Este texto fue publicado el 26 de febrero de 2018.
Cuando el viernes 9 de febrero la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsó la primera reunión de este año en el Congreso para organizar una nueva presentación del proyecto de ley, las primeras alarmas que se encendieron fueron las del lobby antiaborto. Mariana Rodríguez Varela, popular en las redes sociales por el merchandising de los bebitos plásticos que invita a colgar en los balcones, agendó el lunes siguiente una reunión con uno de los diputados más importantes de Cambiemos. Lo mismo hicieron, una semana más tarde, los militantes del Frente Joven, una agrupación que se dedica a visitar a mujeres víctimas de violación para convencerlas de que no ejerzan su derecho a abortar. Se autodenominan “Defensores de Mamás”. Los dos grupos de cabildeo están vinculados a la Iglesia Católica.
“La gente del bebito”, como los llaman los asesores y secretarios a los que les pidieron reuniones, visitó el Congreso cuando arrancaba la segunda quincena de febrero. En los despachos por los que pasaron dejaron ese muñequito plástico que intenta simbolizar a un embrión pero que más bien parece un niño recién nacido. Los diputados que recibieron el regalo están en contra de permitir el aborto legal. Aun así, escondieron los bebitos y los folletos que los acompañaban, no sin antes notar que esas proclamas en contra de la interrupción del embarazo vienen escritas en inglés. ¿A quién están dirigidas?, se preguntaron.
Además del merchandising, la gente del bebito y los chicos del Frente Joven les dejaron a los diputados que los recibieron en secreto sus argumentos en contra de la despenalización.
***
El lunes 19 fue el turno del lobby pro despenalización, que tuvo su segunda reunión pública y con la participación de los movimientos de la sociedad civil, que empujan el tema desde hace décadas. El “pañuelazo” en la Plaza Congreso invitó a los legisladores nacionales a la adhesión y al debate. Ninguna de las diputadas -fueron mayoría de legisladoras mujeres- que participaron pidió reserva de su nombre o quiso evitar que se conociera su involucramiento con quienes reclaman que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Estuvieron Victoria Donda (Libres del Sur), Nathalia González Seligra (PTS), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Brenda Austin y Carla Carrizo (UCR) y Cristina Brítez, Gabriela Cerruti y Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria). Y si el “pañuelazo” fue parte de una carambola que de alguna manera conectó al movimiento Ni Una Menos con Hollywood, Jorge Rial y Victoria Donda, era solo cuestión de horas para que ese encadenamiento terminara repercutiendo en los despachos.
Dos días después de la marcha frente al Congreso, la interrupción voluntaria del embarazo fue el tema casi excluyente en la reunión de diputados del PRO. El líder del bloque, Nicolás Massot, representa sin tensiones las pretensiones e ideas del presidente Mauricio Macri. Como parte de un gobierno de coalición, una de sus tareas es articular sus ideas y posiciones con las a veces más progresistas UCR y Coalición Cívica.
Quienes plantearon el tema en la reunión fueron Massot y la secretaria parlamentaria del bloque, Silvia Lospennato. Ambos son actores clave de cada una de las leyes que aprobó y aprobará la Cámara baja, y los encargados de juntar el quórum y los votos en nombre del Gobierno.
Abrieron el tema con una propuesta: debatir el aborto “de manera integral”. En otras palabras, les presentaron a sus compañeros una estrategia que viene siendo aplicada con éxito por el macrismo: inundar los debates, profundizar las grietas, agitar y revolver entre las posturas, sobrediscutir, si cabe el neologismo. “Cuando ellos vengan a corrernos con el aborto, necesitamos tener nosotros una ley más amplia”, es la premisa que recorre al macrismo.
Como parte de ese paquete, la primera intención es agregar al debate la discusión por la subrogación de vientres. La cuestión fue (muy) discutida por el Congreso entre 2014 y 2015. El anteproyecto de Código Civil que había llegado entonces a manos de los diputados y senadores proponía legislar la gestación por sustitución pero los legisladores eliminaron el artículo por presión de la Iglesia Católica. En 2017 fue el Registro Civil el que legisló de facto y hoy la Argentina de forma provisoria (hasta que haya una ley) inscribe a los niños nacidos de un vientre subrogado para no vulnerar su derecho a la identidad.
La idea de Lospennato es reimpulsar ese debate para conseguir finalmente la ley. Para un sector de Cambiemos también es una deuda de larga data el debate de una ley de adopción que agilice los procesos de ese trámite. Y planea incluir la discusión junto con la despenalización de las interrupciones de embarazos.
“Queremos tratar el tema de manera integral”, dicen en el oficialismo para justificar la vinculación de temas diferentes que ni legislativa ni políticamente necesitan tratarse en conjunto, pero que en el plano del debate moral pueden relacionarse fácilmente.
La estrategia, sin embargo, abrió una incógnita dentro del oficialismo: la decisión de debatir el aborto junto al resto de los temas ¿significa que Cambiemos presentará un proyecto de ley ómnibus que toque todas sus propuestas y que incluya la despenalización? Aún no está definido.
Parte de ese escenario se clarificará con la discusión interna, a la que el oficialismo quiere dedicarle mucha atención. Los popes del macrismo quieren evitar que la situación interna de su bloque los tome por sorpresa, como sucedió la madrugada en la que mujeres de distintos espacios políticos (incluídas varias de Cambiemos) forzaron la sanción de la Ley de Paridad de Géneros que comenzará a aplicarse para cargos nacionales el año próximo. Libertad de conciencia sí, libertinaje no.
De esa reunión del bloque, varios destacaron la intervención de la inminente presidenta de la comisión de Salud de la Cámara baja, Carmen Polledo. La diputada nacional contó su experiencia cuando el protocolo de aborto no punible se trató por impulso opositor en la Legislatura porteña, que ella presidía. El episodio de 2012 terminó en una votación cerradísima (30 a 29), de madrugada, que incluyó gritos, insultos y acusaciones cruzadas, y que terminó en el veto del entonces jefe de Gobierno Macri. El recorrido de aquella ley fue interminable. Aún hay legisladores macristas que recuerdan al líder de la fuerza sintiéndose tan presionado por la Iglesia Católica que comenzó a llamar a sus legisladores para trasladar esa presión. Un año después del veto el juez Roberto Gallardo lo declaró inconstitucional y ordenó promulgar y publicar la ley en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Por eso, la recomendación de Polledo al bloque fue la que su conducción decidió aplicar: dilatar la discusión cuanto sea posible. La diputada recordó además que la propia corporación médica se había mostrado en aquel momento reacia a la despenalización, aun cuando ni siquiera era completa. En ese punto, coincidió con algo que suele comentar el obstetra Mario Sebastiani, uno de los principales militantes del aborto entre los profesionales de la salud. Sebastiani decidió apartarse de los lugares institucionales en los que participaba por los insistentes comentarios sobre el tema que recibía de sus pares. “He dejado los cargos en las sociedades científicas de manera tal de tener la libertad de decir lo que quiero. Yo era integrante de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y de la Asociación de Perinatología. Para algunos era respetado y para otros yo soy un abortista. Y la verdad que… Yo no digo que estoy en soledad, pero realmente, cuando los tengo al lado me dicen: ´Bien Mario, muy bien´. Pero después, si hay un micrófono para hablar, no se meten”, lamenta Sebastiani sobre sus colegas.
En un escenario tan incierto como el que generan este tipo de proyectos, estirar el debate e incluir la mayor cantidad posible de voces podría terminar decantando en que finalmente el tema no se trate.
***
Un día después de la reunión del bloque PRO, los líderes legislativos de Cambiemos se reunieron con Marcos Peña en la Casa Rosada. Le explicaron la situación, que el jefe de Gabinete ya percibía. La discusión por la despenalización obligó a todos, no solo al Congreso, a interesarse por el tema.
Allí escucharon las palabras que publicaron Clarín y La Nación horas más tarde: “Es un tema del Congreso”. El Ejecutivo dio libertad de acción y prometió, o pareció prometer, no obstaculizar el debate.
¿Cuál es el panorama al interior del Gobierno? En contra de la despenalización se han pronunciado (en público o en privado) Macri, Peña, Massot, Carrió, Polledo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y la vicepresidenta Gabriela Michetti.
A favor aparecen los ministros Adolfo Rubinstein (Salud) y Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y los diputados Negri, Daniel Lipovetzky, Karina Banfi, Samanta Acerenza, Juan Carlos Villalonga y Sergio Wisky, entre otros.
La diferencia entre los pesos específicos de los nombres en uno y otro grupo es notoria. Hay, entre los primeros, apellidos con capacidad de contar y sumar votos. No es un dato menor. Pero, también hay que decirlo, esa diferencia sólo puede incidir en el trámite hacia el recinto. Una instancia importante (desde 2005 ninguno de los seis proyectos presentados pudo superar la discusión en comisiones) pero no crucial.
Crucial es el debate en el pleno de las Cámaras. Y ahí cada voto vale uno. Massot y Acerenza o Carrió y Wisky valen lo mismo.
***
La palabra poroteo no está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española. Y es, además de no reconocida, fea. Pero es también el término que mejor refleja la actualidad de cada uno de los bloques y sectores en el Congreso. ¿Cuántos porotos hay a favor de la despenalización? ¿Cuántos en contra?
Nadie tiene la certeza final. Pero todos coinciden: el escenario es de mucha paridad. Cerrado. Por estas horas operan sobre los diputados las mismas leyes que sobre un amante ansioso: los que no quieren la ley, aseguran que está muy cerca de salir. Los que la quieren, creen que todavía falta mucho.
Sobrevuela sobre esas percepciones la figura omnipresente de la Iglesia Católica, con sus representantes en cada uno de los pueblos del país. “De la Ruta 6 para afuera es muy difícil que tenga apoyo”, dice uno de los varones con cargo clave en el interbloque Cambiemos.
La Ruta Provincial 6 es casi un espejo de la General Paz y circunscribe al Conurbano extendido. Une Zárate con La Plata y divide, de alguna manera, a Buenos Aires del interior del país.
Esa lectura territorial es mucho más pertinente que un análisis partidario para este debate. Y, así analizado, se sostiene el escenario de polarización en Diputados. Los representantes de la Ciudad y la Provincia (en su mayoría provenientes del Conurbano) son 95 sobre 257.
En el Senado es otra historia. La Ciudad y la provincia (más proclives según esta mirada a la despenalización) tienen 6 senadores sobre 72.
Tal vez para muestra baste un botón: hay muchas probabilidades de que el Bloque Justicialista, presidido por el salteño Pablo Kosiner y referenciado en los gobernadores peronistas de buen diálogo con el Gobierno, sea el único con uniformidad de votos en contra de la ley. La contracara: el Frente de Izquierda y el Movimiento Evita, los únicos bloques con unanimidad a favor.
Para el Frente Renovador el debate también es una divisoria de aguas. La jefa del bloque, Graciela Camaño, mantiene el silencio. Facundo Moyano, señalado por algunos colegas como antidespenalización, se declara en duda, a la espera de la evolución del debate. A él y a otros apuntan a convencer dentro del bloque quienes están a favor.
En ese entramado de intereses, voluntades y convicciones juega un rol clave Malena Galmarini, que no es diputada pero que tiene fuerte ascendencia sobre el espacio político fundado por su marido, Sergio Massa, y que fue indispensable (junto a otras dirigentes) para que la Paridad sea, justamente, ley. Aquel debate para llevar a las mujeres al 50 por ciento de los cargos electivos necesitó de un armado transversal entre las diputadas de distintos bloques que, después del desgaste que significó lidiar con las presiones en contra de la ley, quedó resquebrajado. A recomponer esa red se dedican por estos días, junto a Donda, los massistas que están a favor de la despenalización: Cecilia Moreau, Daniel Arroyo y Raúl Pérez.
En el Frente para la Victoria, Máximo Kirchner apoya a la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero el anuncio, motorizado por La Cámpora, de que algunos kirchneristas participarán de la sesión que impulsa un grupo de diputadas de otros sectores para el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, provocó fuerte ruido interno y malestar con el resto del bloque. Incluso con quienes también apoyan la despenalización, como el jefe de la bancada, Agustín Rossi. “Probablemente (en el Gobierno) especularon con instalar el debate del aborto porque mayoritariamente están en contra. Bienvenido el debate del aborto gracias a la lucha de las mujeres, mucho mejor sería que se apruebe, aunque no contemos con los votos de Cambiemos”, definió el santafesino al anunciar públicamente que votará a favor. Lo mismo harán la secretaria parlamentaria del bloque, Cristina Álvarez Rodríguez, o el ex ministro de Economía Axel Kicillof.
Eso no impide el recelo de la dirigencia del bloque con diputadas como Mayra Mendoza y Mónica Macha, que vienen invitando al resto de los integrantes del FpV a reuniones para discutir el tema y que, a juicio de los popes de la bancada, ayudan a Cambiemos a “correr el eje justo cuando hay movilización popular y creciente descontento con el Gobierno”. A favor también está la diputada María Emilia Soria.
Coinciden en esa lectura con un antiguo socio: Miguel Pichetto. El jefe de los senadores justicialistas y mandamás del Senado definió al debate como “una trampa caza bobos” que “sirve para esconder el caso Gilligan o el problema de algún ministro”.
Entre los nombres del FpV contrarios a la despenalización aparecen Daniel Scioli, José Luis Gioja, Fernando Espinoza y Ana Llanos.
Es decir, salvo excepciones, en todos los bloques hay divisiones. Eso empuja a una ineludible conclusión: no hay pronósticos cerrados en proyectos de esta magnitud.
La discusión por el matrimonio igualitario da la pauta. Influido por la presión social y los argumentos que ganaron la batalla cultural durante la discusión en Diputados, el Senado -reacio al principio y prenda de las presiones eclesiásticas más fuertes- lo terminó convirtiendo en ley. No fue fácil. El tema se definió a las 4 de la madrugada y por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones.
Pero fue ley.
***
En 2010 Teresa García era secretaria parlamentaria del bloque de diputados del kirchnerismo. La responsable de contar los votos para las leyes que pedía la Casa Rosada. En eso estaba a fines de abril. Apenas días después, la Cámara baja tenía agendada la discusión del matrimonio igualitario y se decía que el ex presidente Néstor Kirchner estaría en el recinto para aportar su primer (y, luego sabríamos, único) voto como diputado nacional. Teresa trabajaba cansando teléfonos, anotando votos, calculando el quórum. Parado a su lado, por esos azares del destino, miraba la actividad y colaboraba con información un diputado de una provincia del noroeste.
En eso, al legislador le sonó el teléfono.
Miró la pantalla, la miró a Teresa, volvió a mirar la pantalla:
-Cagamos. Es el cura de mi pueblo.
***
El proyecto que será presentado el lunes 5, con el impulso de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la firma de unos 60 diputados, tiene doce artículos. El primero establece el derecho de las mujeres a decidir la interrupción de un embarazo hasta la semana 14. El segundo detalla el plazo máximo en que el sistema de salud deberá permitirle ejercer ese derecho: cinco días. No podrá pasar más tiempo que ese, si se aprueba el texto tal como está, entre que una mujer pide que le realicen un aborto y su concreción efectiva.
El artículo tres despenaliza las interrupciones de embarazos más allá de la semana 14 para los casos de violación, riesgo en la vida o la salud de la mujer, o malformaciones fetales graves. En su artículo cuatro pide el consentimiento informado de la mujer por escrito y en el cinco, incorpora la cobertura del aborto a las prestaciones médicas básicas obligatorias para el sector público y el privado.
El artículo seis pone en cabeza de las autoridades de los centros asistenciales la obligación de garantizar el acceso al aborto. El siete establece que los médicos no necesitarán autorización judicial previa para cumplir con el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos. El ocho requiere acompañamiento y asistencia de padres o tutores legales para las niñas menores de 13 años que quieran interrumpir un embarazo. El consentimiento, sin embargo, advierte el texto, deberá surgir de la niña.
El punto nueve establece mecanismos de asistencia para personas con capacidades restringidas. El diez amplía el proyecto a todas “las personas con capacidad de gestar de acuerdo a la Ley de Identidad de Género”. Y finalmente, el once y el doce derogan los artículos 85 inciso 2 (que pena con uno a cuatro años de cárcel a quienes realicen un aborto con consentimiento de la mujer), 86 (que establece penas para “los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos” que colaboren en un aborto) y 88 del Código Penal. Este último estipula que “será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”.
Con la lectura del proyecto, salta a la vista el sesgo de la propuesta: es una discusión de salud pública y de derechos.
Ese enfoque, que fue cambiando y enriqueciéndose con el paso del tiempo, resulta clave para sumar apoyos. Allegados a la secretaria parlamentaria del PRO, Silvia Lospennato, le escucharon decir que no está a favor del aborto, pero entiende que es un tema de políticas públicas. Y que por eso podría votar a favor.
Para contrarrestar la discusión, hay diputados que ya pusieron a sus asesores a trabajar en la refutación de algunas de las cifras que muestran quienes están a favor de la despenalización. La principal: el medio millón anual de abortos clandestinos. Además, como estrategia discursiva, procurarán volver a centrar el debate sobre un tema largamente saldado: cuándo comienza la vida.
Uno de los consultados para esta nota, Daniel Lipovetzky, termina respondiendo a ese argumento. El diputado del PRO volverá a presidir la comisión de Legislación General que, junto a las de Legislación Penal, Familia, y Salud, llevará el debate del tema antes de que llegue al recinto. “El Congreso está en deuda. Esperemos que este año podamos debatirlo. Por lo menos debatirlo. En el Código argentino hace años que está habilitado el aborto no punible. A la luz de eso, la discusión sobre si es o no es un asesinato directamente no es válida.”
