“¿Por qué no cierran esta escuela?”, se pregunta una vecina indignada mientras intenta caminar por la vereda ocupada por los cuatrocientos chicos y chicas que tuvieron que evacuar el edificio ante una nueva amenaza de bomba. “Esto es insostenible, en menos de dos meses padecimos 30 amenazas de bomba. ¿Me podés decir cómo hacemos para seguir enseñando y evaluando a menos de dos meses de que terminen las clases?”, se pregunta la rectora de una secundaria del barrio de San Telmo, agotada por la tensión que le genera la seguidilla de amenazas en su escuela.
En verdad, lo que la agota, es la amenaza de la amenaza. Nunca se encontró nada, ningún artefacto explosivo, ni en esta escuela ni en ninguna de las muchas afectadas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero la pseudo amenaza produce verdaderos simulacros de evacuación. Cuando el 911 recibe la intimidación –las llamadas nunca se hacen directamente a la escuela- las instituciones tienen que aplicar el plan conocido como “Mitigación de Riesgo”. Un protocolo que establece abandonar la escuela y dirigirse a los puntos específicos de reunión.
“El otro día fuimos a la plaza que es nuestro destino de evacuación. Fue terrible…un grupo de gente que estaba ahí se peleó fuerte. Algunos de nuestros alumnos salieron a defender a un nene que estaba siendo agredido por otras personas. Casi terminamos en una batalla campal”.
-¿Por qué tienen que ir a esa plaza cuando evacuan la escuela?
“Porque el punto de evacuación define la cobertura del seguro. Si vamos a otro lado y pasa algo, el seguro no nos cubre”, responde la misma directora.
Seguro contra todo riesgo. Lo permitido y lo prohibido son aspectos centrales en la matriz disciplinaria que ordena la vida escolar. Los agentes escolares tienen que ajustar su conducta a la normativa institucional. Pero, en este sistema de jerarquías y obediencias, hay una figura jurídica que está cada vez más presente: la responsabilidad civil, un mantra repetido hasta el cansancio cada vez que se intenta alterar la rutina en la escuela.
¿Qué es la responsabilidad civil? Es una figura jurídica cuyo objetivo es resarcir a la víctima de acciones u omisiones con resultado dañoso.
En la actualidad, se debe comprobar la negligencia de los agentes escolares –cuando algo indeseado ocurre- porque se ha eliminado la presunción de culpabilidad que recaía sobre el docente antes de 1997. El efecto de esta reforma es que las instituciones tienen que contratar un seguro con cobertura para la responsabilidad civil. ¿Esta obligación inaugura la llegada de la industria del juicio en el campo educativo? ¿El mandato marca, acaso, el inicio del proceso securitización en la escuela? ¿Será porque la responsabilidad civil, a diferencia de la responsabilidad penal y la disciplinaria, no tiene una finalidad represora de determinadas conductas, sino que su objetivo es resarcir a la víctima de acciones u omisiones con resultado dañoso? ¿Podemos establecer alguna relación entre la responsabilidad civil, la industria del juicio y la subjetividad mercantil en la vida en la escuela?
Paradójicamente, los cambios normativos, lejos de tranquilizar a los docentes, los inquieta. La “responsabilidad civil” está más presente que nunca en la vida escolar. Una invocación que, en boca de los agentes escolares, nombra más la incertidumbre ante lo que pudiera ocurrir en la escuela o en una salida pedagógica, que una supuesta cobertura. Los seguros escolares tienen un efecto paradójico: desamparan antes que brindar abrigo.
En este contexto signado por “el miedo ambiente” y el ansia de cobertura legal, las amenazas de bomba sólo estallan en el corazón de la responsabilidad civil y esparcen sus esquirlas en la alterada rutina escolar.
La intemperie en la escuela. Las escuelas intimidadas deben abandonar el abrigo edilicio para afrontar la intemperie en la vereda. Afuera, todos juntos, los alumnos, los vecinos, los profesores, los que barren en la plaza, la policía, la rectora, el preceptor, el que vende panchos. La escuela vacía y la vereda ocupada.
“Llego a las 12:45 y encuentro a todos los chicos afuera. Lloviznaba, hacía frío. Las alumnas madres que esperaban con sus bebés volvieron a sus casas. Otros tenían remeritas insuficientes para esperar en la calle hasta las 14. ¿Me podés decir cómo retengo a los alumnos en la puerta hasta que la Gendarmería termine con el protocolo de evacuación? Ese día tuvimos el 47% de ausentismo en la escuela. No te imaginás cómo repercute todo esto en lo académico”. El que habla es el vicerrector del turno tarde de una escuela de Pompeya; la amargura le toma toda la cara.
La relación de la escuela con el barrio se complica mucho en este contexto de aulas vacías y veredas llenas. “Los empleados de la ferretería desconfían de nuestros alumnos. Los chicos viven en los barrios más pobres de la ciudad y tienen que cargar con el estigma que los medios dedican a los pibes con gorrita y ropa deportiva. Nos hicieron varias denuncias que fuimos amortiguando, conciliando con el barrio. Pero este lunes el caos fue absoluto. En el medio de la evacuación, tres alumnos, no sabemos si en broma o en serio, quisieron llevarse un artefacto de la ferretería. La pelea entre los empleados del negocio, los estudiantes y algunos familiares que habían acompañado a los pibes fue terrible. Se agarraron a las piñas, mal. Trenzados en una lucha en el medio de la avenida, los colectivos los esquivaban. A los profesores no nos alcanzaba el cuerpo para parar un conflicto que se nos fue de las manos”, cuenta el vicerrector de Pompeya.
Las bombas que no estallan en la escuela, estallan en el barrio. La permanencia a cielo abierto de los chicos y sus docentes en las calles estorba y enoja a los vecinos que viven en las inmediaciones.
“Estoy pensando en hacer una jornada de convivencia. Quiero invitar a los estudiantes, a los padres, a los docentes, a los vecinos y al comisario, con quien a esta altura, tengo una comunicación cotidiana por WhatsApp. La gente deposita expectativas desmesuradas sobre los directivos de las escuelas y nosotros, con la misma pregunta de siempre: ¿qué podemos hacer en semejante desmadre?”, se pregunta la rectora de la escuela del barrio de San Telmo.
La responsabilidad desmedida que la opinión pública deposita en los equipos de conducción de las escuelas es el reverso, la sombra, del quite de responsabilidades de una sociedad que, mayoritariamente, se ha sacado de encima el cuidado de los jóvenes. O que entiende este cuidado de un modo privatizado. El razonamiento es este: “Si yo cuido a mis hijos, ¿por qué tendría que sentirme responsable por el cuidado de pibes a los que ni conozco? No confío en ellos, me siento insegura”. Así dicen y así actúan los vecinos cuando los docentes los convocan a ocupar el barrio, a colaborar en el cuidado de los estudiantes integrando el recorrido de los “senderos seguros”.
Esta iniciativa intenta morigerar la privatización extrema de las prácticas, la disolución de las inclinaciones más comunitarias que, ya lo sabemos, sólo puede generar desgracia vecinal. Un modo de vida que no sienta la necesidad colectiva de cuidar a los más jóvenes, que interponga el temor o la desconfianza como enlace prioritario en el vínculo entre generaciones.
Nuevamente, la presencia de los jóvenes en las calles asusta. Aunque se trate de una inefable amenaza de bomba; aunque no hagan más que ir a la plaza o quedarse en la vereda esperando. Los jóvenes asustan.
La escuela vacía está llena de normas jurídicas; variantes de un cuidado que, cuando sólo apela a la reproducción mecánica de protocolos, descuida. La amenaza de bomba, la explosión virtual que nunca acontece, es parte de un mismo procedimiento: por encima de todo, a fuerza de responsabilidad civil, el ansia de seguridad. La tan requerida seguridad, que se impone por encima de cualquier otra práctica y que las amenazas de bomba, con un simple llamado anónimo al servicio único de emergencia, logran desbaratar.
El deseo de seguridad es una proyección aspiracional, una necesidad que ordena la interacción social en un mundo atravesado por la incertidumbre cotidiana. Y el deseo de seguridad conlleva a la exaltación de dos agencias sociales: las fuerzas del orden y el poder judicial. De ahí la centralidad de este poder en la resolución de la situación que está desquiciando la vida escolar: la elección entre las opciones de evacuar el edificio o recorrerlo con los perros que detectan explosivos (en este caso, la comunidad educativa puede permanecer en las aulas) ya no será una decisión que tomen los equipos de conducción o las autoridades del ministerio de educación. Es el juez quien decide. Como en tantos otros órdenes de la sociedad, la vida ha quedado apresada en una maraña de judicialización de las prácticas más cotidianas.
Este es punto ciego que activa la amenaza de bomba: miedo, securitización y judicialización. Y por eso mismo, el problema de las amenazas de bomba resulta tan difícil de resolver.