Cuatro pibes vuelven de jugar al fútbol. Son las 9.30 de la mañana del miércoles. Bajan de la VW Suran a comprar un jugo de naranja y siguen. Más adelante, en Iriarte y Vélez Sarsfield, a pocas cuadras de la Villa 21-24, en el sur de la ciudad, se les cruza un Nissan Tiida. El chico que maneja se asusta. Acelera. No sabe -no puede saberlo- que los tres que viajan en el Nissan son policías de la brigada: están de civil, en un auto particular, sin sirena ni identificación. Los policías apuntan y disparan a matar. Cuatro balas pegan en el auto. Otras dos le revientan la cabeza a Lucas González, que viaja en el asiento del acompañante. Tiene 17 años, juega en las inferiores de Barracas Central y sueña con llegar a primera. Dos días después muere en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
En el parte oficial, la policía habla de un “enfrentamiento armado” en el que uno de “los malvivientes” resultó herido. Unas horas más tarde amplían la información: dicen que los policías “se identificaron” y que el conductor les chocó el auto, “embistió” a un agente en la rodilla y “se dio a la fuga”. Los medios repiten la versión oficial.
La familia y los amigos de Lucas lo dicen claro.
—Fue gatillo fácil.
Hablan de asesinato y encubrimiento. Porque los mismos policías que fusilaron a Lucas trabajaron en la escena del crimen y un arma de juguete apareció en el auto.
Con el paso de las horas la versión policial comienza a derrumbarse. Familiares, amigos y vecinos de Florencio Varela, donde vivía Lucas, salen a las calles a pedir justicia. Los altos mandos policiales y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, siguen con atención las noticias. Le miden el pulso al clima social.
Cuarenta y ocho horas después de la cacería el ministro y el jefe de la policía de la Ciudad, Gabriel Oscar Berard, condenan el crimen.
—Hay una mala actuación del personal policial. Aparentemente no recibieron fuego, así que para nosotros es un hecho grave —dice Berard.
Lo dice 48 después de que la oficina de prensa de la Policía instalara en los medios la versión del enfrentamiento y el delincuente abatido. Lo que no cuenta Berard es que esa “mala actuación” es una práctica cotidiana de la policía en los barrios del sur pobre.
¿Por qué tres policías de civil, sin identificación, abren fuego contra cuatro pibes desarmados? Porque pueden. Porque las demandas punitivas, los discursos mediáticos y políticos, la falta de controles institucionales y el aval judicial a las versiones policiales habilitan la arbitrariedad y el hostigamiento contra los pibes de los sectores populares.
¿Alguien acaso puede imaginarse a tres policías de civil disparando a las nueve y media de la mañana en Palermo, San Telmo o Recoleta? ¿O cruzándole un auto particular a cuatro chicos que vuelven de jugar al fútbol en Belgrano o Núñez?
En los barrios del sur no existe la presunción de inocencia: todos los pibes son sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.
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El cuerpo de Lucas cae sobre las piernas de su amigo, el que manejaba. Asustado, convencido de que el ataque era parte de un robo, el pibe acelera. Siente alivio: ve a dos mujeres policías en la esquina. Frena, explica, ruega ayuda. Las policías los hacen bajar del auto, les piden el documento y los esposan.
Mientras su amigo agoniza, ellos quedan demorados por “averiguación de delito”.
Durante 24 horas la justicia avaló la versión policial. El jueves por la noche, cuando la versión policial ya era insostenible y los medios transmitían en directo la movilización para pedir justicia por Lucas, el juez de menores Alejandro Cilleruelo sobreseyó a los tres jóvenes y se declaró incompetente en la causa por el homicidio.
El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas integran la Brigada de la Comisaría 4D de Barracas, pero hacen base en la Villa 21-24. Las manos que gatillaron contra Lucas son la punta del iceberg de la violencia policial en los barrios. Como cada vez que el caso de un pibe asesinado por la policía entra en la agenda pública, las prácticas cotidianas de maltrato, hostigamiento y corrupción policial salen a la superficie.
En la marcha para pedir justicia por Lucas, algunos chicos contaron que desde que se fue la Prefectura, la brigada de la comisaría 4D se adueñó del territorio. Dicen que suelen pararlos por la calle, les piden los documentos, los verduguean y les piden plata. “Están sacados”, “están haciendo su negocio”, cuentan.
Las función de las brigadas -una herencia de la Policía Federal- es hacer tareas de investigación, como vigilancia, allanamientos y otros operativos ordenados por la Justicia. Por eso suelen recorrer las calles de civil. Pero no están habilitados para hacer tareas de prevención, como parar autos en la vía pública o pedir documentos. Solo deberían hacerlo si se está cometiendo algún delito.
Según la ley 5688 que creó la Policía de la Ciudad, antes de actuar los agentes están obligados a “identificarse y dar una previa advertencia”. Es decir, ponerse el chaleco celeste, llevar las placas a la vista, dar la voz de alto y, si viajan en un auto de civil, colocar la sirena portátil en el techo. Solo pueden disparar si hay una amenaza a su propia vida o a la de terceros. Y si lo hacen, en un caso excepcional, deben intentar provocar el menor daño posible.
Los policías de la comisaría 4D incumplieron todos estos mandatos. No tenían motivos para detener el auto, nunca se identificaron y abrieron fuego sin que hubiese peligro. Los dos disparos que recibió Lucas y los impactos que tenía el auto demuestra, además, que los policías tiraron a matar.
“Hubo un intento de asesinato”, dijo la abogada Lorena Blanco, que representa a los amigos de Lucas. “Hay un impacto de bala en la ventanilla de atrás, si los chicos no se agachaban hubiéramos lamentado otra víctima más.”
—Veníamos recorriendo a la altura de Luna e Iriarte y observamos un masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito —dijo uno de los policías en la primera comunicación al 911.
Las “maniobras evasivas” y “actitudes sospechosas” activan lo que los agentes llaman “olfato policial”: “una herramienta eficaz para reconocer potenciales delincuentes con solo mirarlos”. Es una destreza que no se enseña ni se aprende en la instrucción formal, que se gana con la experiencia en la calle. En la práctica, este “olfato policial” se activa, principalmente, contra pibes jóvenes de sectores populares y funciona como una excusa para habilitar cualquier tipo de intervención. Este supuesto “saber policial” es una puerta abierta a la arbitrariedad y el hostigamiento.
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A 48 horas del crimen de Lucas, los mismos que una semana atrás reclamaban balas para todos se conmueven con la muerte de un adolescente y se indignan con la brutalidad policial sin pensar la relación directa entre el discurso punitivista y el accionar policial en los barrios.
“Esos discursos o slogans dichos con liviandad tienen consecuencias en hechos como este. Es necesario poner en crisis, en discusión, esas expresiones tan livianas que llegan a que la policía mate a un chico”, dice Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Frente a la violencia policial, la condena política, mediática y judicial es la excepción. ¿Por qué se activa la reacción social solo en algunos casos? ¿Qué debe tener un crimen para ser políticamente relevante y ser capaz de interpelar a los poderes públicos? ¿Hay injusticias o pérdidas más importantes que otras?
Lucas es una buena víctima: 17 años, estudiante, deportista, sin conflictos con la ley penal. ¿La condena social y mediática habría sido la misma si los cuatro amigos hubieran salido a robar?
Entre enero y agosto de 2021 murieron 16 personas en hechos de violencia en los que intervinieron policías de la Ciudad. El año anterior las muertes fueron 25. Muchas de ellas en el conurbano, y sus victimarios fueron agentes que en ese momento estaban fuera de servicio. La mayoría de los casos de violencia policial en Buenos Aires tienen un factor común: ocurren en las calles de los barrios pobres del sur, como el lugar donde fueron acribillados Lucas y sus amigos.
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—Mañana entreno, má. ¿Vas a ir a verme jugar?
Frente a las cámaras de televisión, Cintia recuerda lo que le decía su hijo cada noche mientras preparaba los botines, las medias y la camiseta.
Cada mañana, Lucas se levantaba a las cinco y viajaba dos horas en tren o colectivo desde Florencio Varela hasta la sede de Barracas Central. Al mediodía volvía a almorzar a su casa, se tiraba un rato a descansar y a la tarde se iba a la escuela.
El miércoles, como todos los días, Cintia le mandó un mensaje para saber si ya estaba volviendo: “Mi amor, por donde andás?”, le escribió y un tilde quedó marcado para siempre.
Mientras llamaba a su hijo, se sentó a ver las noticias. En la televisión decían que la policía se había tiroteado con delincuentes y uno de ellos había muerto.
—Mirá, donde entrena Lu —le dijo a su marido.
*Este texto fue editado después de su publicación