones.
Durante varias horas estuvieron a la intemperie de un día lluvioso y frío de agosto hasta que el Fiscal se hizo presente. La preocupación por el resguardo de la escena del hallazgo venía de una experiencia del año 2011. Por ese entonces el poder judicial de Morón con el apoyo de la policía de Hurlingham llevaba adelante la búsqueda de Candela Sol Rodríguez de 11 años de edad. Habían pasado nueve días desde que la niña se ausentara de su hogar cuando el cadáver apareció en un basural. Los registros periodísticos nos permiten ver cómo los efectivos de la bonaerense - frente a los ojos del entonces Gobernador Daniel Scioli y de su Ministro de Seguridad, Ricardo Casal - muestran el cuerpo de la niña para el reconocimiento in situ. La madre la reconoce y empieza a gritar en su llanto: “no van a matar a ninguna hija más”.
El mal accionar de la Bonaerense y del poder judicial fue de tal magnitud que el Senado de la Provincia de Buenos Aires por unanimidad creó una comisión especial para investigar el caso Candela Rodríguez y realizar un informe. Allí se señala que los peritos no contaron con tiempo suficiente para recolectar las evidencias físicas en el lugar del hallazgo, pues fue invadido por una multitud de personas que incluían a familiares, periodistas, policías, funcionarios, curiosos y curiosas. Uno de los peritos que se presentó como testigo frente al Legislativo Provincial afirmó que por allí pasó una “manada de elefantes”. Era indispensable evitar en el caso de Melina que se perdieran pistas por el descuido policial, que borra huellas a su paso. La impunidad por malas investigaciones es condición de posibilidad para que las pibas sigan apareciendo en la basura.
El deficiente accionar de las fuerzas de seguridad y del poder judicial es una constante en San Martín. De acuerdo con estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de las 84.803 Investigaciones Penales Preparatorias en el Fuero Criminal y Correccional iniciadas en el año 2015 en San Martín, solo registran imputados 2.027 causas – es decir el 2,39% del total-, 52.098 tienen autor sindicado- registran al menos un sujeto mencionado como posible autor de un hecho ilícito, pero al cual no se le ha tomado declaración- y 30.678 cuyo autor es ignorado. En el resto de los Departamentos Judiciales la performance tampoco es envidiable. Otro rasgo saliente es que la inoperancia se cruza con la violencia institucional generando causas armadas como la que hoy pesa sobre Melody, la testigo (des)protegida.