Fotos interior: Ignacio Iturrioz - Facebook Expocannabis
En la puerta de Expo Cannabis, un joven disfrazado (de... ¿plantita?) en potentes tonos de verde saluda con entusiasmo a los recién llegados. Como si se tratara de la entrada a la Exposición Rural o a la Feria del Libro, extiende un programa impreso y comenta las principales actividades del día. Estamos en el Parque de Exposiciones del LATU, en pleno Montevideo, y hoy sábado 5 de diciembre comienza la segunda edición de este evento organizado por Uruguay Siembra, la primera plataforma de información y articulación sobre el cannabis y el cáñamo (término, este último, que designa a las variedades de cannabis sin efecto psicoactivo y de usos en la industria textil, cosmética, de la construcción y del papel, e incluso como biocombustible).
Al igual que en el proceso de debate público y negociación política que condujo a la aprobación, en diciembre de 2013, de la Ley 19.172 -que regula el mercado del cannabis en todo el territorio uruguayo-, coexisten en el evento actores estatales tales como la Junta Nacional de Drogas, el IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis) y la Intendencia Municipal de Montevideo, organizaciones sociales, entidades académicas, empresas privadas y usuarios. Abundan los periodistas y hay gente de todas las edades, desde muy jóvenes hasta adultos mayores. En los pasillos se escuchan otros acentos e idiomas. No solo hay expertos extranjeros que vienen a transmitir sus conocimientos: también hay “autocultivadores”, emprendedores, activistas y académicos que llegan del exterior a mirar más de cerca la experiencia uruguaya, a la que destacan con entusiasmo como “única en el mundo”.
El hall de entrada marca el tono del evento, centrado en los usos “medicinales, terapéuticos e industriales” de la planta. A la derecha, una ronda de macetas con especímenes de diversas variedades y en distintos grados de desarrollo, a las que los visitantes invariablemente se acercan para palpar y oler hojas y racimos de flores (designados como “cogollos” en la jerga de los cultivadores). A la izquierda, gráficos informativos, vitrinas con tubos de ensayo que contienen enigmáticos extractos verdes, y mesadas con microscopios como los que usan los científicos que actualmente investigan las propiedades del cannabis. De un lado, jóvenes de jeans y rastas comparten con los visitantes sus vastos conocimientos de técnicas de cultivo. Del otro, un grupo de anfitriones de impecable guardapolvo blanco los invitan, en representación de los centros de investigación y del Grupo de Química Medicinal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a observar el cannabis desde las perspectivas de la biología, la genética, la química y las neurociencias.
La entrada al predio está restringida a los mayores de dieciocho años, aunque no hay en su interior nada misterioso, sórdido o de aire siquiera ligeramente clandestino. De hecho, ni siquiera el aire huele a porro, excepto en las veredas y jardines que rodean al recinto donde se agrupan los stands: a los cigarrillos de marihuana se les aplican las mismas reglas que a los de tabaco, y por lo tanto están prohibidos en todos los espacios públicos cerrados. En lo que se refiere a sus efectos psicoactivos, la nueva regulación es similar a la que se aplica al alcohol: está prohibido conducir bajo sus efectos, o tomarlo en lugares u horarios de trabajo. Pero –a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos- no está prohibido beber alcohol ni fumar marihuana en la vía pública, y es común (¿más que antes de la nueva ley? Difícil saberlo) sentir el aroma del cannabis al pasear por las calles céntricas o por la rambla montevideana.
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La de reglamentación del cannabis es, en más de un sentido, una ley muy uruguaya. Ella se inscribe no solamente en un proceso político que, sintetizado en la figura del ex presidente José “Pepe” Mujica, llevó al país en el último lustro a las portadas del mundo entero, sino también en una mucho más longeva tradición dialoguista, pluralista e inclusiva.
La democracia que se instaló en Uruguay desde 1917 (con una interrupción autoritaria entre 1973 y 1984) se construyó sobre la base de negociaciones y consensos entre los dos partidos fundadores: Colorado y Nacional. Desde principios del siglo XX, sucesivas ampliaciones de los derechos políticos permitieron incluir a los inmigrantes europeos primero, y luego a las mujeres: Uruguay fue pionero en el continente al aprobar su ley de sufragio femenino en 1932, y en elegir a las primeras mujeres diputadas en 1942. Si bien los partidos políticos tradicionales fueron tan centrales como para que el sistema político se ganara el mote de “partidocracia”, las organizaciones sociales –sobre todo el movimiento obrero y sindical autónomo- fueron desde los inicios actores de peso. Las ideas anarquistas, socialistas y comunistas también tuvieron fuerte presencia en la prensa y el debate público del 1900, y los partidos Socialista (fundado en 1910) y Comunista (de 1921) uruguayos, ambos con representación parlamentaria, fueron entonces decisivos en la aprobación de un conjunto de leyes impulsadas por sectores de los partidos tradicionales que colocaron al Uruguay a la vanguardia de los derechos políticos, sociales y laborales.
A diferencia de lo sucedido en otras latitudes, ya desde entonces se amalgamaron en la izquierda uruguaya componentes procedentes de las tradiciones socialista, democrática y liberal. Así, por distintos caminos, diversas corrientes ideológicas confluyeron tempranamente en el concepto de la democracia liberal sustentada en la participación ciudadana. Aunque presentes, las perspectivas más conservadoras y reaccionarias permanecieron en minoría y tuvieron escasa influencia sobre la opinión pública. Se cimentó así una cultura de diálogo, participación ampliada y búsqueda de soluciones negociadas, que sigue siendo aún hoy la marca de fábrica de la política uruguaya. También contribuyó a ello el carácter proporcional del sistema de representación, que siempre requirió de la convergencia de varios partidos para la aprobación de las leyes más importantes y de todas las reformas constitucionales. No resulta sorprendente que este estilo político tan enraizado volviera tras el hiato de la dictadura militar.
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A partir del ascenso, en 2005, del Frente Amplio, primero con Tabaré Vázquez y con José Mujica después, cobró fuerza la llamada “nueva agenda de derechos” que, al igual que en otros países de la región, fue liderada por organizaciones y movimientos sociales. En el caso uruguayo, las iniciativas de la sociedad civil organizada recibieron el apoyo de diversos sectores políticos, predominante pero no exclusivamente frenteamplistas. Convertido en caja de resonancia de las demandas sociales, el Congreso aprobó una serie de iniciativas entre las que se destacaron la de salud sexual y reproductiva (que incluyó la despenalización del aborto), el matrimonio igualitario, la autorización de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales o en concubinato, y diversas acciones afirmativas en defensa de la igualdad de género (como las cuotas de participación en cargos electivos) y de protección de las comunidades afrouruguayas. A ellos vino a sumarse la regulación del cannabis.
En misión desmitificadora, nuestros interlocutores en la Expo subrayan una y otra vez que la marihuana no fue legalizada dos años atrás, porque en realidad ya era legal. Lo que hizo la nueva ley es eliminar la trampa de la vieja legislación, que toleraba el consumo pero prohibía todas las vías para obtener el producto, forzando al usuario a incurrir en conductas ilegales. Lo hizo mediante la introducción de una serie de regulaciones que se aplican en cada fase, desde la investigación hasta el consumo, pasando por el cultivo, la comercialización, el almacenamiento y la distribución, y del establecimiento de un organismo, el IRCCA, encargado de emitir licencias, mantener registros, y regular y controlar todas las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de la marihuana y sus derivados.
De acuerdo con la Ley 19.172, los ciudadanos uruguayos o residentes mayores de edad podrán, previo registro, adquirir hasta 10 gramos de cannabis por semana (y hasta un máximo de 40 gramos por mes) en farmacias autorizadas. El proceso de reglamentación de la ley fue prolongado y recién en el pasado mes de octubre fueron seleccionadas por licitación las dos empresas que se encargarán de la producción y distribución a las farmacias de hasta dos toneladas de marihuana por año, que será vendida en poco más de un dólar por gramo. En función de los requerimientos administrativos y el ciclo biológico de las plantas, se estima que el producto estará disponible en la segunda mitad de 2016.
En respuesta a una demanda de larga data de numerosas organizaciones sociales, la ley también habilita el autocultivo tanto individual (con un máximo de seis plantas hembra en floración, hasta 440 gramos anuales) como colectivo. Para este último propósito se habilitaron los clubes de cannabis, que deben formarse como entidades sin fines de lucro con entre 15 y 45 socios y hasta 99 plantas. Es gracias a estas dos opciones, enuncia con voz pausada Claudia, una activista joven pero de considerable trayectoria, que “podemos ejercer nuestro derecho sin alimentar el narcotráfico”. Asegura que, si se presta atención, se nota que ya circula menos la porquería tóxica que llega de Paraguay en ladrillos prensados. ¿Cómo nos damos cuenta? El cannabis cultivado con insumos orgánicos y cuidados artesanales, sin aditivos químicos ni rellenos cualesquiera, sabe y huele completamente diferente. A modo de prueba, saca un cigarro electrónico y nos ofrece unas pitadas. Es difícil comparar –han pasado muchos años desde aquellos porros de estudiante, que quién sabe de qué calidad serían- pero, efectivamente, este sabe y se siente delicioso.
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El camino hacia la regulación del cannabis –o “regularización”, como le dicen algunos- fue largo y sinuoso. La Ley 19.172 fue el resultado de negociaciones entre actores que acabaron alineándose a favor del proyecto por razones marcadamente diferentes –de seguridad y disputa de mercados al narcotráfico, de salud y reducción de daños, de derechos y libertades individuales-, en un proceso que combinó los rasgos tradicionales de la cultura política uruguaya (el diálogo plural, la búsqueda de consensos) con un elemento más novedoso: la interacción con los movimientos sociales.
Las primeras expresiones articuladas a favor de la regulación del cannabis se hicieron oír entre 1985 y 1989, es decir, en el primer quinquenio post-dictadura, cuando la juventud era (junto con las minorías sexuales, entre otros blancos favoritos de la policía) víctima de rutina de las razzias. Aunque el consumo fuera legal, la violencia policial se redoblaba cuando había marihuana involucrada, y, dependiendo de la discreción del juez, los arrestos podían dar lugar a procesos judiciales y terminar en largos períodos de encierro. En el marco del aumento del consumo y el tráfico, el Ministerio del Interior justificaba el accionar policial como necesario para prevenir el delito. Así se fue instalando en los medios y en los imaginarios, como bien lo explica Rafael Bayce en su libro Drogas, prensa escrita y opinión pública, la cadena de equivalencias de sentido entre juventud, delito, consumo de drogas, y drogas legales e ilegales. Eran los días en que Guerrilla Urbana cantaba “Yo siempre quiero lo que no puedo tener / Y es por eso que me tengo que esconder / Esta noche no salgas a la calle / esta noche porque hay razzia”.
En reacción a estos atropellos nació la Coordinadora Anti Razzia, acompañada de una potente renovación cultural que se expresó por todos los medios, desde los muros urbanos hasta la música y la palabra impresa. Y ya desde entonces se empezó a conformar, no solamente gracias a la acción de las organizaciones sociales sino también por medio de intervenciones públicas de legisladores de izquierda y de agrupaciones profesionales y de debates internos a los partidos (inclusive en el Partido Nacional, el más refractario a estas cuestiones), la batería de argumentos que hoy son moneda corriente entre nuestros anfitriones en Expo Cannabis. Por ejemplo, que la marihuana fue de uso libre durante siglos, hasta que por razones no inocentes (intereses económicos, conveniencia política y cruzadas morales combinadas en proporciones variables en diferentes contextos nacionales) se impuso el prohibicionismo a comienzos del siglo pasado. Que otras drogas legales como el tabaco y el alcohol tienen sobre la salud consecuencias mucho más dañinas que la marihuana. Que la proporción de “usuarios problemáticos” es mínima en el caso del cannabis, y que solo ellos deberían ser socorridos del mismo modo en que lo son los adictos a otras sustancias. Que las que se cuentan por cientos y miles no son las víctimas de la adicción a la marihuana sino las de la lucha policial y judicial contra la droga (y del estigma que se le asocia). Que si se garantiza al usuario el acceso a una sustancia cuya calidad es controlada por el Estado, es posible combatir el mercado negro y desmantelar el narcotráfico (al menos en lo que se refiere al cannabis, ya que no es de esperar que los consumidores de drogas duras se pasen al porro, dado que el consumo no persigue los mismos fines en todos los casos). Que solo en un espacio de legalidad es posible promover la circulación de información que fomente el consumo responsable. Que los usos industriales y medicinales de la planta, muchos de ellos aún apenas explorados, podrían contribuir a solucionar otros problemas. Y que, por encima de todas las cosas, debería regir la garantía del artículo 10 de la Constitución uruguaya que (prácticamente en las mismas palabras que el artículo 19 de su par argentina) afirma: “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”.
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Con los argumentos maduros y el debate instalado, los actores políticos comenzaron a alinearse en pos de la regulación del cannabis a comienzos de los años 2000. Aunque las razzias ya eran cosa del pasado, la criminalización de usuarios cultivadores no cedía. En la mayoría de los casos los operativos policiales (gatillados a menudo por denuncias de vecinos) se reducían al decomiso de las plantas y a la detención de sus propietarios por períodos breves, hasta que el juez de turno desestimaba las causas. Sin embargo, en 2011 se calculaba que había en las cárceles uruguayas unas 350 personas presas por autocultivo. Según datos de la Junta Nacional de Drogas, el 79% de los operativos que involucraron marihuana incautaban cantidades inferiores a los 100 gramos. No obstante, la ley penaba con un mínimo de 20 meses de prisión excarcelable la producción de sustancias “capaces de producir dependencia síquica o física” independientemente de las cantidades involucradas; además, pese a que autorizaba la tenencia para consumo personal, dejaba a criterio del juez la definición de la cantidad que habría de considerarse razonable como consumo personal. En ese marco, algunos casos emblemáticos fueron utilizados por las organizaciones sociales para poner en evidencia el absurdo de la situación y mover el tema hacia una posición más destacada de la agenda pública. El más resonante de ellos fue el de Alicia Castilla, de 66 años de edad, psicóloga, escritora y líder de opinión del movimiento de liberación de la marihuana, que permaneció detenida tres meses por posesión de plantas de cannabis. Para ella, la fiscalía había previsto dos años tras las rejas.
Al calor de estas batallas acabó de conformarse un denso entramado organizacional en pos de la liberación del cannabis, que incluyó tanto a organizaciones de defensa del consumo y el cultivo –Prolegal, el Movimiento por la Liberación del Cannabis (MLC), la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, el Colectivo Planta tu Planta, la Movida Cannábica Uruguay- como a organizaciones veteranas de otras luchas por los derechos humanos (derechos civiles, derechos sexuales y reproductivos, etc), como IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) y Proderechos. Muchas de ellas, junto con organizaciones de la diversidad sexual, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Departamento de Jóvenes de la central sindical (PIT-CNT), y las juventudes partidarias, trabajaron juntos en el marco de la Coordinadora Nacional por la Regulación del Cannabis.
Estas organizaciones movilizaron no solamente seguidores sino también saber experto. Embanderadas en consignas como “¡Hasta la victoria, siembren!” y “Uruguay se planta por la regulación del cannabis”, las organizaciones salieron a la calle cada mes de mayo en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana. En agosto de 2011, por su parte, tuvo lugar el primer Debate Nacional sobre Drogas, organizado por ProDerechos, IELSUR y El Abrojo, y auspiciado por varias agencias gubernamentales y cooperantes internacionales como la Open Society Foundation.
Fue allí donde quedaron plasmados los argumentos y delineados los actores que llevarían hasta el final la iniciativa de regulación. A los argumentos pro-derechos, que enfatizaban especialmente la habilitación del autocultivo, se agregaron entonces, por un lado, los vinculados con la agenda de seguridad y, por el otro, los de naturaleza económica. Uno de los adalides de la reglamentación fue, no por casualidad, el entonces Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien convenció al presidente Mujica de incluirla dentro de un paquete de medidas de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico. Paradójicamente, se trató del mismo funcionario que desde una perspectiva izquierdista antediluviana se dedicó a ridiculizar la “agenda de derechos” como distractiva de la “contradicción principal”, la de clase. También la industria farmacéutica se subió al tren en marcha con un reclamo de participación en la comercialización del cannabis para uso recreativo, aspecto que fue efectivamente incluido en la ley. De hecho, ésta habilita tanto el cultivo de cannabis para fines de investigación científica y uso medicinal, por un lado, como de cáñamo para usos industriales, por el otro.
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Mientras afuera suenan las bandas y algunos se relajan con un porro o hacen picnic con los bocadillos vegetarianos y veganos que se venden en el predio, en el stand de la Junta Nacional de Drogas se exhiben datos y consignas de las campañas de prevención y en el del IRCCA se ofrece información sobre la reglamentación de la ley. Cerca de allí, el puesto del Correo permite a los usuarios registrarse y la Intendencia de Montevideo informa sobre controles de tránsito. Los puestos de merchandising se alternan con los de las marcas de ropa fabricada en fibra vegetal de cáñamo, los de venta de suministros para el cultivo, bancos de semillas, organizaciones de promoción de la investigación del uso terapéutico del cannabis en enfermedades raras, organizaciones activistas, publicaciones periódicas y portales virtuales. Entretanto transcurren en apretada agenda las actividades que incluyen talleres, foros de debate, películas, conferencias de expertos uruguayos y extranjeros, y hasta un consultorio de orientación en cannabis medicinal.
Nos detenemos en un stand cuya pared lateral está adornada por una enorme bandera con la consigna Marihuana Libre. La bandera, la misma que ha marchado por Montevideo tantas veces, es el punto de inicio de una conversación en la cual una de estas cronistas reflota un recuerdo de infancia. Cuenta que la primera vez que leyó esas palabras fue sobre las paredes de Buenos Aires, en la época en que asumía Raúl Alfonsín y las calles estaban llenas de reclamos de libertad a presos políticos. Libertad a Firmenich, a Obregón Cano, Marihuana Libre... Pasó bastante tiempo hasta que supo que, en realidad, "Marihuana" no era un preso político. Una chica aporta su conclusión: “Bueno...pero en cierto modo lo era, ¿no?”
Actores y argumentos conviven pacíficamente en los pasillos de Expo Cannabis. Las críticas a los circunstanciales compañeros de viaje se expresan con cautela. A algunos que se han dedicado a la causa con espíritu libertario les molesta un poco el énfasis desproporcionado en el uso medicinal e industrial del cannabis, como si su uso recreativo fuera una suerte de mal necesario. Y, sobre todo, les incomoda verse rodeados de quienes buscan nada más “hacer de esto un negocio”. Después de todo, sin su movilización de décadas por el acceso a un derecho el tema ni siquiera hubiera estado en la agenda. Pero reconocen que en ausencia de otras “ventajas” de la regulación –oportunidades económicas para los privados, réditos políticos para el Estado- no hubiera habido voluntad política ni consenso para impulsarla: en rigor, no hubiera sido posible alinear siquiera los votos en el Frente Amplio, varios de cuyos funcionarios y legisladores se habían manifestado abiertamente en contra de legalizar “esa bosta”. La clave del milagro uruguayo parece, pues, residir en la formación de equilibrios en virtud de los cuales todos consiguen (un poco de) lo que quieren: más mercado, más Estado, más libertad.