Memoria del seminario “La bioeconomía como plataforma para el desarrollo sostenible en Argentina: implicancias productivas, territoriales y de política pública”, un ciclo sobre recursos naturales y desarrollo sostenible coorganizado por CENIT-EEyN-UNSAM, CIECTI y Fundar.
¿Qué tienen en común la fabricación de paneles para la construcción a partir de residuos de cosecha en Tandil con un criadero de cerdos en San Luis, cuyas evacuaciones se inyectan en biodigestores para producir energía eléctrica y a la vez biofertilizantes? ¿O la producción de bioetanol para el corte de naftas (entre otros usos) a partir del almidón de maíz en Córdoba con la recuperación y transformación de desechos de langostino (altamente contaminante) en Puerto Madryn, para producir un biopolímero biodegradable con múltiples aplicaciones industriales? ¿Y el desarrollo de procesos de condicionamiento de la memoria de las abejas para optimizar el rendimiento de cultivos intensivos, por parte de una empresa incubada en el país, con el desarrollo de bolsas que se degradan en el suelo llevado a cabo por un instituto tecnológico perteneciente a la UBA y el CONICET? Todos son ejemplos de la aplicación de principios de la bioeconomía a desafíos ambientales y tecno-productivos presentes en Argentina, impulsados por empresas e instituciones nacionales.
En 2017, la participación de la bioeconomía en el producto bruto interno de Argentina ascendía a un considerable 16,1%. En la misma línea, en muchos espacios ejecutivos y académicos se considera que la bioeconomía se puede transformar en un modelo de desarrollo al cual un país como el nuestro debería apostar en grande. Pero ¿qué es la bioeconomía? Y, si es tan importante, ¿por qué hace diez años casi no se sabía de su existencia?
Adrián Rodríguez (CEPAL) explicó que el término “bioeconomía” nació en los 70, pensado por Nicholas Georgescu-Roegen, matemático, estadístico y economista rumano. En su concepción se destaca el origen biológico de los procesos económicos y se ponen de relieve los problemas de depender de una cantidad limitada de recursos. Según Georgescu-Roegen, la bioeconomía no es una rama de la economía tradicional sino un nuevo paradigma con la biología evolutiva en el centro.
Unos treinta años después, la Unión Europea recogió el guante y dio inicio a una agenda internacional que creció paulatinamente, tanto en número de países y actores involucrados a nivel global como también en aspiraciones. En dos conferencias fundacionales, en 2005 y 2007, se la posicionó en la política pública europea. A partir de 2010, diversos países comenzaron a formalizar sus propósitos en esta materia a través de planes estratégicos y formatos institucionales.
Los primeros documentos planteaban una visión centrada en los aspectos tecnológicos. Hoy, la definición del Consejo Alemán para la Bioeconomía y de la Global Bioeconomy Summit la describe como la “producción, utilización, conservación y regeneración de recursos biológicos –incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados– para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible.”
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
Debido al éxito de este derrotero institucional, la palabra “bioeconomía” está cada vez más presente en la narrativa de funcionarios/as, académicos/as y actores de la sociedad civil. Sin embargo, por lo general, es acompañada con otros conceptos emparentados y que pueden considerarse desiderátums sociales, como sustentabilidad ambiental, inclusión social, transición energética, economía circular, diversificación productiva, agregación de valor, desarrollo territorial, economías regionales y especialización inteligente, por mencionar solo algunos. Este emergente invita a formular preguntas sobre la especificidad concreta del término y su valor intrínseco.
La investigadora Gabriela Bortz (IESCT-UNQ, CONICET) presentó avances de un estudio conjunto con su colega Ayelén Gázquez, donde mostró que diferentes narrativas de la bioeconomía se han ido cristalizando en una variedad de definiciones y entendimientos que, con matices de acentos y sentidos, configuran un objeto resbaladizo. Los cuestionamientos a estas definiciones se concentran en dos puntos. Por un lado, aproximaciones conceptuales muy abarcadoras corren el riesgo de disparar reflexiones del tipo: “si todo es bioeconomía, entonces nada lo es”. Por el otro, el empleo de objetos de estudio preexistentes para describir el ámbito de intervención de la bioeconomía invita a reflexionar acerca de si se trata de un nuevo envase para cobijar viejos contenidos o si, por el contrario, es una nueva plataforma para revitalizarlos.
En este mismo sentido, Miguel Lengyel (MINCYT/FLACSO) considera que nos encontramos en presencia de un debate aún abierto que es necesario profundizar, en el contexto de un país con asignaturas pendientes en materia de desarrollo como la Argentina. En general, a lo largo del seminario se coincidió en que se trata de un concepto en construcción, una hoja de ruta para contribuir con la consecución de objetivos de largo aliento, como el fortalecimiento de la matriz productiva, el cuidado del medioambiente y el bienestar social. En cualquier caso, existe amplio consenso en que la bioeconomía argentina ofrece muchas oportunidades que responden a la existencia de un conjunto de variadas y destacadas capacidades de base, como la disponibilidad de recursos naturales renovables, la generación de conocimiento científico asociado, la tradición productiva en cadenas de valor clave y los saberes idiosincráticos.
La bioeconomía intensiva en biomasa (o la Vaca Viva)
El agro es el punto de referencia inmediato al que remite el concepto de bioeconomía en el imaginario popular argentino. Quizás el desafío más relevante que plantea la bioeconomía del agro es el señalado por Fernando Vilella (Facultad de Agronomía, UBA): transformar la biomasa en productos de mayor valor agregado y poder construir un futuro a partir de esas transformaciones. Usa el concepto de “Vaca Viva”, en un juego de palabras con el yacimiento de combustibles fósiles de Vaca Muerta. En cuanto a las oportunidades, destacó los mercados mundiales insatisfechos, la baja huella ambiental de la biomasa, la posibilidad de desarrollar nuevos productos a partir de ella y la disponibilidad de insumos de alimentos balanceados para la producción de proteína animal.
Tratados internacionales como el Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible suelen postularse como aliados para la expansión de la bioeconomía. En este sentido, Vilella señaló que el agro argentino se encuentra muy bien posicionado. Las huellas hídricas y de carbono generadas por los principales cultivos argentinos (soja, maíz y trigo) son muy inferiores a la media global. La producción de trigo en Argentina tiene una huella de carbono 66% inferior a la de España y 59% por debajo de la del Reino Unido. Los resultados más auspiciosos se identifican al analizar toda la cadena de valor, dado que hay evidencia de que esta diferencia tiende a magnificarse en el caso de productos elaborados.
La bioeconomía ofrece oportunidades para seguir mejorando la huella ambiental vinculando diferentes industrias. A modo de ejemplo, en Tandil se está instalando la primera planta de Argentina que empleará los residuos de cosecha (uno de los principales contaminantes del agro) para la producción de paneles para la construcción. Esto reporta una doble ventaja en términos ambientales: por un lado, la captura del carbono contenido en los residuos de cosecha, y, por el otro, la producción de materiales hasta 90% más eficientes en términos energéticos. En el plano de la industria forestal, el país también cuenta con un potencial considerable, devenido tanto de la disponibilidad de territorios con mucha capacidad de producción en especies de alto crecimiento como de un punto de partida modesto, que se cristaliza en un déficit comercial con el resto del mundo de aproximadamente 700 millones de dólares anuales. Se cuenta con un plan estratégico que estima una necesidad de inversión de 7.000 millones de dólares para generar casi 200 mil puestos de trabajo y un superávit comercial de 2.500 millones de dólares anuales.
Un caso emblemático de la bioeconomía argentina ligada a los agronegocios es el de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una cooperativa de segundo grado cuyas dueñas son 140 cooperativas agropecuarias, en el marco de un ecosistema que reúne a 50 mil productores. Víctor Accastello (subgerente general) presentó dos de sus proyectos ligados a este paradigma.
El criadero de cerdos Yanquetruz (ubicado en Juan Llerena, San Luis) es un claro ejemplo de economía circular a gran escala, donde se producen alimentos y energía verde. Los purines, junto con cultivos energéticos como maíz y sorgo, sirven de insumo a cinco biodigestores que permiten generar 2 MW/hora de energía para alimentar el sistema interconectado nacional. El subproducto de la biodigestión se emplea como biofertilizante en campos vecinos. El otro caso es la planta industrial ACA BIO (Villa María, Córdoba), que muele 420 mil toneladas de maíz al año y se encuentra en proceso de ampliación a 675 mil. A partir del almidón del maíz se genera bioetanol que se emplea para el corte de naftas, el uso industrial o se exporta; mientras que el grano destilado se destina a la alimentación animal. La medición de huella de carbono indica que las emisiones de GEI hasta el corte efectuado por las petroleras se reducen entre 74% y 76% respecto de las naftas. También se obtiene aceite con destino industrial y se recupera el CO2 a la salida de los fermentadores, que se comercializa a industrias que lo emplean para diversos fines.
La bioeconomía intensiva en biotecnología
La actividad científico-tecnológica es un elemento clave de esa configuración de condiciones de base ventajosas para el desarrollo bioeconómico en el país. La investigadora Valeria Debandi (Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología, Facultad de Ingeniería UBA-CONICET) presentó casos de aplicación de biorrecursos por parte de grupos de investigación nucleados en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, particularmente del Instituto Tecnología en Polímeros y Nanotecnología. Los proyectos no sólo abarcan desarrollos innovadores, sino que muchos de ellos transfieren tecnología a empresas en instancias de producción piloto, además de articular aportes de grupos de investigación de universidades, INTA y organismos del sector público. Entre los casos presentados se cuentan desarrollos en nanocelulosa y almidones, prototipos de bolsas que se degradan en el suelo, desarrollo de procesos de fertilización de liberación controlada (una de las principales causas de contaminación ambiental en el agro), desarrollo de matrices poliméricas biodegradables de distintas geometrías y diversas aplicaciones y materiales compuestos basados en biopolímeros. El Laboratorio de Investigaciones en Tecnologías de Alimentos, por su parte, trabaja en desarrollos y estrategias de revalorización de subproductos con las que apunta a abordar una problemática global y urgente, ya que un tercio de la producción de alimentos se pierde en la cadena de producción y consumo.
También en el marco de la denominada economía azul, actividades vinculadas a los recursos oceánicos y marítimos, hay posibilidades para la opción bioeconómica. Así lo mostró Hernán Fares Taie, director de Fares Taie Biotecnología, un centro que se vincula con el sector científico-tecnológico promoviendo la transferencia hacia el sector productivo. Una de las empresas que incuban, de Puerto Madryn, recupera y transforma desechos de langostino. Surge de la identificación y abordaje de un problema de la industria pesquera: los desechos de langostino, unas 500-600 toneladas anuales, son altamente contaminantes y costosos de enterrar. Sin embargo, pueden transformarse en quitosano, un biopolímero biodegradable de alto valor agregado, múltiples aplicaciones y un mercado global en crecimiento que, en 2019, alcanzó los 6.800 millones de dólares. Se estima que es una industria que le podría reportar al país una facturación entre 300 y 350 millones de dólares en el mediano plazo, y hasta mil millones en un futuro.
Desde otra perspectiva de la vinculación tecnológica, el fondo de capital emprendedor Grid Exponential trabaja desde 2017 con el sistema científico-tecnológico y financia proyectos tecnológicos de muy alto riesgo con elevado potencial de crecimiento. Matías Peire (co-fundador y CEO) señaló que en los últimos cuatro años y medio Gridx dio origen a 30 startups, de las cuales 26 son argentinas y más de la mitad han recaudado fondos de inversores especializados en el resto del mundo. Entre las empresas creadas se destacan Beeflow y Stämm. Beeflow ha desarrollado un abordaje innovador sobre la polinización, entendiendo el comportamiento de las abejas y su manejo para mejorarla polinización y, por tanto, el rendimiento de cultivos intensivos. Tiene operaciones en California y Argentina, y se está extendiendo a México y a Perú. Stämm, por su parte, desarrolla una nueva generación de biorreactores pequeños sobre la base de la microfluídica, lo que favorece el acceso y la descentralización de la producción biológica.
Apuesta y respuesta del sector público
Si bien el país cuenta con una extensa tradición en materia bioeconómica, la incorporación de una narrativa explícita en este caso como modelo de desarrollo es reciente. Entre 2012 y 2013 se dio comienzo a un proceso de generación de políticas a nivel intersectorial lideradas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Desde entonces, en parte bajo la influencia de la agenda internacional y el auspicio de organismos multilaterales de crédito, ha tenido continuidad en la narrativa y ha ido ganando espacios institucionales en las diferentes carteras ministeriales. Actualmente, el ejecutivo nacional considera que la bioeconomía es un paradigma de desarrollo sustentable y una política de Estado.
Dalia Lewi, Directora Nacional de Bioeconomía (Ministerio de Argricultura, Ganadería y Pesca), puso de relieve su carácter estratégico a la luz del objetivo de desarrollo ambientalmente sostenible. Por otra parte, destacó las nuevas posibilidades ofrecidas por la convergencia tecnológica y los avances científicos, fundamentalmente en el campo del conocimiento de procesos biológicos, sobre la base de recursos biomásicos. En este marco, Lewi presentó la iniciativa Biodesarrollo Argentino, que promueve la generación de productos de mayor valor agregado a nivel local basados en recursos biológicos. Otra de las políticas impulsadas desde su espacio son las Mesas de Innovación en Bioeconomía, que tienen como objetivo diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para cada sector sobre la base de la comunicación y el diálogo con los biodesarrolladores y productores locales.
La transversalidad propia de la bioeconomía justifica un abordaje intersectorial de las estrategias de promoción y gobernanza desde las instituciones del sector público. En este punto, Lengyel invitó a pensar en un marco integral de políticas de apoyo articulando dominios sectoriales de políticas públicas y postuló el enfoque de policy-mix. Además, introdujo la noción de sistemas regionales de apoyo al desarrollo bioeconómico, aportando un punto de entrada territorial y la necesidad de innovación también en el diseño de las instituciones de promoción.
En materia de marcos regulatorios, actores del sector productivo abogaron por la simplificación administrativa y la articulación de la misma entre las provincias. Se consideró fundamental que las políticas de apoyo se sustenten en consensos que garanticen su continuidad en el tiempo, independientemente del color político de las gestiones ejecutivas. En ese sentido, se remarcó que los grandes proyectos productivos suponen un hundimiento de capital significativo, que requiere reglas de juego estables y parejas.
Finalmente, la vinculación tecnológica entre el sector científico (institutos y universidades principalmente) y el sector productivo surgió como un tema fundamental para la gestación de proyectos y emprendimientos de base tecnológica. Matías Peire advirtió sobre el sub-aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas tanto en Argentina como en el resto de América Latina, y el resto de los disertantes coincidieron. Fares Taie, por su parte, lo atribuyó a una tradición cultural arraigada en la era de la información como herramienta de poder, a diferencia de la actual sociedad del conocimiento emparentada con el concepto de innovación abierta. Desde la perspectiva del sector científico-tecnológico, Debandi visualizó el desafío y advirtió sobre la necesidad de asesoramiento permanente a investigadores en materia de temas regulatorios, patentamiento y vinculación tanto con el sector científico como con el productivo.