Frente a la incertidumbre financiera que provoca la pandemia, en la banca internacional y ciertas multinacionales confían en que la economía global va a reflotar en forma de V: así como cayó, se levantará. Pero para que la línea de la derecha no se amesete, es necesario un cambio en la mentalidad empresarial, una nueva filantropía, con más compromiso ético con los derechos laborales y menos pánico ante las políticas impositivas. Un beneficio directo para todos los trabajadores, y en especial para los sectores más afectados por esta crisis: fábricas, salud, comercio, freelancers. Más que un “revival”, el nuevo Estado de Bienestar significaría una nueva modernización, más inclusiva.



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El Coronavirus llegó a la Argentina en un momento particular, cuando la economía mostraba algunos signos de recuperación basados en fomentar el mercado interno, pero en un contexto todavía recesivo y con una inflación alta, aunque morigerada. Por eso la pandemia amenaza con provocar daños severos en el tejido económico y social. 

 

La pandemia muestra la fragilidad empresarial del país. Por un lado, la mayoría de las organizaciones se desenvuelven con muchas dificultades que son previas a esta crisis, endógenas y contextuales. De la otra cara de la moneda, la fragilidad del mundo de los asalariados. Pero el carácter paradojal de nuestro capitalismo es que el trabajo independiente profesional, tanto como el no calificado, depende de las actividades formales. 

 

Hay muchas especulaciones sobre los impactos económicos negativos que está dejando la pandemia, y sobre cómo la recesión tendrá un efecto aún más dañino en los sectores populares. Pero también hay consultores de Morgan Stanley y especialistas del Center For Economic Policy & Political Economy que aventuran la hipótesis de la V corta: a la caída brusca y pronunciada de la actividad económica (que ya empezamos a sentir) le seguirá un repunte, igual de rápido. Esta perspectiva es apoyada por entidades financieras como la Caixa Bank y el fondo Black Rock. Al mismo tiempo, toman nota de que las políticas de austeridad complican la recuperación –como ocurrió con las medidas aplicadas tras la crisis de 2008–, y que aquellas mismas medidas restan poder de fuego a los Estados frente a la pandemia. Hoy puede verse cómo un amplio arco -que va del socialista Sánchez en España al excéntrico Trump en Estados Unidos- destinan inyecciones considerables de dinero para sostener la demanda. 

 

Para que la hipótesis de la V se cumpla y no se amesete la línea derecha, los Estados deberían tomar decisiones que les permitan evitar el deterioro de los ingresos, la pérdida de puestos de trabajos, y refinanciar las obligaciones inmediatas de personas y empresas. Este conjunto de medidas debe sostenerse tanto en el plano fiscal con políticas agresivas de inyección monetaria pero coordinadas, como en el plano simbólico en donde la centralidad del Estado y la cooperación común deben ser presentadas como esfuerzo conjunto y no como gasto público y presión impositiva. Tampoco estos estímulos pueden sostenerse indefinidamente si no hay un correlato de inversión privada para la reactivación. 

 

En su clásico estudio Miserias del presente, riqueza de lo posible, André Gorz llamaba a ver las grietas del presente y atreverse al éxodo: a transformar el modelo de la Sociedad Salarial. Hoy, el éxodo sería un cambio en la mentalidad de las empresas más concentradas e implicaría un compromiso social sobre los derechos laborales. Esto puede sonar un problema de tipo noratlántico; pero en el caso argentino tiene que ver con el registro y el blanqueo del trabajo y del capital. Supone desmontar el discurso neoliberal para el cual todo impuesto es una especie de exacción ilegítima y una carga para la producción.

 

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Esta es la propuesta de actores vinculados a la banca internacional y a empresas multinacionales: dotar al Estado de ingresos que le permitan realizar acciones anticíclicas de emergencia, mejorar la trazabilidad de los ingresos de los trabajadores y de las organizaciones, y potenciar la eficiencia de las intervenciones. El modelo de responsabilidad empresaria esconde el riesgo de una suerte de nueva filantropía que ya mostró sus limitaciones en la crisis del 2008. El riesgo es la existencia de paquetes de emergencias y “rescates” que no se separen en lo conceptual de las políticas de “achicamiento” del Estado. Otro peligro: que las medidas de cuarentena sean aprovechadas por las grandes empresas para ir eliminando a la competencia de PyMES. 

 

Por eso las acciones tomadas hasta ahora por el gobierno nacional son novedosas: sobrepasan los límites generales impuestos a la focalización y visualizan el universo de la informalidad laboral y económica. Por ejemplo: apoyo económico a una población a la cual no se le destinaba usualmente -como trabajadores independientes y pequeños patrones a través del Ingreso Familia de Emergencia-, y medidas destinadas a evitar despidos o las líneas de créditos destinadas al sector empresario para gastos corrientes, principalmente salarios. 

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Pese a todas estas políticas de emergencias y acciones anticíclicas, ¿se puede proyectar cómo sería el impacto económico de la pandemia teniendo en cuenta las desigualdades sociales? Para hacerlo es preciso trazar un mapa con dos ejes: la estructura socio-ocupacional y sus implicancias. 

 

En nuestros imaginarios como sociedades occidentales solemos polarizar la relación entre formalidad laboral y clase social. Se asocia positivamente a quienes tienen mejores ingresos y calidad de vida con un sector formal de la economía; la informalidad y las peores condiciones de vida tienden a asociarse también, pero en el sentido contrario.

 

Sin embargo, puede darse la conjunción de condiciones de vida favorables y desempeño en el sector informal. En estos casos, la informalidad es buscada deliberadamente para aumentar el ingreso, o por el carácter extralegal o ilegal de las actividades. También están quienes se desempeñan en el sector formal pero con salarios por debajo de la línea de pobreza o apenas por encima. Estas personas sufren condiciones tan adversas como los trabajadores y cuentapropistas informales. En parte, son herencia del gobierno macrista: una de sus principales características fue la caída del salario también en este sector.

 

Estas situaciones laborales predisponen condiciones de empleo que inciden sobre el derecho a la salud de las personas. Hay estudios de la OIT que muestran que aquellas actividades informales -fuera de la protección y en algunos casos con altísimos niveles de peligrosidad- presentan no solo dificultades de ingresos, sino clara precarización  sobre la protección en su salud. Pensemos en lxs trabajadorxs sin protección que trabajan en la calle o en locales sin contratos, sin derechos laborales, a destajo, por productividad: el contexto de encierro y pandemia dificulta cualquier camino que decida, y la curiosidad del Coronavirus es directa. Por eso hoy, incluso en los países más neoliberales, la solidaridad social se expresa en mayor potencia de la intervención del Estado, y sobre todo hacia la población más desprotegida de la seguridad social.

 

Estas coordenadas son importantes en la medida que el sistema de salud en Argentina tiene una estructura tripartita: están los centros de salud públicos, los privados y las obras sociales. Este sistema se financia con aportes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores. Esta distinción entre trabajadores de la economía formal o informal es central para pensar en el acceso al derecho a la salud y la cobertura de servicios médicos.

 

En Argentina -y en América Latina- es relevante la proporción de trabajadores asalariados manuales, los de servicios de rutinas y especialmente los empleados de comercio. También es característica de nuestra región la expansión del trabajo por cuenta propia de baja calificación.

 

Los porcentajes corresponden a su peso porcentual en la estructura ocupacional argentina. Todas tienen riesgo de sufrir impacto económico por la crisis sanitaria, pero si observamos por tipo de contratación, seguridad en el puesto y redes laborales de protección observamos que el 39,6% de los hogares del país tienen graves inseguridades de ingresos: en muchos casos reciben la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentaria y el Ingreso Familiar de Emergencia.

 

 

Distribución de las clases del esquema CObHE en los grandes aglomerados urbanos Clasificación de Ocupaciones Basadas en el Heterogeneidad estructural (CObHE). 3er trimestre de 2019

 

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En un arco, que en el cuadro se extiende de las clases I a V, se encuentran los empleadores, trabajadores independientes y trabajadores asalariados que se desempeñan en grandes establecimientos formales, con condiciones de trabajo regulares y en la economía formal y productiva. Pero esta economía depende de la concentración urbana, la producción fabril y los servicios sociales, personales, económicos y financieros. Todos, afectados por la cuarentena. 

 

Algunas ramas como alimentos continúan trabajando, otras disminuyeron enormemente y algunas se paralizaron del todo, como recreación. Para estos trabajadores y empleadores, el impacto llega en dos partes: 1) la incógnita de hasta qué punto podrán aguantar sus empleadores los pagos de salarios, alquileres, insumos, etc; 2) el “día después”, en el que pueden llegarse a enfrentar con intentos de flexibilización de sus condiciones de trabajo, de sus ingresos o incluso de la reorganización logística de las empresas. ¿Y si el teletrabajo llegó para quedarse? ¿Si el “#QuedateEnCasa. Comprá tranquilo y nosotros te lo llevamos” se vuelve una excusa para reducir el número de locales minoristas de grandes marcas? ¿Hasta dónde no habrá una tentación de “robotización”? Consecuencias similares se enfrentaron en Europa tras la crisis del 2008. Se aceptaron flexibilizaciones en nombre de detener la destrucción de empleos.

 

En esta coyuntura, qué tipos de bienes son demandados en el corto plazo es una variable importante para la reactivación: materias primas (para producir bienes finales), bienes finales (para el consumo) y bienes intermedios (insumos para la producción de otros bienes). Una demanda sostenida que potencie la reactivación debería, en teoría, demandar todos estos bienes para abastecer las diferentes instancias de la producción. Dependería de cómo los stocks acumulados antes de la pandemia podrían ser reinyectados en el circuito productivo. La flexibilización de la cuarentena pone estas consideraciones en el ojo de la tormenta.

 

Para el arco que se extiende entre pequeños empleadores y trabajadores independientes no hay dos fases. La crisis es aquí y ahora. A las características conocidas de baja productividad e ingresos del sector informal se les suman el auge silencioso de formas flexibles de contratación o adhesión de actividades a las firmas empresariales.

 

Queda un mosaico diverso que abarca desde el profesional autónomo con buenos ingresos pero irregulares, hasta quienes hacen changas y miden su mes en el día a día. La extensión y la heterogeneidad de esta vulnerabilidad es muy amplia, y todo un desafío para las políticas públicas. 

 

Uno de los nuevos decretos presidenciales de emergencia firmados durante la pandemia, estableció un límite hasta la categoría C de monotributo y con su ayuda económica alcanza a un universo que, en otras oportunidades, había sido marginado. Pero ante este mosaico tan grande y variado, ¿alcanzará a nuestro monotributista cuyos ingresos están por encima de la línea de pobreza pero son tan irregulares que igua se ven afectados? 

 

El gobierno de Fernández desarrolló medidas que apuntan también a los segmentos más débiles pero que en el sentido analítico ocupacional es muy parecido al que describimos en el párrafo anterior: además de los segmentos más empobrecidos, feriantes, artesanos, profesores particulares, artistas del off. No sólo están los más vulnerables para quienes el IFE (Ingreso Federal de Emergencia) es una gran ayuda, sino una compleja trama que depende que la rueda económica vuelva a girar. Este subsector es interpelado por la necesidad de flexibilizar la cuarentena, en ramas como la construcción y el comercio.

 

A estas políticas de emergencia se suman a la red de transferencias más aceitadas, como las dirigidas a jubilados/pensionados y desocupados. 

 

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Hace unas semanas, el impacto global del Coronavirus provocó una serie de debates filosóficos que se balancean entre hipótesis del surgimiento de un nuevo tipo de comunismo o la capacidad de mutación y resistencia del capitalismo, que le permitiría sobrevivir. El nivel de abstracción de estas consideraciones excede este artículo, más sometido a la evidencia empírica y lo que ella sugiere y se puede interpretar y aventurar. Pero en cambio nos resulta sugerente citar una caracterización hecha por Manuel Castells en un artículo de La Vanguardia. Castells compara la situación pospandemia con la posguerra de mediados del siglo XX, y resalta que es necesario regresar a la inversión estatal y al Estado de Bienestar como motor del desarrollo y la inversión. Pero no como un simple revival, a la manera de algún “rescate emocional”; se aggiorna incluyendo consideraciones sobre el consumo responsable, una nueva conciencia social de convivencia (sobre todo de parte de propietarios  de Pymes y grandes empresas) y otra actitud respecto al equilibrio ecológico.

 

En un sentido similar, Franco “Bifo” Berardi potencia la idea del cambio de paradigma más sostenido en lo colectivo. “Podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo. Igualdad, frugalidad, abandono del paradigma del crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud. No podemos saber cómo saldremos de la pandemia si las condiciones fueron creadas por el neoliberalismo, por los recortes a la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa…”, dijo.   

 

A fines del siglo XIX, el higienismo incubó algunos de los instrumentos de los proto estados de bienestar a la luz del paradigma de salud pública. Fue modernización en la Argentina, junto con otros causantes; pero fue una modernización excluyente. Quizás el final de la segunda década del siglo XXI nos de una oportunidad diferente e inclusiva.


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