Fotos: Bastián Flores
Un disparo al suelo paraliza a los habitantes de Panguipulli que circulan por la intersección de las calles Martínez de Rozas y Pedro de Valdivia, al sur de Chile. Los gritos y el caos incrementan con un segundo y tercer impacto que ejecuta el carabinero Juan González Iturriaga con su arma de servicio. Uno de ellos da contra una estructura metálica, el otro contra la pierna de un malabarista que minutos antes, según la versión policial, se había negado a someterse a un control de identidad.
Cuatro, cinco disparos se suman y dañan muslo y pelvis del malabarista, lo desestabilizan. Queda en el piso sin poder moverse y sin pensar que en apenas unos segundos escuchará el disparo letal: la bala número seis. El último sonido que oirá en su vida junto a los gritos de la gente.
Los medios lo apodaron “el indigente”, “el malabarista”, “el joven”; pero su nombre era Francisco Martínez Romero y tenía 27 años. Se ganaba la vida haciendo trucos con sables de 63,5 centímetros de largo por seis de ancho y era reconocido en el sector por siempre andar con un par de perros.
El asesinato fue el viernes 5 de febrero: apenas se enteraron, los vecinos de Panguipulli se manifestaron frente a la comisaría y el municipio. Hubo bronca, piedras y fuego.
El “I can’t breathe” de Chile
El caso de Frascisco se parece al crimen de George Floyd en Estados Unidos: miles de personas se manifestaron en todo el país luego de que un oficial de policía asfixiara con su rodilla al hombre afroamericano aún cuando él le repetía que no podía respirar (“I can’t breathe”).
En Chile, se parece a tantos otros eventos, como cuando en octubre de 2020 el carabinero Sebastián Zamora lanzó a Anthony Araya a las frías aguas del río Mapocho, en Santiago, empujándolo con ambas manos desde la baranda del puente Pío Nono, a siete metros de altura.
Anthony tenía entonces 16 años: era el sobrino de Francisco y, pese a la distancia, sus historias se conectan por la violencia institucional. El jueves 11 de febrero el adolescente, que sobrevivió a la violencia policial y quedó con fracturas en el cráneo y las manos, llegó hasta la Plaza de la Dignidad -junto a su familia- para exigir justicia en el caso de su tío malabarista.
Lisette Torres, la hermana mayor de Martínez, contó a la prensa: “ha sido muy doloroso este proceso para la familia. No sabemos de dónde sacar fuerza, pero tenemos que seguir con la lucha, hasta el final (...). Esto fue un asesinato”.
Sus declaraciones se deben a que, recientemente, la Corte de Apelaciones de Valdivia decidió acoger la solicitud de la defensa del carabinero Juan González Iturriaga, imputado por homicidio simple en el caso de Martínez, pasando de cumplir arresto domiciliario a quedar en total libertad con arraigo nacional y firma quincenal.
Quien decretó este beneficio fue la jueza María Elena Llanos, madre de Alejandro Bruggink Llanos, capitán de Carabineros y jefe de la sección OS-7 en la localidad de Punta Arenas, en la zona austral del país.
La interminable lista de casos aislados
En Chile el uso de la fuerza injustificada se ha vuelto una constante desde la revuelta social de 2019. Las autoridades lo han naturalizado y la mayoría de estos actos ocurre en medio de las protestas, como pasó con Anthony.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en casi cinco meses desde el inicio de las protestas, contabilizó alrededor de 460 lesiones de trauma ocular, 617 víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al interior de las comisarías. Registo 257 acusaciones de acoso o violencia sexual. Lo anterior sin contar 1.272 denuncias por uso excesivo de la fuerza en su detención, es decir, cerca de 8,5 detenciones violentas en promedio por día.
Las situaciones de abuso policial se repiten con frecuencia fuera de las manifestaciones.
El 7 de febrero, por ejemplo, Camilo Miyaki de 27 años fue detenido por infringir las normas sanitarias: apareció muerto en la 51º comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana. Según la policía, Miyaki se quitó la vida al interior del calabozo utilizando una frazada, hecho que no levantaría sospechas en la sociedad civil si no se hubiesen notificado otros testimonios acusando golpizas, torturas y amenazas de muerte, además de violaciones, en ese mismo recinto durante el estallido social de 2019.
El 9 de febrero, al norte de Chile, un par de policías dejaron a un hombre de nacionalidad boliviana de 20 años a las afueras del Servicio Médico Legal de Calama. Estaba inconsciente: falleció en el lugar antes de explicar qué había ocurrido.
Los ejemplos siguen. Más allá de las miles de víctimas de la revuelta, ya no se puede seguir hablando “casos aislados”.
Reformar la policía
La naturalización de la violencia y el abuso de poder han desatado una discusión clave: Chile debe reformar su policía. Actores internacionales como Amnistía o Human Rights Watch lo sugieren desde noviembre de 2019.
Hasta ahora el Presidente Sebastián Piñera continúa respaldando el obrar de la institución. Tras el asesinato de Francisco Martínez en Panguipulli, el jefe de Estado dijo: “Mi respaldo y mi apoyo a Carabineros de Chile, que es una institución fundamental y es la primera línea en el orden público, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la democracia, pero por supuesto, todos tenemos que actuar dentro del marco de la ley y le corresponde a la Fiscalía investigar y a los tribunales juzgar cuando alguien se sale de ese marco”.
El mandatario es reconocido por una millonaria inversión en armas, municiones y vehículos blindados para abastecer a la policía: ha llegado a gastar, por ejemplo, $1,3 millones de dólares por un carro lanzaaguas.
2021 es un año clave para Chile. El 11 de abril se elegirán lxs 155 Convencionales Constituyentes que redactarán una nueva Constitución. Más de mil candidatos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha buscan crear una Carta Magna desde cero, siendo esta la primera en el mundo que contará con criterios de paridad.
Según datos de ComoVoto.cl, plataforma que transparenta a la ciudadanía quiénes son los candidatos, entre ellos se encuentran figuras como Marcela Cubillos, ex ministra de Educación, que dice ser independiente pero arrastra dos elecciones buscando representar a la Unión Demócrata Independiente, partido de derecha.
Otro ejemplo: Carlos Ominami, quien se ha presentado en tres oportunidades, la primera y la segunda parte del Partido Socialista y hoy postula a la redacción de la Carta Fundamental como independiente.
El diputado comunista Hugo Guitiérrez, quien lleva cinco elecciones y, pese a que el malestar ciudadano de la revuelta social nace de la desconfianza en los políticos, hoy busca ser parte de quienes redacten la nueva Constitución. Lo mismo sucede con Cristián Monckeberg, quien ha representado a Renovación Nacional, partido de derecha, en cinco elecciones. Ha pasado por cargos como concejal y diputado, siendo hasta hace poco -además- ministro Secretario General de la Presidencia de Chile.
Entre los más de mil aspirantes, algunos están a favor de darle todavía más atribuciones a Carabineros, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. En las papeletas habrá una mezcla de todas las corrientes políticas que pretenden representar a la nación y ante la cual sólo queda esperar pensando en que la ciudadanía tome una decisión informada.
El 21 de noviembre serán las elecciones presidenciales. Las cartas más fuertes, hasta el momento, están ligadas a la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ambos partidos de derecha, misma tendencia que la de Sebastián Piñera. Sin embargo, la credibilidad de la ciudadanía en los políticos nacionales está perdida y, aparte, no existen nuevos rostros que generen confianza entre los votantes.
La última encuesta Cadem posicionó a Sebastián Piñera con 17% de aprobación a su gestión por parte de la ciudadanía, mientras que Criteria en 15 por ciento. Para ambas consultoras la desaprobación a su gestión bordea el 77 por ciento. Adicionalmente, los presidenciables con mayor aprobación tienen apenas 12% de respaldo ciudadano: Daniel Jadue y Joaquín Lavín, el primero Comunista y el segundo parte de la Unión Demócrata independiente.
Mientras la derecha se posiciona con caras reconocidas por la mayoría de quienes votan, la izquierda no ha sido capaz de unirse para hacer lo mismo con los suyos. Chile se avecina a un calendario electoral sumido en la incertidumbre.