Travesticidios y transfemicidios en boca de todes
Amancay Diana Sacayán fue asesinada en 2015. A partir de allí comenzó el trabajo de la Comisión de Justicia por Diana liderada por su hermano Say Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y acompañada como pocas veces por gran parte de la sociedad.
La Comisión empezó con familiares y amigues de Diana, y convocó a referentes y militantes políticos y sociales travestis, trans, lesbianxs, maricas, gays, cis, intersex, de izquierda, peronistxs, kirchneristxs, comunistas, artivistas, medios de comunicación. En distintas marchas de varias cuadras agitaron una y otra vez contra los travesticidios, transfemicidios y otros crímenes de odio contra la comunidad travesti trans y LGBTIQ+.
En palabras de Say, ese proceso representó la oportunidad para que el poder judicial mostrara socialmente un tratamiento ejemplar contra la cultura de matar travestis.
Mientras el feminismo debatía aborto en la Cámara de Diputados en 2018, el Tribunal Oral Criminal Nº 4 dictó la condena que puso fin al silencio judicial. La sala de audiencia se llenó de palabras, de testimonios y de un fallo que inscribió en la jurisprudencia con nombre propio la prohibición de matar travestis: travesticidio.
Una condena concreta, sobre un autor concreto, con nombre y apellido, en una cárcel de verdad, y con un consenso social acerca de la justificación del crimen que pareció por fin quebrarse.
A pesar de este avance, de un modo al inicio incomprensible, en octubre de 2020 la Cámara Nacional de Casación Penal revocó la figura de travesticidio en la condena a prisión perpetua contra uno de los autores. Ahora esperamos la escueta ventanita de enorme impacto que significaría obtener la reposición de la agravante a través de la revisión de la sentencia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuando el fiscal Marcelo Saint Jean se excusó de intervenir en el caso, luego de una nota que presentamos desde la Comisión a la Procuración General de la Nación donde manifestamos nuestro temor de parcialidad porque se había manifestado y había realizado durante su carrera acciones en defensa de genocidas, nos dedicó a las lesbianas, gays, travestis, trans, e intersexuales, etc. (sic), estas palabras:
“No abrigo ningún interés en rebatir, discutir o cuestionar sus dichos, y ni siquiera experimento una turbación significativa de mi ánimo, más allá de cierta decepción… no se me cuestiona por lo que ha actuado en esta causa (…) sino por lo que suponen será mi desempeño. Prejuicio éste que resulta paradójico viniendo de quienes viene, en tanto hasta donde sé, la discriminación es uno de sus reclamos más habituales”.
“Si bien este desagradable episodio no habría en modo alguno incidido en mi forma de llevar adelante la tarea (…) mi permanencia al frente de la causa… no sería aceptada pacíficamente por los pasajeros del colectivo que me cuestiona (…) sus objetivos que, pareciera, exceden la legítima pretensión del esclarecimiento de un hecho delictivo. Sea como fuere, no tiene sentido forzar mi permanencia siendo que, además, me resultaría ahora apenas soportable compartir similar rol procesal, por no mencionar el ámbito físico, con quienes se han expresado de modo tan agraviante…”
Encuentro aquí, en las palabras de Saint Jean, un prisma que expresa con actualidad las refracciones originarias que enfrenta la posibilidad de una reforma judicial feminista.
¿Qué es la reforma judicial feminista?
El contexto institucional entre el lawfare y los femicidios con participación o desidia policial y judicial hace que esta propuesta de reforma judicial feminista la encabece hoy el presidente Alberto Fernández y la presidenta provisional del senado Cristina Fernández de Kirchner.
Como planteó la comisión de expertes en la materia que asesora al presidente Alberto Fernández, la reforma judicial feminista consiste en una serie de modificaciones en la estructura de acceso a los recursos federales, así como la creación de un tribunal penal que reduzca la cantidad de casos que llegan a la Corte, la reducción del mandato del Procurador, subir a 16 el número de miembrxs del Consejo de la Magistratura y un sistema de juicio por jurados para el Fuero Penal Federal.
En principio, el proyecto de ley que el presidente envió el año pasado al Congreso, que implica la creación de juzgados federales, la formación en género y paridad en los nombramientos y concursos de lxs juecxs, fue aprobado en el Senado. Pero no logra consenso entre diputades.
Esto nos lleva a un análisis de lo posible.
El patriarcado es un juez
Con este escenario, las presidentas de los bloques de Mujer y Justicia de la Cámara, Mónica Macha y Carolina Gaillard, realizaron el año pasado un trabajo minucioso de sistematización y puesta en discusión de los proyectos de ley con estado parlamentario referidos a justicia, feminismo y derechos humanos de las mujeres y personas LGBTIQ+, presentados por todos los bloques.
Hay en estos proyectos una serie de cuestiones parciales e incompletas, una agenda menor, influenciada por los medios, que se regodea en una serie selecta de femicidios y violaciones particularizadas que delinea las fronteras de la violencia punible con las connotaciones racistas de siempre.
Las propuestas que abundan son sobre la penalización del acoso callejero; la difusión sin consentimiento de contenidos íntimos; la autorización a las mujeres de defenderse con violencia letal ante cualquier manifestación de violencia de género; que cualquier ONG pueda litigar en nombre de las víctimas de femicidios; el aumento de penas y tipificar como de lesa humanidad los delitos sexuales y contra las niñeces; incrementar los años de cárcel por desobediencia de las cautelares en casos de violencia de género; la prohibición de la suspensión del juicio a prueba; el impedimento de las excarcelaciones; salidas anticipadas y arresto domiciliario en casos de violencia de género; la posibilidad de articular algún fuero especializado en el ámbito del derecho civil y de familia. Una vaga idea de incorporar “y LGBT” a la ley de violencia contra las mujeres y a la ley antidiscriminación.
La agenda de la despenalización, por otro lado, se agota en desalentar las denuncias por calumnias e injurias contra mujeres víctimas de violencia de género.
Este recuento de proyectos de ley podría redundar en pura demagogia punitiva si no corriéramos el riesgo de que se aprueben en pos de buscar consensos efectistas en un año electoral, donde la unidad en búsqueda de la erradicación de la violencia de género es parte de la apuesta política.
Del cuarto propio al cuarto oscuro
Hace un año, Ile Arduino, ante el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, nos invitaba a abandonar la idea del feminismo como un cuarto propio donde movemos algunas pepitas no muy significativas del aparato de represión estatal, creyéndolo o creyéndonos inocuxs.
En este 8M, la convocatoria presidencial a construir un gran consenso nacional para erradicar las violencias por motivos de género y firmada por todes les gobernadorxs, incorpora una serie de políticas básicas, ineludibles.
Entre ellas, Eli Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, anunció la instauración de mecanismos de protección adecuados y accesibles para evitar la violencia o más violencia –tobilleras, botones anti-pánico, refugios-, la evaluación inmediata de riesgos y protección por medio de gran variedad de medidas -alertas tempranas-, el fortalecimiento de las áreas municipales multisectoriales apropiadas para garantizar el acceso efectivo a servicios integrales para las sobrevivientes de dicha violencia, coordinación entre el estado nacional, municipios, policías y poderes judiciales provinciales.
El Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios propone articular los servicios de atención sanitaria, sexual y reproductiva, líneas telefónicas de asistencia que presten atención 24 horas al día y un número suficiente de centros de crisis seguros y adecuadamente equipados.
Sin embargo, este paquete de medidas se acerca más a lo que podemos hacer en el contexto de una hegemonía falsamente liberal y llena de moralinas, que usa sistemáticamente la justicia penal para resolver los conflictos sociales -desde el racismo y la diferencia sexual- que a lo que necesitamos llevar a cabo para lograr la transformación de la cultura de matar mujeres, travestis, personas LGBTIQ+.
Seguiremos en el cuarto propio si este año electoral no militamos la correlación de fuerzas para llevar a cabo las reformas estructurales, que se juega en la conformación de las listas paritarias de todos los partidos.
Antipunitivismo de Estado
El poder judicial sigue instalando el mismo estereotipo: que la violencia de género se denuncia por venganza, que son denuncias falsas hechas con el fin de arruinarle la vida a un hombre. Partimos de esa idea. Está mal que una mujer, une niñe, una persona LGBTIQ+ denuncie a un hombre, y pedimos disculpas cada vez que lo hacemos.
Quizás por esta conflagración con la culpa el antipunitivismo feminista cobra algo de relevancia social en comparación con otros frentes. Esto produce un recorte donde pretendemos que la violencia de género, además de ser un fenómeno particular, esté aislada de otras dinámicas sociales de circulación de la violencia, en especial la institucional.
No forma parte de la agenda feminista de reforma acabar con la persecución irracional de delitos contra la propiedad de escasa trascendencia, hurtos de celulares, venta ambulante, consumo personal y menudeo de estupefacientes, criminalización de la prostitución, entre otros. No forma parte de la agenda feminista cuánto le vamos a arruinar la vida al hombre que roba el celular, o a la mujer que roba comida en el supermercado.
En este marco de consenso, cualquier tipificación de nuevos delitos redundará en más personas de sectores vulnerables presas, y en mayor impunidad de agresorxs pertenecientes a sectores hegemónicos.
Ángela Davis describió este fenómeno como “el mito del violador negro”, la excusa sistemática que produce sujetos criminales monstruificados de sectores populares, garantizando la impunidad de las personas privilegiadas, y llenando las cárceles de pobres de todos los géneros y diversidades sexuales.
No es responsabilidad de las sobrevivientes hallar alternativas no judiciales y no penales como respuesta estatal a la violencia de género. No podemos pedir que las sobrevivientes individuales no denuncien delitos, que resuelvan situaciones graves con sus propios recursos.
El antipunitivismo tiene que ser política de Estado y reforma judicial feminista. No puede estar sesgado al abordaje de las violencias de género, porque en ese mundo vivimos ahora, el de la impunidad selectiva, en el que toda violencia de género es excluida de su tratamiento judicial hasta que tiene consecuencias irreparables.
La implementación de la recomendación general 33 y 35 del Comité CEDAW de Naciones Unidas (2015-2017), que contienen las medidas anunciadas como parte del consenso federal, debe hacerse junto con la transformación del aparato represivo estatal, que incluye el aparato de control migratorio.
Después de todo, el Comité CEDAW recomienda alertas tempranas y evaluación de riesgos, sí, pero exige que ello sea sin la condición previa de iniciar acciones legales, que sean garantizadas independientemente de la capacidad o voluntad de les sobrevivientes para cooperar en las acciones judiciales contra el presunto autor, o su condición de residentes, y con la posibilidad de acceso a patrocinio jurídico gratuito y de gran calidad. Medidas pendientes de incorporación.
También recomienda llevar a cabo políticas de descriminalización, estimando una constante de armado de causas contra quienes denuncian violencia de género, donde las denuncias son a su vez utilizadas como aprietes contra los denunciados, reafirmando el control territorial de las fuerzas de seguridad.
Todo esto permanece invisible si sólo concentramos nuestros esfuerzos en los policías denunciados por violencia de género interpersonal doméstica, que son apenas un emergente.
Cambios estructurales en la ideología penal
“Cuando a la gente le preguntas cuál es el problema, te dice: la policía. Y cuando le preguntas qué harían te dicen: más policía”, se quejaba una compañera en los noventa. Hoy, esa contradicción popular sigue vigente.
A pesar de estar presentada como una sorpresa, parece imposible salir de la anécdota y del caso arquetípico para abordar la relación entre femicidios, policía y poder judicial. Esta relación se entiende un poco mejor considerando que en 2014 la policía de la Provincia de Buenos Aires se duplicó de 50 a 100 mil efectivxs y que el 40 por ciento son mujeres. El aumento de policías no disminuyó los femicidios, pero sí evidenció los femicidios perpetrados por policías.
Esta aparente paradoja entre el aumento y la feminización de la policía, la proporción significativa de femicidios perpetrados por estas fuerzas (12% según la CSJN) y la nula disminución de los femicidios, debería conducirnos a concluir que no es feminista una reforma judicial si naturaliza la violencia institucional.
Sin embargo, el eje en los femicidios reduce prácticamente las líneas de acción al campo de la justicia penal. Aquí hay una serie de grandes pendientes, que son el contexto necesario de inscripción de un programa de democratización de la justicia.
Es necesario terminar el deficiente abordaje de la prisión domiciliaria, el enfoque romantizador de la prisión como única respuesta efectiva. A la vez, se debe incorporar el Estatuto de Roma que contempla penas máximas de 30 años (en nuestro país es de 50), humanas y proporcionadas. Estas penas máximas se aplican a los delitos más graves -que incluyen femicidios, travesticidios, transfemicidios y otros asesinatos motivados en prejuicios. También el Estatuto de Roma dispone la tipificación de los abusos sexuales en función del consentimiento y el reconocimiento de contextos coercitivos donde la ausencia de consentimiento se presume.
Es indispensable consolidar el proceso de Memoria, Verdad, Justicia, Identidad y Orgullo, dotando de más capacidades para la investigación y sanción urgentes a la violencia de género y por prejuicio contra mujeres y personas LGBT, que configuran delitos de lesa humanidad por ser cometidos durante la dictadura cívico militar, o con violencia institucional en democracia.
Finalmente, incorporar las recomendaciones de Naciones Unidas desde 1960 sobre sustitución de las penas cortas de prisión por sanciones alternativas no privativas de libertad, los límites al uso de la prisión preventiva, la derogación de leyes que criminalizan la reincidencia.
Después de eslóganes y sentidos comunes, estas parecen las medidas a contrapelo y más difíciles de lograr.
Reparar es transformar
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que para erradicar la violencia estructural se requiere justicia transformadora, y también una administración pública transformadora.
Debemos transformar el abordaje estatal de la violencia por razones de género desde el eje excluyente de la diferencia sexual y dejar de asimilar la violencia del colectivo LGBT a la violencia contra las mujeres o bien limitando la intervención exclusivamente a episodios de violencia contra mujeres LBTIQ.
También debemos ampliar políticas públicas para incluir acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad económica de autorxs o sobrevivientes, así como reinstaurar programas universales -por fuera de un hecho puntual de emergencia- que aseguren el acceso a asistencia financiera, educación, vivienda y tierra, cuidado de niñes, capacitación y empleo, que trabajen sobre la discriminación subyacente dando prioridad a la capacidad de acción, los deseos, las decisiones, la seguridad, la dignidad y la integridad de las víctimas y supervivientes. El Ellas Hacen, que duró dos años y brindó cobertura a 100 mil mujeres, es un buen punto desde donde retomar.
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