Mucho se habla de los impuestos en Argentina, donde el eje parece estar puesto en la presión impositiva, que muestra el porcentaje de los ingresos que las personas y empresas aportan en concepto de tributos en relación a la riqueza que se genera, es decir, al producto bruto interno (PBI). En nuestro país, la presión tributaria ronda el 30%. Al tratarse de un promedio, esconde desigualdades y no “presiona” a todas las personas por igual. En principio este esquema sería justo si pudiéramos establecer que quienes más ingresos y riquezas concentran paguen más mientras que quienes menos ingresos y riquezas concentran paguen menos, lo que definiríamos como un esquema impositivo progresivo.
Sin embargo, no es la realidad de nuestro país, donde el tributo que más recauda es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que por definición es regresivo ya que grava a todas las personas por igual, sin tener en cuenta su nivel de ingresos. Además, debemos agregar que menos del 1% de la recaudación nacional viene de impuestos patrimoniales que gravan la riqueza acumulada (Bienes Personales). A su vez, se estima que casi el 3% del PBI se pierde en la recaudación a través de gastos tributarios (exenciones, deducciones y otros tipos de beneficios fiscales), que muchas veces se convierten en privilegios para sectores de altos ingresos y que involucra, en la mayoría de los casos, una falta de transparencia en la justificación de ese privilegio fiscal.
Este esquema impositivo regresivo, donde los impuestos indirectos que pesan sobre las y los consumidores son lo que más aportan en lugar de los impuestos directos que se pagan por la riqueza acumulada, retroalimenta una sociedad estructuralmente desigual en términos de género. Las mujeres no sólo concentran una menor cantidad de ingresos en el mercado laboral sino que, a su vez, terminan siendo más afectadas por el peso de los impuestos indirectos ante la aparente imposibilidad de aumentar la recaudación sobre los patrimonios, que se encuentran mayoritariamente en manos de varones.
Se estima que casi el 3% del PBI se pierde en la recaudación a través de gastos tributarios (exenciones, deducciones y otros tipos de beneficios fiscales) que muchas veces se convierten en privilegios para sectores de altos ingresos y que involucra, en la mayoría de los casos, una falta de transparencia en la justificación de ese privilegio fiscal.
Impuestos ¿para qué?
Si bien escuchamos largos discursos, con pocos argumentos y mucha vehemencia, que caracterizan a los impuestos como “robos” por parte del Estado, son estos ingresos los que permiten financiar condiciones básicas para toda la población, tanto de manera directa (por ejemplo en el acceso a la educación pública), como indirecta (por ejemplo en el hecho de que la educación privada sea más barata en términos regionales por la existencia de la educación pública). Es a través de los impuestos que los Estados financian la infraestructura necesaria para el funcionamiento social y, a su vez, buscan -o deberían buscar- generar condiciones de equidad para la población. En este sentido, el rol del Estado es elaborar esquemas impositivos y presupuestarios que permitan achicar las brechas de desigualdad de ingreso, de género, capacitistas, étnicas, de orientación sexual y todas las intersecciones que sean necesarias para revertir discriminaciones estructurales y generar condiciones de igualdad.
Ahora bien, parándose en la desigualdad de género y partiendo de un análisis binario por la limitación estadística que tienen los indicadores oficiales, tenemos evidencia que muestra brechas de género en el mercado laboral, en la apropiación de ingresos, en la propiedad patrimonial y también en el pago de impuestos. En este escenario es necesario visibilizar el rol del estado de achicar estas brechas para acercarnos a una sociedad cada vez más igualitaria a través de su esquema impositivo y la política económica traducida en el presupuesto. El no hacerlo, o el ser “ciego” al género, reproduce entonces estas brechas y desigualdades estructurales. Por lo tanto, no estamos ante una situación donde nos debatimos entre la neutralidad o la acción afirmativa, sino que la decisión oscila entre generar una acción afirmativa para la corrección de desigualdades o la reproducción de una acción negativa que alimenta esa desigualdad.
Desigualdad de ingresos y desigualdad patrimonial
En nuestro país, pero también en la región y en el mundo, se evidencia una desigualdad estructural en términos de género. Las mujeres tienen mayores tasas de desempleo, mayores niveles de precarización laboral y obtienen menos ingresos en el mercado del trabajo. Decimos que es estructural porque más allá de efectos coyunturales, como épocas de crisis o de crecimiento, esta desigualdad se reproduce e incrementa en los momentos de recesión. De hecho, cuando analizamos los datos de pre pandemia y los actuales vemos que esta diferencia entre los indicadores de los varones y las mujeres (nuevamente toca aclarar que nos limitamos al análisis binario por una limitación estadística), se ha incrementado más de un 10%.
Estas diferencias en los ingresos se plasman en la feminización de la pobreza, el hecho de que 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de menores ingresos sean mujeres, y en su contracara, la masculinización de la riqueza, que muestra que casi 7 de cada 10 personas del grupo poblacional de mayores ingresos sean varones. Si bien los datos del mercado de trabajo son más susceptibles de cambiar ante la coyuntura económica, la feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza se mantienen sorprendentemente estables.
Hay un sesgo de género que se evidencia en la feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza, la estructura impositiva regresiva impacta de manera diferencial en las mujeres.
La desigualdad de ingresos que desarrollamos hasta acá se complementa con la desigualdad patrimonial, es decir, no sólo en los flujos de ingreso que se reciben hay diferencia entre varones y mujeres sino también en el stock de riqueza concentrada. En este sentido, según el estudio de CEPA, que utiliza como base la declaración de impuestos de Bienes Personales, que justamente grava al patrimonio (bienes inmuebles y muebles, autos, depósitos de dinero, los títulos y acciones en el país y en el exterior, etc.) de las personas que superan, en 2018, el $1.050.000 en valores patrimoniales, vemos que sólo el 34% del total son mujeres. Lo que corresponde con la diferencia que veíamos en términos de ingreso: hay una masculinización de la riqueza.
La regresividad impositiva y su impacto en la vida de todes
El gran peso de los impuestos indirectos, como vimos, genera una estructura impositiva regresiva, que implica que quienes más impuestos pagan en relación a sus ingresos son quienes menos ingresos concentran. Lo contrario que se espera de un esquema impositivo que busque generar condiciones de equidad. Para dar un dato concreto, en 2018, los impuestos regresivos fueron el 61% de la recaudación total mientras que los progresivos aportaron el 39% restante. A su vez, como hay un sesgo de género que se evidencia en la feminización de la pobreza y la masculinización de la riqueza, vemos que esta estructura impositiva regresiva impacta de manera diferencial en las mujeres.
En el mismo sentido, los recortes presupuestarios para los servicios públicos, la seguridad social y los subsidios económicos también tienen un golpe asimétrico en la sociedad que repercute en mayor medida en quienes menos ingresos tienen, en su mayoría mujeres. Pensar un presupuesto con perspectiva de género incluye adentrarse en los impactos que tienen, tanto los mecanismos de recaudación como los objetivos de gasto estatal, en la vida de las mujeres, teniendo en cuenta que ambas acciones actúan sobre un terreno atravesado por la desigualdad de género.
El 74% de las personas que pagó el aporte solidario fueron varones. Es decir, 3 de cada 4 personas fueron hombres, verificando así la masculinización de la riqueza.
De esta manera, cuando adoptamos una perspectiva de género y tenemos en cuenta la desigualdad de la que partimos, podremos evidenciar cómo las políticas de ajuste estructural y achicamiento del estado afectan más fuertemente la vida de las mujeres. En este aspecto, el Comité de la CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) reconoció que la aplicación de programas de ajuste estructural y el aumento de la carga de la deuda han impedido progresar en la plena realización de los derechos de la mujer e insta a los Estados a corregir o mitigar los graves efectos negativos de las medidas de austeridad en la vida de las mujeres. Finalmente, ha quedado en evidencia que la austeridad fiscal repercute en la garantía de derechos.
La experiencia del aporte solidario a las grandes fortunas, ¿un paso hacía la progresividad?
El aporte solidario que se hizo de manera extraordinaria en 2021 da cuenta de la misma imagen que venimos analizando. El 74% de las personas que lo pagó fueron varones, es decir, que 3 de cada 4 personas que pagaron el aporte fueron hombres, verificando la masculinización de la riqueza y marcando que ante mayores riquezas esta masculinización se profundiza. Es decir, que los más ricos dentro del grupo poblacional de altos ingresos es aún más masculinizado.
En este sentido, podemos ver cómo la experiencia de aumentar la recaudación de impuestos directos sobre la renta genera efectos progresivos no sólo en términos de ingreso sino también de género. Empezamos hablando sobre la presión impositiva en nuestro país, que de todas formas en Argentina es significativamente menor a la de los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para enfatizar la necesidad de financiar políticas públicas que achiquen brechas a través de presupuestos con perspectiva de género pero también que en su forma de recaudación logren ser una herramienta para generar condiciones de mayor equidad.
Es urgente pensar en una reforma fiscal, que dé por resultado una mayor progresividad en la recaudación impositiva, y en programas que busquen achicar las brechas de género que se profundizaron con la pandemia.
La libertad no se ejerce en abstracto, no es una percepción sino que es una acción, y en tanto acción requiere posibilidades materiales concretas sobre las cuales decidir. Sos libre de desear lo que quieras pero solo podrás concretar lo que puedas de hecho alcanzar, es trabajo de los Estados generar un campo de igualdad de oportunidades para que todos, todas y todes seamos libres de elegir.
En un país con una estructura impositiva regresiva y en el marco de renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que auguran programas de austeridad fiscal, es cada vez más urgente pensar en una reforma fiscal, que dé por resultado una mayor progresividad en la recaudación impositiva, y en programas que busquen achicar las brechas de género que se profundizaron con la pandemia. El marco de derechos humanos da herramientas y guías claras para avanzar en este sentido. En los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal especialistas y organizaciones de la región (entre las que se encuentran ACIJ y CELS de Argentina) reunieron esas guías para promover que los Estados cumplan con sus compromisos, las empresas y las personas aporten de forma más justa de acuerdo a su capacidad de pago, y la ciudadanía pueda exigir políticas fiscales que promuevan la igualdad.
Aún queda mucho trabajo por hacer para conseguir, de hecho, la libertad.