Récords en temperaturas máximas continuamente rotos, sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor e incendios: el cambio climático y la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos ponen en riesgo la producción agropecuaria y con ello, cualquier posibilidad de estabilidad macroeconómica.
En la Pampa Húmeda se cultivan oleaginosas y cereales -soja, trigo, maíz y girasol- que representan un 76,3% de las exportaciones totales de Argentina en el 2022 y proveen los dólares que el Banco Central cuenta uno a uno. La crisis del clima que tiene sus efectos más severos sobre las importaciones y exportaciones de países relativamente cálidos, en un contexto global adverso para el comercio internacional, afecta la acumulación de reservas internacionales que nuestro país necesita para pagar la deuda, sus intereses, las importaciones y otros gastos.
Entonces, ¿nos preparamos primero para sequías o para inundaciones? ¿Cuál es la amenaza más inminente? La naturaleza incierta del cambio climático dificulta descartar la posibilidad de que ambas se vuelvan más frecuentes. La región pampeana se preparó para atravesar mejor las inundaciones generadas normalmente por fuertes sudestadas, para encontrarse actualmente con que sus lagunas se secan.
Se agregan las fuentes naturales de volatilidad climática de mediano plazo. Según el último reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (AR6 del IPCC), existe una alta probabilidad de que se amplifiquen ambas fases del fenómeno conocido como El Niño Oscilación del Sur (ENOS). La extensión de la fase de La Niña del ENOS se tradujo en la falta de precipitaciones que desde 2019 produce una escasez generalizada de agua. En los casos más severos, se agudizaron las sequías en los momentos en que las lluvias son más necesarias para los cultivos. Aunque el clima seco se extiende con claridad desde el 2020, alcanzó proporciones históricas por su intensidad durante el 2022 y los primeros meses del 2023. En abril se pasó nuevamente a una fase neutral, con altas probabilidades de que se mantenga hasta junio.
De navegar la tormenta a prácticar la danza de la lluvia, ¿nos preparamos primero para sequías o para inundaciones? ¿Cuál es la amenaza más inminente?
Aunque tanto las inundaciones como las sequías tienen efectos negativos en la producción agrícola de Argentina, estas últimas son las más dañinas. Según el Banco Mundial, han explicado el 40% de la recesión observada en 2009, el 80% de la recesión de 2012 y la mitad de la recesión de 2,5% del 2018. El caso actual conjuga la prolongada falta de precipitaciones con severas olas de calor, incendios en varias provincias y plagas y enfermedades cuya propagación se intensifica. En septiembre, se estimaba que había un stock de 10.791.580 cabezas de ganado bovino en riesgo y las últimas predicciones arrojan una reducción de US$19.000 millones sobre el producto nacional por la caída en las cantidades exportaciones, que serían casi de la mitad de la exportación de la campaña del año anterior.
Hace más de un siglo que la Argentina orienta esfuerzos para diversificar su matriz productiva pero es imposible prescindir de la exportación de productos agropecuarios. Necesita, en cambio, esforzarse por medir el impacto ecológico de este tipo de producción y desarrollar alternativas que lo reduzcan significativamente.
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La uva que crece al pie de la Cordillera y llega a nuestras casas para acompañar la mesa del domingo con la familia o los amigxs es un ejemplo del delicado equilibrio de cada ecosistema. Esa uva necesita amplitud térmica durante el año y agua del deshielo, que comienza en primavera y se intensifica en diciembre, para llegar a nuestras copas, a nuestros momentos importantes. Como todos los cultivos, la cantidad de agua que recibe tiene que tener la proporción y el tiempo justos. Hoy, el cambio climático y el desgaste ecosistémico están amenazando ese equilibrio necesario entre el patrón de precipitaciones, la formación de hielo en altura, el momento en el que comienza el deshielo y la regulación de agua, tanto subterránea como en la superficie.
Las condiciones secas fueron lo suficientemente extensas en tiempo y espacio como para alterar también el ciclo hídrico de la Cuenca del Plata (la zona geográfica comprendida por gran parte del norte argentino, el sur brasilero, Uruguay y Paraguay y que comparte un mismo sistema de irrigación). La sequía meteorológica se convirtió rápidamente en una sequía agrícola al afectar tal producción y, con el correr del tiempo bajo los efectos de La Niña, en una sequía hidrológica, reduciendo la disponibilidad de agua por otras fuentes como ríos, arroyos, lagos y acuíferos.
El agua es un elemento estratégico para la estabilidad macroeconómica del país no sólo en relación con la producción agropecuaria. También favorece la existencia de múltiples ecosistemas que contienen gran biodiversidad, materia prima clave para la industria genética en la que se basa, por ejemplo, la farmacéutica. Los ecosistemas que componen la cuenca contribuyen a regular el agua superficial y subterránea. Esto ayuda, por ejemplo, a filtrar el agua de las inundaciones además de colaborar con la remoción de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de la atmósfera.
Está claro que estos ecosistemas deben ser preservados. Pero la misma actividad agropecuaria que los requiere, los amenaza. Nuestra estructura productiva debe adaptarse a los efectos del cambio climático que no serán reversibles. Pero hay que evitar la mala adaptación, es decir, aquellas estrategias, centralizadas y coordinadas o espontáneas, que en el intento de adaptar la producción a la crisis climática la empeoran.
La expansión de la frontera agropecuaria avanza sobre ecosistemas que proveen agua, filtran el aire y regulan la temperatura. El porcentaje de tierra dedicado a la actividad agropecuaria aumentó de 46,6% en 1990 a 54,4% en 2018 y el de tierras ocupadas por selva y bosques se redujo de 12,9% a 10,5% en el mismo período. Las discusiones que dominan el debate mundial sobre economía y finanzas verdes solo se enfocan en la remisión de GEI atmosféricos. Sin embargo, la economía ecológica profundizó en enfoques que piensan la naturaleza más allá del cambio climático: el agua, la biodiversidad y los ecosistemas también son imprescindibles para la sociedad humana.
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La controversia acerca de la compatibilidad entre ambiente y desarrollo ganó terreno en el debate público en la Argentina. Sin embargo, las dificultades para lograr un sendero de desarrollo sustentable preceden con creces a los tiempos de Greta Thunberg. Remiten a una de las tantas paradojas de las ciencias económicas: no hay dólares porque la economía no es desarrollada, y no se desarrolla porque no hay dólares. Ya en 1973, Thirlwall describió la estructura productiva de países como la Argentina como desequilibradas: hay un sector con una productividad tal que le permite competir a nivel internacional y otro, generador de mucho empleo, que demanda estas divisas para las inversiones que requiere. La escasez de dólares empeoró debido al aumento de la demanda para cubrir los pagos de activos financieros y empeorará más porque el sector que tradicionalmente genera dólares es muy vulnerable a la crisis ecológica y porque las inversiones para su transformación (y la de otros, como el energético) demandarán más divisas aún.
Los esfuerzos de desarrollo y la transformación verde no se encuentran siempre en veredas opuestas. Las inversiones necesarias para la sustentabilidad pueden dinamizar el crecimiento y el desarrollo tecnológico. Crean capacidades que se retroalimentan con otros sectores, como la biogenética, en los que se podrían generar competencias importantes. La biodiversidad natural de Argentina y la capacitación de profesionales en el área contribuirán en ese sentido.
Hay, además, una permanente disputa geopolítica para aumentar la disponibilidad de financiamiento internacional para proyectos que reduzcan la concentración de GEI en la atmósfera y que adapten las economías más expuestas a los efectos irreversibles e inevitables de esta concentración. El cambio climático es un problema que aqueja a todos los países y los esfuerzos de mitigación y adaptación necesitan ser coordinados a nivel global. En la COP 27 que tuvo lugar en el 2022 se instó a los países desarrollados a cumplir sus compromisos de financiamiento hacia países más vulnerables, tal como fue estipulado en el Acuerdo de París. En esa línea (aunque lejos de los objetivos totales), Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Eslovenia, Suecia, Suiza y la Región Valona de Bélgica anunciaron USD 105,6 millones de financiamiento verde. La ONU prometió otros USD 3100 millones, la Misión de Innovación Agrícola para el Clima asignó más de $4 mil millones y los organismos internacionales de crédito (como el Banco Mundial) expresaron la intención de aumentar la proporción de sus carteras destinada a proyectos verdes. La emisión de bonos verdes movilizó USD 9,4 mil millones en América Latina en el 2020 con expectativas crecientes en el futuro. El 12% de los bonos emitidos corresponden a proyectos sobre el uso del suelo. Estas declaraciones de intención, aún insuficientes frente al gran desafío presente a nivel mundial, podrían significar una ventana para obtener dólares para las inversiones necesarias que combinen un sendero de desarrollo sostenible en términos ecológicos y sociales.
Siguiendo el Acuerdo de París del que Argentina fue firmante, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que, entre otros objetivos más específicos, propone la muy ambiciosa tarea de reducir las emisiones de GEI en un 4,6% para 2030 respecto de 2018. La totalidad de la propuesta tiene un costo estimado de 185 mil millones de dólares, más de 3 veces el préstamo otorgado por el FMI en 2018. Este dato es, al menos, un punto de partida en el arduo trabajo de identificación y valoración de costos que son necesarias. Entre los sectores a transformar, se destacan el energético y el de agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra (AGSOUT), responsables del 50,7% y 39,1% de las emisiones de 2018 respectivamente.
Los efectos más crudos del cambio climático serán muy agudos para el 2100 pero las decisiones para evitarlo ya deberían haber sido tomadas.
La inmanente incertidumbre de la crisis ecológica global dificulta la estimación de los costos de esta propuesta. Como indica el reporte del IPCC, el cambio climático es un proceso complejo, fundamentalmente no lineal y de impactos diferentes según las regiones. Esta falta de certezas hace que las decisiones de política pública se tomen a ciegas. No es posible predecir los riesgos financieros asociados a endeudarse tanto, los desafíos macroeconómicos ligados a desincentivar algunas actividades contaminantes y a promover las verdes. Pero hay decisiones que tomar, porque también existen costos altos y persistentes si no se toman.
La integración entre la economía y la naturaleza y los debates entre desarrollo y ecología no pueden ser simplistas. Los impuestos a las producciones contaminantes y los incentivos fiscales a las verdes son pequeñas correcciones a un sistema de mercado que se considera apenas imperfecto, y como tales demostraron ser insuficientes para enfrentar la crisis ecológica que se avecina. Los efectos más crudos del cambio climático se harán presentes hacia la mitad del siglo y serían muy agudos para el 2100 (año para el que el calentamiento de la superficie rondaría los 3° más que la temperatura promedio preindustrial) pero las decisiones para evitarlo ya deberían haber sido tomadas.