Fotos: Télam.
Los jueces del Tribunal Oral número 1 de Dolores ya anunciaron las ocho condenas: prisión perpetua para Máximo Thomsen, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matias Benicelli por ser coautores del delito de homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía. Y 15 años para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi por la participación secundaria en el mismo delito. Pero la lectura del veredicto está interrumpida. El primer plano de la transmisión oficial quedó congelado en el rostro de Máximo Thomsen, que está desvanecido.
Los periodistas de los canales de noticias aprovechan la pausa para hacer los primeros comentarios. Una conductora remarca la impresión que le causa la imagen. Su colega la interrumpe:
—Han sido encontrados culpables de asesinato, para que se entienda. Hablamos de homicidio doblemente agravado por alevosía. Son asesinos, y se puede decir con todas las palabras porque hay un tribunal que los ha encontrado culpables de asesinato. Son asesinos. Está bien decirle la palabra a estos jóvenes, son asesinos. Son asesinos porque así lo ha decidido la justicia en un fallo que es unánime.
Afuera de Tribunales, el clima es más intenso aún que durante las audiencias. La lectura del fallo se sigue a través de una pantalla gigante instalada enfrente, en el bar. Las prisiones perpetuas se festejaron con aplausos y cánticos eufóricos, como un gol de la Selección. Entre los asistentes, estuvieron padres y madres de víctimas jóvenes. No ha pasado desapercibido el abuelo de Lucio Dupuy.
—Este es solamente el comienzo —dice Fernando Burlando, el abogado de los padres de Fernando, ya en la vereda—. Es el primer paso hacia una condena que acaricie el corazón de Fernando (...). Lo que no se entiende es cómo a estas tres personas las benefician con la participación secundaria en el caso. Fue una justicia débil, y una justicia débil no es justicia. Tuvimos quince jornadas de debate donde lo único que vimos fue a una criatura pedir clemencia. Y esta justicia tuvo clemencia con tres acusados, de manera totalmente irracional.
Un minuto después, Burlando pide orden para que Graciela y Silvino, los padres de Fernando, puedan hablar. Pero no es posible: los móviles se abalanzan sobre la mamá y el papá. Silvino se retira a duras penas, lentamente, asediado por los micrófonos y las cámaras, pero agradece por todo el apoyo. A la prensa, a su abogado, y sobre todo a la gente: le dieron las fuerzas durante los tres años que separaron el crimen del juicio, para llegar a este primer final.
—Yo le cuento, usted no lo vio, Silvino, pero el cielo se nubló —le relata al papá de Fernando una periodista de Canal 13—. Y cuando terminó el veredicto salió el sol radiante que ve ahora. La gente lloraba al ver ésto.
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Menos de dos horas después de la lectura del veredicto, entre los primeros 15 hashtags sólo dos escapan al caso de Fernando Baez Sosa. Un impacto acorde al fervor popular y mediático que pudo verse a lo largo de las quince jornadas de un juicio que rompió con todos los récords de audiencia y difusión.
—A usted la veo todas las mañanas llegar, colgar carteles y apoyar siempre a la familia. Trae afiches, trae barbijo, trae banderas. ¿Por qué hace todo esto, todos los días?
Se cumplían tres años del asesinato de Fernando, en la mitad del desarrollo del juicio. Los móviles hacían una guardia permanente en los Tribunales de Dolores. Mucha gente también.
—Realmente me conmovió muchísimo. Este es un caso que me impactó, y dije: ‘tengo que estar con los padres’.
La señora hablaba en el móvil de la Televisión Pública. Debía pisar los 60 años y vivía en La Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. El pelo corto y grisáceo, los lentes de aumento. Este verano decidió cambiar sus vacaciones en la playa por los Tribunales de Dolores.
—Salía de vacaciones y decidí venirme para acá, hasta que termine, apoyándolos a los padres.
Cada mañana, desde muy temprano, la mujer pegaba muchos de los carteles que luego aparecían en la televisión. Se apostaba casi todo el día en la puerta del juzgado y se quedaba vigilando hasta tarde que las banderas estuvieran en orden y los letreros no se despegaran. Lucía el kit completo de apoyo a la familia del joven asesinado el 18 de enero de 2020: en la mano derecha una bandera con la cara de Fernando; en la izquierda, una pancarta pidiendo justicia con la cara de Fernando; colgado de la oreja, un barbijo que —también— tenía la imagen del joven y —también— exigía “perpetua para sus asesinos”; una remera con su cara dibujada sobre una bandera argentina y un prendedor que —no era difícil imaginarlo— también mostraba su rostro.
—Voy a estar hasta el día que den la perpetua —se juramentó.
Y aprovechó el cierre de su incursión televisiva para arengar a la gente que está a su alrededor:
—¡Justicia es perpetua, justicia es perpetua!
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Burlando ya anticipó que apelará la sentencia: “El tribunal tuvo clemencia con tres acusados”, dijo. Pedirá que los tres condenados a 15 años como partícipes secundarios sean considerados partícipes necesarios, lo que implicaría una única condena posible: prisión perpetua.
Es probable que el abogado de los acusados, Hugo Tomei, también vaya a la Cámara de Casación. En caso de que las condenas a perpetuas queden firmes, ¿cuántos años de cárcel les espera? No está claro. Ni siquiera el tribunal que decidió la pena lo sabe.
En la práctica, en Argentina no existe la prisión perpetua. Aunque su denominación está contemplada desde que se promulgó el Código Penal en 1921, el encierro moderno supone un régimen progresivo en la ejecución de las penas, con la posibilidad de una última etapa de libertad vigilada fuera de la prisión, a través —principalmente— de la figura de la libertad condicional.
En el Código original, un condenado a perpetua podía salir de la cárcel bajo libertad condicional a partir de los veinte años, y después de cumplir un plazo de libertad vigilada la pena se purgaba definitivamente. En las últimas dos décadas hubo dos modificaciones que endurecieron los requisitos para acceder a la libertad condicional, único camino posible para que un condenado de por vida pueda salir de prisión.
La primera fue una serie de leyes conocidas como la “reforma Blumberg”, impulsadas por Juan Carlos, el empresario textil cuyo hijo fue secuestrado y apareció ejecutado en un descampado el 23 de marzo de 2004. Los pedidos de Blumberg se tradujeron en seis leyes, una de las cuales ampliaba el plazo para acceder a la libertad condicional de las penas perpetuas a 35 años. Y establecía por primera vez una lista de delitos a los que le quitaban el beneficio de la libertad condicional (de los homicidios agravados, solo "criminis causa").
Mucho después, en julio de 2017 y bajo la presidencia de Mauricio Macri, se sancionó la “reforma Petri” -por su impulsor, el mendocino Luis Petri, que amplió la lista de delitos sin condicional, incluyendo a todos los homicidios agravados. El Tribunal de Dolores enmarcó el crimen de Báez Sosa en esa lista de delitos sin posibilidad de libertad condicional.
A partir de esa reforma, entonces, una condena a perpetua debería ser para toda la vida.
Por eso es que, con cierto sigilo, la mayoría de los jueces y juezas empezaron a cuantificar la pena perpetua convirtiéndola en una pena temporal, según detalló en un extenso hilo de twitter Ramiro Gual, magíster en Criminología, docente de las Universidades de Buenos Aires, Quilmes y Palermo, y director de la revista Prisiones del Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP). Esa cuantificación de la pena es lo que en el dialecto carcelario se describe como "darle un número".
Por su informalidad, esa cifra era totalmente discrecional: en algunos juzgados seguía siendo 20 años y en otros de 37 y medio. Con el tiempo, las instancias judiciales superiores y la propia Corte Suprema, con su composición actual, le pusieron el ojo encima. Desde entonces los magistrados aplican dos métodos distintos para calcular el tiempo máximo en que la pena debe agotarse, aún sin libertad condicional. Ambas sumas, concluye Ramiro Gual, llegan al “número trágico” de los 50 años de cárcel, que es lo que le podría tocar a los acusados del crimen de Fernando en el caso de que la sentencia sea confirmada. “Decidir que una persona pase 50 años en prisión es condenarla (tibia y disimuladamente) a pena de muerte”, dice Gual.
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El 18 de enero se cumplieron tres años de la madrugada calurosa en la que un grupo de rugbiers atacaron a piñas y patadas a Fernando a la salida del boliche Le Brique. En Villa Gesell, la evocación del tercer aniversario trastocó la atmósfera festiva habitual de enero: por la mañana, en algunos balnearios se recordó el episodio y muchos bañistas rompieron en aplausos. También allí se organizó una misa para recordar a Fernando —al igual que en Zárate, Mar del Plata, y el barrio de Recoleta donde Silvino es encargado de un edificio—. El santuario tenía un altar con flores, estampitas, fotos y rosarios sobre el cantero donde aquella madrugada cayó al piso después de recibir dos trompadas simultáneas y por la espalda de miembros de la patota.
El obispo Gabriel Mestre, arzobispo de la villa en la fecha del asesinato, ofició la ceremonia. Pidió consuelo para familiares y amigos del joven, justicia para sus padres, y finalmente pidió paz.
—Los hombres y mujeres estamos desafiados a romper con el espiral de violencia que se vive en muchos niveles de nuestra sociedad.
Entre los asistentes, donde abundaban los pareos y las telas claras, se destacaban algunos afiches con mensajes menos piadosos: “Justicia es perpetua”, “son ocho asesinos”.
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“La transmisión en vivo del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa rompió todos los índices de métricas y ratings, es la noticia con más clicks y que más audiencia atrae en el último mes”, escribió en una columna de opinión del Diario.ar Brenda Focás, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET en la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín.
—Hubo juicios, como el de Cabezas, que se transmitieron día tras día. Pero hay muy pocos antecedentes de casos que se hayan mantenido en agenda desde ocurrido el hecho hasta el debate oral —amplía la investigadora del Conicet, que además es autora del libro “El delito y sus públicos” (2020) y coautora de “El delito televisado” (2022) junto a Gabriel Kessler—. En estos años nos fuimos enterando en qué cárcel estaban, quiénes los iban a visitar. Hubo muchísimas notas sobre ellos.
—¿Por qué el caso despierta ese interés social?
—Hay dos cuestiones principales. Por un lado, la visibilidad. Vos hablás con cualquier editor de audiencia, y por la medición de las métricas, te dice que las noticias relacionadas al caso miden un montón. Es un círculo que se retroalimenta: se publica mucho del tema porque las notas son las más leídas. Y a la inversa. La segunda tiene que ver con un elemento que forma parte de la construcción clásica de las noticias de inseguridad: esa cosa de “le puede pasar a cualquiera”. Ésa es una diferencia con el caso Lucio Dupuy (el niño pampeano de 5 años asesinado por su madre y la pareja), por ejemplo, que también es un caso muy tremendo pero toca sensibilidades que están en el límite de lo que queremos conocer, y por lo tanto no genera esa sensación de que nos podría haber pasado a nosotros. Además, el juicio Baéz Sosa tiene otros ingredientes, como el abogado querellante Fernando Burlando, que monta su propio show mediático.
Hace tres años, para esta época, las redacciones estaban despobladas y la agenda estaba monopolizada por cuestiones económicas —las jubilaciones, las prepagas y el aumento de la inflación—, con los infaltables artículos sobre la demanda hotelera y la farándula protagonizando algún escándalo para llamar la atención. El crimen de Fernando, esa secuencia brutal repetida una y otra vez mediante grabaciones de celulares y cámaras callejeras de seguridad, encendió al instante la sensibilidad de la sociedad. Tres años después, en las vísperas del tercer aniversario, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores —María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari— fijó la fecha de juicio. Era posible imaginar que mucha gente, distendida de la rutina habitual, seguiría la noticia como los episodios de una telenovela aclamada, y que los canales de televisión cubrirían cada audiencia con tenacidad.
—Diría que en realidad debería ser un factor en contra —matiza Focás—. Porque la gente también lee menos noticias, está de vacaciones y se relaja. Eso es llamativo, también. De hecho, apareció ahora otro niño asesinado por el padrastro y la madre (nota: se refiere al caso de Renzo Godoy), y no miden, no miden.
Para la investigadora del Conicet, quienes siguen el devenir del caso Báez Sosa están conmovidos porque lo sienten un caso muy familiar, cercano. Por eso consumen y comparten todo lo vinculado a la suerte del joven y de sus matadores. Según su mirada, se producen dos niveles de identificación. Uno, ya mencionado, la empatía con la víctima: todos los padres y madres podrían llegar a transitar, cualquier día de éstos, el vía crucis por el que hoy pasan Silvino y Graciela. El segundo factor que señala Focás es un espejo que puede devolvernos un reflejo mucho más incómodo:
—Los victimarios no son el joven, varón y pobre del conurbano bonaerense, sino jóvenes de clase media, con padres trabajadores, que tenían una ferretería o trabajaban en el Estado. Pibes que trabajaban, estudiaban, y una noche de verano salieron a bailar y terminaron asesinando a un pibe de su edad. Quienes tenemos hijos, y también hemos sido jóvenes, sabemos que más allá de la atrocidad y de que uno dice ‘mi hijo no haría eso’, pueden terminar ahí enroscados, y en un segundo todo se puede ir de las manos. Porque pasa. Esa es la singularidad de este caso: también el hijo de cualquiera de nosotros podría ser uno de los victimarios.
—¿Por qué creés que la audiencia adoptó una postura tan unánime, de que la única condena válida es la reclusión perpetua de los rugbiers?
—Desde ya que la postura de la gente coincide con el encuadre de la mayoría de los medios, que llevan al lector a pensar que los chicos se tienen que pudrir en la cárcel, como dicen. No hay lugar para el disenso. Incluso hubo periodistas que salieron a decir que eran chicos que se habían excedido, y tuvieron que borrar los mensajes porque los mataron. Yo no soy partidaria de una mirada tan conductual, de afirmar que porque los medios tienen un encuadre punitivista -que lo tienen-, la gente pide cadena perpetua. Los medios colaboraron, sin dudas. Pero hay otras cuestiones, como el miedo, porque el caso tematiza un riesgo.
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Desde el día en que lo mataron, se sabe que Fernando Báez Sosa es la única víctima. Desde el día en que murió, se sabe —por las filmaciones— que al menos una parte del grupo de rugbiers provocó esa muerte. Desde entonces, también, la cobertura mediática a toda hora, en todas las pantallas, han convertido a Fernando en una víctima perfecta.
En la construcción de la narrativa mediática, la víctima perfecta no puede tener manchas —las haya tenido o no— porque en la dicotomía de héroes y villanos, la abnegación y la bondad del humillado vuelven más indignante su muerte. Fernando era el único hijo de una pareja de migrantes paraguayos honrados y laboriosos: ella cuidadora de ancianos, él portero. Sin recursos económicos familiares, o con muy pocos, estudió muy duro y consiguió una beca entre 400 aspirantes para pagar el colegio Marianistas, una escuela de gestión privada a la que asistían una mayoría de pibes y pibas con la economía resuelta. Después estudió más y aprobó las materias del CBC que le habrían permitido entrar en la Facultad de Derecho. Ni él ni sus padres tomaron nunca un atajo: todo lo consiguieron con el sudor de la frente. Fernando encarnaba el sueño de superación del pibe que asciende socialmente con mucho esfuerzo. Dicen que era optimista pero tenaz; un poco soñador pero con los pies en la tierra.
En el idioma de la gran prensa, y en una mayoría del sentimiento común, su muerte es especialmente injuriante porque su vida era pura, igual que su porvenir.
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Todos los juicios penales son, más menos, la reconstrucción judicial de una serie de hechos, el encuadre legal que a esos hechos le corresponde y el castigo —calibrado, por lo general, en años de cárcel— que caerá sobre la persona o las personas que los hayan cometido. Pero no todos los juicios penales son exclusivamente eso. Algunos son también una vidriera que tiene escenarios distintos y se rige por otras reglas. En los paneles televisivos y las redes sociales, el debate oral por la muerte de Báez Sosa adquirió visos teatrales, de circo criollo o vodevil, donde la discusión jurídica y el drama se mezclaron con el entretenimiento y el morbo.
El día después de acompañar a Silvino y Graciela en el homenaje por Fernando, a la espera de los alegatos, el abogado Fernando Burlando viajó a Pinamar y participó de un partido de exhibición de polo en el parador “Ufo Point” con empresarios, jugadores profesionales, periodistas y managers. Apenas desmontó, le dio una nota al diario Clarín:
—Andá sacando una foto así, en este marco —le indicó al fotógrafo.
El tono de las preguntas tenía la impronta de las entrevistas veraniegas, leves, con el glamour de un fondo de arena y mar.
—¿Necesitabas desestresarte después de todo lo que viene siendo el juicio?
—Mirá, fueron jornadas largas, pero te voy a ser franco. Nosotros disfrutamos mucho de nuestro trabajo. Parece que estuviésemos a mitad de año, no a principio, por la energía y la potencia que le está poniendo Fabián (Améndola, su socio), nuestros hijos, todo el equipo que nos acompaña que está muy comprometido. Y sabés que cuando hay compromiso, el cansancio no se siente. Obviamente, esto genera un corte tan lindo y con un paisaje tan precioso que hace muy bien.
En la intersección de ambos mundos —la sala de audiencias y la pantalla de televisión— Burlando se mueve como pez en el agua. Hace años que tiene plena conciencia de que no son compartimentos estancos y cuando mueve una pieza en uno sabe con bastante exactitud el efecto que provocará en el otro.
El abogado de los acusados también jugó sus cartas en el ámbito público para atenuar, de alguna manera, la condena social. Después de pedir la absolución para sus clientes alegando que el hecho no estaba probado, les encomendó a sus defendidos que hicieran uso de las últimas palabras para pedir perdón.
La escena duró 278 segundos. Uno a uno, se pusieron de pie y le hablaron al Tribunal. Pronunciaron once veces la palabra “disculpas” y cuatro la palabra “perdón”. Siete de ellos se lo ofrecieron a la familia de Fernando, pero cinco se disculparon también con sus propias familias y con “el resto de las personas afectadas”. Exceptuando a Enzo Comelli y Ayrton Viollaz, todos remarcaron voluntariamente un punto fundamental para la estrategia defensiva de Tomei: no hubo “intención” ni “plan para matar”. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi y Enzo Comelli lamentaron la muerte de un chico de su misma edad. Viollaz pidió que Dios bendiga al Tribunal y Luciano Pertossi, que también se encomendó a Dios, fue para implorar una condena que le resulte “algo bueno”. Luego de pensarlo un segundo, se corrigió: “algo bueno para todos”, concluyó.
La jugada no salió todo lo bien que Tomei esperaba. Las alocuciones fueron toscas, interpretadas con poca maestría, muy lejos de la autenticidad de sentimientos que pretendieron mostrar. Acaso Thomsen, con una afectación algo más genuina, logró que las emociones se impusieran al guión. Con la voz quebrada, describió su angustia por no poder volver el tiempo atrás.
Ese viernes, durante largos ratos, Thomsen fue trending topic de Argentina en twitter: acompañados por memes y notas de sarcasmo, los usuarios y usuarias calificaron sus lágrimas como una mediocre actuación.
Hoy, tras escuchar de boca de los jueces que pasará tras las rejas cuanto menos las próximas décadas, Thomsen sufrió un desmayo. Se lo llevaron de la sala y no estuvo presente para el final de la lectura. El recelo sobre su falta de franqueza parece continuar.
—La verdad, no me causa pena el desmayo de Thomsen —dice una periodista, desde un estudio de televisión—. Es un asesino, que lo ha golpeado a patadas hasta morir a Fernando Báez Sosa.