Ensayo

Francia: ajuste neoliberal y reforma jubilatoria


Sindicalismo y política: el futuro del cambio social

Francia está convulsionada. Las marchas en rechazo de la reforma previsional decretada por Macrón se suceden en todas las ciudades. No es la primera vez que en el país galo se intenta subir la edad jubilatoria para reducir el gasto social. Pero las actuales, son las protestas más importantes de los últimos 30 años. Esta vez, la oposición está liderada por un frente sindical unido. Luego de una jornada de lucha masiva el 1ero de mayo, en un contexto de retracción de salarios y retorno de la inflación, ¿podrá la movilización social poner freno al ajuste?.

Enero. Es invierno en Francia. En Rodez, una ciudad de algo más de 22.000 habitantes, más de la mitad de la población local marcha, como en decenas de otras ciudades francesas, contra las medidas recién anunciadas por Macron. La movilización, dicen los sindicalistas, es inédita.

Marzo. Más de 10000 toneladas de basura se amontonan en las calles de París. Hace semanas, los recolectores están de paro. Por la noche, las imágenes de la basura quemada durante las manifestaciones "salvajes" se suceden en loop en los canales de noticias.

Primero de Mayo. Decimotercera jornada nacional de protesta. Más de dos millones de personas se expresan en todo el país. Un número diez veces más importante que el año anterior. La prensa internacional titula: Los sindicatos franceses convierten el Primero de mayo en otra “histórica” protesta contra Macrón

Desde los inicios de 2023, Francia vive convulsionada. Para reducir el gasto social, Emmanuel Macron presentó una reforma previsional que eleva la edad legal jubilatoria de 62 a 64 años. No es la primera vez que en Francia se propone algo así y el rechazo siempre fue importante. Estas políticas estuvieron en el centro de la agenda de distintos gobiernos de derecha y enfrentaron varias movilizaciones en las últimas décadas. En 1995, en el 2003, en 2010 y en 2019. Pero las actuales son las protestas sociales más importantes de la historia francesa reciente.

Sin mayoría en el Parlamento, Macron decidió imponer su proyecto negando toda legitimidad a quienes rechazaban la reforma: la opinión pública, el conjunto de los sindicatos e incluso a sus propios parlamentarios. La oposición social fue masiva y estuvo liderada por las ocho organizaciones sindicales francesas en conjunto. Este frente sindical unido -una situación relativamente rara- permitió que las manifestaciones alcanzaran una escala inédita en los últimos 30 años: huelgas en distintas ramas de la actividad económica, multitud de bloqueos a escala local, barricadas en las rutas, ocupaciones de sedes de grandes empresas como Louis Vuitton o Blackrock, cacerolazos durante viajes del presidente y de sus ministros. Los límites y los posibles alcances de estas movilizaciones dependen de un sindicalismo que, hasta el día de hoy, es un actor imprescindible y absolutamente central de las protestas sociales en Francia. 

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Frente a todos los que, en el ámbito político, mediático o académico, presentaban a los sindicatos como actores marginados y poco representativos, las protestas sociales actuales muestran la capacidad persistente de los sindicatos franceses para representar la voz de las clases trabajadoras. Aun cuando la tasa de afiliación sindical pasó del 23% en 1975 al 10% en la actualidad, una de las más bajas de los países occidentales, esto no significa nada. En Francia, a diferencia de otros países, la afiliación sindical nunca alcanzó niveles muy altos. Es un gesto militante, no aporta ninguna ventaja diferencial en términos de protección social. 

En pleno invierno, hasta el 15% de la población salió a la calle en ciudades rurales remotas. Algunos días hubo hasta 300 manifestaciones en simultáneo en todo el país. La magnitud de las movilizaciones en las ciudades pequeñas y medianas muestra la legitimidad simbólica de la protesta. Pero también revela la red territorial que conserva hoy el sindicalismo. 

Las protestas sociales actuales muestran la capacidad persistente de los sindicatos franceses para representar la voz de las clases trabajadoras.

Históricamente, los sindicatos franceses han tenido una doble estructura: profesional pero también territorial, sobre todo a través de una amplia red de sindicatos locales y departamentales. La Confederación General del Trabajo (CGT) cuenta hoy con más de 800 "Uniones Locales" en todo el país, encargadas de agrupar y coordinar a nivel local las actividades de los sindicatos en las distintas empresas y administraciones. Aunque debilitadas, estas diferentes redes no sólo se mantienen, sino que se unieron y se complementaron, imprimiendole toda su fuerza a la protesta social actual. Ya puede hablarse de una “victoria sindical”: desde enero, todas las organizaciones afirman haber registrado un aumento significativo del número de afiliados, fenómeno que no se observaba desde hace años.

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Este estatus de portavoz legítimo del mundo laboral del sindicalismo, sin embargo, está resultando insuficiente para hacer ceder al gobierno. Frente a un gobierno cada vez más encerrado y autoritario, las estrategias sindicales actuales se encuentran en un callejón sin salida. 

Por un lado, la crisis social y política actual muestra el agotamiento del sindicalismo "reformista" encarnado en Francia, principalmente, por la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT). Durante tres décadas, la CFDT se presentó como un interlocutor "responsable" del poder político y de la patronal, reivindicó una práctica sindical libre de todo antagonismo de clase, y concedió un lugar central a la concertación y al "diálogo social". Este modelo fue ampliamente fomentado por los poderes públicos desde los años 90. Pero la indiferencia y el desprecio del gobierno francés en general, y de Emmanuel Macron en particular, hacia los sindicatos - cuyas propuestas, por ejemplo, no fueron consideradas en las reuniones de consulta previas a la reforma - pusieron a la CFDT en una situación incómoda. Obligó a volver a métodos de protesta abandonados hace tiempo, como las manifestaciones callejeras.

Frente a un gobierno cada vez más encerrado y autoritario, las estrategias sindicales se encuentran en un callejón sin salida. 

Por otro lado, la protesta social también pone de manifiesto los límites de un sindicalismo combativo, portador de una línea "clasista" centrada en el recurso a la huelga. Las movilizaciones fueron hasta ahora muy fuertes en la calle, pero mucho menores en las empresas. Más allá de algunos sectores en donde la CGT tiene llegada (energía, transportes, puertos), la huelga fue limitada. El estancamiento de los salarios y el retorno de la inflación (del 6% en 2022, y hasta del 16 % para los productos alimentarios, unos niveles no alcanzados desde los años 1970) erosionaron las capacidades de movilización de los sindicatos. La imposibilidad de ir al paro se debe también al desgaste del tejido sindical en numerosos sectores de actividad durante las últimas décadas. Las transformaciones de la economía y del mercado laboral (desindustrialización, precarización del empleo, desarrollo de la subcontratación) y las políticas neoliberales que tuvieron como objetivo específico debilitar la representación sindical se intensificaron durante los cinco primeros años de la presidencia de Macron (en el 2017, una reforma redujo en un tercio la cantidad de delegados sindicales en los lugares de trabajo a nivel nacional).

Frente a este callejón sin salida, surgen formas de movilización que escapan en parte al control del sindicalismo. La conducción intersindical sigue imponiendo el pulso de la movilización hasta el día de hoy pero en la mayoría de las grandes ciudades también se fueron multiplicando las manifestaciones nocturnas organizadas espontáneamente en las redes sociales y caracterizadas por el uso de métodos de acción ofensivos, como la destrucción del mobiliario urbano. Estas protestas reflejan una forma de continuidad con movimientos anteriores como los Gilets Jaunes en 2018-2019. Movilizan a fracciones de la población muy poco organizadas por los sindicatos -los asalariados precarios para los Gilets Jaunes; la juventud estudiantil o trabajadora en las movilizaciones actuales- y revelan la debilidad relativa de su anclaje social.

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En el seno de la conducción intersindical existió desde el principio la tentación de confinar la movilización a un terreno exclusivamente "social". Las reivindicaciones sobre las pensiones nunca formaron parte de una propuesta política alternativa, que vinculara la cuestión con otros temas centrales y urgentes para los trabajadores (aumento de los salarios, mejoras en las condiciones de trabajo, protección del empleo, desarrollo de los servicios públicos, etc.).

Luego de la utilización del artículo “49-3”, que permite la adopción de una reforma sin votación de los diputados y que es percibido en la población como una herramienta cada vez más autoritaria, la conducción intersindical se negó a acentuar la crisis política e institucional entonces evidente. Optó por no llamar a un endurecimiento del conflicto. A pesar de la creciente indignación social, decidió, por ejemplo, evitar la convocatoria a una huelga general y extendida en el tiempo o una manifestación nacional en París.

La conducción intersindical confinó la movilización a un terreno exclusivamente "social", sin propuestas políticas alternativas.

Más que una “traición” de las conducciones sindicales a las bases militantes y a los trabajadores, esta situación es sobre todo indicativa del distanciamiento que se ha producido en las tres últimas décadas entre los sindicatos y los partidos políticos, como reacción a un periodo anterior marcado, por el contrario, por relaciones de solidaridad, sino de dependencia, que fueron consideradas problemáticas (por ejemplo, entre la CGT y el Partido Comunista Francés). Los partidos políticos de izquierda se centraron cada vez más sobre las actividades y los cargos electos y perdieron la mayor parte de sus raíces y sus conexiones en el mundo laboral. Los sindicatos, en cambio, se propusieron establecer una delimitación cada vez más clara entre el mundo de las relaciones laborales y el ámbito político, rechazando cualquier forma de participación en la construcción de una plataforma ideológica alternativa. 

Esta distancia alimenta actualmente la competencia e incluso la hostilidad entre las organizaciones sindicales y los partidos. Recientemente, sin embargo, se han producido algunos cambios. Los dirigentes sindicales, como la nueva secretaria general de la CGT, expresaron su preocupación por trabajar más estrechamente en el futuro con los partidos de izquierda. Estos últimos -en particular La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon- también manifestaron su intención de asignar un mayor protagonismo a figuras del mundo sindical y de vincular más sistemáticamente el trabajo parlamentario con los métodos clásicos de la lucha de clases. Hasta la fecha, sin embargo, estos acercamientos siguen siendo tímidos. La despolitización del sindicalismo, evidente en las protestas actuales, inhibe la movilización al privar a la lucha sindical de una traducción y de salidas en el terreno político a corto o mediano plazo. Sin vínculos con las fuerzas políticas, el futuro del cambio social es incierto.

Fotos: Telam