La asociación de la corrupción exclusivamente al sector público desconoce su peso en el sector privado
La asociación entre política y corrupción, que existe y es problemática, fue una herramienta utilizada en diferentes momentos de la historia reciente por el poder económico y mediático para favorecer intereses propios o debilitar administraciones contrarias a ellos. Esas posiciones no buscan impulsar la transparencia de la política. Por eso no abordan debates como el financiamiento de la política, cuya opacidad genera la confluencia entre financiadores privados y financiados que ocupan cargos públicos condicionados.
En los últimos años, esa línea de acción fue desplegada por parte de medios de comunicación opositores a gobiernos populares en América Latina. La destitución de la ex presidenta Dilma Rouseff en Brasil bajo las acusaciones de corrupción y posterior asunción de Michel Temer, un presidente conservador implicado en la misma causa judicial, es una muestra de cómo ciertos discursos que dicen estar preocupados por la corrupción también pueden ser utilizados por las oligarquías para apartar a los políticos que molestan, mientras miran para otro lado cuando los mismos hechos salpican a sus alfiles. En nuestro país, las denuncias generalizadas de corrupción, que en los años noventa apuntaban contra gobiernos neoliberales, en las últimas décadas fueron utilizadas para la llegada a la presidencia de empresarios como Mauricio Macri, cuyo grupo económico familiar se forjó al calor de lo que se conoció como la “patria contratista”. En la campaña de 2015, una de las frases instaladas para presentar al “gobierno de los K” como “el más corrupto de la historia” fue que “se robaron un PBI”, sin aportar datos al respecto. Frase que banaliza por vía de la exageración los hechos de corrupción que pudieron haber tenido lugar en sus gobiernos, y que muy rara vez son debatidos con información adecuada.
Para tratar de dimensionar el desatino de “se robaron un PBI”, intentaremos hacer el ejercicio de estimar la posible “corrupción K” bajo una hipótesis de máxima, planteada por diferentes sectores opositores a esa gestión. Así, consideraremos que el quince por ciento de los gastos de capital del presupuesto (inversión productiva estatal, construcciones, transferencias de capital, etc.) estaba compuesto por coimas. También asumiremos que el diez por ciento de los subsidios a las empresas alimentaban la corrupción (el doble de lo denunciado por la diputada Carrió). Por último, daremos por cierto que el diez por ciento de los sueldos de todos los empleados públicos incorporados por la gestión kirchnerista iban a parar a bolsillos ajenos. Tomando esas hipótesis de máxima, de por sí exageradas, en ningún año la cifra de posible corrupción supera el dos por ciento del PBI, y en el acumulado entre 2003 y 2015 sumaría como máximo el quince por ciento del PBI promedio del período (o el once del PBI de 2015, considerando las comisiones y el producto a dólares corrientes). Es decir, una cifra muy lejana a un PBI.
La falta de realidad de zonceras al estilo “se robaron un PBI” no debilitan su poder de convencimiento, a pesar de que reducen la problemática de la corrupción a un asunto de la política que ni siquiera se problematiza en sus verdaderos efectos (sobre las prioridades y el control ciudadano en el uso de recursos públicos, por ejemplo), desconociendo que es un fenómeno mucho más amplio que incluye mecanismos como la evasión y la fuga de divisas, aspectos que comprometen principalmente al sector privado.
Con respecto a la fuga y evasión, el INDEC calcula que en 2021 había U$S 360.000 millones en activos externos del sector privado, aproximadamente un 75% del PIB. Según datos publicados por la Alianza Global para la Justicia Fiscal en 2020, en Argentina la pérdida fiscal anual a causa de la evasión de empresas y personas físicas representa el 8,6% del gasto en salud pública y la riqueza extraterritorial de la Argentina representa el 3.1% del PBI, lo que significa una pérdida de ingresos fiscales que asciende a 2.684 millones de dólares anuales. Del total, 2.341 millones de dólares corresponden a empresas multinacionales y compañías argentinas con sociedades offshore; y el resto a personas que ocultan sus ingresos no declarados en el exterior y pagan menos impuestos de los que deberían. Otro ejemplo, Argentina aparece como el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en paraísos fiscales en una investigación periodística global conocida en 2021, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que devela cuentas bancarias secretas en algunos de los principales paraísos fiscales (Pandora papers). Este dato evidencia una práctica extendida de elusión y evasión fiscal entre las élites de nuestro país, a la vez que exhibe una evidente falla de los mecanismos estatales para evitar que ello ocurra.
Arturo Jauretche, gran pensador nacional, ya nos había advertido contra los supuestos luchadores por la honestidad. Aquellos que se indignaban ante los actos de corrupción que los grandes medios difundían, mientras miraban en silencio cómo el poder económico internacional saqueaba nuestro país. A ellos les pedía, no que renuncien a su moral, pero sí “que levanten la puntería y en lugar de preocuparse del vecino del inquilinato que se ha comprado un traje nuevo, se preocupen de aquellos que siempre han usado traje nuevo, y que son los representantes del negocio de que ningún argentino pueda hacerse un traje, si no es a través de los intereses que representan; porque muchas veces, por no decir casi siempre, y siempre, cuando los grandes órganos de opinión le dan resonancia a sus denuncias, el escándalo tiene un solo objeto que ellos ignoran generalmente. Evidenciar el escándalo doméstico. Los pesos que gana, honradamente o no, cosa que en el comercio no es muy fácil de precisar, alguien, algún piojo resucitado, y que antes ganaba el mecanismo exterior de dominio de nuestra economía, o simplemente porque perturbaba la estructura organizada para impedirnos que comerciemos como le conviene al país” (Filo, contrafilo y punta, 1965).
El manual es una iniciativa del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con el apoyo de ACIJ y FES Argentina, con la finalidad de profundizar la conversación pública sobre cuestiones de justicia fiscal. Los textos expresan exclusivamente la opinión de las personas autoras sin representar necesariamente las perspectivas de las personas y organizaciones que integran el Espacio.