“Resolvimos enfrentar las cosas a partir de la decisión de fondo, que era cambiar de raíz el modelo. Frente a esa decisión madre debíamos elegir y ejecutar –con la mayor responsabilidad que nos fuera posible– las medidas imprescindibles para enfrentar el derrumbe, aún a sabiendas de que nuestras decisiones no serían bien miradas en las encuestas. Nos habían pedido que asumiéramos los destinos del país para hacer el «trabajo sucio». Si hubiera sido posible en aquellas circunstancias tomar medidas del agrado de todos, entre aplausos, en vez de estar rodeado de cacerolas e insultos, no me hubieran convocado a mí”.
Eduardo Duhalde1.
Fotos: Télam.
Eduardo Duhalde asumió la Presidencia de la Nación el 2 de enero de 2002. Lo designó la Asamblea Legislativa tras la debacle de la Alianza y la renuncia de Fernando de la Rúa y luego de un turbulento ciclo de sucesiones que cerró con cinco presidentes en menos de dos semanas. Con su gobierno comenzó el proceso de superación de la profunda crisis argentina que estalló en diciembre de 2001, que retomaría y complementaría el gobierno de Néstor Kirchner. Duhalde ejecutó una salida “por arriba”: con una mega devaluación y otras medidas económicas que, con un alto costo social y pagando sus costos políticos, permitirían reactivar una economía en recesión desde 1998. Mientras que Kirchner continuó con una salida “por abajo”: con una economía ya en recuperación, construyó una legitimación popular con innovaciones político-ideológicas. En sus propias palabras, Duhalde se hizo cargo del “trabajo sucio”.
El laberinto económico
La clave de la salida económica fue la devaluación, con un dólar que triplicó su valor en un par de meses. El alto desempleo y la recesión, sumados a las retenciones a las exportaciones y el congelamiento de tarifas de servicios públicos, conformaron “una nueva estructura de precios relativos”2 que atenuó la expansión inflacionaria y, sobre todo, bajó abruptamente el salario real. Junto con la capacidad industrial ociosa disponible motorizaron la reactivación. La devaluación, además, desincentivó las importaciones e incentivó las exportaciones, mejorando la balanza comercial del Estado, que también se benefició con la disminución de sus gastos, retrasando pagos y pisando los salarios públicos. Por último, empujó la recuperación -con una importancia creciente y decisiva- el alza de precios y demanda de commodities, que comenzó ya en 2002 y continuaría los años siguientes, principalmente por la demanda china de soja.
A esto se sumó un contexto financiero muy complejo, empezando por el default de casi la mitad de la enorme deuda pública (que había anunciado Adolfo Rodríguez Saá en su presidencia semanal), las restricciones bancarias y el proceso de pesificación y reestructuración de deudas y depósitos. Al “corralito” -un límite pequeño y periódico al retiro de pesos de todas las cuentas- que había recurrido Domingo Cavallo el 1 de diciembre para frenar la corrida bancaria y que aceleró el fin del gobierno de la Alianza, se sumó el “corralón” del 10 de enero -la imposibilidad de retirar los dólares de todas las cuentas- que dio inicio al conflictivo y cambiante proceso de pesificación3. Algo similar ocurrió con las deudas en dólares, a lo que se sumó la legislación sobre las condiciones de quiebra al que se enfrentaban muchas empresas grandes y pequeñas.
Todo esto dio lugar a una negociación a varias puntas, con marchas y contramarchas y fuertes lobbies. El resultado fue asimétrico y dinámico, con una asignación de pérdidas y ganancias relativas: ahorristas que aceptaron una pesificación de 1,4 con un dólar que llegó poco después hasta los 4 pesos, algunos que lograron retirar sus dólares mediante recursos judiciales, otros que obtendrían bonos en dólares a un futuro incierto; empresas que quebraron y otras que lograron una licuación (mediante la pesificación) de sus deudas en dólares; bancos que mal cobraron deudas licuadas pero fueron compensados con bonos del Estado y muchos casos más.
Acompañando todo este camino, estuvo la omnipresencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que endureció su postura frente al país. Acreedor de una deuda importante que no había entrado en el default y que quedó supeditada a condicionamientos crecientes que el gobierno iría cumpliendo en buena medida, en busca de “un acuerdo” amplio que sin embargo nunca llegó. Apenas si, en vistas a un vencimiento en el mes de noviembre, el FMI terminó accediendo, con la presión decisiva de Estados Unidos, a suscribir un pequeño acuerdo que cubría vencimientos de capital (no de intereses) y a habilitar préstamos menores de otros organismos multilaterales, que se desembolsaron a partir de enero de 2003.
La salida por arriba
Para navegar estas aguas turbulentas, Duhalde se sostuvo con el aval de la cúpula empresarial y política. En primer lugar, lo apoyaba el denominado Grupo Productivo. Es decir, el empresariado concentrado que buscaba comandar la salida de la Convertibilidad mediante la devaluación, en lugar de la dolarización (opción dudosamente sostenible, que sugerían pocos pero poderosos sectores del establishment, desde el propio Carlos Menem y algunos economistas ortodoxos hasta empresas y bancos trasnacionales). El sector estaba liderado por la Unión Industrial Argentina (UIA), y Duhalde nombró a una de sus principales figuras, José De Mendiguren, al frente de un Ministerio de Producción creado para la ocasión.
Desde el sistema político, contó con el apoyo de tres pilares: la liga de gobernadores peronistas, el Congreso Nacional y un acuerdo con la UCR, sostenido directamente por el expresidente y entonces senador Raúl Alfonsín.
La falta de apoyo de los gobernadores peronistas había significado el abrupto fin de la breve gestión del puntano Saá, y resultó la base mínima de Duhalde. Algo similar ocurrió con la UCR, que gobernaba casi todo el resto de las provincias. En verdad, Duhalde había querido sumar gobernadores a su gabinete, pero a excepción de Carlos Ruckauf, que trocó la incendiaria provincia de Buenos Aires (donde quedó su vice Felipe Solá) por la Cancillería, el resto no aceptó subirse a una gestión que prometía quemar las manos. Particularmente, el santafesino Carlos Reutemann y el cordobés José Manuel De la Sota, que serían los candidatos presidenciales que luego el propio Duhalde apadrinaría. En ese orden y sin éxito.
El apoyo del Poder Legislativo fue fundante. Fueron los diputados y senadores, desde la figura constitucional de la Asamblea Legislativa, quienes le brindaron su legalidad y legitimidad de origen por abrumadora mayoría. Duhalde decía que la suya era una “Presidencia Parlamentaria”, con lo que reconocía tácitamente su falta de legitimidad popular por medio de las urnas (aunque en 1999 había obtenido el segundo lugar, alcanzando nada menos que el 39% de los votos).
El apoyo de la UCR, que brindó dos ministros, y de Raúl Alfonsín en términos directos, completó el apoyo de un sistema político que, con el Frepaso prácticamente reducido al bastión porteño de Aníbal Ibarra, todavía era esencialmente bipartidista -aunque empezaba a dejar de serlo-. Efectivamente, sus opositores políticos fueron, por un lado, intra-partidarios: Carlos Menen, “el Adolfo” Rodríguez Saá, y un ignoto Néstor Kirchner, gobernador de la “lejana” Santa Cruz; y, por otro lado, provenían de las esquirlas de la UCR: Elisa Carrió y Ricardo López Murphy4. La izquierda partidaria, a pesar de un fugaz estrellato de Luis Zamora, no tuvo un papel de peso.
Pero más allá de estas oposiciones, desde la fortaleza corporativa mayoritaria el gobierno de Duhalde se sostuvo frente a la gran mayoría de la población que si no exhibía abierto rechazo, ciertamente no demostraba entusiasmo alguno. El único apoyo “desde abajo” fue el acompañamiento relativo de una parte significativa del sindicalismo, con la CGT oficial de Rodolfo Daer y -al menos- la tolerancia de la CGT “rebelde” de Hugo Moyano, mientras que la CTA de Víctor De Gennaro fue abiertamente opositora. Claro que, con el empeoramiento del salario real con la devaluación y el altísimo nivel de desempleo (que subió todavía más en el primer semestre de 2002), la capacidad de resistencia de los trabajadores ocupados estaba seriamente limitada. Para ponerlo en los términos de Lavagna a poco de asumir como ministro: “Es obvio que la devaluación provoca caída del salario real, pero era la salida ineludible a un modelo de desocupación”5.
La mayor oposición provenía de los márgenes de la economía formal, de los desocupados y subocupados precarizados que conformaban el movimiento piquetero. Pero que a pesar de su gran capacidad de movilización no alcanzó una articulación con otras fuerzas ni su propia unificación (a sus distintas organizaciones se las empezó a dividir mediáticamente por su posición política en piqueteros “duros” y “blandos”).
La crisis de abril y la ratificación del rumbo
El Ministerio de Economía empezó a cargo de Jorge Remes Lenicov, un economista con trayectoria en el peronismo bonaerense y experiencia en pilotear crisis (había sido designado al frente de la cartera provincial tras la hiperinflación de 1989). Su equipo hacía malabares para contener el cocktail de variables económicas, con medidas que parecían disgustar a todos (como dijo Duhalde una vez: “una crisis es un momento en el que todos tienen razón”), pero que escondía pérdidas y ganancias dinámicas a través de un proceso de rectificaciones y compensaciones que, a falta de un plan sistemático, iban dibujando un rumbo con evidentes niveles de improvisación.
Hacia abril, y tras el fracaso de un canje optativo de bonos, el ministro impulsó un canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo en dólares por bonos públicos (Plan Bonex II) y un proyecto de decreto que pusiera fin al drenaje de las reservas que por medio de fallos judiciales se “salteaban el corralón”. También instó a modificaciones legislativas que eran demandadas por los bancos y el FMI, como la reformulación de la Ley de Quiebras que beneficiaba a las empresas endeudadas y la derogación de la Ley de Subversión Económica (proveniente de la última dictadura, como sugiere su nombre) que en ese contexto permitía juzgar a banqueros y empresarios por la fuga de divisas.
Pero el ministro chocó contra una pared. El Congreso no modificó las leyes propuestas y el Senado rechazó en abril el proyecto del Plan Bonex II, que ya contaba con oposición pública de los políticos y habilitaría una nueva impugnación de la Corte Suprema de Justicia (la de la “mayoría automática” menemista). En ese contexto, Duhalde tampoco firmó el decreto para frenar “el goteo” de reservas. El 23 de abril de 2002, Remes Lenicov renunció a su cargo.
Pero entonces se evidenció que si bien la coalición de facto que sostenía al gobierno (los gobernadores y legisladores peronistas y radicales) no quería el plan que respondía a los dictados del FMI, tampoco estaban dispuestos a encarar una alternativa que implicara romper con el organismo. Ante la posibilidad cierta de un naufragio del gobierno, y el vacío de poder que eso implicaba, el 24 de abril el presidente firmó con casi todos los gobernadores (se abstuvieron tres, entre ellos Néstor Kirchner) un “acuerdo de 14 puntos” en el que asumían el plan económico que había sido rechazado hasta entonces. El texto era notoriamente ortodoxo. Su primer punto sintetizaba todos los demás: “se cumplirá con los compromisos con los organismos internacionales”, daba pautas de ajuste fiscal, aunque también mencionaba la implementación de los planes sociales.
El Congreso cambió entonces su posición: el 26 de abril aprobó la “ley tapón” que frenaría la sangría de divisas, y en mayo modificó ambas leyes, según exigía el FMI, aunque no sin dificultad. En el caso de la ley de Subversión Económica hubo fuertes resistencias incluso por sectores que apoyaban al gobierno, pero con la determinación presidencial, el Senado terminó aprobando la modificación con el desempate del Presidente de la Cámara6.
Si bien aumentó el rechazo de los sectores opositores, fortaleció el rumbo del gobierno que revalidó el sólido apoyo mayoritario del poder político. Hacia fines de abril, Roberto Lavagna, un economista heterodoxo y que mostraría cintura política, llegaba de Bruselas donde oficiaba de diplomático para ocupar la silla que había dejado vacía Remes Lenicov. También en esta sucesión hubo un legado de “trabajo sucio”.
La masacre de Avellaneda y el comienzo de la transición
Aunque el gobierno tenía ahora el timón más firme, la reacción popular y del movimiento piquetero en particular se acrecentó. Si bien comenzaba a vislumbrarse la salida económica y ya se habían repartido algunos de los nuevos planes sociales (Jefes y Jefas de Hogar Desocupados), la realidad de la mayoría de la población, y sobre todo de los sectores populares, no sólo no había mejorado, sino que se había deteriorado. Hacia junio, el clima era de gran tensión, sobre todo con el ala “dura” de los movimientos. El gobierno decidió endurecer su postura frente a este sector e intentar aislarlo.
Para el 26 de junio se convocó a una masiva movilización (de la que no participaron la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D´ Elía y la Corriente Clasista y Combativa, que mantenían mayor diálogo con el gobierno). Desde la Secretaría de Seguridad Interior advirtieron que si se cortaban al mismo tiempo todos los accesos a la capital lo considerarían “una acción bélica”7. Con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y una brutal represión, el saldo de la jornada fue de casi 200 heridos, 33 con balas de plomo, 170 detenidos y dos muertos: los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de zona sur, Maximiliano Kosteki -de 25 años- y Darío Santillán -de 21-, asesinados a sangre fría por la policía Bonaerense.
Los hechos marcaron un punto de inflexión en el gobierno, en el movimiento piquetero y en la historia de la movilización popular. Esto se conjugó con un cambio en la estrategia del gobierno, que pasó de la represión a la negociación, con la consolidación de los planes sociales. El movimiento piquetero no se extendió tanto como se institucionalizó, y ciertamente no se unificó. Kirchner luego avanzaría más, pasando de la institucionalización a la integración política de parte de los movimientos sociales.
El Plan Jefas y Jefes de Hogar había sido anunciado por Duhalde el 3 de abril junto con las retenciones a las exportaciones. Los planes sociales no eran algo nuevo, pero adquirieron una masividad y centralidad política que desde entonces no hizo más que crecer8. Las retenciones, por su parte, también mostrarían su importancia y marcarían a fuego la política argentina durante el conflicto de 2008. Con sus vaivenes y polémicas, ambas medidas expresan las puntas de un modelo que no termina de cerrar.
Traspaso y ruptura: nace el kirchnerismo
A una semana de la masacre de Avellaneda, Duhalde anunció el adelanto de las elecciones y dio comienzo a la transición. El acuerdo finalmente sellado entre Duhalde y Kirchner fue sinuoso y nada fácil, dado el fuerte perfil opositor del patagónico (recién se formalizaría a comienzos de enero de 2003, aunque ya se preveía un par de meses antes). El 23 de junio Kirchner todavía definía a Duhalde como “el presidente que generó el ajuste más feroz de la Argentina”8. Luego iría moderando su oposición, pero por meses mantuvo la incertidumbre sobre si se presentaría dentro o fuera del Partido Justicialista, cuando además todavía no estaba claro cómo se organizarían los comicios (con primarias obligatorias, “ley de lemas” que permitiera candidatos internos a un mismo partido o la renovación de todos los cargos políticos).
Fue un proceso de descarte y necesidad mutua. Las primeras opciones de Duhalde fueron Reutemann y De la Sota, pero el primero se bajó (con un célebre halo de misterio) y el otro simplemente no medía bien. El perfil opositor de Kirchner le permitió una proyección de crecimiento en sectores medios progresistas que complementó con el apoyo del aparato político-territorial bonaerense duhaldista. Además, la mejora económica del segundo semestre de 2002 (se hablaba en los medios del “veranito económico”) provocó cierta mejora en la consideración del gobierno en sectores no progresistas, aunque más asociada a la gestión e imagen de Lavagna, quien fue ratificado por Kirchner como ministro de Economía prácticamente desde la campaña electoral.
En su gobierno, Kirchner lograría una amplia legitimidad, disipando rápidamente la figura de “títere de Duhalde”, pero sobre la base de una costosa salida económica ya en marcha. Por ello planteamos que se trató de una salida en dos tiempos: Duhalde llevó adelante la “salida por arriba”, realizando el “trabajo sucio” de un reajuste económico impopular, incluyendo la represión a la protesta social y pagando sus costos políticos; mientras que Kirchner retomó ese sendero ya en un momento más favorable y sorprendió con innovaciones y rupturas de tipo izquierdista.
Pero el kirchnerismo se construyó además mediante una operación ideológica por la cual se desdibuja ese primer tramo, identificándose como heredero directo de la crisis. Así, en el imaginario, el primer momento de la salida económica de la crisis transmuta en parte de la crisis. En efecto, la recuperación que comienza en la segunda mitad de 2002 es en relación al abrupto descenso de comienzos de 2002, y a la recesión que se arrastraba desde 1998 (cuyo PBI recién se superó en 200510). En ese sentido, como decía Kirchner, recién en 2003 empezamos a “salir del infierno”, pero ello ocultaba que el descenso en un par de círculos al averno durante 2002 fue parte del proceso de encontrar una puerta de salida. No es que se tratara de la única ni de la mejor, pero fue por la que empezamos a salir.
El kirchnerismo tendió a invisibilizar esa continuidad con el duhaldismo, su condición de posibilidad económica, lo que no quita una evolución posterior propia. Pero además había disidencias claras en aspectos de política e ideología. Tras dos largos años que fueron acumulando tensión, finalmente se concretó la ruptura definitiva en las elecciones legislativas de 2005, con el triunfo de la candidatura bonaerense para el Senado Nacional de Cristina Fernández de Kirchner sobre Hilda “Chiche” González de Duhalde. A un mes de esa victoria, además, Lavagna abandonó el gobierno con desacuerdos públicos (en 2007 disputaría la presidencia), y el kirchnerismo fortalecería así una identidad propia.
A veinte años, y atravesando victorias y derrotas, el kirchnerismo se ha reinventado más de una vez, y se ha consolidado como protagonista político. Pero en sus inicios se asentó sobre el “trabajo sucio” realizado en el año que fue a la vez final y recomienzo.
1. De su libro Memorias del incendio. Los primeros 120 días de mi presidencia (Sudamericana, 2007, Buenos Aires: página 268, destacado agregado).
2. El término es del libro de los investigadores Francisco Cantamutto y Andrés Wainer Economía política de la convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen (Capital Intelectual, 2013, Buenos Aires).
3. Un estudio pormenorizado es el de la investigadora Lorena Cobe: La salida de la Convertibilidad. Los bancos y la pesificación (Capital Intelectual, 2009, Buenos Aires).
4. Ellos cinco lideraron finalmente los comicios: Menem obtuvo el 24,45% de los votos, Kirchner el 22,24%, López Murphy el 16,37%, Saá el 14,11% y Carrió el 14,05%. Pero a la vista de una segura derrota ante el ballotage, Menem se bajó y resultó electo Néstor Kirchner.
5. Página/12, 5/5/02: “Trabajamos para sacar a la economía del riesgo de híper”, entrevista a Roberto Lavagna por David Cufré y Alfredo Zaiat.
6. La Nación, 31/5/02: “Fue derogada la ley de subversión económica, en una dramática sesión”. Una rememoración actual en Revista Crisis, nº51, marzo de 2022: “Operación cogobierno”(por colectivo editorial) También se puede consultar para esta y otras historias internas: La resurrección. Historia de la poscrisis argentina de Eduardo Levy Yeyati y Diego Valenzuela (2007, Sudamericana, Buenos Aires).
7. Clarín, 19/06/2002: “Buscan frenar cortes de puentes”
8. Durante el gobierno de la Alianza, los planes Trabajar (de $200) alcanzaban unos 300.000 beneficiarios. Con su reconversión a Planes de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, y un monto de $150, en octubre de 2002 se alcanzó, junto a otros planes de menor alcance, a los dos millones de beneficiarios. Hoy, solamente la Asignación Universal por Hijo, alcanza a casi 4 millones de personas. Ver, por ejemplo, La Nación, 16/6/21, “Cuántas personas cobran dinero del Estado” y una mayor contextualización en Chequeado, 2/9/21: “Qué son y cómo surgieron los planes sociales en Argentina”.
9. Página/12, 23/06/02: “Él quiere ser candidato del PJ”, entrevista a Néstor Kirchner por Sergio Moreno. 10. Ver el artículo de Juan Grigera y Matías Eskenazi “Apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad” en la compilación de Grigera: Argentina después de la convertibilidad (2002-2011), Imago Mundi, 2013, Buenos Aires.