El liderazgo de las mujeres en los espacios de decisión política crece en América Latina. Desde la década del noventa, varios países de la región tuvieron presidentas electas: Violeta (de) Chamorro en Nicaragua, Rosalía Arteaga en Ecuador (vicepresidenta a cargo luego de ser derrocado el presidente), Mireya Moscoso en Panamá, Michelle Bachelet en Chile (en dos períodos no consecutivos), Cristina Fernández en Argentina (en dos períodos consecutivos y en un tercero, vicepresidenta), Laura Chinchilla en Costa Rica, Dilma Rousseff en Brasil (destituida por un golpe de estado) y Xiomara Castro en Honduras. Ya en este siglo, la participación femenina en cargos electivos, según datos de ONU y CEPAL, creció del 15 al 28%, aproximadamente.
Este incremento involucra a todo el arco ideológico, incluyendo también a las mujeres de las derechas como Chamorro, Moscoso, Chinchilla y Áñez. En este conjunto, Jeanine Áñez es una nota disonante. Su presidencia no fue validada en elecciones sino por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, tras la maniobra golpista que forzó la renuncia de Evo Morales. Doble novedad: el crecimiento de las elites políticas femeninas, y con ellas las mujeres de las filas de las derechas; el ascenso de la derecha por la vía golpista consagró a una mujer presidenta. Durante sus mandatos, todas estas mujeres tomaron posición pública en relación al feminismo, aborto y a las disidencias sexuales. ¿Cómo disputan la agenda de género las representantes de las derechas?
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Tres países acumulan la mayor cantidad de candidaturas femeninas: Argentina, Guatemala y Brasil. Pero solo en Guatemala una mujer de las derechas tuvo altas chances de ganar: Sandra Torres, en segunda vuelta en 2015 y en 2019 (cuando se alejó cada vez más de la supuesta socialdemocracia que heredó de su esposo el expresidente Álvaro Colom). Perú sigue en la lista: la derechista Keiko Fujimori llegó a segunda vuelta en 2011 y en 2016. En Chile, Evelyn Matthei en 2013. También en Colombia una mujer de la derecha tuvo chances como candidata: Marta Lucía Ramírez, pero perdió en las elecciones internas de precandidatos frente Iván Duque en 2017 y tuvo que conformarse con el puesto de vice cuando éste triunfó.
El cargo de vicepresidenta en la región fue ocupado por mujeres con ideales e ideologías bien distintas. Colombia acaba de poner esta figura en primera plana con la elección de Francia Márquez y su revolucionaria comunicación visual: una mujer negra (aunque no es la primera en ocupar ese cargo) que desecha los colores neutros y los trajes entallados y viste como es. Con ella lo personal de la vestimenta es político. Pero antes de Francia, el proyecto neoliberal tuvo su “poder femenino” con Epsy Campbell en Costa Rica, primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo; María Alejandra Vicuña, vice de Lenin Moreno en Ecuador; Mercedes Aráoz, vice de Pedro Pablo Kuczynskien en Perú; Alicia Pucheta, vice de Horacio Cartes en Paraguay; Gabriela Michetti, vice de Mauricio Macri en Argentina; Isabel de Saint Malo, vice de Juan Carlos Varela en Panamá.
Esposas e hijas de
A esta lista de vicepresidentas hay que sumar a Margarita Cedeño, esposa del expresidente Leonel Fernández en República Dominicana; Lucía Topolansky, esposa del ex presidente José Mujica en Uruguay; y Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega en Nicaragua. Con proyectos políticos diferentes, todas ellas revestían la condición de esposas de. Desde Eleonor Roosevelt hasta Chiang Ching, también conocida como Madame Mao, las primeras damas han sido figuras destacadas a nivel mundial y América Latina no es una excepción. Pero en la región, aquellas que tuvieron aspiraciones de ocupar cargos políticos fueron objeto de severas críticas. Los “matrimonios presidenciales” se descalifican por considerarse expresión del afán de algún presidente por perpetuar su poder presentando como candidata a la esposa. Este argumento patriarcal asume que las mujeres actúan siempre subordinadas a la voluntad del varón. Con igual justificación, en el siglo XIX se rechazó la extensión del derecho al voto femenino suponiendo que estaría determinado por el marido.
El “salto” de las primeras damas a la política suele considerarse parte de una tradición que desprecia el derecho individual y que privilegia la conservación del poder en manos de “familias políticas”. Sin embargo, quienes critican este patrimonialismo no objetan con el mismo ímpetu (más bien celebran) la noción de “pater familia” que ha subordinado los derechos individuales de las mujeres a la autoridad del varón dentro de la estructura del matrimonio durante más de un siglo.
¿Qué dicen las leyes constitucionales? Los países latinoamericanos que establecen limitaciones para el acceso a la presidencia por relaciones de parentesco son mayoría. En Guatemala, la ley cumplió su objetivo impidiendo a Sandra Torres su candidatura en 2011. Torres recién pudo presentarse a elecciones en el período siguiente, cuando ya se había divorciado del ex presidente Colom. La cláusula de impedimento por parentesco, no obstante, ha sido aplicada de modo discrecional en el país. En 2015, Zury Ríos, hija del fallecido dictador Ríos Montt, pudo candidatearse, a pesar de la cláusula que se lo impedía por ser hija de un dictador. En la elección siguiente, aunque intentó candidatearse no logró su cometido. En Perú, la norma ha sido igualmente lábil. En 1992, Alberto Fujimori impulsó la denominada “Ley Susana” para impedir la candidatura de su esposa Susana Higuchi anteponiendo el vínculo conyugal. Era un argumento de corrección política que escondía sus intenciones de reelección, algo que concretó autogolpe mediante.
Durante el gobierno de su padre, Keiko Fujimori se desempeñó como primera dama. Fue nombrada en ese rol cuando su madre fue apartada del gobierno. En medio de un escándalo nacional, Susana desplegó denuncias de tortura y acusaciones de violaciones múltiples a sus derechos. Keiko tuvo, al igual que la mencionada Zury Ríos, hija del genocida Ríos Montt en Guatemala, aspiraciones presidenciales. Dos países, tres mujeres y las mismas derechas patriarcales. Paradójicamente, sus candidatas son abanderadas de la fuerza que las subordina.
Los “matrimonios presidenciales” se consideran afán de algún presidente por perpetuar su poder presentando como candidata a la esposa. Este argumento asume que las mujeres actúan siempre subordinadas a la voluntad del varón.
Carolina Rivera Áñez no busca ocupar cargos políticos pero acudió a la Justicia para denunciar supuestas irregularidades cuando su madre, Jeanine Ànez, fue condenada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Uno de sus argumentos era que, enferma de anorexia, Ànez estaba impedida de recibir cuidados hospitalarios. Denunció este hecho como una “violación a los derechos humanos”. ¿Qué derechos defienden las mujeres de las derechas? Si por un lado los gobiernos derechistas se desvinculan de la esfera de los derechos humanos en relación a los crímenes de Estado, también alientan la acción (individual y colectiva) de hijos e hijas que resitúan el derecho humano de sus progenitores golpistas al debido proceso.
La primera golpista mujer
Jeanine Áñez, presidenta designada en Bolivia, fue la primera mujer en asumir el gobierno de un país latinoamericano luego de un golpe de estado. Las implicancias de género de esta circunstancia todavía no han sido suficientemente analizadas.
Algunos ex dirigentes del gobierno de Evo desestimaron el valor de un análisis en clave de género y feminista porque no creen que Áñez tuviera autonomía en sus acciones. La ven como un “títere”, apreciación que responde a la misoginia enquistada en las estructuras de poder. En el mes de noviembre de 2019, la revista Forbes puso a Áñez en tapa: “el poder es femenino”. Con un discurso de empoderamiento de las mujeres, lavó la figura de la golpista destacando su condición de mujer por encima de cualquiera de las otras instancias de su trayectoria: abogada, conductora de televisión, senadora. Áñez queda doblemente subordinada: al machismo de las derechas y a la dificultad del arco progresista de comprender cuál es la “agenda de género” de las derechas.
La propia Áñez, a poco de asumir, se autoerigió con figuraciones maternalistas. Se presentó como “mujer, hija y madre”, cualidades “naturalmente” positivas. Mujer golpista, despojada de todo indicio de ejercicio de la violencia. Toda ella habitando el armonioso mundo de la femineidad. Otra expresión de novedad de las derechas: el feminismo “cultural”. No son feministas, apenas feminizan.
Una agenda propia
¿Qué políticas de género implementan las derechistas una vez en el poder? En Panama, Mireya Moscoso no tuvo una agenda feminista durante su Gobierno pero adoptó medidas para atender a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la batería de leyes y protocolos implementada pareció obedecer a cierta agenda internacional y contrastó con su decidido apoyo al concurso de belleza Miss Universo en 2002.
En tiempos más recientes, con algunas variantes, las mujeres de los partidos de derecha coinciden en su rechazo al término «feminismo». Lo atacan como teoría política y como movimiento social. Lo acusan de tratar a las mujeres como víctimas y de promover una guerra contra los hombres para –así distorsionado– presentarlo como otro de los supuestos engaños del progresismo. La ex presidenta costarricense Laura Chinchilla se desmarcó del feminismo señalando que su historia estaba basada en el acompañamiento de grandes hombres. En otros casos, pasan del rechazo explícito al uso táctico del discurso feminista. En el ideario de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, la posición de igualdad frente a los hombres es presentada como producto del arrojo personal y del mérito, desligándose de la deuda histórica con el movimiento de mujeres. El uso retórico del discurso feminista se hace evidente, también, en su crítica acérrima a «la ideología de género» y en su subordinación al enfoque guerrerista de su partido que se ha resistido históricamente a reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia y a implementar acciones reparadoras para las víctimas y sobrevivientes. Pero donde dejó más clara Ramírez su visión de género fue en la propuesta de crear un Ministerio de la Mujer y la Familia. Al mantener unidos ambos conceptos mostró que, en su comprensión, el sujeto pasible de políticas públicas es la familia tradicional y la mujer en cuanto madre.
¿Pueden los liderazgos femeninos de las derechas cambiar la situación de desigualdad de las mujeres sin modificar las estructuras sociales y simbólicas que la sustentan?
Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, Chile, se autoproclama feminista e hizo diversas intervenciones en pro de una agenda chilena para la equidad de género. Desde su perspectiva, el feminismo no es de derecha o de izquierda, es cultural. En 2018 presentó al presidente Piñera una agenda para la equidad tendiente a mejorar la situación laboral de las mujeres. Según ella, el problema es que el hombre no es corresponsable en los cuidados del hogar. Pese a ello, la medida correctiva que propuso fue la apertura de salas cuna que descargan parcialmente a las mujeres del cuidado de los hijos, delegándolo en otras.
La defensa de la familia tradicional es una bandera igualmente ondeada por Keiko Fujimori desde sus tiempos como primera dama. En 1994, asumió la Presidencia de la Fundación por los Niños del Perú, fundada en 1985 por el Gobierno de Alan García y presidida por su esposa. Asistió a las reuniones de la Cumbre de primeras damas de las Américas en las que las visiones acerca del rol de las mujeres abonaban ese terreno de ideas. Más recientemente, en el marco de la campaña presidencial de 2016, Keiko se reunió con cientos de representantes de las iglesias evangélicas ante los que dijo estar a favor de la familia conformada por hombres y mujeres y no entre personas del mismo sexo, por lo que rechazaba la unión civil, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de las personas homosexuales. Este alineamiento con la agenda de la fe le sumó sendos apoyos electorales por parte de sectores conservadores.
Las posturas en relación con el aborto de las mujeres de las derechas van de parcial a totalmente restrictivas. Chinchilla transitó del prohibicionismo a la legalización en algunas causales. La colombiana Ramírez se ha declarado a favor sólo en los casos límite contemplados por la ley de este país. También Keiko Fujimori en Perú se ha expresado a favor del aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. Pero en el caso de violación se declaró en contra. Esta mirada restrictiva de la libertad de elección de las mujeres se replicó en su afán por justificar los casos de esterilización forzada de cientos de mujeres quechuahablantes durante el Gobierno de su padre, como parte de la Política Nacional de Población. En Argentina, durante el Gobierno de Macri se debatió un proyecto de ley en el Senado tras conseguir la primera sanción en la cámara baja. El proyecto no prosperó, pero la experiencia puso en evidencia los matices respecto de este fenómeno en el arco de las derechas. La vicepresidenta Michetti sostuvo una posición taxativamente contraria a la legalización. En la posición ultracatólica y conservadora también se sitúa Evelyn Matthei. Sin embargo, a diferencia de Michetti, la chilena se mostró favorable a la legalización en ciertas circunstancias. Siendo senadora, junto con su par socialista Fulvio Rossi, presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en aquellos casos en los que la vida de la persona gestante estuviera en peligro o que el desarrollo del feto fuera inviable. Su posición no estuvo respaldada por la UDI y muchos referentes de las derechas repudiaron la propuesta.
¿Qué ocurre cuando las derechas se montan sobre la ola feminista con una agenda de género? Como en Chile y Colombia, se responde cosméticamente a algunas de las demandas de las mujeres pero se mantienen intactas las estructuras de la desigualdad y la opresión. Las incursiones de estas mujeres ni constituyen liderazgos alternativos (en tanto femeninos) ni cuestionan los modos de liderar de los varones. Sus estilos políticos no parecen influir en la forma de concebir dichas agendas. En general, bajo el pretendido feminismo liberal, empresarial y meritocrático suscrito por algunas de estas derechistas, persiste una defensa de la familia tradicional, heteronormativa y con fines reproductivos. Esta actitud las ha posicionado en tiempos electorales como una alternativa para muchos votantes que ven, en el recupero del «pilar elemental de la sociedad», un salvavidas ante la crisis política y moral actual.
Aunque en general apoyan una versión de la igualdad de género estrecha y orientada al mercado, los partidos políticos que estas mujeres representan abonan el funcionamiento del neopatriarcado neoliberal y/o autoritario (como en el caso de Keiko Fujimori). Este es el nudo gordiano de los liderazgos femeninos de las derechas: ¿pueden cambiar la situación de desigualdad de las mujeres sin modificar las estructuras sociales y simbólicas que la sustentan? Diversas experiencias de gobiernos encabezados por mujeres de derecha alrededor del mundo muestran que, una vez en el poder, sus administraciones terminan echando por tierra los logros alcanzados y frenando los reclamos enarbolados por los movimientos por la igualdad y la inclusión. Los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Kolinda Gravar en Croacia y la presidenta de Birmania Aung San Suu Kyi son solo algunos ejemplos. América Latina no ha sido ajena a esta tendencia.