La crisis de 2001 marcó una nueva transición en Argentina, ya no del autoritarismo a la democracia, como fue luego de la dictadura militar, sino en la misma democracia. El 19 y 20 de diciembre de 2001 estalló un proceso sin precedentes de emergencia de nuevxs sujetxs colectivxs y nuevas ciudadanías. El quiebre político–institucional y económico no sólo puso de manifiesto la desconfianza popular sobre el sistema de partidos y las formas delegativas de la democracia que prevalecieron desde la salida de la dictadura en 1983. También permitió que amplios sectores de la sociedad cuestionaran las consecuencias del modelo económico neo-liberal instaurado en los ‘90 y sus conexiones con el implementado por la dictadura militar (Di Marco y Palomino, 2003; Schuster y Pereyra, 2001; Seoane, 2002).
Fue un punto de inflexión por la implosión del sistema político e institucional y porque se constituyó en la emergencia de nuevas identidades y cadenas de equivalencias entre las luchas populares y el surgimiento de una identidad política, el pueblo feminista (Di Marco, 2011), que excede a la categoría mujeres, pero del cual sus movimientos constituyen un punto nodal. Esto no se dio en el vacío.
Desde los tempranos noventa se venían realizando movilizaciones y protestas ante el ajuste fiscal del Estado, las reformas de mercado, los procesos de reconversión industrial y la flexibilización laboral. En ciudades del interior del país tuvieron lugar puebladas frente a las crisis derivadas de la implementación de los ajustes en las cuentas públicas provinciales. En la misma época surgieron el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL), el Movimiento Campesino Santiagueño (MOCASE) y los movimientos surgidos para reclamar el esclarecimiento de crímenes provocados por la acción del aparato represivo policial en combinación con políticos y funcionarios públicos corruptos. Fueron paradigmáticas las movilizaciones (Marchas del Silencio) por el esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales en Catamarca, en 1990, y el surgimiento unos años después la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y de las Madres del Dolor. El sindicalismo tradicional, aliado del gobierno del presidente Carlos Menem para asegurar las reformas neoliberales, fue sacudido por la emergencia de dos nuevas centrales, el Congreso de Trabajadores de Argentina (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA).
El legado de los movimientos de Derechos Humanos de los ochenta ha constituido el sustrato cultural para el desarrollo de muchas de las acciones colectivas mencionadas (Schuster y Pereyra, 2001; Di Marco y Palomino, 2003). Estos movimientos colocaron en la agenda pública nuevas demandas que confrontaron con los discursos neoliberales. Estas incorporaron, aunque en forma conflictiva, los derechos fundamentales y también los derechos de las mujeres, en un marco de la construcción de interdependencias entre actores y organizaciones, inscritos en una matriz ciudadana y de complejización de las identidades sociales y políticas (Schuster y Pereyra, 2001; Delamata, 2004; Svampa, 2003). De este proceso surgen, desde mediados de los 90, los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) y las Empresas Recuperadas y Autogestionadas (ERA).
También surgieron movimientos vinculados con demandas ciudadanas socio-territoriales-ambientales, como las asambleas de autoconvocados en contra del extractivismo y movimientos campesinos e indígenas (Schuster, Naishtat, Nardacchione y Pereyra, 2005; Di Marco et alt, op cit, 2003, 2004; Merlinsky, 2008; Giarraca, 2001). Desde 2001 se intensificaron las demandas en torno a los derechos de las mujeres y a la ciudadanía sexual, nucleadas alrededor de varios movimientos de feministas y del colectivo LGBTTIQ+ que articularon con diferentes actores y organizaciones
Una mirada compleja acerca de los movimientos da cuenta de su heterogeneidad, de los cambios en el tiempo, de la construcción de identidades individuales y colectivas, de la potencialidad que portan en torno a la transformación de la política, la sociedad y la cultura. Y de su impacto en la configuración del momento de lo político en Argentina desde 2001 y en la conformación de un pueblo, al que he denominado el pueblo feminista en la Argentina. (Di Marco, 2011, 2017, 2018, 2019)
Las feministas en las Asambleas
Desde el retorno a la democracia, la cuestión del aborto atravesó las luchas feministas con diferentes estrategias y resultados, en un marco de soledad con respecto a otras fuerzas sociales. En 1987, algunas organizaciones propusieron la creación de una comisión que se dedicara exclusivamente al tema del aborto. El 8 de marzo de 1988, diferentes grupos de mujeres fundaron la Comisión por el Derecho al Aborto.
Las integrantes de la Comisión y otras organizaciones participaron activamente en las Asambleas que surgieron después del 19/20 de diciembre portando las demandas de los derechos de las mujeres. Propiciaron que el debate sobre el tema entrara en las discusiones en los espacios asamblearios. Se constituyó entonces la Asamblea por el Derecho al Aborto, con la incorporación de las demandas vinculadas a la anticoncepción, la educación sexual y la legalización del aborto en una organización que reunía las distintas comisiones de salud de las asambleas, llamada Intersalud. Participaron en la Interbarrial de las Asambleas para que se apoyara el día 28 de septiembre como Día Latinoamericano de Lucha por el Derecho al Aborto; realizaron un taller en el Foro Social de Porto Alegre realizado en Buenos Aires; intervinieron con volantes y verbalmente en la asamblea que cerraba el Foro Social de la Salud en la Facultad de Medicina.
Desde la Asamblea por el Derecho al Aborto surgió la propuesta para que en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario (2003) se debatiera no ya la legalización, sino cuales estrategias se proponían para lograrla, que implicó un paso superador de los talleres sobre el tema. Esta iniciativa fue propuesta también para desmantelar la ofensiva católica, ya que en los talleres de anticoncepción y aborto era donde se congregaban las mujeres enviadas por la Iglesia para boicotear los debates e imponer sus ideas. Fue un punto de inflexión en dos sentidos: a) las feministas, que en anteriores luchas había basado su accionar en la alianza con las mujeres políticas, con campañas de divulgación y con lobby, se articulaban ahora con las mujeres de los movimientos sociales y se pasó a una fase propositiva, con la plataforma de las luchas anteriores y la experiencia ganada por las militantes (Masson: 2007; Di Marco: 2011).
La lucha por la legalización del aborto viene tomando fuerza paulatinamente desde el proceso de democratización iniciado en Argentina en 1983, y se amplificó en los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM, desde 2018 denominados Encuentros plurinacionales, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries). La expansión de nuevas prácticas feministas entre diferentes sectores sociales, urbanos y rurales, y la tensión con la iglesia católica están en la base de la radicalización de la propuesta de la lucha para la legalización del aborto. Al lado de las reivindicaciones vinculadas a la violencia contra las mujeres y la demanda por trabajo digno son los tres derechos fundamentales que demandan las mujeres populares. En los sucesivos Encuentros, la presencia de piqueteras, asambleístas, sindicalistas, militantes de diversos movimientos de mujeres de diversas edades (con una importante presencia de jóvenes) mostró la consolidación de nuevas expresiones del activismo.
“... Porque sonaban palabras nuevas, hechos nuevos, y hasta consignas renovadas como aquella que decía ´Vamos a hacer la patria socialista, la vamos a hacer piquetera y feminista´” (Dauness: 2002).
Solo mencionaré como hitos el Encuentro de Rosario y el de Mendoza. En 2003, el Encuentro de Rosario marca el punto de inflexión: la concurrencia de 12.000 mujeres mostró que cada vez eran más las militantes de los movimientos sociales, piqueteras, obreras de fábricas recuperadas, indígenas, campesinas. Algunas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora estuvieron presentes. Los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva estuvieron entre los más reclamados. El uso de pañuelos de color verde que han sido omnipresentes en los últimos años para identificarse a favor de la legalización del aborto, se inspiró en los pañuelos blancos de las Madres.
En el ENM de Mendoza (2004) se exigió la legalización del aborto y al acceso gratuito al mismo, así como a los métodos anticonceptivos y a la incorporación de la educación sexual el sistema educativo. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, la primera de alcance federal en Argentina surgió en 2005 de los talleres de estrategias para la despenalización. En todas las provincias, se inició el 28 de mayo, Día internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y finalizó con una marcha federal hacia el Congreso de la Nación el 25 de noviembre, Día de Acción contra toda Violencia hacia la Mujer. El lema fue: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Los fundamentos de las demandas refirieron a cuestiones de democracia, de laicicidad, de respeto de los derechos humanos de las mujeres, de equidad y la justicia social. Simultáneamente se desató la contraofensiva de la iglesia católica y también de otras alas conservadoras de otras religiones, como en otras ocasiones (educación pública, divorcio, patria potestad matrimonio igualitario). Si se hace un recorrido solo desde fines del siglo XX se puede observar el énfasis puesto en el propósito de control de los cuerpos de las mujeres y sexualidades. (Di Marco, Fiol, Schwarz: 2019; Medici: 2019).
Los sectores fundamentalistas/conservadores con un violento discurso anti-género, conforman cada vez más una fuerte presencia social y política en una articulación de extrema derecha. La dos plazas de la vigilia por la ILE en 2018 y 2020 marcaron este campo discursivo: proponer los valores y prácticas tradicionales junto a una fuerte reacción contra los feminismos. En 2020, en ocasión del debate sobre la ley, contra el gobierno que había ganado las elecciones en 2019 y presentó el proyecto. La estrategia discursiva de activistas e intelectuales cristianos es presentar este embate desde una cierta laicidad y discurso libertario, no religioso, para desestabilizar las luchas históricas de los feminismos y los activismos LGBTTIQ+ (Pedrido, 2020)
Emergencia del Ni Una Menos (NUM)
Diez años después del lanzamiento de la Campaña, en 2015 emergió el colectivo Ni Una Menos-NUM. Fue otro momento articulatorio producto de la movilización de miles de mujeres de todas las edades, también muchos varones. Las estrategias del NUM se dirigieron al principio a visibilizar, denunciar y responsabilizar al Estado y la sociedad por la violencia contra las mujeres. A estos primeros reclamos les siguió una expansión de demandas corporizada en marchas multitudinarias en especial de les adolescentes y jóvenes que abrazaron la lucha contra la violencia de género y los femicidios, por el aborto legal, contra la justicia machista, contra la desocupación y la pobreza, como lo vimos en manifestaciones que se sucedieron desde 2015.
Después de un intenso debate en el Congreso Nacional y movilizaciones en todo el país, en 2018 el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero no por el Senado. Dos años después, en diciembre de 2020 el Congreso Nacional sancionó la Ley ILE enviada por el PE.
Desde el retorno de la democracia, los diversos gobiernos con mayor o menor éxito debieron dar respuestas a las demandas feministas impulsadas por los movimientos. El impacto del NUM y las luchas por el derecho al aborto excedieron la vía normal, institucionalizada, de acceder al aparato estatal. Esto se vincula con esos momentos dislocatorios de demandas en todos los campos del poder patriarcal y sobrepasan las típicas agendas de género de los organismos internacionales que se negocian a nivel nacional. Las demandas por la ILE y por los derechos de LGBTTIQ+, el matrimonio igualitario, contra la violencia y los femicidios las sobrepasan en lo cultural, económico, educativo, de salud, social, laboral.
En los últimos veinte años las prácticas feministas se expandieron horizontalmente en y a través de diversxs actores, movimientos y espacios de la sociedad. Los movimientos no tiene jefas ni dueñas, no siguen una concepción canónica feminista ni siguen una agenda pautada por fuera del mismo, sea nacional o internacional. Al contrario, tienen autonomía y capacidad política para elegir sus luchas, los momentos y estrategias para llevarlas adelante. Desde una multiplicidad de orígenes, generaciones, sexualidades, localizaciones, geografías locales y globales, la articulación contingente de demandas e identidades antipatriarcales y anticapitalistas se ha ido gestando en forma horizontal, con creatividad, rebeldía y osadía (Di Marco, 2019)
El impacto político de las movilizaciones del Ni Una Menos presionó para que se desencadenasen respuestas estatales como el Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres (en las versiones presentadas por las gestiones nacionales en 2015, 2016, 2020) para dar cumplimiento al artículo 9° de la Ley 26.485/09 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Algo similar había sucedido a partir del impacto del denominado caso Monzón, un caso individual de femicidio que dislocó la naturalización de la violencia contra las mujeres y permitió la construcción pública de la violencia contra las mujeres como problema de política pública en 1988. Este acontecimiento constituyó una marca significativa no solo en la visibilidad mediática de la violencia contra las mujeres en el país sino que, además, precipitó leyes, prácticas y acciones de distinto orden, alcance y efectividad tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Por ejemplo, al poco tiempo de este hecho (1989) se crea en la Ciudad de Buenos Aires la Subsecretaría de la Mujer y Solidaridad Social, dependiente de la Secretaría de Calidad de Vida (Tallarico y Di Marco: 2019).
Como impacto del NUM, durante la gestión 2015-2019 se reemplazó del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) (decreto N° 698/2017) como ente descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con rango de secretaria de Estado y se nombró como presidenta a una feminista que lidera una ONG que cuantifica los femicidios. En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo de 2018 el presidente se mostró favorable al debate público sobre la cuestión de la legalización de la interrupción del embarazo, pero el proyecto no fue presentado por el PE.
Con la actual gestión, iniciada en diciembre de 2019, el desarrollo de una dimensión horizontal de las equivalencias de demandas feministas que se incrementaron y complejizaron en estos últimos 20 años, fue condición de posibilidad de la absorción vertical. Un ejemplo lo es la presentación del PE del Proyecto de Ley ILE, la sanción del Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, la incorporación de miembrxs de colectivos feministas al ejecutivo, que se hace patente en el reconocimiento de un reclamo histórico con la creación del primer Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades en el poder ejecutivo nacional y el de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires y en la conformación de áreas de la igualdad de género y diversidades con personal proveniente de los feminismos en secretarías y direcciones en muchos ministerios, y en especial en los de Desarrollo Social, Seguridad, Economía, Salud, Educación y otros y en entes descentralizados como por ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Todas estas agencias estatales están desarrollando agendas feministas con verdaderos impactos políticos.
Las feministas sabemos de luchas y también de las dificultades del acceso al poder, en estructuras burocráticas que siguen siendo patriarcales y capitalistas. Y al mismo tiempo, de las posibilidades políticas de los momentos de ruptura y dislocación para la emergencia de nuevas identidades, como lo fueron los acontecimientos de 2001 y 2015 y los procesos que le sucedieron en forma contingente. Algunas autoras alertan acerca del peligro de que los derechos de las mujeres se conviertan en parte de negociaciones gatopardistas.
En otras palabras, una de las amenazas más inmediatas para alcanzar la ampliación de los derechos de las mujeres, lesbianas y trans, es el grado en que estos sea un elemento de “compromiso” en la agenda de los varones. Esto lo hemos encontrado en los análisis sobre los procesos de los feminismos en Europa, el norte de África y en Latinoamérica. Para evitarlo, se precisa la presencia activa de los movimientos para que la agenda pública sea nuestra agenda y no la de compromisos de negociaciones políticas. Ahora, en Argentina, celebramos que estamos en un camino de reconocimiento de agendas feministas con verdaderos impactos políticos empujadas y llevadas a cabo por los movimientos y el Estado. De otro modo, pueden ser meros cambios cosméticos, para cambiar algo sin que nada cambie.
Bibliografía citada
Delamata, Gabriela (2004): Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires. Eudeba. Buenos Aires.
Di Marco, Graciela; Palomino, Héctor (comps.) (2004). Reflexiones sobre los movimientos sociales en la Argentina. Ediciones Baudino, Buenos Aires.
Di Marco, Graciela; Palomino, Héctor; Altamirano, Ramón; Méndez, Susana; Libchaber, Mirta (2003). Movimientos Sociales en la Argentina. Asambleas. La politización de la sociedad civil. Ediciones Baudino-UNSAM, Buenos Aires.
Di Marco, Graciela, Fiol, Ana y Schwarz, Patricia K. N. (compiladoras) (2019) Feminismos y populismos del siglo XXI. Frente al patriarcado y al orden neoliberal. Buenos Aires. Editorial Teseo.
Di Marco, Graciela (2017)” Social Movements’ demands and the constitution of theFeminist people”. En Alvarez, Baoiocchi, Lao-Montes, Rubin, y Thayer (ed). "Beyond Civil Society: Activism, Participation, and Protest in Latin America” Duke Press.
Di Marco, Graciela (2011) El pueblo feminista. Movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a la ciudadanía. Editorial Biblos. Buenos Aires.
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Masson, Laura (2007) Feministas en todas partes: una etnografía de espacios y narrativas feministas en Argentina. Buenos Aires, Prometeo Libros
Medici, Chantal (2019) “Estrategias feministas para el aborto legal: la incidencia internacional Argentina 2000-2017” ·. En: Di Marco; Fiol; Schwarz (comp) (2019) Feminismos y populismos del siglo XXI. Frente al patriarcado y al orden neoliberal. Buenos Aires. Editorial Teseo.
Merlinsky, María Gabriela (2008) “La gramática de la acción colectiva ambiental en Argentina: reflexiones en torno al movimiento ciudadano ambiental de Gualeguaychú y su inscripción en el espacio público”. Temas y debates 15/ artículos / agosto 2008
Pedrido, Victoria y Gutiérrez, María Alicia (2021) "Cartografía argumentativa de los sectores fundamentalistas/conservadores”. LA FUSA.
Schuster, Federico; Pérez, Germán; Pereyra, Sebastián; Armesto, Melchor; Armelino, Martín; García, Analía; Natalucci, Ana; Vázquez, Melina y Zipcioglu, Patricia (2006): Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003 (Documentos de Trabajo Nº 48) IIGG, FCS-UBA.
Schuster, Federico; Naishtat, Francisco; Nardacchione, Gabriel y Pereyra, Sebastián (comps.) (2005): Tomar la palabra: Estudios sobre protesta social y acción colectiva en Argentina contemporánea. Prometeo. Buenos Aires.
Seoane, José (2002): “Argentina: la configuración de las disputas sociales ante la crisis”. En Observatorio Social de América Latina. Clacso, Año 3, N° 7. Junio. Buenos Aires.
Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Biblos. Buenos Aires.
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