Fotos: Telam
Un hombre cualquiera viaja a Panamá. En media hora recorre el trayecto que lo lleva del aeropuerto al Capital Bank. Un empleado le alcanza un formulario breve. Y con eso alcanza: el hombre no tiene que presentar informes de auditorías ni datos de contabilidad ni siquiera informar cómo hace para ganarse la vida. Nadie le exige nada, los empleados le sonríen. En cuestión de horas el hombre tendrá una máscara que le permitirá moverse en el sistema financiero y girar grandes sumas de dinero bajo un hermético secreto bancario y sin pagar impuestos. En esta trama compleja y de zonas grises se inscribe el FIFAgate. Más que dejar al descubierto a dirigentes de fútbol y empresarios que recibieron y pagaron coimas millonarias, lo que el escándalo de la FIFA expone en forma transparente es cómo los sistemas internacionales están aceitados para que la evasión y el lavado operen en actividades con fachada legal.
Si se quitaran de esta historia los nombres propios, la operación coincidiría con otros casos resonantes de lavado de activos y fuga. En las denuncias del arrepentido del JP Morgan, Hernán Arbizu, se trianguló dinero, se utilizaron paraísos fiscales y se ocultó la titularidad de activos. Lo mismo ocurrió en el caso HSBC, donde las 4040 cuentas ilegales de argentinos en Ginebra se transformaron en dinero que sorteó todos los controles.
En la operación sobornos de la FIFA, de la que están acusados de participar los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkins y su hijo Mariano, intervinieron bancos gestores de los fondos: el Citigroup, Bank of America, Barclays, HSBC y Repúblic Bank, el Banco Do Brasil, Unión de Bancos Suizos (UBS), el Capital Bank de Panamá y Julius Baer, el banco que se coló en la historia reciente por haber sido objeto de denuncias de corrupción y cuentas secretas en el sitio Wikileaks.
Los sobornos de Traffic, la empresa brasileña asociada con las firmas argentinas, se concretaron desde una cuenta del Delta National Bank and Trust Company en Miami, hacia otra cuenta en Nueva York del Banco Do Brasil. El monto de esa gestión, dirigido al directivo paraguayo Nicolás Leoz, se acreditó en la sede del banco brasileño, pero en Asunción del Paraguay.
Estos bancos, los países por donde circularon los millones y el detalle de las operaciones muestran, una vez más, que la evasión y el lavado son operaciones bastante convencionales. No hay hombres de negro con valijas repletas de billetes ni operaciones financieras complejas. Y mucho menos, empleados bancarios de paraísos fiscales preguntando por el origen de los fondos que entrar y salen.
Las triangulaciones, las pantallas, los paraísos fiscales son de uso común por el poder económico concentrado. En Luxemburgo, el ducado convertido en uno de los paraísos off shore más selectos de Europa, se instalaron las firmas argentinas Techint, la ex Quilmes, Procter and Gamble y hasta la ex pyme de software Globant, además de la mendocina IMPSA. Allí fundaron sociedades pantalla para preservar la titularidad de sus activos y aprovechar el esquema de impuestos reducidos que ofrecen estas capitales de los negociados. El FIFAgate usó el mismo esquema, de aplicación simple: el movimiento del dinero de un lado a otro despista, como cuando en las películas de espías cambian dos o tres veces de auto y modifican recorridos, para que la llegada del objetivo a un lugar determinado no pueda ser rastreada por nadie. Para lavar dinero, se les borran las pistas a los organismos fiscales de cada país.
Las ollas se destapan con arrepentidos: Hernán Arbizu del JP Morgan, el europeo jefe de Informática del HSBC, Hervé Falciani, o el dirigente norteamericano Chuck Blazer, el topo que la Justicia norteamericana metió en la FIFA.
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Alejandro Burzaco se entregó el 9 de junio en Bolzano, una ciudad del norte de Italia. Lo acompañaban un abogado argentino y otro italiano, como sus dos nacionalidades. Lo buscaba Interpol desde el mismo día que estalló el escándalo. La semana pasada, en una reunión que tuvo escasa trascendencia en los medios, los gerentes de Torneos y directivos de sus socios (Grupo Clarín y Directv, entre otros) decidieron que había que soltarle la mano y lo desvincularon de la empresa.
Los socios de Burzaco siguen prófugos. En tándem con Hugo Jinkins y su hijo Mariano, dueños de Full Play Group, crearon con Burzaco la UTE Datisa. La justicia norteamericana acusa a Datisa de haberles pagado a los directivos de FIFA y Conmebol sobornos millonarios. Una mirada al expediente describe la operación: en 2013, Datisa obtuvo los derechos de la Copa América del 2015, 2019 y 2023. Y la Copa Centenario, a disputarse en 2016. Para alzarse con semejante negocio, los Jinkins y Burzaco pactaron “pagar 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios de la CONMEBOL, que eran funcionarios de la FIFA, a cambio del contrato de la Copa América (acordado en) 2013: 20 millones por la firma del contrato y 20 millones por cada una de las cuatro ediciones del torneo".
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que “cada pago de 20 millones de dólares se dividía en 3 millones de dólares para el presidente de la Conmebol, 3 millones para el presidente de la asociación de Brasil y 3 millones para el jefe de la asociación de Argentina. Cada uno de los líderes de las otras siete federaciones sudamericanas se llevaba 1,5 millones de dólares”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció que Hugo Jinkins es titular además de una firma en España (FutbolEsp S.A.), dirigida entre los años 2008 y 2012 en conjunto con Raúl Durán Riveros. Full Play también tiene sede en Madrid. A su vez, dijo la AFIP, los Jinkins manejan en paralelo una firma en Panamá, reconocido paraíso fiscal, denominada Calcio One S.A. Hay más: tanto Mariano como Hugo Jinkins tienen domicilio en Montevideo, Uruguay. Por el lado de Burzaco, AFIP sumó el dato de que Torneos tiene como accionista a la firma Directv Latin America LLC, sociedad constituida en Delaware (otro paraíso fiscal) y que tiene a la vez en su accionariado al fondo buitre Elliot Management, del magnate Paul Singer.
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Cada vez que tenía que resolver un problema de gestión, el ex dirigente de la CONCACAF Chuck Blazer no ahorraba en gastos: llegó a rentar un piso entero en la Torre Trump de NuevaYork para limar diferencias entre clubes guatemaltecos. Si cuando hacía negocios quería que sus invitados se sintieran cómodos, aplicaba el mismo criterio a sus seres queridos. Aficionado a las mascotas, el estadounidense alquilaba un departamento de 6 mil dólares mensuales sólo para sus gatos.
Como suele suceder con los “arrepentidos”, en algún momento de esa vida de lujos hubo un clic interno que lo llevó a contarle a la Justicia de los Estados Unidos cómo la FIFA pagaba sobornos, lavaba dinero y arreglaba sedes mundialistas. Centenares de documentos, escuchas y pruebas cosechadas a lo largo de su estadía en el corazón del poder que maneja el fútbol sustentaron la denuncia que impactó sobre 14 dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.
El operativo de la fuerza norteamericana sorprendió a los dirigentes en Zurich, sede del organismo. Disfrutaban del conforte del Baur Au Lac, donde la habitación más barata supera los 5 mil dólares. El dinero, blanco y negro, que mueve el fútbol se cuenta siempre por miles de millones. Cada gasto de un dirigente es siempre un destilado de la pelota: de los negociados con los ingresos de la televisión, los arreglos de partidos y los sobornos para garantizar sedes mundialistas.
Blazer entró a la FIFA en 1997. Fue el primer norteamericano en llegar al Comité Ejecutivo de 24 miembros. Un año después, Joseph Blatter era elegido presidente del organismo. Desde la Concacaf (Confederación de América del Norte, Central y el Caribe), Blazer creó y organizó la Copa de Oro, la Copa Confederaciones y el Mundialito de Clubes: cada torneo generaba ingresos y, en el camino, comisiones para el dirigente.
El clic de Blazer, el momento en que decide convertirse en un topo arrepentido, fue en 2013. Una investigación interna de la Concacaf descubrió que el dirigente norteamericano había desviado dineros de la Confederación para sus gastos personales: dos departamentos en Manhattan, una casa en Miami, otra en las Bahamas. En total, una fortuna de 22 millones de dólares.
El FBI detuvo a Blazer en la calle, en abril de 2013. El hombre se ofreció a cooperar. Su confesión en un tribunal de Nueva York fue clave para la acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hace unas semanas 47 acusaciones ante el tribunal de Brooklyn por “organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero”.
En una reunión previa a la votación para elegir la sede del Mundial de 2018 –que finalmente ganó Rusia- Vladimir Putin miró Chuck Blazer, le señaló la panza y la barba larga y canosa y lo comparó con Karl Marx.
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Cuando en 2009, el Estado se hizo cargo de las trasmisiones de los partidos del fútbol argentino y firmó un contrato con la AFA, muchos creyeron que el Grupo Clarín quedaba fuera del negocio.
Clarín y Burzaco eran socios a través de la asociación de Torneos con las empresas Tele Red Imagen S.A. (TRISA) -firma que produce los contenidos del canal deportivo TyC Sports- y Televisión Satelital Codificada (TSC). Esta última fue la nave insignia que Clarín utilizó para hacerse con los derechos del fútbol argentino hasta la interrupción del contrato del año 2009.
Burzaco fue el gestor de los partidos de la B Nacional y la comercialización de los campeonatos de Primera División en el exterior. Torneos, como si fuera poco, mantiene acuerdos con la AFA, Conmebol y la FIFA. También Burzaco –que tiene doble nacionalidad, pasaporte argentino y otro italiano- produce material para Fútbol para Todos y es uno de los directivos de Revista El Gráfico. Como de fútbol no solo vive el hombre, Burzaco también tenía los derechos de las ligas de Voley y Básquet de la Argentina; y se alzó con los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. También es parte de un negocio con viñas en Mendoza, junto a Tinelli y Daniel Awada, dueño de Cheeky y cuñado de Macri.
Hasta hace unas semanas, Alejandro, de 50 años, el hermano menos célebre de los tres hijos de Raúl Burzaco, hombre de la gráfica que supo conducir el viejo Tiempo Argentino y dirigió también El Cronista Comercial. Eugenio, uno de sus hijos es dirigente del PRO y encabezó la Policía Metropolitana entre los años 2009 y 2011. El tercer hermano es otro nexo con el Grupo Clarín: Walter Burzaco comanda desde hace varios años la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), entidad de lobby manejada por Clarín. Desde ATVC, el Grupo sumaba apoyos para oponerse a la Ley de Medios. En septiembre del año pasado, en el hotel Hilton de Puerto Madero, esta asociación hizo unas jornadas en las que Mauricio Macri y Sergio Massa prometieron derogar la Ley de Medios.
Los Jinkins, todavía prófugos, siempre tuvieron un perfil aún más bajo. Junto a la empresaa brasileña Traffic y la argentina Torneos, crearon Wematch, que los llevó a organizar la venta de la Copa América Centenario, un torneo a disputarse en Estados Unidos. Traffic, que tiene filial en el país del norte, está presidida por Aaron Davidson, imputado junto a los tres argentinos.
Otros dos argentinos que participaron de estos movimientos son Eduardo De Luca, ex secretario de AFA en Conmebol y su sobrino Andrés Castelli, ex director de FIFA para América Latina. En otro paralelismo con los métodos usados en las grandes causas de evasión, Deluca –según confirmó la Justicia suiza- abrió en marzo de 2004 una cuenta por donde movía montos siempre superiores a los 100 mil dólares. En 2008, recibió allí 1.200.000 dólares. Un año después, se cerró la cuenta y los montos viajaron a un paraíso fiscal del que no trascendió el nombre. Ya en 2014, la Justicia argentina alertó sobre la operación e investigó a las partes por un presunto desvío de dinero de publicidad de Conmebol hacia una sucursal del Crédit Suisse en Zurich.
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El 14 de mayo de 2015, a las 22 horas de Argentina, millones de televidentes de todo el planeta esperaban el reinicio o la suspensión de un partido de fútbol. El superclásico Boca-River del gas pimienta estaba detenido desde hacía 15 minutos. Las cámaras mostraban a Ponzio frotándose los ojos, al Cata Díaz con las manos en la cintura, a D’Onofrio cruzando el campo de juego. Lo que millones vieron esa noche, y que ni las duplas Closs-Niembro por FOX y Vignolo-Fabri por la TV Pública mencionaron, era que junto a los jugadores, árbitros y representantes de la Conmebol había un hombre de camisa celeste, campera marrón y gorrita negra llamado Alejandro Burzaco.
Días después, cuando la onda expansiva del FIFAgate llegó a la Argentina, la imagen de Burzaco, parado junto al arquero Orión y al representante de la Conmebol, cobró sentido. Lo único que a Burzaco le interesaba era que el partido continuara. Esa noche habló por teléfono con todos: con la federación, con la Policía, con sus jefes, con los dirigentes de Boca. Uno de los cinco argentinos hoy investigados por las coimas del FIFAgate era parte de una especie de familia de empresarios enriquecidos que viven del fútbol.
Burzaco, antiguo socio de Carlos Ávila –otrora zar de las trasmisiones deportivas-, pensaba en el futuro. Un verano tras otro, en las playas Punta del Este, fue constryendo el vínculo con quien hoy muchos ven como futuro mandamás de la AFA: Marcelo Tinelli. Burzaco era de los privilegiados que jugaba al fútbol en la chacra de Marcelo. En febrero de este año, Tinelli y Burzaco se sentaron en la mesa del ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para arreglar los contratos. La operación se deshizo cuando desde Presidencia bajaron el pulgar. El frustrado ingreso de Tinelli a Fútbol para Todos no hizo mella en la relación Tinelli-Burzaco. El futuro era de ellos.