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Corría el 2015, el primer año del movimiento de Ni una menos. En una sesión, un paciente le contó a Ignacio que le había pegado a su mujer luego de enterarse de una infidelidad, y abrió las compuertas de su angustia, hasta el momento contenida. Ignacio quedó confrontado con sus propios prejuicios y dilemas como psicólogo. ¿Quería seguir atendiéndolo? ¿Podría sostener el tratamiento y la ética profesional? Las preguntas que le vinieron a la cabeza lo condujeron a buscar un acompañamiento para ese paciente (si decidía no atenderlo) pero sobre todo empezó a explorar, a leer, a formarse. Elaboró un proyecto de dispositivo terapéutico para varones que ejercen violencia y lo acercó al Instituto Municipal de Mujer en la ciudad de Rosario. Le siguieron varios meses de reuniones para evaluar su aptitud profesional, su perspectiva de género, para pensar un nombre para el dispositivo, diagramar un folleto que tuviera llegada y debatir con el plantel la necesariedad de esa política pública, ante el mismo rechazo interno que provocaba.
Luciano se anotició del proyecto por la polémica que se había generado dentro del activismo rosarino. Un portal digital anunciaba que la Municipalidad había creado un espacio para la atención de varones agresores y buena parte del feminismo local había puesto el grito en el cielo. Intrigado, pidió una entrevista con la entonces funcionaria a cargo del ente municipal para consultar por el flamante dispositivo. No había mucho que explicar ni defender, simplemente, porque en ese entonces no había mucho, tirando a nada. Luciano volvió al instituto un año más tarde con la curiosidad renovada y expectativa de que hubiera una política pública a la que derivar a los varones denunciados en el marco de los protocolos de las universidades y organizaciones sociales. En esos espacios de acompañamiento a las personas agredidas, nos enfrentamos a diario con la urgencia de contar con referencias serias y confiables a donde derivar a los varones para trabajar sus violencias, porque ni el código penal ni los protocolos con perfil anti-punitivo alcanzan para responder por sí mismos a los entramados estructurales y singulares que se despliegan en los ejercicios de las diversas modalidades de violencias. El dispositivo en la ciudad de Rosario surgió cuestionado desde afuera y revisado hasta el hartazgo desde adentro. Con tantos errores como aciertos, había un convencimiento en la necesidad de sostenerlo. El “Grupo de varones” era un resto, un apéndice, una molestia, un lugar difuso dentro de las demás intervenciones que se realizaban desde el Instituto. Cada mañana había que encontrar la oficina, consultorio o espacio donde atenderlos. Esa incertidumbre era leída en clave de humor, diciendo a quien quisiera escuchar que era esa la primera intervención con un varón, pues ahí “no tenía dónde golpear”.
Casi un lustro después, nos encontramos articulando perspectivas activistas y laborales en el Instituto Masculinidades y Cambio Social, en Rosario. Y compartiendo la escritura de este texto, que desempolva esos recuerdos para hacer genealogía de los pasos que nos trajeron a discutir este presente, con la mirada puesta en el futuro.
Entre muchas otras acciones, el Instituto está creando un mapeo federal del trabajo con varones. El objetivo es centralizar las experiencias y socializar un recursero de contactos y herramientas disponibles a nivel federal como también promover instancias de coordinación, articulación y trabajo en red.
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Con ese mapeo en el horizonte, y la preocupación sobre los recursos disponibles para el trabajo con varones en tiempos de aislamiento social, tomamos conocimiento de la línea de atención a varones de Catamarca. Se trata de una iniciativa de la Dirección Mujer, género y diversidad que depende del Ministerio de Desarrollo social y deportes de esa provincia. Su difusión, lanzada durante la cuarentena, revivió la polémica sobre si deben haber políticas públicas de atención a agresores. También despertó variedad de respuestas. Lamentablemente, más respuestas que preguntas. Como si sobraran certezas al respecto.
En todos estos años no hemos dejado de preguntarnos por estas políticas, por las orientaciones de los dispositivos, sus objetivos y metodologías de trabajo, la formación de sus profesionales, los recursos asignados, los resultados alcanzados y, más recientemente, su adecuación a tiempos de aislamiento y cuarentena. No hablamos desde la superación de la duda, sino desde la reivindicación de su productiva incomodidad.
Hablando de incomodidades, y volviendo al caso de Catamarca, podemos coincidir en que la difusión acerca de esta política no fue la más apropiada. La referencia al “desafío colectivo”, para quien desconoce que ese es el nombre de una campaña de prevención más general, fue interpretada como una banalización, cual se tratara de un challenge de tik tok con el que entretener a los varones. La apelación al lenguaje de la gestión de las emociones, convocando al contener el enojo y al pedido de ayuda, fue en algunos casos interpretada como un mensaje de desresponsabilización y victimización del varón agresor, y de culpabilización y revictimización de la mujer agredida. Al mismo tiempo, se consideró que la pieza comunicacional en cuestión negaba o relativizaba el carácter sistemático y estructural de la violencia machista. El mensaje es problemático, lo que se le exige desde algunas voces feministas a un flyer dirigido a varones (potencialmente) agresores también lo es.
Lo cierto es que, más allá de las polémicas y disputas de sentido en torno a las posibles intenciones e interpretaciones, no existen fórmulas exitosas que hagan estallar los teléfonos de atención de varones, ni tampoco políticas de atención a agresores que nos ahorren las tensiones e incomodidades.
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En aquel entonces, cuando se daban los primeros pasos en el armado del dispositivo de atención del Instituto Municipal de la Mujer de Rosario, fueron varios días de debate para encontrar un nombre que defina lo que hacíamos, que fuera entendible por aquellas personas a las que iba destinada y que fuera aceptado, o al menos, no generara reacciones de rechazo por parte de los movimientos y agrupaciones de mujeres. Si pudimos encontrar un nombre potable fue, entre otras cosas, gracias a que “teníamos tiempo para pensarlo”. Cualquiera que esté en contacto con funcionarixs, profesionales y laburantes a cargo de servicios de atención en violencia hoy, en plena emergencia sanitaria, sabe que están corriendo detrás del tiempo y los incendios, aunque nadie salga al balcón a aplaudirles.
“Sólo espero que la úlcera que me está saliendo ante esta avalancha de descalificaciones valga la pena, que al menos se refuercen los argumentos acerca de la necesidad de desarrollar estas intervenciones”, nos decía una de las tantas mujeres detrás de la iniciativa de la línea de Catamarca. Sí, buena parte de las personas que impulsan, sostienen y gestionan espacios de trabajo con varones agresores, son mujeres. Lo hacen sabiendo que es una política de reducción de daños y de cuidados, sobretodo para quienes se encuentran bajo la amenaza de esas violencias machistas: mujeres, disidencias sexo-genéricas y niñxs.
“Hay una profunda ignorancia de lo que hacemos en los dispositivos de varones, y como compañeras feministas no tienen idea de lo que es ponerle el cuerpo siendo mujer”, relataba el audio de una profesional de la provincia de Buenos Aires.
La situación de cuarentena incrementa los factores de riesgo y obstaculiza los abordajes de las violencias machistas. Se ensayan respuestas extraordinarias para acompañar a las mujeres en situación de víctimas. A su vez, se están ensayando respuestas extraordinarias para trabajar con los (potenciales) agresores. En estos días, venimos hablando con varixs profesionales que están en esa, poniéndole el cuerpo, improvisando la continuidad de los grupos de hombres a través de Zoom y WhatsApp en el mejor de los casos, o llamando uno por uno a los que no pudiendo asistir a los grupos, comparten la cuarentena con sus posibles víctimas y no tienen smartphone o WiFi. Inventan formas de seguimiento y monitoreo, adaptan metodologías, se forman en el proceso, prueban, erran.
Estamos tratando de identificar experiencias, ver cómo acompañarlas, cómo lograr apoyo estatal, como construir un recursero con estrategias de referencia. No porque nos enternezcan los agresores y querramos ayudarlos a mitigar su "enojo”, sino porque encerrados son una bomba de tiempo. Y hay que inventar formas de interpelarlos a reconocer la potencial amenaza que supone que no busquen ayuda.
Ante la relativa ausencia de políticas y experiencias sistemáticas con resultados de éxito probado cabe preguntarnos ¿qué posibilidad hay de aprender en tiempos apremiantes de cuarentena, si no es equivocándose y redirigiendo luego las intervenciones desde lo aprendido? Pero en el caso que nos convoca, ¿qué es lo que se rechaza? ¿Ante qué se reacciona? ¿A qué se responde?
Porque una cosa es cuestionar lo que se considera un desacierto comunicacional y se presume un desvío político-metodológico, y otra es objetar per se el trabajo con varones agresores. Lo que sesga esta mirada es el desconocimiento del propósito preventivo de la intervención con varones.
Ésto no significa que las políticas destinadas al trabajo con varones agresores deban ser prioritarias ni absorber recursos necesarios para la atención a mujeres y personas lgbt+ en situación de violencia. Pero sí son parte indispensable de un abordaje integral
No se trata de una ecuación de ganar-perder (recursos) sino de pensar políticas integrales para intervenir en todos los frentes de la violencia como problemática relacional. Por las dudas, es oportuno aclarar que el desvío de recursos es un imaginario bastante mítico, ya que al menos desde nuestra experiencia los recursos con los que cuentan lxs profesionales que atienden a estos varones son de escasos a nulos, y lo único que abunda es la voluntad.
Con el trabajo y tiempo transcurridos, sostenemos que los dispositivos de atención a varones que ejercen violencia son para prevenir, para limitar las posibilidades de reincidencia, para trabajar en el sentido de registrar, responsabilizarse, reparar y cambiar. De hecho, son políticas contempladas en el artículo 9 de la Ley 26.485, para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Sí, esa ley de avanzada, que solemos reivindicar como conquista feminista por su integralidad en el reconocimiento de los diversos tipos, ámbitos y modalidades de violencias, establece la necesidad de desarrollar programas de “reeducación” o “rehabilitación” para varones.
Pensar que se puede erradicar la violencia machista sin políticas públicas destinadas a trabajar con sus perpetradores es más problemático que un flyer desacertado. Hace ya rato que el punitivismo como única herramienta ha dejado de ser efectivo, si alguna vez lo fue.
Discutamos cómo, quiénes, con qué recursos. Las políticas públicas para trabajar con varones agresores como estrategia de prevención de las violencias machistas son necesarias e indispensables. Con ensayo y error, pero que ese sea el piso, no lo serruchemos por un flyer.