Fecha de publicación: 1 de febrero, 2021.
Los docentes recordaremos enero de 2021 como las vacaciones mentales que no tuvimos. Nunca antes la discusión sobre nuestro trabajo y sus condiciones fue tan tironeada y operada en tiempos en los que nuestra mayor preocupación debería ser cuidarnos del sol. Sin tiempo ni espacio para hacer un balance real de la extraña experiencia de un 2020 pandémico, de encierro, desgarro social y emocional y paranoia por una enfermedad fantasmagórica, fuimos lanzados de una patada en el traste a ser objeto de experimentos para el regreso a una presencialidad plena que nos llena de asteriscos y preguntas.
La discusión pública sobre el derecho social a la educación está muy atravesada por expectativas desfasadísimas de la escuela real -sobre las que no reflexionaremos aquí, pero que son un gran problema-, una intención sostenida (aunque con intensidades variables) para desprestigiar el trabajo docente, y muchos recursos más que terminan conduciendo a un desierto bullicioso: todos gritan y nadie conversa. Quienes toman decisiones educativas o desconocen lo que gobiernan o, cuando aciertan, son invisibilizados entre el ruido.
En el medio, casi quince millones de niños, niñas, adolescentes y adultos que esperan definiciones acerca de cómo sería volver a las aulas físicas con el menor riesgo posible. La pandemia es una trampa: no hay pedagogías ni didácticas óptimas, ni hay escuelas seguras.
Anoté algunas líneas centrales que creo pueden aportar a ordenar algo del debate. Las intencionalidades electorales (recordar siempre esto cuando veamos titulares estridentes sobre educación) las pasarán por alto, desde ya (tal vez, como digresión, una de las deudas que tenemos como sociedad –o tiene todo Occidente tiene, bah- es aprender a separar la paja mediática electoral del trigo real).
Un sistema educativo federalizado
Las responsabilidades del Estado nacional y las de los Estados provinciales no son equivalentes. El Estado nacional no gestiona escuelas ni paga salarios docentes de manera directa, como sí lo hacen las provincias. En este punto existe un debate no resuelto sobre cuál es la función del Estado nacional: la última dictadura militar, el menemismo y el aliancismo, el macrismo y la actual gestión no le han dado un peso relevante y han optado por descargar la responsabilidad sobre las provincias. Se reserva, eso sí, funciones para establecer consensos generales a través del Consejo Federal de Educación, donde participan los 24 ministros provinciales y el nacional, para llevar adelante políticas unificadas en todo el país. El gobierno kirchnerista 2003-2015 dotó al ministerio nacional de amplias atribuciones -establecidas en la Ley de Educación Nacional- que le otorgaron una fuerte presencia en todo el territorio para intentar revertir la desigualdad entre las provincias. Este es un debate extensísimo, y que se remonta a los orígenes mismos del sistema educativo a fines del siglo XIX, pero pensando en el inicio de clases en 2021 cabe mencionar que la posición de Nicolás Trotta ha sido promover que cada provincia tome sus propias decisiones dentro de marcos generales, sin intervenciones concretas fuertes más allá de apoyo financiero, la evaluación general del sistema, la producción de materiales y la recuperación de becas y cursos de capacitación para docentes, como detalla el documento “A las aulas” que elaboró a fines del año pasado. ¿Esto qué significa? Que cada gestión provincial debe pensar los esquemas de retorno en función de su sistema, y en definitiva la responsabilidad directa está en cada jurisdicción.
Así, los sindicatos docentes se organizan por jurisdicción, y en cada una de ellas hay al menos uno que forma parte de la confederación más grande de sindicatos docentes del país: CTERA. Las organizaciones allí nucleadas tienen experiencias diferentes según la relación que tengan con el gobierno de cada provincia: en CABA el gobierno del PRO ha sido muy confrontativo desde 2015 con UTE, en la Provincia de Buenos Aires la relación ha sido diferente y hubo períodos de confrontación desde Scioli y Vidal hacia SUTEBA y una mayor colaboración desde la gestión de Kicillof. En síntesis, la razón de ser de todo sindicato es defender los intereses de sus representados e integrantes. Los sindicatos docentes, en concreto, no son algo diferente de los docentes, aunque sí son la institucionalización de su representación, que según cada territorio y sindicato es más o menos fiel de los intereses de sus bases. Durante 2020, CTERA en general y muchos de sus sindicatos de base insistieron con la provisión de computadoras a alumnos y docentes. Ya comenzado 2021, la posición de los sindicatos se desplazó a una mayor predisposición para pensar esquemas bimodales (o sea, con grupos presenciales y grupos remotos trabajando alternadamente) con ciertas exigencias.
Vale la pena aclarar en este punto que para todas las jurisdicciones la pandemia representó un ahorro fenomenal de recursos en distintas áreas: concretamente en educación hubo ahorros en limpieza, en salarios de suplentes, en mantenimiento de infraestructura, en pago de electricidad, telefonía, gas e internet, entre varios etcéteras, y una parte de ese ahorro fue a su vez financiado por las computadoras, celulares y conexiones a internet y eléctricas personales de los docentes y las familias. De manera que también correspondería una importante compensación salarial.
Argentina es un país con una alta tasa de sindicalización, lo que para quien escribe es una excelente noticia y una de las grandes virtudes de nuestro país. Sin embargo, muchas personas no comparten esa valoración, y hay quienes consideran esta característica como un obstáculo. Independientemente de esa posición, pelearse con los sindicatos de un sector es pelearse con la realidad: en educación, específicamente, los sindicatos son parte de la gobernanza del sistema educativo, guste más o menos. Desmontar eso ha sido, y sigue siendo, una tarea costosísima y que impacta directamente en la calidad de la educación: el prestigio de la escuela se construye sobre todo con una dirigencia y una sociedad que confía en sus docentes. Si no, tenemos la paradoja que transitamos actualmente y que describió la compañera Nuria Illán en su cuenta de Twitter sobre los discursos en torno a los docentes: “Trabajan pero no trabajan. No son profesionales pero parece que cumplen múltiples funciones sociales. Hacen todo mal pero necesitamos que lo hagan. No discutimos política con ellos pero les pedimos que gestionen todo. Son pobres pero viven de arriba sin laburar.” Convocar a los sindicatos docentes y promover una negociación es potestad exclusiva e intransferible de los gobiernos. Y un paso central para avanzar en la solución de los problemas con buena voluntad, fuera de disputas electoralistas.
Semáforos
En el escenario pandémico las decisiones educativas no pueden pensarse como si no hubiera pandemia. La variable sanitaria debería ser la principal, aunque no la única. La escuela es el “espacio natural” de niños, niñas y adolescentes. Es la agencia estatal más territorializada (o sea, la que tiene mayor presencia en todo el territorio, mucha más que la policía, la justicia o el sistema de salud), y eso la carga de responsabilidades que exceden lo académico (y justamente cómo fue absorbiendo esas responsabilidades es uno de los problemas de las expectativas desfasadas que mencionaba antes). Garantiza el derecho social a la educación y es también espacio de contención, socialización, cuidado. Esta última función -la del cuidado- quedó especialmente a la vista en la pandemia: los adultos necesitan desarrollar sus actividades productivas mientras sus hijos van a la escuela. La concentración de esas esferas -laboral, educativa, crianza- en el hogar, esto es, la privatización de circuitos públicos hacia el espacio doméstico, hizo que se obstaculizaran muchísimo entre sí y generó y profundizó situaciones de violencia allí donde existían.
Pues bien, la dimensión sanitaria ha sido simplificada con esquemas llamados “semáforos”, que indican cuándo la presencialidad puede ser más segura y cuándo menos, combinando diferentes indicadores. La Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, tomó el suyo de los Centers for Disease Control and Prevention del Departamento de Salud de Estados Unidos. Los indicadores principales que cruza son: cantidad de casos nuevos por jurisdicción, o partido/departamento, o municipio (de acuerdo a la escala territorial que se elija) cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; la tasa de positividad de pruebas RT-PCR en el mismo lapso; y la capacidad por escuela de implementar estrategias de cuidado ante el COVID (barbijos/máscaras, distanciamiento, higiene personal regular, limpieza del edificio y rastreo de contactos). Su semáforo tiene cinco escenarios (Riesgo más bajo, Menos riesgo, Riesgo moderado, Mayor riesgo, Riesgo más alto). Luego establece seis indicadores secundarios más entre los que están, por ejemplo, el cambio de porcentaje de casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días y las camas de terapia intensiva ocupadas, entre otros.
El Consejo Federal de Educación armó su propio semáforo y lo publicó a través de la resolución 370/20. Cada jurisdicción debería sopesar tres indicadores: niveles de transmisión según criterios del Ministerio de Salud; la razón entre casos nuevos de las últimas dos semanas y las dos semanas anteriores; y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva. De cómo se combinen estos tres indicadores depende que se lo considere un escenario de bajo, mediano o alto riesgo. A esto se le deben sumar nueve puntos, o requisitos mínimos, que cada jurisdicción debe cumplir para evaluar los esquemas de presencialidad, entre los cuales está que haya representantes educativos en los Comités Operativos de Emergencia (COE) provinciales.
El semáforo de la Sociedad Argentina de Pediatría es mucho más restrictivo que el que propone el Consejo Federal de Educación, esto significa que según la primera en muy pocos lugares de Argentina se podría pensar en una presencialidad plena.
Si el esquema de semáforos se pensara en lugar de por jurisdicción por partido/departamento o municipio, permitiría tomar decisiones más eficientes: abrir las escuelas plenamente allí donde hay bajo riesgo, y armar otros escenarios de grupos reducidos, alternancia horaria u otras posibilidades en los lugares donde el riesgo es mayor.
Cabe hacer esta salvedad: según el censo 2010, en el AMBA (el Área Metropolitana de Buenos Aires que incluye la Ciudad Autónoma y varios municipios de la Provincia de Buenos Aires) viven alrededor de 12.800.000, el 31,9% de la población del país. Si a esto le sumamos los 1.455.000 habitantes del Gran Córdoba y los 1.238.000 habitantes del Gran Rosario, nos da que el 38,6% de la población del país vive en tres grandes aglomeraciones urbanas (la población urbana total, en Argentina, supera el 90%). Sabemos que la concentración de población es el primer factor de circulación comunitaria del Covid, de manera que si bien las provincias podrían abrir escuelas en municipios y partidos con bajo riesgo, la mayor parte de los alumnos y docentes argentinos estarían expuestos en escenarios de riesgo medio o alto. Allí, entonces, habría que pensar, como se dijo, esquemas de grupos reducidos, de alternancia horaria, garantizar licencias excepcionales a los docentes con comorbilidades o al cuidado de personas de riesgo, garantizar continuidad pedagógica no presencial a alumnos con las mismas características, entre otros etcéteras. Esos esquemas deberían estar detallados al milímetro en los protocolos.
Qué debería decir un protocolo
Si empezamos por la negativa, un protocolo no debería ser un listado de objetivos generales y afirmaciones vagas, sino un detalle preciso y transparente de qué es lo que se debe hacer, cómo se distribuyen las responsabilidades entre los ministerios de educación de cada jurisdicción, las burocracias intermedias y las escuelas, y formas y recursos para su implementación.
En su interior, debe contener justificaciones pedagógicas acerca de a qué alumnos se les dará prioridad en una presencialidad con grupos reducidos y por qué y cuáles serán los fundamentos y formatos de la evaluación de los contenidos trabajados en el bienio 2020-21, entre otros aspectos.
En términos epidemiológicos, debería detallar, por ejemplo:
- Cuál es la estrategia de vacunación para la población escolar (alumnos y docentes): tiempos, prioridades, lugares.
- Qué mecanismos de testeo y seguimiento se ejecutarán. Lo deseable es que sea con una frecuencia corta, y lo ideal es que los testeos se realicen en las mismas escuelas.
- Qué licencias estatutarias se contemplarán para los docentes, y los mecanismos para sus reemplazos. ¿Cuántos docentes actuales están en condiciones de ser exceptuados en la jurisdicción? ¿Los reemplazos se harán a través de los sistemas previstos en el Estatuto del Docente? ¿Se flexibilizarán los requisitos para que ingresen estudiantes avanzados de los profesorados, dada la situación? ¿Con qué recursos se cuenta para financiar esto?
- Cómo se articulará la apertura de edificios escolares y el sistema de transporte: aquí está el verdadero nudo del problema. Como se dijo, la mayoría de la población en nuestro país vive en aglomeraciones urbanas. Allí, además de los más de diez millones de alumnos y más de un millón de docentes, circulan trabajadores y trabajadoras de todos los rubros. El sistema educativo debe ser el rubro que más personas moviliza diariamente en el mundo, de manera que el desafío está puesto especialmente en el transporte público. ¿No se podrían pensar esquemas de entradas escalonadas en el horario a las escuelas para evitar superposición con otros rubros? ¿Qué corredores serán los privilegiados en cada gran ciudad? ¿Qué evaluación y estrategias de aumento de frecuencias de colectivos y subtes se emplearán?
- Diferentes esquemas de presencialidad en grupos reducidos, contemplando personas por metro cuadrado, cantidad de docentes por alumnos,
- Detallar avances en preparación de infraestructura: instalación de detectores de dióxido de carbono, habilitación y clausura de espacios en función de la ventilación, puesta a punto de la plomería, inversión masiva en elementos de limpieza y protección, esquema intensificado de limpieza integral de los edificios, incluyendo cálculos de aumento de la planta de auxiliares y formas de financiamiento. Si se van a utilizar otros espacios (clubes, museos, teatros, parques, universidades), deberían detallarse las mismas variables.
- Y, por supuesto, planes de acción en caso de que se detecten casos de Covid en la escuela. ¿Cómo afecta la organización de los grupos? ¿Y al trabajo docente? ¿A partir de cuántos casos se debe poner en aislamiento a un grupo entero, a partir de cuántos se debe considerar que hubo un brote en la escuela y corresponde suspender la presencialidad en todo el establecimiento? ¿Cómo se actúa a continuación?
Volver
La escuela es el espacio natural de niños, niñas y adolescentes. También es el espacio natural de co-crianza (si cabe la paradoja) donde las familias encuentran una clave en la organización de sus tiempos. Y también es nuestro espacio natural como docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación. Hace casi 200 años que los sistemas educativos del mundo funcionan presencialmente: hablamos de generaciones y generaciones, miles de millones de personas forma(tea)das en ese esquema. La pandemia, que puso al mundo fuera de quicio, también nos puso así a nosotros. Hay una nostalgia, un deseo, un deseo desesperado por volver al mundo pre covid, que probablemente tarde mucho en llegar.
Es profundamente doloroso -y no suma nada a ningún debate- que se acuse a los docentes de preferir esta locura global a trabajar como trabajamos toda la vida, y de soslayar y subestimar los profundos impactos que tendrá este escenario en términos emocionales, académicos, e íntimos en nuestros alumnos.
Termino pidiendo una utopía que sé de antemano imposible: en educación, encarar el problema con franqueza y buena voluntad, sin marketing vacío, especulaciones electorales ni confrontaciones innecesarias. La pelota la tienen los gobiernos.