Cuántos nuevos debates nos esperan en el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binaries, Bisexuales e Intersexuales, San Luis octubre de 2022, temas que las feministas tendríamos que debatir juntos y no por separado. Que para eso los feminismos populares y los transfeminismos rebasaron los límites del feminismo de mujeres cisgénero heterosexuales (o lesbianas cis de closet) profesionales blancas.
Ahora que nuestra democracia se está volviendo blandita y mientras en Estados Unidos se puede observar un retroceso de 50 años -martillazo de la Corte conservadora mediante-, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas y viola los derechos de las personas no binarias y trans. Existen ya en Argentina varios indicadores de retroceso en la calidad democrática. Sobre este fondo se encuentran parados hoy los feminismos y transfeminismos. Un suelo diferente del que teníamos cuando el feminismo comenzó a masificarse bajo las formas del primer Ni Una Menos y de la marea verde.
La ultraderecha irracional se organiza, gana los medios de comunicación hegemónicos y corre el arco político de manera tal que la derecha va a ocupar el centro y la socialdemocracia -sin pretensiones de mejorar las condiciones materiales de existencia de la clase obrera- pasa a ser la izquierda del espectro. ¿Qué queda para quienes defendemos los derechos civiles, los derechos humanos y la justicia social desde los feminismos, los transfeminismos, los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos?
En la medida en que las derechas amenazan con quitar derechos civiles, las clases medias luchan por conservarlos y relegan a segundo término u olvidan los derechos sociales.
NO SE CUIDAN LOS MACHISTAS
La Corte Suprema de Estados Unidos, ahora con mayoría conservadora, revocó dos de sus fallos históricos que protegían el derecho a abortar en todo el país. La sentencia se publicó el 24 de junio y expresa que “la Constitución no confiere el derecho al aborto y no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto”. A partir de entonces cada estado es libre de terminar con el derecho al aborto en su jurisdicción, si lo considera conveniente.
En solidaridad con las protestas en Estados Unidos contra el fallo que retrotrae medio siglo en materia de derechos civiles y, en particular, de las personas con capacidad de gestar, feministas argentinas protestaron con un pañuelazo verde frente a la embajada de Estados Unidos.
“Se cuidan, se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista”, fue una de las consignas de la movilización.
Pero en Argentina los machistas y las machistas no se están cuidando. Por Resolución 2566/2022, publicada el pasado 10 de junio en el Boletín Oficial porteño, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires prohibió en las aulas el uso del lenguaje inclusivo. Lo que en la práctica significa desconocer el derecho a trato digno a las personas no binarias y trans, negar el derecho a la identidad a un sector de la población e impedir la educación sexual integral. La Ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo, pero a la vez es la capital de la República Argentina. La gobierna una coalición de derecha que se considera a sí misma democrática y además conduce tres provincias (Jujuy, Corrientes y Mendoza).
La prohibición del lenguaje inclusivo y la amenaza de sanciones a les docentes que lo usen en las escuelas fue celebrada con todo tipo de expresiones de transfobia, transodio y burlas a los derechos humanos en las redes sociales, y de justificaciones transfóbicas en los medios de comunicación hegemónicos. Desde el gobierno porteño se promueve la vigilancia y denuncia de les docentes que no acaten la medida.
No es difícil pensar que la persecución a las identidades no binarias y trans no quedará en el marco de las escuelas. Las decisiones gubernamentales inciden en la mirada de las fuerzas de seguridad y repercuten sobre la violencia institucional histórica de las fuerzas de seguridad hacia la población lgtb y especialmente hacia las travestis y mujeres trans en prostitución. “La patota” es un leit motiv de la sociedad argentina, con una matriz de odio muy amplia. En La Plata, un grupo de jóvenes supremacistas blancos autóctonos, anticomunistas, misóginos, homolesbotransfóbicos y todos los etcéteras puede constituirse hoy sin inconvenientes en centro cultural.
En Argentina fue grande la repercusión del asesinato del afroestadounidense George Floyd, asfixiado por un policía que le presionó el cuello con la rodilla sobre el asfalto. Ocurrió en 2020. En cambio, pasó de largo el asesinato del afrobrasileño Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado por la policía federal de su país en el baúl de un patrullero, a finales de mayo de este año. Uno de los métodos de exterminio racial aplicados por los nazis en la Alemania de Hitler se replicó aquí nomás. A Brasil se puede cruzar desde Argentina sin pasaporte y solo se precisa DNI del Mercosur.
A finales de setiembre de 2020 una fuerza conjunta integrada por ejército y policía de Paraguay asesinó a las niñas argentinas Lilian y María del Carmen Villalba, que habían viajado a un campamento guerrillero del Ejército del Pueblo en Yby Yaú, para conocer a sus xadres. Las fuerzas represivas atacaron el campamento y lograron huir cuatro mujeres (tres de ellas, adolescentes) que también habían ido a visitar a sus familiares. Una de ellas es Carmen Elizabeth Oviedo (Lichita), de 15 años, que continúa desaparecida. Al año siguiente, el gobierno paraguayo expulsó a una comisión argentina de derechos humanos que ingresó al país para buscar a Lichita.
En estos días es noticia la internación de Milagro Sala, la referente de la agrupación Tupac Amaru que lideró un movimiento social por la vida digna de un importante sector de la población indígena de Jujuy. Milagro sigue presa por designio del gobernador Gerardo Morales. Es conocido el criterio de “necesidad” del juez de la Corte Suprema argentina Carlos Rosenkrantz, para quien la necesidad de las poblaciones carecientes no genera derechos. Quizá no sea necesario que les indígenas accedan a escuelas y centros de salud bien equipados, a viviendas en condiciones, a disfrutar de natatorios en verano. Y menos que levanten la cabeza y se atrevan a mirar de igual a igual a un hombre blanco o a una mujer blanca.
En la manifestación del 8 de marzo de 1985 el feminismo argentino pedía por la libertad de Hilda Nava de Cuesta, última presa política durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El recuerdo de 1985 viene a cuento de la debilidad de la incipiente democracia, que juzgó y condenó a los jefes de las Juntas Militares pero terminó sancionando las leyes de obediencia debida y punto final.
Hoy, ¿qué decimos las feministas cuando cantamos “se cuidan los machistas, América Latina va a ser toda feminista”? ¿La consigna atañe solamente a los derechos reproductivos? ¿La consigna atañe a algunas mujeres cisgénero, pero no a los varones trans ni a las personas no binarias, ni a las desaparecidas y presas políticas?
¿Atañe la consigna más a Estados Unidos que a Latinoamérica? ¿Latinoamérica se define en relación a Estados Unidos? ¿Qué posición tenemos frente a las fuerzas represivas de nuestros países? ¿Repudiamos y marchamos contra la violencia institucional o les pedimos ayuda y botones antipánico? ¿Nuestras víctimas y sobrevivientes son solamente las mujeres o también los hombres asesinados como George Floyd y Genivaldo de Jesus Santos? No hay diferencia entre los policías que asesinan a hombres negros que se resisten a un arresto injusto y quienes detienen y causan vejámenes a una lesbiana que besa a su pareja en un hall del subte, no le creen a una lesbiana cagada a palos (literal del alegato de la defensa de Higui) en un intento de violación correctiva grupal, o participan en la muerte de una mujer cis que aparece ahorcada en un calabozo. ¿A qué fuerzas policiales y a qué Poder Judicial nos encomendamos? Capítulo para la reforma judicial feminista/transfeminista.
REFORMA JUDICIAL FEMINISTA
Al cabo de una lucha de décadas, el aborto legal, seguro y gratuito está protegido por ley en Argentina desde 2020. Ninguna resolución judicial puede modificarla o derogarla. Sí podría dejarse sin efecto en un futuro si lo decide una mayoría parlamentaria y un Poder Ejecutivo se embarca en ese proyecto. No sería la primera vez que las causas feministas y por los derechos civiles sufren un revés semejante. Por dar un ejemplo, durante el segundo gobierno de Juan Perón, el Congreso sancionó una ley de divorcio vincular (1954). Al año siguiente la derogó el gobierno de la dictadura cívico militar eclesiástica autodenominada “Revolución Libertadora” que derrocó a Perón.
Si el Congreso argentino llegara a prohibir el aborto, vuelta atrás y a recurrir a la Corte Suprema, que en su momento dictó el fallo F.A.L. Se cumplieron diez años de esa sentencia que dispuso que el embarazo producto de una violación en ningún caso es punible.
La nuestra es una Corte Suprema muy observada (por ser suave) y tiene en su haber fallos como el que considera aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad (fallo Muiña, 2017). Fue una masiva movilización popular por los derechos humanos lo que hizo retroceder a los supremos (fallo Batalla, 2018).
Tres proyectos de reforma de la Corte –presentados en el Congreso- plantean ampliar el número de miembros e incorporar magistrados por regiones del país, de manera de federalizarla. El dilema que presentan estos proyectos es que el Poder Judicial en muchas provincias es más conservador y con tendencia antiderechos sexuales que el porteño y el bonaerense. La paridad de género no ayudaría, porque muchas juezas también son antiderechos. Mientras, sectores de los feminismos y transfeminismos debaten una reforma judicial con una perspectiva diferente.
Así las cosas, y sin horizonte concreto de reforma judicial en Argentina y con nubes espesas de retroceso en materia de derechos humanos, el 9 de junio la Cámara Federal de Casación Penal concedió prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz, con la firma de los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. ¿En qué atañe a los feminismos y transfeminismos la semi liberación del genocida? Mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps, juntos planearon y ejecutaron la tortura y violación de miles militantes populares, incluidos los crímenes de lesa humanidad ya reconocidos contra travestis en las mazmorras/comisarías/centros de detención y exterminio llamadas “pozos”. En abril de este año, Etchecolatz fue condenado por el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans dentro del accionar del terrorismo de Estado (una nube menos en el cielo gris).
Al menos desde 1985 la Multisectorial de la Mujer (que convocó todas las movilizaciones del 8 de marzo los primeros años de la democracia) caracterizó las formas específicas de violencia contra la mujer durante la represión y hoy son consideradas de esa manera en los juicios contra los genocidas del 76. En este terreno, otra atrocidad de la Cámara de Casación Penal (también con firma de los jueces Mahiques y Yacobucci, y disidencia de Alejandro Slokar), recién salida al público. Absolvieron a un grupo de policías genocidas condenados por el homicidio de una embarazada que tomó cianuro antes del secuestro. (Qué manera de absolver a los policías represores, ¿no?). El secuestro con fines de desaparición forzada, tortura, violación y asesinato ocurrió en octubre de 1977. Para esa fecha era conocido qué ocurría después del secuestro, ¿qué mujer no querría evitarlo? Es importante destacar que en su voto en disidencia el juez Slokar expresó que “no puede afirmarse con ningún viso de racionalidad que su muerte sea un comportamiento de autolesión imputable a la propia víctima sino que el dominio sobre la decisión estuvo en manos de quienes pretendían secuestrarla”. La pluma honorable del juez Slokar debe ser destacada.
DERECHOS, MARKETING Y ELECCIONES
En Argentina rige el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Mientras en la capital del país ya se instauró la prohibición de las identidades no binarias y trans en las escuelas, la persecución a docentes que respeten la Ley de Identidad de Género y se atrevan a enseñar educación sexual integral como corresponde. Rige en la Ciudad de Buenos Aires el estado de denuncia. Y no se trata de un peligro ni de una amenaza. Está vigente. Quienes lo enfrentan se exponen a sumarios y a persecución. ¿Hasta qué punto los feminismos acompañan hoy a estes docentes y a la población no binaria y trans con protestas?
Mientras tanto, los partidos políticos miden sus dichos y sus acciones en función de futuros resultados electorales. Y sus referentes no tienen problema en sacrificar a quienes “no miden” tanto, por ejemplo los colectivos trans y no binaries despojados de derechos en las escuelas porteñas.