Nunca en los 12 años que lleva viviendo en la Argentina había estado un mes sin trabajo, como ahora. Derlis Ramírez, albañil paraguayo nacido en Caazapá, a 230 kilómetros al sudoeste de Asunción, levanta en estos días una pared de ladrillos para pagarle los 2.000 pesos de alquiler a la dueña de la casa de dos piezas, baño y cocina en la que vive en Mariano Acosta, partido de Merlo. Su esposa, Hermes, ama de casa, está preocupada por sus tres hijos, Manuel, de 12 años; Lourdes, de nueve, y Thalía, de tres. La otra noche le planteó:
—Vendamos lo que tenemos y nos vamos de vuelta a Paraguay. Aunque sea ahí vamos a tener mandioca para comer.
Ramírez pensó en lo que tenían para vender: unos muebles, una heladera y la bicicleta vieja en la que va a la changuita de la propietaria de su casa, en la calle Las Azucenas y Balbín, también en Mariano Acosta, casi en el límite del Gran Buenos Aires y el campo. Con la venta de todo podrían pagar los cinco pasajes de ómnibus y le quedaría un poco más.
—Pero no… En Paraguay tenés que pagar todo. No te dan los útiles (escolares), como acá. Allá tenés que pagar hasta la cama del hospital.
—Yo podría trabajar de empleada doméstica apenas llegue porque de los chicos podría hacerse cargo mi mamá.
—Yo ya estoy ambientado acá —respondió Ramírez, buscando poner fin al tema—. Allá tendría que trabajar en el campo, estar todo el día arriba del caballo y estoy medio bastante grande para eso. Ya no me da el cuerpo para trabajar en la estancia, recoger y traer las vacas, faenarlas.
Derlis Ramírez tiene 38 años y es uno de los obreros de la construcción que perdió su trabajo al inicio del gobierno de Mauricio Macri. El hombre no figura en la estadística de los más de 50 mil despidió que denunció el Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez. Por teléfono, el jefe sindical confirma que el dato surge de la recaudación que hace el gremio y de los aportes de la obra social. Derlis no está afiliado ni trabaja en forma registrada: pertenece a esa mayoría silenciosa de albañiles que trabaja en negro. Que trabajaba en negro.
Los obreros de la construcción son los más afectados por la ola de 127.000 despidos que se desató en la Argentina durante el primer trimestre de 2016, según la consultora Tendencias Económicas. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma calcula que fueron 73.000 los trabajadores que perdieron el empleo desde diciembre. En el gobierno de Macri, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, admitió solo 27.000 despidos en el sector privado y su par de Modernización, Andrés Ibarra, contabilizó 10.000 en el Estado nacional.
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—Es una reorganización, más que una crisis, la que vive el sector —opina el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Juan Chediack, en su despacho de la sede de la entidad, en Paseo Colón e Independencia, San Telmo. A esa misma esquina, donde está el monumento al Trabajo, marcharán el 29 de abril las cinco centrales sindicales: las tres CGT y las dos CTA.
En el escritorio se destaca a la izquierda una banderita argentina. En la pared de enfrente una serie de cuadros recuerda a los antecesores de Chediack: todos arquitectos excepto un ingeniero. El hombre que hoy conduce a esta patronal con 80 años de antigüedad no es lo uno ni lo otro: es licenciado en administración de empresas.
—Las obras se empezaron a paralizar en octubre, primero por falta de pago. El Estado le debe al sector 40.000 millones de pesos. Y segundo por la redeterminación de costos. Pero yo veo un futuro muy bueno.
La “redeterminación de los costos” está atada a la inflación, que inició una aceleración en noviembre de 2015, cuando los principales operadores económicos descontaban una victoria electoral de Macri y la salida del cepo cambiario con devaluación. La inflación subió del 25% anual al 33% en febrero, antes de los últimos tarifazos, según el índice de precios porteño.
—El kirchnerismo entendió que la infraestructura es inversión y no gasto, hizo bastante, pero la financió con fondos del Tesoro, sin apelar a los organismos internacionales de crédito y la inversión privada —dice Chediack.
El representante de los empresarios de la construcción confía en el promocionado superplan de infraestructura con el que el jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, espera una recuperación económica en el segundo semestre de 2016.
—Ahora Macri quiere que un tercio se financie desde el Tesoro, un tercio con el Banco Mundial y otros multilaterales y el otro tercio con privados.
La esperanza del hijo del fundador de la constructora Chediack contrastó en febrero pasado con el temor de algunos colegas de empresas más modestas. Entonces se reunió, como todos los meses, el consejo ejecutivo de la CAC, que reúne a delegados de la capital y de las 23 provincias. Aquella vez resultó una experiencia “muy traumática” para su presidente. Todos transmitían “preocupación” por lo que sucedía en cada rincón del país tanto en las obras públicas, que representan un tercio del total, como en las privadas.
—Si me dijeran que este Gobierno piensa ajustar la obra pública…—intentó Chediack tranquilizar a sus colegas—, pero este Gobierno piensa aumentarla más y generar condiciones para que haya obra privada. Lo que ocurre es que ahora se han cambiado las prioridades sobre qué obras públicas deben hacerse primero y las formas en que deben ejecutarse. No es que no quieran hacer obras… Yo soy naturalmente optimista, hay que pasar este momento.
—Pero yo no voy a poder pasar el presente —le respondió un empresario del interior.
—Nuestra actividad siempre fue una seguidilla de “W”, estamos acostumbrados. En estos reordenamientos siempre hay caídas de empresas y surgen otras nuevas. Hoy tenemos récord de socios en la cámara: hay 1.300 empresas -contestó el jefe de la CAC.
Algunas compañías han mantenido la actividad en estos cuatro meses de la administración Macri y otras están “hechas percha”, dice Chediack mientras responde mensajes de Whatsapp. Entre las primeras rescata a las que construyen edificios para las clases medias altas de Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Mendoza. Entre las últimas menciona a las pymes que se dedican a construir viviendas sociales pagadas por el Estado. Hoy Macri relanzará un plan para este sector. Hace unos días el intendente de Navarro, Santiago Maggiotti, le transmitía su inquietud:
—Me pararon la obra de una ruta y tengo 77 proveedores de la constructora que tenían cuenta con ella.
En el último medio año Chediack empezó a recibir llamadas telefónicas de dueños de pymes que se quejaban primero del freno de obras grandes y después, de las pequeñas.
La constructora del presidente de la CAC redujo de 2.000 a 1.800 su plantel de empleados y obreros, es decir, un 10% menos, tanto como la caída en la facturación real (ajustada por inflación). Por ejemplo, se paralizó la obra de un túnel en el partido de Moreno. Chediack se ilusiona con la reciente llamada a licitación para renovar 500 kilómetros de vías de ferrocarril o con el plan de obras viales que anunciaría Macri en junio próximo, cuando el acuerdo con los fondos buitre levante el bloqueo judicial de Estados Unidos al pago de la deuda argentina y abra la canilla del financiamiento externo.
Según el empresario, los obreros registrados en la construcción ya no son 430.000 sino 380.000, recuerda que en la crisis de 2001 había solo 80.000.
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El 19 de febrero de 2016, Daniel Dalinger recibió un llamado de la contratista con la que iba a trabajar en la construcción de la central nuclear Atucha III, Vial Alfano. Pensó que era para avisarle que debía acercarse, como siempre, a una bajada de la ruta 9 para que le den el dinero y el recibo de sueldo de la quincena.
—No requerimos más los servicios de máquina —le dijeron.
Entre febrero y marzo los 2.400 empleados de contratistas de Atucha III quedaron en la calle, en lo que supuso la mayor paralización de una obra pública en tiempos de Macri. Daniel se bajoneó. Tiene 29 años, vive en Campana, provincia de Buenos Aires, y es padre de dos hijos, Dylan de 9 y Rocío de 6. Dalinger dejó la Secundaria en el último año de cursada: su pareja quedó embarazada y tuvo que ponerse a trabajar. Desde entonces nunca estuvo más que una o dos semana parado; ahora lleva casi dos meses. Solo consiguió una changa por diez días por un aviso que vio por el celular en el perfil de Facebook de la empresa de búsquedas laborales Indeed.
—Atucha III está en cero —dice.
Dalinger había comenzado en junio pasado a trabajar en la contratista de Atucha III. La construcción de la central en el pueblo de Lima se fue demorando y los obreros pasaron los meses haciendo pequeñas obras públicas en el resto del partido de Zárate. En ese tiempo, Dalinger hizo cordones, calles y desagües.
En diciembre, cuando Macri asumió el gobierno, comenzó a correr el rumor entre sus compañeros de que no había dinero para empezar a levantar la generadora eléctrica. Cundió la preocupación. En enero llegaron a sus oídos versiones de que la obra empezaría en marzo o abril. Al mes siguiente surgieron los rumores de que los echarían a todos.
—Vayan preparándose porque la cosa se viene fea. No llegamos a fin de mes —les advirtió un delegado sindical a Dalinger y sus compañeros.
Dicho y hecho. A mediados de marzo no quedó nadie trabajando y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, prometió que la obra comenzaría en 2017.
El sábado 20 de febrero, al día siguiente del despido, Dalinger se puso a buscar otro empleo.
—Es que tengo dos pibes.
Sentado en la casa de su madre, en las afueras de Campana, mate en mano, dice que en una mañana entregó seis currículums en diferentes empresas. Hasta febrero cobraba un suelo de 13.000 pesos mensuales. Por el despido, cobró 20.000 del fondo de desempleo que tienen los obreros que trabajan en blanco. Su esposa cobra 5.000 de la beca como cadete para ingresar a la policía local.
Aquel sábado, Daniel se fue al centro de Campana para que en un ciber le hicieran e imprimieran el currículum. Por la confección le cobraron 18 pesos y por cada copia, otro más. A eso hay que agregar las fotocopias del DNI y la constancia de CUIL y los folios en los que mete toda la documentación que presenta en cada firma. Como el fondo de desempleo se evapora rápido, Daniel se preocupa de que lo que invierte en cada currículum.
—Yo no dejo el currículum y listo. Siempre digo que quiero hablar con el jefe. Porque yo he visto que los agarran y los archivan. Ahora, como está la cosa, reciben diez por día. Pero los jefes te dicen que no están teniendo obras, o ‘estamos esperando si renuevan un contrato’ o ‘te llamamos’, y no te llaman. Algunos ni te toman el currículum o te dicen desde ya que no te van a llamar o que vayas a buscar trabajo a una consultora. También están los que quieren pagarte dos pesos, en negro o a prueba.
A la noche su mujer le pregunta qué anda haciendo mirando tanto el teléfono. Él le responde que a la mañana sale a repartir currículum y más tarde chequea avisos en las páginas web de Bumeran o Clarín.
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Ramírez, el obrero paraguayo, busca trabajo enviando mensajes de Whatsapp a arquitectos y maestros mayores de obra conocidos. Le duele gastar 20 pesos cada vez que necesita recargar la tarjeta del teléfono.
—Mandé una banda de mensajes.
Habla entre pitada y pitada de un cigarrillo que le prestó un compañero. Él, que fuma hace 20 años, dejó de comprar. Tiene puesta una gorra de Uatre, el sindicato de peones rurales, una remera Adidas, jean y ojotas. Hasta marzo, trabajaba en la ampliación de la casa de un abogado, en el barrio de Flores.
—Quería hacer una pieza más, me pidió el presupuesto, pero no le gustó el número. Yo cobraba de mano de obra 500 pesos por día. Según él, le pasé un poco caro. Las obras se pararon mal porque los materiales están muy caros. Está medio jodida la cosa, estoy re preocupadísimo.
Ramírez dice que él y su familia comen porque el supermercado y el kiosco del barrio les fiaron mercaderías por más de 1.000 pesos ya. Él teme que si su parate dura una semana más le corten el crédito. Insiste en que a su país no quiere volver por más que la prensa destaque el crecimiento económico de los últimos años.
—Mi familia dice que Paraguay está igual que siempre. Tengo un hermano que viene a trabajar acá tres meses al año para hacer plata y vive el resto del año allá. Y otros cuatro de mis ocho hermanos están acá. Además yo tengo confianza de que va a salir algo de trabajo acá. Si Dios lo permite, tiene que salir.
Hasta este año, el promedio de Ramírez era un parate de tres semanas por año.
—Yo venía bien, de repente se paró todo, no sé qué pasó. Todos te dicen que te van a llamar, pero…
Ahora extraña esos viajes de los que tanto se quejaba: cuatro horas de ida y vuelta, o más, en colectivos hasta Pilar o San Fernando, donde estuvo trabajando el año pa
sado.
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Martínez, el jefe de la UOCRA, y los otros líderes de las tres CGT se reunieron con Macri en febrero, y luego dos veces más, para contarles “todos los problemas”.
—El presidente está preocupado, está pensando en resolver el problema de los despidos en la construcción —dice Martínez, por celular, una mañana de abril.
Desde hace algunos años, Martínez mantiene una buena relación con el presidente y exejecutivo del grupo familiar y empresarial que tiene entre sus firmas a la constructora Sideco.
—El gobierno está rediseñando los sectores productivo y energético. Está en su derecho, pero mientras tanto deja gente sin trabajo. Nosotros reclamamos una transición justa. Hay inestabilidad por la redeterminación de precios que dejó la devaluación. El parate ya venía del último trimestre de 2015, pero se ha incrementado la sensación térmica negativa este año.
Martínez empezó a preocuparse cuando advirtió que a fines de 2015 comenzaba a subir la inflación porque sabe que su actividad depende mucho de la “macroeconomía”.
—Nosotros pensábamos que el nuevo gobierno iba a terminar con el cepo y sincerar la economía, pero eso no la reactivó sino al contrario. Lo llamativo es que cuando hablamos de crisis energética estemos debatiendo si se van a hacer o no las centrales.
El líder de la UOCRA se refiere a Atucha III y las centrales hidroeléctricas Cepernic y Kirchner, en Santa Cruz.
El 11 de abril, Martínez, Chediack y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, se reunieron en la sede de la UOCRA, en Montserrat, para firmar el llamado acuerdo de seguimiento tripartito de la financiación y la reactivación de las obras públicas. Y 72 horas después, las tres CGT, con Martínez incluido, se volvieron a ver con Macri, pero sin resultados concretos.
Lo que también deberían reactivarse son las construcciones privadas. Grandes desarrolladores inmobiliarios, como Eduardo Elsztain, de IRSA; Eduardo Costantini, de Consultatio; o Jorge Pérez, de The Related Group, han sido los primeros y quizás únicos empresarios que han anunciado inversiones importantes en la era Macri: unos 1.700 millones de dólares en total en construcción de viviendas, oficinas y centros comerciales. Sin embargo, aún no se notan.
—El panorama está bastante complicado — dice Claudio Pascual, dueño de un corralón de Lanús llamado Imhotep, en honor al primer arquitecto de la historia, un egipcio que vivió en el siglo XXVII antes de Cristo. El despacho de Pascual está decorado con imágenes del antiguo Egipto y su título de contador. Mientras habla, mueve con las manos dos paquetes de cigarrillo Marlboro que tiene sobre el escritorio.
Pascual explica que si bien el ladrillo siempre es una buena inversión, hoy el costo de la construcción subió mientras que el precio del metro cuadrado de la vivienda a estrenar se estancó porque no hay operaciones inmobiliarias.
—El margen se achicó mucho como para asumir el riesgo de construir edificios.
Cuando el 25 de noviembre pasado, Peña anunció el gabinete de Macri, al dueño de Imhotep se le prendieron las alarmas sobre lo que sobrevendría en sus dos locales sobre la avenida Yrigoyen.
—Vi que en cada área ponía gente técnica. Mi gran miedo fue que esos técnicos entendieran que las cuentas del Estado debían dar cero déficit, sin tener en cuenta la variable social. Ahí vi que iban por el ajuste de golpe, desde cortar en el PAMI hasta los subsidios al gas. En el Estado las cuentas no tienen que dar cero… Pero esta gente es seria.
Pascual entiende que de todos modos se va “por buen camino pero apretando los dientes”. Sabe que este año será muy difícil, que pocos iniciarán obras, que no será de un día para el otro, porque todo demora: los planos, las autorizaciones legales.
—Pero ya va a venir inversión porque en el mundo sobra plata. El problema es que está muy concentrada, no hay una política clara para las pymes, pagamos los mismos impuestos que Coca-Cola.
El 80% del negocio de Imhotep proviene de los desarrolladores inmobiliarios y solo el 20% de los clientes pequeños que quieren reformar o ampliar la casa. La caída de las ventas comenzó hace un año, pero se aceleró desde diciembre. Del 25% de descenso, 20 puntos porcentuales corresponden a los últimos cuatro meses. Primero caía la venta por la incertidumbre que provoca toda elección presidencial en la Argentina. Entonces Pascual, de 54 años y dos hijos de 23 y 25, empezó a echar personal. Los despidos se incrementaron en diciembre, enero y febrero. En total desvinculó a una decena de sus empleados y se quedó con once.
—Es que los aumentos de los costos fijos no eran concomitantes con el volumen de venta. Cuando caen las ventas y hay despidos, hay mal ánimo y tenés que trabajar más. Hay que achicar gastos, aplicar más eficiencia.
Pascual ya había encarado ajustes de personal cuando en la hiperinflación de 1989 trabajaba en el Canal 11 de Salta, pero nunca en los 13 años de vida de Emhotep, una empresa que nació tras la crisis de 2001/2002. Su padre había fundado otra compañía de venta de hierro, Herpaco, justamente en 1989.
—Es que en las crisis también se generan oportunidades, dependiendo de cómo te encuentran desde el punto de vista financiero. Ahora se repite la crisis, pero con demandas sociales muy importantes. El asalariado se ha acostumbrado a beneficios, que le corresponden, no digo que no, pero le cuesta acostumbrarse a una crisis. Las vacaciones o los feriados son demandas metidas en la gente y bajarse de todo eso es jodido. Los aumentos salariales no pueden ser mucho más bajos que la inflación. También hay barreras para ajustar porque hoy tenés más demanda de gastos porque tenés que tener cable, Internet…
Suena el iPhone de Pascual. Es un cliente que le hace un pedido. El dueño de Imhotep interrumpe la entrevista. Por estos días llama a los encargados de compras de las desarrolladoras y a los arquitectos conocidos para preguntarles qué están construyendo y ofrecerles grifería o ladrillos. Lo que no puede es bajarle los precios.
—No hay margen —cuenta mientras prepara un café en una de las dos cafeteras que tiene en su despacho—. Los precios subieron 25 o 30% desde noviembre por las expectativas de incremento salarial y por los aumentos de (las tarifas de) los servicios y del (precio del) gran componente de esta industria, el flete.
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Cristian Vizcarra es de los que no vieron en la crisis de 2001 ninguna oportunidad. Tiene 35 años y tenía 20 en el peor momento de la historia económica reciente de la Argentina. Entonces estaba desempleado e iba a juntar verdura de descarte al Mercado Central. Después de aquel año fatídico, a este joven ‘durlero’ (especialista en la instalación de durlock), que se dedica a la construcción desde que dejó la escuela al terminar la primaria, nunca le faltó el trabajo. Hace tres semanas iba a comenzar una obra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ya había pasado la revisación médica. Un domingo recibió una llamada de la empresa que lo contrataba. Él estaba en la ducha.
—No se puede empezar la obra, no sé qué pasó —le dijo su patrón de turno.
Vizcarra se puso en movimiento apenas se secó.
—No puedo quedarme en casa sin hacer nada, no puedo llegar al viernes sin plata —dice el hombre, sentado en una pizzería del centro de Lomas de Zamora. Sólo un arito se destaca entre el buzo y jogging azul. Vive en Villa Lamadrid, el barrio que cobija la megaferia La Salada. Está casado con una maestra jardinera y tienen una hija de seis años, Azul.
El durlero se puso a enviar mensajes por Whatsapp a conocidos. Tardó una semana en conseguir otro trabajo y le pareció una eternidad.
—En empresas de durlock no es usual estar días parados.
A comienzos de abril empezó a trabajar en una terminal de recolección de residuos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Le quedan otras dos más de laburo. Gana 500 pesos por día. Ni a él ni a los otros amigos ‘durleros’ de su barrio les falta trabajo, pero teme por la situación social.
—Para mí se va a armar quilombo con tanto aumento, pero no creo que vuelva a 2001 —tira el vecino de Villa Lamadrid.