Por tercera vez en la historia de la democracia se produce una falta de circulación del dinero. Pero a diferencia de las de 1989 y 2001, esta crisis encadenada con medidas sanitarias no se mide sólo en términos cuantitativos. La pandemia multiplica las desigualdades estructurales generadas por la pobreza. El efecto del hacinamiento, del trabajo informal, de la brecha digital, del acceso a la salud y de la exclusión del sistema bancario actúa de una manera acelerada, encadenada y aguda. Ante la ruina de las otras distancias sociales, la economía moral. Por Ariel Wilkis.



Las grandes crisis de la democracia argentina tienen un hilo conductor que puede reconstruirse respondiendo a la pregunta: ¿cómo “desaparece” el cash en esos contextos? Revelador clave de las perturbaciones colectivas, el dinero es símbolo y método de las hecatombes financieras locales

 

En 1989 la desaparición del valor del austral por el contexto hiperinflacionario fue un claro indicador de la desigualdad frente al acceso de bienes básicos de consumo. A medida que el dólar americano se devoraba la moneda nacional las barriadas se plagaban de ollas populares y de saqueos. En 2001 la estabilidad cambiaria le restaba atención a la cotización del dólar para concentrarla al nivel de los depósitos. Cuando estos llegaron a índices insostenibles el gobierno optó por poner un torniquete a la salida de dinero de los bancos. El “corralito” produjo la segunda desaparición del cash de la era democrática. Con la restricción a la circulación de efectivo, los barrios vulnerables se secaron de pesos. Esta segunda desaparición reflejaba la desigualdad en el mercado de trabajo, los más afectados fueron los desempleados y quienes hacían changas o trabajos informales. En marzo de 2020 el aislamiento dispuesto por el gobierno produjo la tercera desaparición del cash de la era democrática. Esta no es igual a la de 1989 ni a la de 2001, tiene su origen en medidas de cuidado de la salud pública que dispararon una dinámica de desigualdades inédita.

 

Esta es la primera crisis de la era democrática donde la voz experta autorizada que ocupa el espacio público no la toman los economistas sino los epidemiólogos o expertos sanitarios. Este modo de expertise organiza una conversación pública menos politizada. Los de cantidad de muertos, enfermos y test realizados son los números públicos que reemplazan a la cotización del dólar (1989) y al riesgo país (2001) para hacer inteligibles los acontecimientos que se desarrollan en el medio de la tormenta. Los epidemiólogos son expertos mucho menos gastados por el roce público y político que los profesionales de la economía. 

 

La pandemia permite y obliga a la comparación internacional. El gobierno tomó decisiones a tiempo y se apoyó en el conocimiento producido por instituciones estatales. La Argentina juega en las grandes ligas de la lucha contra el COVID 19 sostenida en el saber experto que proveen las instituciones médicas y científicas. Las decisiones de salud pública le ponen a esa lucha una vara muy alta (y necesaria) para lograr su objetivo, “aplanar la curva de muertes”, moviendo al Estado hacia un lugar muy diferente al cual la actual gestión lo podía pensar en diciembre de 2019. 

 

Si el plan original y no tan ambicioso era que la mano “izquierda” del Estado -para usar la figura de Pierre Bourdieu que se refiere a las instituciones públicas que cuidan de la protección social- debía acompañar a que los “últimos de la fila” no quedasen tan rezagados mientras se trataba de acordar con los acreedores externos, la pandemia engrosó esa fila y además creó muchas otras.

 

No será en términos cuantitativos donde mejor apreciaremos el contraste con la serie histórica de las grandes crisis de la democracia. Sino en términos cualitativos. No será tanto observando los niveles de pobreza, desempleo y desigualdad sino en cómo actúan los efectos de múltiples desigualdades. 

 

El hacinamiento, el trabajo informal, la falta de conectividad, el acceso a sistemas de salud deficientes o la exclusión del sistema bancario son situaciones que, “en tiempos normales”, generan consecuencias negativas en las condiciones de vida de las personas. Pero durante “tiempos excepcionales”, como la “cuarentena” que estamos atravesando, estas mismas consecuencias actúan de una manera acelerada -en muy poco tiempo se precipitan sus efectos-, encadenada -una desigualdad tienen efectos rápidos sobre la otra- y aguda -amplían las desigualdades pre-existentes en poco tiempo-.

 

El aislamiento expone al rojo vivo las desigualdades urbanas y regionales. La distancia a servicios como bancos, cajeros o supermercados parecía un problema menor de logística que, en “tiempos normales”, podía resolverse con esfuerzo y costos extras. Estas distancias dibujan un mapa de la Argentina con claras disparidades regionales. Con el aislamiento, tienen efectos concretos en la vida cotidiana: dificultades para aprovisionarse de alimentos, para conseguir mejores precios o dedicarle varias horas de esperaba para acceder a un banco o cajero. 

 

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Desde el primero de abril de 2020 -cuando la mayoría de los asalariados cobraron sus remuneraciones mensuales- la sociedad se partió entre quienes tienen ingresos fijos y quienes no. Esta desigualdad tiene una lógica transversal a las clases sociales. El parate de la actividad económica puso en una misma fila a cuentapropistas, trabajadores independientes, monotributistas, pequeños comerciantes y profesionales liberales. A partir del primer día de mayo el “privilegio” del mes anterior se vio resentido cuando trabajadores asalariados tuvieron que resignar sus ingresos en favor de no perder el empleo.  

 

A las dificultades de la desigualdad laboral se les sumaron las producidas por las desigualdades frente al sistema bancario. Acceder a transferencias y/o recibir pagos electrónicos deja de ser un tema solo atendido por los expertos en fintech o sectores entusiasmados por la educación financiera. Está definiendo los in/out de la economía del aislamiento. 

 

La salida de la cuarentena dejará a muchas más familias endeudadas y sin ingresos. Entre los sectores medios, los alquileres y las cuotas de colegios no se pagarán estos meses, los resúmenes de tarjetas de crédito quedarán pendientes de ser canceladas. Entre los sectores de menores ingresos, las deudas se verán acrecentadas para pagar los alimentos de cada día con intereses que los prestamistas ofrecen a valores altísimos.

 

El aislamiento desencadenó con más virulencia los efectos de desigualdades menos activas en “contextos normales”. El acceso a la conectividad, que en períodos previos podía servir como indicador de desigualdades de consumos culturales con incidencia secundaria sobre las condiciones de vida, en el marco de las restricciones aparece en un primer plano para restituir dinámicas de consumo de bienes y servicios, de sociabilidad y educación. 

 

Mientras los sectores más acomodados de la sociedad pueden recomponer sus canales de consumo a través de los sistemas de deliverys propuestos por diversas plataformas, de los sectores menos acomodados provienen los trabajadores que realizan estos servicios exponiéndose mayormente al contagio. El hacinamiento aumenta los riesgos de exposición al virus y también vuelve el confinamiento más difícil de sobrellevar para jóvenes y niños acostumbrados de hacer del espacio público una prolongación de sus hogares. 

 

La crisis hiperinflacionaria de 1989 y la crisis del fin de la convertibilidad de 2001 fueron simultáneamente alteraciones económicas, sociales y políticas. La salida anticipada de Raúl Alfonsín del gobierno y la caída de Fernando de la Rúa contrasta con la situación política actual. El gobierno de Mauricio Macri fue una rareza de la historia política reciente. Un gobierno con pésimo desempeño social y económico que, si bien no obtuvo la reelección, logró llegar a fin de su mandato y hasta tener un apoyo electoral nada despreciable. El combo de estabilidad política y crisis económica y social es una herencia que recibió la administración Fernández-Fernández, pero esta llevó el modelo heredado al extremo cuando se convirtió en piloto en el medio de un huracán global que nadie previó.

 

El gobierno, cuyos funcionarios no terminaban de acomodarse en sus escritores a tres meses de asumir y que consideraban que su agenda definitiva se organizaría a partir de cómo se resolvería la negociación de la deuda, debió hacerse cargo de una crisis que activó efectos encadenados y agudos de múltiples desigualdades. Las “manos izquierdas” del Estado debieron multiplicarse para ir tras las desigualdades activadas.

  

La sociedad argentina es un territorio estallado por desigualdades con efectos encadenados y agudos, un concepto de bienestar será el mapa imprescindible para que el Estado transforme las distancias sociales que dejará como saldo el aislamiento físico. De manera inmediata este concepto deberá iluminar ideas y valores precisos, producir una economía moral que ayude a reconstruir las ruinas que deje la pandemia. Esta reconstrucción no empezará en un futuro incierto sino muy pronto, cuando comience a levantarse la cortina del acto final del aislamiento. 

 

Un solo ejemplo. ¿Qué deudas deberán ser devueltas? ¿Qué poder tendrán los acreedores sobre los deudores para reclamar alquileres impagos, cuentas atrasadas, créditos solicitados durante el aislamiento? Estas preguntas no entran en los protocolos epidemiológicos y, sin embargo, sus respuestas construirán de manera crucial la definición de la “nueva normalidad”. Esta no deberá quedar en manos de los expertos en salud pública y sus términos no tendrán que ser únicamente epidemiológicos. Deberá estar guiada también por una “nueva” economía moral situada frente al sufrimiento social producido por el COVID -19.

 


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