Piedras, trozos de vidrio, rayados, balines, botellas. Vitrales rotos. Obras robadas. Pasto quemado. Brasilia amaneció con los vestigios del mayor ataque a la democracia brasileña desde el golpe de Estado de 1964. Las calles de la capital están vacías. El Congreso ya no sesionará hoy. La Policía Militar desarma los acampes de seguidores de Jair Bolsonaro. La prensa informa que ya hay más de 1000 detenidos y Lula da Silva se reúne con representantes de los tres poderes del Estado.
“Rechazamos los actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas que ocurrieron en la tarde de ayer. (...) El país necesita normalidad, respeto y trabajo para el progreso y la justicia social de la nación”, explicita el comunicado conjunto.
A una semana desde que asumió el poder, queda la certeza de que no alcanzó con cambiar de presidente. El bolsonarismo hundió raíces profundas en la sociedad brasileña y la está llevando cada vez más afuera de la política institucional, inclusive más allá de su propio líder.
“En los más de 20 años que viví en Brasilia, nunca vi algo como esto. Tenemos miedo, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué podemos esperar?”, comenta Cibel, una funcionaria pública que hoy trabajará desde su casa.
Las preguntas son muchas.
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Desde temprano circuló un mensaje en varios grupos de WhatsApp: “hay un rolê (fiesta) bolsominion en el eixo (eje) monumental, tengan cuidado”. José lo reenvió a sus amigos, que iban a pasar el domingo en su casa, cerca de la Plaza de los Tres Poderes (el Eje Monumental). Abren unas cervezas y ponen la mesa. Llegaron los invitados. Los domingos se almuerza a las tres o a las cuatro de la tarde. A los brasileños les gusta conversar mientras el feijao se va cocinando. Iban a empezar a comer cuando vieron la noticia: una marea verdeamarela de golpistas subiendo por la rampa del Congreso, del Supremo Tribunal Federal y del Palacio de Planalto, entrando a los edificios clásicos del arquitecto Oscar Niemeyer, destrozándolos por dentro y pidiendo “intervención militar ya”.
Las señales estaban ahí. Toda la semana Brasilia recibió ómnibus llenos de bolsonaristas, supuestamente para un acto el lunes 9. Pero desde antes ya era posible ver las amenazas de seguidores de Jair Bolsonaro. El 24 de diciembre un hombre fue detenido por intentar poner una bomba en el aeropuerto. Los acampes bolsonaristas en distintas partes del país en rechazo al resultado de las elecciones se sostienen desde la victoria de Lula. Antes de los comicios, indagado por periodistas, Bolsonaro dio mensajes esquivos y contradictorios sobre si aceptaría o no los resultados. Antes, mucho antes, organizaciones de derechos humanos, feministas, indigenistas, entre otras, habían advertido sobre cómo reelegirlo representaba una amenaza para la democracia.
Los ataques realizados por los bolsonaristas ayer, domingo 8 de enero, no sólo repiten la misma coreografía cometida por seguidores de Trump en enero de 2021 en el Capitolio, a días de la asunción de Biden. También son espejo de cómo Bolsonaro deterioró la democracia desde adentro. En Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt establecen cuatro indicadores de comportamiento autoritario: rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego, negación de la legitimidad de los adversarios políticos, tolerancia o fomento de la violencia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.
Bolsonaro incurrió en cada una de ellas: cuestionó la validez de las urnas electrónicas de Brasil (reconocidas nacional e internacionalmente por su buen funcionamiento), jamás admitió la derrota ante Lula da Silva, se calló ante los actos de violencia de sus seguidores antes y después de perder las elecciones. Y durante su gobierno, acusó a los medios nacionales de promover fake news en su contra -por mucho tiempo, solo aceptó dar entrevistas a medios conservadores y bolsonaristas, como TV Record. Antes, ya repudiaba el sistema que le permitió ser concejal y diputado entre 1989 y 2018. Durante ese período -en el que no logró el apoyo a ninguno de sus proyectos de ley- usó el espacio para idolatrar a los torturadores de la dictadura, atacar a mujeres -dijo a la diputada del PT Maria do Rosario que no la violaba solo porque “era fea” y aseguró que las mujeres debían “recibir menos que los hombres”- e ir en contra de cualquier política progresista de los gobiernos de turno.
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Primero hablaron los movimientos sociales, defensores de derechos humanos -como Human Rights Watch- y políticos de prácticamente todos los partidos. Les siguieron el poder judicial, las asociaciones de la industria y del comercio, empresarios, banqueros y medios de comunicación. El respaldo a Lula tras el ataque a Brasilia superó las fronteras. Líderes de todo el mundo, desde la Unión Europea, pasando por Joe Biden y presidentes latinoamericanos como Gabriel Boric y Alberto Fernández lamentaron lo ocurrido y defendieron enfáticamente su respaldo a la democracia brasileña.
Los “patriotas” de Estados Unidos dejaron precedentes. Los otros intentos de golpe en América tuvieron respaldos relativos de sectores de poder e instituciones. No es el caso de Brasil. El arco entero de la política institucional repudia el intento de golpe.
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Mientras José veía la televisión y sus amigos extranjeros hablaban de terrorismo, en el grupo de WhatsApp vecinal se hablaba de “manifestantes”. “Que burros que son”, dijo un diplomático brasilero, mostrándole un contacto de sus redes que aplaudía la imagen de los bolsonaristas en la Plaza de los Tres Poderes.
Dueños de restaurantes famosos hacen lives en Instagram mientras avanzan a los palacios. Hombres atacan a una periodista aquí en la explanada, 30 presos. “Patriotas” se sacan selfies con el cuadro de Bolsonaro en la “galería de los presidentes”. “Quebra tudo, quebra tudo (rompe todo)” sale del teléfono del marido de José. 60 presos. El comandante general de la policía militar siendo herido, un tipo está cagando en el Palacio de Gobierno, en Argentina y Chile se habla de “intento de golpe de Estado”. 150 presos.
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Fernanda tiene 31 años y desde hace siete trabaja en la gobernación. Su casa está a pasos de la Plaza de los Tres Poderes.
Ayer, ni con las ventanas cerradas pudo evitar escuchar los gritos de “¡intervención ya!”, “entra, entra”, que se colaban en su departamento. Eso, sumado a los estruendos de los destrozos y las bombas de humo que se usaron en contra de los terroristas, hizo que le fuera imposible descansar.
Su hija, de solo nueve meses, lloró toda la tarde.
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Las imágenes no mienten: muchos policías actuaron de manera cómplice en el mayor ataque a la democracia desde la dictadura militar. Algunos, en lugar de tomar sus herramientas para contener a los terroristas, incluso dejan el lugar y se van a comprar agua de coco. Hoy ya han aparecido videos de policías diciéndoles a los manifestantes “tá liberado, tá liberado”.
“Hubo, diría yo, incompetencia, mala voluntad o mala fe de las personas que cuidan de la seguridad pública del Distrito Federal. No es la primera vez. Ustedes verán en las imágenes que ellos (los policías) están guiando a las personas en su camino hasta la Plaza de los Tres Poderes”, dijo Lula ayer en su conferencia de prensa. “Los policías que participaron de eso no podrán quedar impunes y no podrán participar de la corporación porque no son de confianza de la sociedad brasileña”, agregó.
Durante el gobierno de Bolsonaro, las policías brasileñas -conocidas por Amnistía Internacional como una de las más corruptas y asesinas del mundo- no fueron cuestionadas por sus frecuentes abusos de poder. Menos cuando estos se producían en favelas o en contra de hombres jóvenes negros. Durante esos cuatro años, las cifras de asesinatos en manos de la policía se incrementaron -aunque esos datos fueron entregados solamente por organizaciones independientes. En ese período, también las milicias expandieron su poder. Y nadie podrá olvidar las acciones tomadas por algunas de las policías parando autos y carreteras en el mismo día del balotage electoral. “Si decían que éramos pro Bolsonaro nos dejaban pasar”, contaron, después, miles de personas en las redes y los medios.
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12 de diciembre. Lula se emociona en su diplomação (cuando se le reconoce la victoria en el Tribunal Superior Electoral) y dice que el pueblo brasileño “eligió el amor en vez del odio, la verdad en vez de la mentira y la democracia en vez del arbitrio”. Afuera, un grupo intentó invadir la sede de la Policía Federal, destrozó varios autos y quemaron buses en vías públicas.
Renato Ribeiro de Almeida, abogado especializado en Derecho Electoral y quien desde 2012 vive entre São Paulo y Brasília, recuerda ese momento como un llamado de atención sobre lo que podría ocurrir. En su opinión, la falta de represión policial inmediata terminó incentivando que terroristas planificaran los actos ayer, “absolutamente predecibles”, “más violentos y osados”. “Este 8 de enero quedó en evidencia que los agentes de las fuerzas de seguridad del gobierno del Distrito Federal, por lo bajo, subestimaron la gravedad de los hechos ocurridos. Pienso que las responsabilidades, incluso criminales, deben ser apuradas”, comenta.
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Desde el gobierno y del departamento de justicia responsabilizan, en parte, al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (bolsonarista) por lo ocurrido ayer. Esta madrugada el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidió alejarlo de su cargo.
¿El PT dejó que esto pasara? ¿Perjudica la imagen de Bolsonaro? ¿Arenga más a los bolsonaristas o les hace perder apoyo? La prioridad no es terminar con Bolsonaro, sino con el bolsonarismo.
Desde que Lula ganó las elecciones, cada vez que uno quiere mostrarle el Congreso a algún amigx que visita Brasilia es imposible avanzar. Está rodeado por una muralla de policías. No es posible ni acercarse. Los funcionarios brasileños son estrictos: no hay cómo explicarles. Todas esas medidas de seguridad parecen haber caído y la marea de golpistas no tuvo ningún impedimento para destrozar el legado de Oscar Niemeyer en Brasil.
Los brasileños leen entre líneas una intención en el sueño del arquitecto, del urbanista Lucio Costa y del expresidente Juscelino Kubitschek, de colocar la capital del país en el medio de la nada. Existió en el proyecto, entre otras cosas, la intención de alejar el centro del poder político de la población, para evitar justamente este tipo de actos sobre los focos de poder. A la élite brasileña de aquél entonces no le hacía nada de gracia las manifestaciones populares en Río de Janeiro. Es irónico que sea la ultraderecha del siglo XXI la que haya terminado con la distancia entre la política y la sociedad civil que se sostuvo los últimos cincuenta años.
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Hablar con un bolsonarista radical no es fácil. El último chofer de Uber con el que conversamos estaba convencido de que Brasil está al borde de una dictadura comunista, que Lula iba prohibir las transferencias bancarias, que todos los brasileños que tienen dinero lo tienen por ser amigos de Lula y que el New York Times dijo que la elección fue fraude. Le mostramos que la “noticia” de la cual hablaba no existía. “Estamos en guerra de información, es por eso”, fue lo único que respondió.
Es importante poner los actos en serie y revisar los acontecimientos recientes en Latinoamérica. En 2017 un grupo de brasileños linchó a migrantes venezolanos en el norte del país y destrozó sus pertenencias. En 2021 pasó lo mismo en el norte de Chile.
En Brasil, los seguidores de Bolsonaro se dicen “patriotas”, usan la camiseta de la selección de fútbol y la bandera del país como un sinónimo de su adherencia al movimiento de derecha. En Chile, los seguidores de José Antonio Kast o los votantes radicales del Rechazo hicieron lo mismo en los últimos dos comicios.
En ambos países, a diferencia de lo que pasó en Argentina (y que es posible ver en Argentina, 1985), predominó la impunidad de los militares que cometieron crímenes durante la dictadura. Años más tarde, tanto Chile como Brasil vuelven a poner como candidatos a presidente a políticos que respaldaron ese período, mientras la diseminación de noticias falsas contamina el ambiente electoral.
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Hacia el final de la tarde de domingo, Lula leyó su discurso y decretó la intervención federal en el área de seguridad pública del Distrito Federal. En otras palabras: el gobernador perdió las competencias en materia de seguridad pública y ahora pasó a ser responsabilidad del gobierno de la nación. La actitud de la policía cambió gradualmente: por eso se incrementan los presos. En el grupo vecinal de José mandó una foto de una mujer de verdeamarelo con un cartel que dice “intervención ya” y remata: “felicitaciones, ¡lo consiguieron!”.
A diferencia de lo que buscaban los bolsonaristas, la intervención federal decretada no autoriza ninguna acción de las Fuerzas Armadas y será coordinada por un civil, el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli.
En la tele, seguía la voz de Lula: “Esas personas que llamamos de fascistas, las llamamos de todo lo que es abominable en la política”. Y continuó: “La democracia garantiza el derecho de libertad y comunicación, pero también exige que las personas respeten las instituciones”.
En los edificios se escucharon gritos. Discusiones de un balcón a otro. “Brasil es libre”, gritó una mujer. Se percibe que varios estaban escuchando el mensaje de Lula: “La izquierda brasileña tuvo gente torturada, muerta y desaparecida, y nunca se vio una noticia de un partido de izquierda invadiendo el congreso nacional. No hay precedente en la historia de nuestro país de lo que han hecho. Vamos a descubrir quién fue el financiador de esos vándalos y todos ellos van a pagar con la fuerza de ley”.
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A través de grupos de WhatsApp se envía el mensaje: “Ayuden a identificar a los criminales”. Tire print/fotos de imagens e ajude com a identificação dos criminosos. Eles precisam ser responsáveis pelo crimes que estão cometendo. Abajo del mensaje, un mail, supuestamente del ministerio de Justicia. Ya es difícil saber qué es verdad, qué es desinformación, qué tiene sentido en esta ciudad y en este país, qué no.
Mídia Ninja levanta un perfil nuevo en instagram: @contragolpebrasil. Tiene 126 mil seguidores. Ahí se suben las fotos de los participantes en los actos de vandalismo, identificados con nombre y perfil en redes sociales. A las pocas horas, llega a los 573 mil seguidores.
La izquierda brasileña ya tiene un nuevo lema: “sin amnistía”.
Fotos: Télam