Tierra en transe (1967) es un film clásico de Glauber Rocha (1939-1981) que presenta a la clase dominante en una especie de delirio colectivo autoritario y violento, en el período de implantación de la dictadura militar en Brasil, en el ficticio país de Eldorado. Un enfoque que ya había caracterizado otros filmes de Glauber, centrados en las condiciones de dominación en el interior del Nordeste brasileño, Tierra en trance trataba de esas características no como exclusivas del Brasil rural premoderno, sino como un aspecto latente y, tal vez, constitutivo de la experiencia colonial brasileña, y que con el tiempo incluiría el Sudeste/Sur urbano-industrial.
Tierra en trance de Glauber como alegoría se convierte en una realidad de hecho en el Brasil de la dictadura militar (1964-1985) y vuelve como una especie de retorno de lo reprimido durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022). Un Brasil siempre latente que resurge tras un período de construcción de una sociedad menos desigual y de estructuras institucionales del Estado democrático de derecho.
Entre 2019 y 2022 volvemos a encontrarnos con un estrato que ocupa las estructuras del poder del Estado para destruir los fundamentos democráticos y jurídicos a través de un conjunto de acciones de gobierno que se afirman a partir de la falta de mediaciones y criterios de validación de la veracidad de los medios de comunicación. Se establece una particular base social fundada en el moralismo religioso fundamentalista, en el aprecio por la violencia, en la misoginia y en los valores militares. Esta generación de generales retirados, formados en las escuelas militares durante la Dictadura, ocupó 6.000 puestos centrales del gobierno y de la estructura del Estado brasileño.
Fueron cuatro años de bad trip. La sensación fue de una alucinación colectiva que comenzó con el injusto e ilegal juicio político a Dilma Roussef (2016) y se extendió hasta semanas después de la victoria de Lula en las elecciones de 2022. Las manifestaciones de protesta contra el resultado electoral comenzaron a difundirse por todo el país la misma noche del 30 de octubre de 2022, domingo, incluso antes de la confirmación de la derrota de Bolsonaro. El movimiento más importante fue realizado por los camioneros que cortaron las rutas en todo el país durante varios días. La Policía Caminera Federal (Polícia Rodoviária Federal [PRF]), convocada para desbloquear las rutas por el ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE), no actuó. Los desbloqueos fueron realizados por las hinchadas organizadas del Corinthians (Gaviões da Fiel) y por la hinchada Galoucura del Atlético Mineiro. Otras rutas también fueron desbloqueadas por grupos de vecinos.
Otros grupos se manifestaron solicitando la "intervención federal". Portaban la camiseta amarilla de la selección brasileña de fútbol o iban envueltos en banderas, rezaban o entonaban himnos nacionales sólo reconocibles por los que iban a la escuela en la época de la Dictadura. Hubo cantos militares frente a los cuarteles regionales del ejército en algunas capitales, expresión eufemística con que se propugnaba la idea de un autogolpe con apoyo de las Fuerzas Armadas. Un mundo paralelo creado por las fake-news difundidas por las redes sociales, celebrando ya sea un juicio político inexistente al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, ya sea la anulación del resultado de las elecciones.
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En 2018, un tuit del general Vilas Bôas -en esa época comandante del Ejército- ponía bajo amenaza al Supremo Tribunal Federal (STF) en caso de que concediera un habeas corpus a Lula y le permitiera participar en las elecciones de aquel año. Ese fue el comienzo de la participación activa de los generales en el gobierno de Bolsonaro. Junto con el juez Sergio Moro y su Lava Jato, aseguraron la ilegibilidad de Lula y pusieron en marcha la victoria del militar retirado.
Tras un período de construcción de una sociedad menos desigual, entre 2019 y 2022 resurgió el Brasil de la dictadura.
Al asumir, Bolsonaro dio un conjunto de beneficios a uniformados de alto rango, incluida la posibilidad inconstitucional, a través de una acumulación de remuneraciones, de recibir sueldos mayores que el Presidente de la República y los ministros del Tribunal Supremo Federal. También beneficios más extraños: la compra de millares de frascos de viagra, centenares de prótesis penianas o incluso centenares de kilos de los mejores cortes de carne, recientemente denunciadas por la prensa.
Luego de la elección de Lula las Fuerzas Armadas presentaron un memorando sobre las elecciones -función que no les concierne- en el cual se explicitaba que no se había encontrado ningún indicio de falla en el escrutinio electrónico que caracteriza a las elecciones brasileñas. La respuesta de la reserva de activistas que estaban frente a los cuarteles y que todavía bloqueaban unas pocas rutas se manifestó a través de las redes sociales. Los golpistas se preguntaban: ¿de qué había valido quedarse al sereno acampando durante días al sol y bajo la lluvia, que caracteriza la primavera brasileña, con alteraciones bruscas de temperatura, para que finalmente las Fuerzas Armadas declaren que las elecciones habían transcurrido normalmente? Pronto, emitieron un segundo comunicado en el que aclararon nuevamente que no habían encontrado ningún indicio de falla o fraude; sin embargo, señalaron que esto no significaba la imposibilidad de alguna acción sobre el sistema electoral electrónico.
Es la reproducción del modelo trumpista de golpismo: poner en duda el sistema electoral. Como los propulsores de esa estrategia no son coherentes ni razonables en sus narrativas, el sistema electoral es tratado como fallido, no obstante haber sido el mismo con que resultaron elegidos Bolsonaro y sus hijos desde la instalación de las urnas electrónicas. Steve Bannon, condenado en Estados Unidos, continúa como gurú de la extrema derecha brasileña.
El escarnio, o incluso la risa, para las Fuerzas Armadas y los grupos de activistas que piden un autogolpe no alivian completamente la sensación de temor de quienes se sienten comprometidos con un proyecto de sociedad nacional democrática o simplemente se identifican como integrantes de la sociedad nacional brasileña. Las señales de la vuelta de los militares a la política comenzaron en el gobierno del golpista Temer (2016-2018) que asumió después del juicio político a Dilma y abrió las puertas para el retorno del generalato al poder del Estado, al ser nombrado como Ministro de Defensa un general.
En los últimos cuatro años, la sociedad brasileña vivió una política deliberada de expoliación y destrucción no solo del Estado de derecho democrático, sino de la misma idea de sociedad nacional.
Los ministerios fueron mal administrados y se convirtieron en espacios para grandes negociados. El nivel de destrucción alarmó a gran parte de la población: la falta de cobertura para los más pobres puso a Brasil nuevamente en el mapa del hambre, la negociación de la compra de vacunas sobrefacturadas estuvo acompañada por un discurso negacionista en plena pandemia, cuyo efecto fueron los centenares de miles de muertes evitables. También se dio carta blanca para la ocupación de los bosques del bioma amazónico, incluyendo el asesinato de miembros de poblaciones tradicionales de diversas naciones indígenas. El propio bosque fue destruido por obra de las madereras y las empresas mineras legales e ilegales, con la apropiación de las áreas desmontadas y destinadas a la actividad agropecuaria. Se autorizó la compra sin control de armamento pesado para la población civil, se desmantelaron las estructuras de control y fiscalización mediante el adoctrinamiento político de las policías, particularmente de la Polícia Rodoviária Federal (PRF), pero también de la misma Policía Federal (PF) y de las policías militares y civiles de los Estados.
Además se destruyeron las políticas educativas, culturales y científicas. Ministros implicados en escándalos de corrupción en otras áreas fueron nombrados al frente de estas carteras. Se produjo la disminución de la categoría del ministerio o la disminución de sus competencias. A esto se le sumó una asfixia presupuestaria inversamente proporcional a las partidas entregadas al grupo dominante en la Cámara Federal, a través del llamado presupuesto secreto, en el cual el presidente de la Cámara destina sumas de dinero, provistas por el Ejecutivo, a parlamentarios, en canje por el apoyo al gobierno. Eso le permitió al presidente eludir decenas de pedidos de juicios políticos. Bolsonaro se mantuvo en la presidencia sin gobernar, creando tensión a través de mensajes diarios en vivo y mucha intervención en las redes sociales, difundiendo mentiras y falsas noticias destinadas a su base electoral e incentivando las manifestaciones golpistas.
La necropolítica de Mbembe tuvo su versión absolutamente más cruda durante la pandemia. En uno de los picos de casos de COVID en Manaos, capital del estado de Amazonas, se produjo una crisis de oferta de oxígeno. No se conocen los números exactos, pero millares murieron por falta de aire. Una crisis anunciada por los hospitales que advertían la dificultad de reponer los stocks de oxígeno. El ministro de Salud, un general retirado, no hizo nada. El presidente fue a la televisión e, interrogado sobre el problema, se burló de las muertes haciendo una imitación caricaturesca de alguien que se asfixia. Más tarde, interrogado sobre su gesto, respondió: “Pô, não pode nem brincá” (Mierda, ni siquiera puedo hacer un chiste).
Es el modelo trumpista de golpismo: poner en duda el sistema electoral. Steve Barner condenado en Estados Unidos continúa como gurú de la extrema derecha brasileña.
La falta de respeto por la legalidad y por los principios ético-políticos del compromiso con la sociedad nacional no fue bloqueada por completo durante las elecciones por el Tribunal Superior Electoral, bajo la presidencia de Alexandre de Moraes. A pesar de su experiencia en lidiar con el crimen organizado, el ministro no fue capaz de enfrentar el volumen de ilegalidades ocurridas durante el período electoral. Las denuncias fueron varias: la extensión de la ayuda a los más pobres y el adelantamiento de esa ayuda para que llegara antes de las elecciones, la presión explícita de los empresarios sobre sus empleados para que votaran por Bolsonaro, el volumen descomunal de fake news durante la campaña electoral, el control de los votantes por las milicias, la utilización del PRF (Polícia Rodoviária Federal) para la realización de redadas el día de la segunda vuelta en las regiones donde Lula había sido vencedor en la primera vuelta, entre muchas otras.
Este contexto de irregularidades fue registrado por los grandes diarios pero parece haber sido olvidado luego del resultado final: la ventaja de Lula con un pequeño margen del 1%. Si se tiene en cuenta el conjunto y las dimensiones de las ilegalidades que apuntaban a beneficiar al candidato a la reelección, la sorpresa es cómo Lula, aún así, llegó a ganar, infligiendo la primera derrota a un candidato a la reelección en el Brasil de la posdictadura.
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La explicación de la victoria de Lula arranca en el Nordeste, donde Haddad ya había vencido en 2018, pero termina en las grandes ciudades y estados en el Sur y Sudeste. El triunfo se afirmó en la región más beneficiada por sus gobiernos a través de políticas públicas contra el hambre, la miseria y la pobreza. También por la implantación de mejoras básicas como el acceso a la energía y al agua. Esa victoria se dio tanto en la primera como en la segunda vuelta con una diferencia de 13 millones de votos en la primera y de 12 millones en la segunda vuelta.
La ventaja de Lula se explica más por la disminución del número de votos de Bolsonaro en el Sur y Sudeste. Bolsonaro perdió en la metrópolis paulista (San Pablo y ciudades de alrededor), en la ciudad de Porto Alegre y en el estado de Minas Gerais. Y aunque Lula perdió en los estados del Sur y Sudeste, con la importante excepción de Minas Gerais, la diferencia fue mucho menor que en 2018. La disminución de esa diferencia responde al fenómeno Lula, pero también a que los integrantes de esas comunidades locales, las más ricas, sintieron el costo que implicaron los años de Bolsonaro.
En términos socioespaciales, la fantástica ventaja obtenida por Lula en la segunda vuelta en el Nordeste se debe predominantemente a los gobernadores de izquierda y a la memoria de las mejoras de calidad de vida de los años de Lula por parte de la población más pobre, todavía un contingente inmenso en la región. En Minas Gerais, la victoria de Lula está asociada a las condiciones existentes en el Vale do Jequitinhonha, que son semejantes a las del Nordeste. La novedad se dio en la votación obtenida en las regiones metropolitanas de San Pablo y Porto Alegre, en particular porque Lula perdió en ambos estados. Con excepción de las regiones metropolitanas, allí las sociedades locales desarrollan como actividad económica dominante el agronegocio y sus cadenas económicas asociadas, totalmente adeptas al gobierno Bolsonaro, igual que la región Centro-Oeste, donde la agricultura y la actividad pecuaria destinada a la exportación dominan completamente las relaciones sociales.
Uno puede suponer una recuperación del pensamiento progresista en parte del Sur y del Sudeste en especial en las metrópolis de Porto Alegre y San Pablo, expresada en votos, a partir de la experiencia traumática del gobierno de Bolsonaro. A esto se suman los conflictos en el electorado de las periferias: influidos por la crisis económica, los embates entre corrientes neopentecostalistas progresistas y fundamentalistas hicieron que muchos votantes huyeran de un proyecto que proponía una autocracia fascista. Las mujeres, pobres, negras y jóvenes votaron a Lula. La densidad poblacional de ese perfil demográfico en esas metrópolis es mayor que en el resto del país. Los jóvenes en general y los negros pobres concentrados en esas metrópolis también votaron por Lula.
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Durante la campaña, el líder del PT buscó reconstruir el Estado democrático de derecho y retomar las políticas de justicia social y ambiental que habían caracterizado sus gobiernos y el de Dilma Rousseff, para, a partir de ahí, construir un amplio frente democrático que incluyera a los neoliberales y conservadores de centro-derecha. Su victoria no fue una sorpresa. Y enseguida fue reconocida por los líderes mundiales.
Sin embargo, el candidato derrotado no llamó al candidato vencedor. Solo 45 horas después de la declaración del resultado de las elecciones emitió un pronunciamiento ambiguo en el cual admitía el final de las elecciones, pero no reconocía la derrota. Aún en ejercicio, parece deprimido y solo cumple con uno o dos compromisos por día. No participó en la COP 27 ni en el encuentro del G8. Informó que no pretende pasarle la banda presidencial al presidente electo y, de acuerdo a la prensa, sus hijos ya fueron a la embajada italiana para iniciar la solicitud de visa.
El ministro del TSE inició la identificación y la penalización de los empresarios y las empresas que financian las manifestaciones que piden un golpe. En una primera investigación surge que los financiadores están concentrados en el estado de Mato Grosso, en el Centro-Oeste, el mayor productor de granos del país, y en el sur, en particular en Santa Catarina, que además se convirtió en un baluarte del proyecto protofascista en el Sur de Brasil.
Entre tanto, en la COP 27, Lula fue tratado como presidente en ejercicio y como elemento clave para los acuerdos internacionales que se refieren al enfrentamiento de la emergencia climática, en la cual Brasil, debido a la importancia de la selva amazónica en su territorio, tiene un papel fundamental. El equipo de transición ya actúa preparando un proyecto para hacer posible el combate contra el hambre y la miseria, inmediatamente después de la toma de posesión.Todo indica que, a través de los mecanismos institucionales, se consiguió garantizar la democracia, aunque por poco. Para los brasileños y brasileñas que vivieron ese período como un sufrimiento inconmensurable, ahora el alivio es inmenso.