A las 8 de la mañana, las tres mujeres entran a sus comedores. No se conocen, viven a varios kilómetros de distancia una de la otra, pero ven lo mismo. En González Catán, Ángela enciende la cocina que le donaron y que funciona a garrafa; en Merlo, Graciela ya sabe desde el día anterior qué ingredientes va a usar; en Lanús, Martina repasa los nombres de quienes se sentarán a la mesa. Las tres alimentan desde el verano a casi el doble de chicos, adolescentes y adultos que en 2015. Les sirven el almuerzo y la copa de leche. Las ollas no descansan y calientan el ambiente fresco.
En Ingeniero Budge, los maestros ven cómo las madres y los padres esperan que sus hijos salgan de la escuela con la comida que les sobró del almuerzo. El menú, sin embargo, es cada vez menos nutritivo: no hay carne, pollo ni pescado, tampoco leche, cuenta Fernanda, que hace diez años da clases en la escuela. En Tigre, los más jóvenes le dicen a Nahuel que no quieren volver a los comedores que los alimentó en los primeros años de 2000. Algunos habían cerrado y volvieron a abrir en los últimos meses.
El ánimo de las personas que hablan, todos de las barriadas más pobres del Conurbano, oscila entre la angustia, la resignación y la bronca. Los motivos: los aumentos del 100% en los pasajes de colectivos y trenes que achicaron el salario de los trabajadores; la inflación que, promediando mediciones, llega al 25 o 30% entre noviembre y junio (el ministro de Economía, dijo ante empresarios que se llegaría a diciembre con 40 o 42%); y los tarifazos de luz, gas y agua. A eso se suma el despido de miles de empleados públicos (unos 10.900, según el Gobierno, más de 37.000 para la Central de Trabajadores de la Argentina) y del sector privado (alrededor de 75.000, según la consultora Tendencias Económicas) o el temor a perder el empleo.
La pobreza alcanza al 34,5% de la población, unas 13 millones de personas, como detalló el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Para la misma institución, en 2014 el índice fue de 28,7% y en 2015 de 29%. De ellas, 1,4 millones vieron desbarrancar su economía sólo en los primeros 90 días del gobierno de Mauricio Macri, que lleva seis meses en el poder. El 10% de la población en la pobreza “se va a dormir con hambre”, reconoció el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
En los barrios bonaerenses más lastimados por la crisis creció el número de familias que volvió a los comedores comunitarios o que esperan en la puerta de la escuela las sobras del almuerzo de los chicos.
—Hasta octubre o noviembre venían a comer nenes de casas de clase media. Ahora se acercan a pedir comida para los padres que se quedaron sin trabajo. Había una nena que comía la mitad de la comida y se llevaba el resto. Por qué no comés todo, le pregunté. Para llevarle a mi sobrinita – dice Ángela, a cargo del “Comedor Los Pibes de Catán”, en La Matanza.
También creció el número de los que volvieron a tomar el tren para cirujear por Buenos Aires. Y se ven más jóvenes parando en las esquinas sin hacer nada y malhumorados.
—Antes veías cinco o seis pibes. Hoy son más de 20 -dice Nahuel Fredes, que vive en el barrio Villa Garrote, en Tigre.
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Nicolás Ducoté asumió como intendente de Pilar, en el norte bonaerense, el 10 de diciembre de 2015. Lo hizo luego de imponerse como candidato de Cambiemos a Humberto Zúccaro, al frente del municipio desde 2003. Zúccaro había alternado entre el kirchnerismo y el Frente Renovador. Antes de los comicios regresó al Frente Para la Victoria. Ducoté lo derrotó tras pasarse dos décadas en diferentes organizaciones de la sociedad civil -cofundó y dirigió el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)-, coordinar los equipos de Francisco de Narváez e integrar el gobierno porteño de Mauricio Macri. En 2013 llegó al Concejo Deliberante local, el paso previo a la intendencia.
Pilar, según detalla el portal de Internet del municipio, tiene en su territorio 70 countries y barrios cerrados, la gran mayoría de ellos construidos en el último cuarto de siglo. Entre 1991 y 2010, su población pasó de 130.000 a 299.000, aunque se estima que la cifra de hace seis años se duplica cada fin de semana, feriado o vacaciones.
El crecimiento inmobiliario no salvó a Pilar del proceso de exclusión social y marginalización que se dio en el Conurbano bonaerense en las últimas décadas. Hasta 2011 había 16 villas de emergencia y asentamientos: la escena opuesta a los countries, shoppings e hipermercados y escuelas y clínicas privadas.
Al asumir, Ducoté se encontró con “la deuda más grande de todos los municipios de la Provincia: 330 millones de pesos”. Los galpones en donde se guardaba la ayuda para los barrios estaban casi vacíos. En los primeros meses de 2016, comenzó a articular con las administraciones nacional y provincial una serie de facilidades para tomar créditos. Al mismo tiempo, implementó mecanismos “más transparentes” de licitaciones y compras.
Para acercarse a los barrios más pobres de Pilar, Ducoté encaró “un diálogo amplio” con militantes de otros partidos y agrupaciones, entre ellas Kolina, el Movimiento Evita y La Cámpora. Su objetivo fue proponerles a los referentes sociales “una función de conducción de grupo.
Si el fantasma del “estallido”, anunciado por ex intendentes y algunos dirigentes políticos y sociales, no se corporizó fue, en parte, porque desde los municipios fueron tejiendo nuevas relaciones con las organizaciones sociales y territoriales. Ducoté lo explica así:
—El Estado provee el servicio y la cantidad de trabajo; lo hacemos sin distinción partidaria. Las cooperativas de trabajo de Pilar casi no trabajaban por diferencias entre el Frente Renovador y el FPV. A partir de ahora, después de realizar un relevamiento, vamos a entregar las herramientas necesarias y a brindar capacitación para ponerlas en funcionamiento.
Santiago López Medrano es ministro de Desarrollo Social bonaerense. Entre diciembre de 2011 y finales de 2015 fue subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la ciudad de Buenos Aires. Ahora se ocupa de “las deudas en los programas sociales”. Su trabajo va en la misma línea que la de Ducoté: accionar con organizaciones de distintos signo político para “monitorear el clima social” en el territorio. En los últimos días de 2015, recuerda López Medrano, hubo rumores de protestas, algunos supermercados tuvieron policías en las puertas.
—Aplicamos políticas para bajar al territorio con una presencia fuerte del Estado: instrumentamos campañas de vacunación y de documentación, reforzamos los equipos sanitarios y sociales.
El gobierno de Cambiemos, considera la politóloga Lorena Moscovich, no puede renunciar a estar en los barrios y a tener contacto con los referentes sociales de los vecinos. Primero porque es un medio de dar acceso a los recursos: en el barrio puede identificar a las personas beneficiarias de algún programa social o a quienes, por el contrario, no acceden a las bocas de expendio habituales debido a que está desinformada sobre la existencia de determinados planes. Y, segundo, por cuestiones electorales: “Debe hacer pie allí y construir base de poder para tener chances de éxito en las elecciones de 2017”, dice Moscovich, Magíster y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La protesta, entonces, no parece ser por el momento un canal de acceso a recursos sino un método para preservar derechos en un escenario de retracción económica. Para Moscovich, sólo con presencia territorial de cuadros propios Cambiemos podrá controlar que la protesta no desborde en los barrios más pobres del Conurbano.
“Apuran plan antihambre”, tituló el 5 de junio el diario Perfil. En la misma edición, resaltó que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal decidió destinar 9.200 millones de pesos de asistencia social “ante el aumento de los chicos y adultos que comienzan a rebasar la capacidad de muchos comedores comunitarios. Vidal arma un paquete para contener estallidos”.
Federico Orchani, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), dice que “la situación en el Conurbano es crítica y se puede agravar si la política del macrismo no cambia”. Aunque parece no haber “mayores estallidos de bronca”, en el territorio se cocina “un caldo de cultivo” para la protesta.
—Que hayan sido despedidas miles de personas en los primeros seis meses del Gobierno va a repercutir de alguna manera.
Orchani es vocero del FPDS. Cuando comenzó a militar, a principios de 2000, trabajó como herrero en una cooperativa en Dock Sud. Desde hace más de diez años camina a diario por el barrio, conversa con las familias, se reúne con funcionarios locales, provinciales y nacionales, y encabeza manifestaciones. Su presencia es reconocida, sobre todo, en la zona sur bonaerense: Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, Almirante Brown, Presidente Perón y Lanús, donde el FPDS tiene cinco comedores comunitarios.
—Veníamos viendo desde junio de 2015 un crecimiento más o menos sostenido de las personas que asisten a nuestros comedores, pero la cantidad explotó entre enero y febrero. Donde antes comían 50 personas hoy lo hacen 120.
En el Barrio La Fe, de Lanús, la cocina está a cargo de Martina. Llegó allí en 2002 junto a decenas de familias para ocupar un terreno que el entonces intendente, Manuel Quindimil, había cedido a una dirigente de su partido, el justicialismo. En aquella ocupación, que fue sostenida pese a la represión policial, también construyó su casa sobre un basural Darío Santillán, el militante del Moviemiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, asesinado junto a Maximiliano Kosteki por la policía en la Masacre de Avellaneda, en junio de 2002.
En mayo de 2016, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de Macri durante su gestión como jefe de Gobierno porteño, cortó por algunos días la entrega de alimentos a 55 comedores comunitarios de partido. La cocina de Martina estuvo cerrada durante cinco días.
—La gente caminaba desesperada por el barrio buscando comida. Preguntaba dónde podía conseguir algo para comer. Es una situación que no veía desde principios de 2000 —dice Orchani.
Los adultos que se alimentan en el comedor del Barrio La Fe trabajaban hasta principios de año en obras de construcción o hacían changas. Ahora, la actividad laboral en el barrio se estancó. Los hijos de esos desocupados llegan corriendo cada mediodía al comedor. Martina los ve desde la puerta. “Parecen un malón”. Muchos vienen con el guardapolvo blanco antes o después de la escuela. “Hay una nena de dos años que es un piojito y corre como todos”. Cada uno se pone delante su plato y su vaso de agua o jugo. El guiso tiene verduras, fideos o arroz y, a veces, carne: eso depende de que algunos vecinos hagan una colecta o el carnicero les regale un corte.
Martina cocina desde las 8 y sirve la comida entre las 11 y las 13 horas. Muchos de los chicos, después de almorzar, se llevan un tupper con más guiso a las casas para comer en la mesa familiar, para no perder la escena del almuerzo o cena con los papás y hermanos.
En los días que el comedor estuvo cerrado ella volvía llorando a la casa.
—Los chicos me preguntaban “qué como ahora”.
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La crisis económica, las tensiones sociales, el estallido forman parte del lenguaje público –y privado- de la dirigencia. En los primeros seis meses del año se escuchó:
“Desde el primer día tomamos las medidas necesarias para impedir el estallido de la crisis y cruzar todos juntos el puente hacia todo lo que podemos ser” (Mauricio Macri, presidente de la Nación).
“Hay que generar que el pueblo esté en la calle. Así como venían a rompernos las pelotas con los cacerolazos, crear en cada municipio una mesa multisectorial. Si explota el Conurbano salta el Presidente y a la Gobernadora le va a costar” (Fernando Espinoza, presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires).
“No percibo un estallido social, pero sí un problema social creciente que afecta a gran parte de la población de los sectores más vulnerables” (Gustavo Menéndez, intendente de Merlo)
“Si nosotros no podemos pagar los sueldos el gobierno nacional va a tener un gravísimo problema en dos o tres meses para sostener el estallido social que va a provocar la falta de trabajo” (Patricio Mussi, intendente de Beraztegui).
“La realidad es compleja y preocupante. Hay mal humor por los precios y las tarifas, pero no un probable estallido” (Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora)
“Estallido no va a haber, son tiempos muy distintos a 2001. Lo que está sucediendo es una situación social compleja en los sectores de menores ingresos. Esos sectores, que estaban con un ingreso muy justo, hoy llegan al día 15 o 20 de cada mes, y empiezan a no comer” (Verónica Magario, intendente de La Matanza).
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En Villa Garrote, a orillas del río Tigre, viven unas 700 familias sin servicios de luz, agua potable y conexión a la red de gas. Nahuel Fredes, habitante del barrio, con militancia en el Movimiento Evita hasta hace muy poco, dice que “últimamente hay un clima más de pelea”. Cualquier cosa genera un malestar.
—Los jóvenes se habían acostumbrado a tener plata en el bolsillo para comprar sus cosas, los pañales para los nenes, pero ahora esa plata no alcanza.
Nahuel llego al barrio hace dos años con su familia y trabaja en un supermercado. Sale temprano y vuelve a su casa después de las nueve de la noche. En sus vecinos, dice, observa un ánimo de resignación que muchas veces también le gana a él.
Los jóvenes, que entre fines de los 90 y principios de 2000 se alimentaron en los comedores, se preguntan por qué ahora sus hijos tienen que hacerlo de nuevo.
—No quieren ir y me preguntan cuánto falta para que vayamos a pedir comida al supermercado de la zona. Ellos tienen identificada a la crisis con un saqueo que hubo cerca del barrio en 2001.
Desde la Intendencia de Tigre, a cargo del massista Julio Zamora, se acercan al barrio, en forma esporádica, con bolsones con comida y membranas para reforzar los techos de la casa. A principios de año volvió a abrir uno de los comedores comunitarios que hace unos años había funcionado en el barrio. También resurgieron las “olladas gigantes” durante los fines de semana para repartir comida a las familias. El humo de la leña sobrevuela las casas de ladrillos y chapas de día y de noche.
Daniel Menéndez, coordinador nacional de la organización Barrios de Pie, asegura que en el Conurbano, como en la mayoría del país, hay un “deterioro social” que se expresa en los aumentos registrados desde diciembre en los precios de los alimentos, los colectivos, los trenes y los servicios públicos.
—Se trata, sin embargo, de un proceso que nosotros vemos desde hace unos años pero que se profundizó en el último tiempo.
Junto a referentes sociales y de la Iglesia, Menéndez presentó en abril en el Congreso Nacional, una serie de medidas agrupadas bajo el nombre de “Ley de Emergencia Social” para poner en agenda “una realidad indiscutible: las últimas decisiones económicas han perjudicado a los más pobres y es urgente dar respuestas a sus problemas. Pero hay una insensibilidad muy grande de parte del Gobierno y un incentivo a la conflictividad en los barrios”.
Barrios de Pie difundió días atrás un informe sobre el estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes que concurren a los comedores comunitarios de la organización: entre el 39% y el 46% de esos chicos, de 0 y 19 años, está malnutrido.
Roxana Mazzola, directora del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (CEDEP) y profesora de la Maestría en Políticas Públicas de FLACSO, confirma que a quienes más golpea un proceso de pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares es a las mujeres trabajadoras, a los niños y a los adolescentes. “En ellos se nota la pobreza y la desigualdad”.
El aumento de precios en los productos de la Canasta Básica de Alimentos impactó en los hogares vulnerables que no acceden a bienes de consumo: entre mayo de 2015 y 2016 el kilo de tomate pasó de 15 a 20 pesos; el kilo de pan, de 16 a 22 pesos; el litro de leche La Serenísima en sachet, de 13 a 17 pesos; media docena de huevos, de 11 a 15; el kilo de yerba Nobleza Gaucha, de 38 a 46 pesos; y el kilo de asado, de 85 a 125 pesos. La consecuencia: se empobrece la calidad de la alimentación. En la Argentina, nacen cada año 750 mil niños y niñas. Miles de ellos sufrirán, producto de la pérdida del poder adquisitivo de sus familias, una desmejora en la alimentación, su salud y las posibilidades de desarrollo a futuro, destaca Mazzola.
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El 21 de marzo Victoria Marchisio, coordinadora del comedor Los Vasquitos, en Merlo, atendió su teléfono y escuchó del otro lado la voz del Presidente. No era una grabación producto de una encuesta sino el mismo Macri, que ese día hizo varios llamados a referentes sociales.
—Hola, habla Mauricio, tu presidente —le dijo.
Luego del triunfo en el balotaje, Macri recibió cartas de felicitaciones de parte de ciudadanos comunes. En vez de contestar por escrito, los llamó por teléfono, según publicó el portal Infobae. Después de la sorpresa y de confirmar que era él, Victoria le planteó a Macri las necesidades económicas y de asistencia jurídica que tiene una familia de la zona. El jefe de Estado le respondió que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, iba a comunicarse con ella para avanzar en el caso. A los pocos días recibió el llamado. Marchisio, que estudió Derecho con orientación en Medio Ambiente en la Universidad de Morón, también le planteó a Macri la posibilidad de que Graciela, fundadora del comedor, pudiera conocer a la referente de "Los Piletones", Margarita Barrientos. El encuentro se concretó un mes y medio después.
"Los Vasquitos” no recibe ayuda oficial y da de comer cada vez más seguido a la población de la zona. Comenzó a hacerlo cada quince días, después pasó a una vez por semana y ahora, a dos.
—El problema es el aumento de los precios de la comida —dice Marchisio.
Además de alimentos, “Los Vasquitos” entrega útiles escolares, juguetes y hasta presta nebulizadores (el precio de estos aparatos va de los 500 a los 1.200 pesos en las farmacias) a las familias de los chicos que concurren allí. La mayoría de ellos son hijos de madres jóvenes que trabajan por hora, están desocupadas o cumplen tareas informales; en ningún caso llegan a fin de mes.
Los comedores populares aparecen otra vez como una solución pero, al mismo tiempo, reemplazan el ámbito de la comida familiar. “Para llegar a la ‘pobreza cero’ hacen falta aplicar medidas que incluyan la generación de empleo, una reforma impositiva con un enfoque distributivo y una agenda ambiciosa en lo social que garantice vivienda digna, salud, educación y seguridad”, dice Mazzola (CEDEP).
Este contexto de trabajo inestable, combinado con el carácter vertiginoso en el cual se tomaron medidas como la devaluación, la salida del cepo y el ajuste tarifario, hizo que cayeran a la pobreza quienes estaban en la llamada “zona de vulnerabilidad”, la más frágil frente a los ciclos económicos y la pérdida de ingreso de las familias, explica Arcidiácono (UBA-Conicet)
Ángela abrió hace seis años el “Comedor Los Pibes de Catán”. A partir de donaciones del municipio de La Matanza y de privados, pudo construir una habitación de cinco metros por cuatro a un costado de su casa, cerca del arroyo Las Víboras, en una de las barriadas más pobres de la zona. El lugar tiene techo de chapas, paredes de ladrillos sin revocar, una mesa de madera y varias sillas. La cocina es industrial y a garrafa. La última boleta de luz fue 1.800 pesos; la anterior, de 400.
—Hay chicos que vienen al comedor antes de ir a la escuela para poder comer dos veces: primero acá y después en clase. Aunque a veces en la escuela sólo toman un mate cocido y comen un sanguchito —dice Ángela.
Ella y otras tres mujeres empiezan a cocinar a las 8 y sirven el almuerzo en tandas: a las 11.45, 12.20 y 12.30. Después de ordenar y limpiar todo, el comedor cierra hasta las 16, cuando llega la hora de la copa de leche. Desde principios de año aumentó la cantidad de chicos, de adultos y de mujeres embarazadas que van al comedor. El año pasado, Ángela tenía un cupo para darles de comer a entre 30 y 50 personas. Hoy almuerzan 98 y tiene 120 chicos de 1 a 15 años a la hora de la copa de leche. Ángela cocina de más para que los chicos puedan llevar comida a su casa.
—Por lo general repiten dos o tres veces el plato. Cuando es así es porque tienen hambre.
Todas las semanas se acercan al comedor personas de diferentes lugares del barrio para que Ángela las sume a la mesa. Ella las anota y después gestiona su incorporación en el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y en el municipio para que les den los alimentos.
—Hace unos días llegó un matrimonio con ocho chicos en situación de calle. Me acerqué al Ministerio para que les dieran un lugar adonde vivir, pero enseguida los sumé al comedor. No podía esperar a que le dieran una solución. A mí el hambre de los chicos me duele en la carne.
En la zona muchos se quedaron sin empleo. Otros cuentan que les sacaron los planes sociales o cerraron las cooperativas. Trabajaban en talleres de costura, en forma independiente o como monotributistas. Algunos empezaron a cartonear o viajan a Buenos Aires a pedir.
González Catán, la localidad donde vive Ángela, es parte del partido de La Matanza, el más grande del Conurbano. Para la intendenta Verónica Magario, del Frente para la Victoria, la situación social irá empeorando si la gobernadora María Eugenia Vidal “no dimensiona” la gravedad de lo que se vive.
Magario sucedió en la intendencia a Fernando Espinoza, que preside el Partido Justicialista bonaerense. En un discurso, el dirigente criticó la gestión de Cambiemos: “No queremos que explote el Conurbano ni llegar a diciembre de 2001, pero es mi deber advertir lo que va a pasar si no se corrige el modelo económico. Esta película ya la vimos”.
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María Fernanda Berti es maestra desde hace diez años en una escuela ubicada en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, el segundo municipio más poblado del Conurbano detrás de La Matanza.
—Ya veníamos mal con la alimentación en el comedor escolar. Este año dejó de haber fruta en el menú. Si antes había sólo mandarinas, ahora ni siquiera eso. Tampoco hay carne ni leche.
La escuela donde trabaja Berti tiene una matrícula de 520 alumnos, aproximadamente, y el proveedor dice que le pagan por 350. ¿Qué comen los chicos?
—A la mañana toman mate cocido con pan o un alfajor de baja calidad. Al mediodía comen fideos, arroz o una pizzeta con un pedazo de queso.
Durante la crisis de 2001-2002 las madres de los alumnos se paraban en la puerta de la escuela a esperar a los chicos y a que los maestros y directores repartieran las sobras del almuerzo. Aquel alimento podría ser el único del día. Si la situación continúa así, asegura Berti, aquella realidad volverá a vivirse. “Me juego que va a pasar eso”, dice.
Budge es una de las barriadas más pobres de Lomas de Zamora. Algunas familias se sostienen por la actividad de las cooperativas de trabajo articuladas con el municipio, pero otras ya no lo hacen. El pulso en el territorio lo marca la feria de La Salada, ubicada a pocas cuadras de la escuela. Muchos de los padres de los alumnos de Berti son carreros: encargados de trasladar la ropa de los talleres a la feria: una actividad laboral informal. Los padres y abuelos de estos papás fueron laburantes en las fábricas que cerraron durante la dictadura militar. Y ahora son los adolescentes de la secundaria quienes también trabajan en talleres clandestinos para La Salada.
Pilar Arcidiácono, politóloga, Magister en Políticas Sociales y Doctora en Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del CONICET, asegura que este este proceso vertiginoso de los primeros meses de 2016, que incluye una devaluación del peso del 50%, inflación, aumento de tarifas y despidos, opera sobre una matriz que no tuvo grandes cambios en los últimos años, sobre todo a nivel del mercado de trabajo. Sí se registraron en ese lapso cambios significativos en el campo de políticas sociales, aunque no lograron compensar lo que el mercado laboral no ofrecía u ofrece.
Si bien en la Argentina hubo una recuperación del empleo, sobre todo en el período 2003-2007, “los niveles de informalidad fueron sostenidos”, dice Arcidiácono. Esta situación dejó en evidencia límites para incorporar fuerza de trabajo como asalariados formales/estables. Esta cuestión tiene una implicancia directa en el mercado de trabajo, en los bajos salarios -válvulas de ajuste e inestabilidad de trayectorias de los trabajadores- y también en la seguridad social, en el acceso a los derechos sociales. “Esto configura un universo de trabajadores pobres que es bien diferente a la idea de desempleados; es evidente que la pobreza no es sólo de los que están afuera del mercado de trabajo. El problema de la informalidad es significativo”.
En su momento, dice Orchani , del Frente Darío Santillán, las organizaciones sociales, alguna desde la oposición, acordaron con el kirchnerismo que el Estado nacional interviniera directamente para fortalecer la economía popular mediante la compra de la producción de los emprendedores y las cooperativas.
—El macrismo cortó con esa política y decidió fortalecer al sector privado —dice.
Menéndez, de Barrios de Pie, dice que en los barrios por cada puesto de trabajo formal hay cuatro informales.
—Nosotros observamos un congelamiento de la asistencia social, lo vemos por ejemplo en los programas de cooperativas.
Muchas familias que viven en Villa Garrote, donde militaba Nahuel Fredes, “volvieron a cirujear”. En 2001, casi todo el barrio se tomaba el ramal Tigre del tren Mitre hacia Retiro para buscar en el centro cualquier cosa que pudiera serles útiles para vender. En aquel año la ciudad de Buenos Aires se pobló como nunca de cartoneros. El mismo panorama, dice Fredes, se vive ahora. Familias enteras se suben en Tigre al tren de las 17 y en menos de una hora llegan a Vicente López, Núñez o Belgrano. Algunas encuentran sillones, alfombras, teléfonos celulares, secarropas. Piden comida en los restaurantes de las avenidas Cabildo o Del Libertador y antes de la medianoche regresan al barrio.