Ignorantes, brutos, retrógrados, vetustos y hasta jurásicos fueron algunos de los adjetivos con que los partidarios de la legalización del aborto calificaron a los senadores que se opusieron al proyecto. También varios legisladores fundamentaron su apoyo en el recinto desde la misma óptica, endilgándoles a sus colegas ser la encarnación misma del atraso y el oscurantismo. “Este es un debate estructural que tiene que ver con la Argentina moderna o con la Argentina del atraso”, sostuvo Pichetto, dedo en alto y con la mirada clavada en el estrado de la presidencia de la Cámara, cuando la sesión llegaba a su fin y el resultado adverso era irrevocable.
Un sentido común muy extendido entre políticos, analistas, académicos, intelectuales y personas interesadas por la vida política en general define al Senado como un cuerpo tradicional y conservador, que aloja a los representantes de las oligarquías provinciales, posee como función principal mantener el statu quo y bloquea sistemáticamente cualquier intento de reforma política o social en connivencia con grupos concentrados de poder económico o religioso.
Por su propia naturaleza federal, se trata de un cuerpo que sobrerrepresenta a las provincias con menor población y subrepresenta a las que tienen mayor peso demográfico, especialmente las de la región central del país. Esta desigualdad refuerza la imagen de que es un espacio conservador, puesto que la asociación entre provincias pequeñas y tradicionalismo está también muy arraigada en ciertos imaginarios colectivos.
Pero aunque a muchos les cueste digerirlo, el Senado actual es un cuerpo considerablemente menos cerrado que décadas a atrás y con una composición que alberga perfiles bastante parecidos a los que podemos hallar, por ejemplo, en la Cámara Baja. Los senadores votan guidados por el cálculo electoral, las estrategias en la interna partidaria provincial y las creencias y valores que sustentan. Estos últimos pesan tanto en las pautas culturales con las que fueron socializados como en las ideas que perciben como más afines a los votantes que les interesa captar. Además, si nos detenemos en los opositores al proyecto, dentro y fuera del Congreso, vamos a encontrar un tipo de conservadurismo muy moderno, que, paradójicamente, comparte un elemento central con quienes estuvieron a favor: la exaltación de la experiencia individual.
El rechazo del proyecto sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) pareció ratificar ese designio y reforzar aquella interpretación tan arraigada. Una iniciativa progresista nacida de la acumulación de años de luchas de movimientos sociales feministas consigue ser aprobada en Diputados, pero, pese a las masivas movilizaciones callejeras y al clamor de millones de mujeres y de jóvenes, termina siendo sepultada por un puñado de senadores.
Si nos detenemos en el grado de apoyo que tuvo el proyecto en cada cámara, vamos a encontrar que las diferencias son más bien pequeñas. Mientras que un 50% de los diputados estuvo a favor y un 48% en contra, entre los senadores el 43% apoyó la ley y el 52% la rechazó. Si bien esas variaciones terminaron inclinando la balanza en un caso por el sí y en el otro por el no, parecen insuficientes para identificar en el Senado una esencia reaccionaria o conservadora y opuesta al cambio que lo diferenciaría de la Cámara Baja.
A su vez, entre las provincias más sobrerrepresentadas –las de menor población-, tenemos varias de las que estuvieron mayoritariamente en contra, como las del NOA, pero también las que aportaron muchos votos a favor, como las patagónicas.
Si releemos las intervenciones de los diputados en la sesión del 14 de junio, se vuelve difícil encontrar diferencias significativas con las de los senadores. De hecho, vamos a ver las mismas matrices argumentativas tanto para una como para otra posición y similares razonamientos y justificaciones de los votos, al margen del color de las anécdotas o las referencias personales de cada legislador. ¿Es entonces el Senado una institución más conservadora? ¿Fue el aborto rechazado por esa presunta naturaleza reaccionaria? ¿Pueden reducirse las posiciones más conservadores a simples miradas anacrónicas?
Ya no es lo que era
El Senado de 2018 ha quedado bastante lejos del diseño institucional original sancionado con la constitución de 1853, que preveía dos representantes por cada provincia y dos por la Capital Federal, todos ellos elegidos por las legislaturas de sus distritos -a excepción de la capital, que lo hacía por medio de un colegio electoral- con mandatos de nueve años renovados por tercios cada tres. Natalio Botana, historiador y politólogo, se refiere a ese cuerpo durante el período 1880-1916 como un lugar de hibernación y un baluarte de las elites provinciales, cuyas bancas estaban ocupadas por verdaderos notables: hombres pertenecientes a círculos sociales de elite, anclados en grandes linajes familiares de raigambre local cuyos cargos políticos eran una prolongación de su estatus social.
Los perfiles y trayectorias sociales de sus miembros se irían modificando desde entonces hasta la actualidad de la mano de las transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y demográficas que sufrió la Argentina, considerando especialmente los mojones específicos que supusieron años clave en la historia política nacional: 1916 con la llegada del radicalismo al poder, 1946 con el surgimiento del peronismo, 1983 con el retorno al régimen democrático y 2001 por una conjunción de hechos muy particular.
Al margen de la demanda de renovación de los elencos políticos sintetizada en la consigna “Que se vayan todos”, el 2001 supuso la culminación de un conjunto de cambios institucionales iniciados siete años antes a partir de la reforma constitucional de 1994. Se dispuso que el Senado estaría compuesto por tres senadores por cada uno de los veinticuatro distritos, cuando antes había sólo dos. Éstos serían elegidos todos de manera directa por el voto popular, correspondiendo dos bancas al partido político que obtuviese la mayor cantidad de votos y la restante para el que le siguiera en número de sufragios. Además, los mandatos pasarían de nueve a seis años y la cámara se renovaría por tercios cada dos años. En diciembre de 2001 vencieron todos los mandatos y se eligieron senadores de modo abierto y, por única vez, simultáneo, en todas las provincias, renovándose el cuerpo por completo. Otra innovación en esos comicios fue la aplicación de la ley de cupo femenino que establecía un mínimo del 30% de mujeres en posiciones elegibles en las listas. Ese año nueve de cada diez bancas fueron ocupadas por políticos que nunca antes habían llegado al Senado.
Estas transformaciones abrieron el Senado a los mismos procesos de cambios y continuidades en las elites políticas que afectaban a otras instituciones, dando como resultado una composición de la cámara sociológicamente más diversa, encarnada en políticos con perfiles y carreras más heterogéneas. Las puertas de ese recinto otrora tan selecto ya no resultaron infranqueables.
Algunos ejemplos: el día del debate por el aborto legal estuvieron sentados en el recinto el periodista chubutense Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos, 2015-2021), que está haciendo su debut en la política partidaria y la mendocina Anabel Fernández Sagasti (FPV, 2015-2021), de La Cámpora y con tan sólo 34 años de edad. Hace no tanto, la fueguina María Rosa Díaz, con una larga trayectoria sindical, supo representar a su provincia entre 2007 y 2013, para lo cual tuvo que pedir licencia de su puesto de preceptora en una escuela secundaria. El porteño Samuel Cabanchik (CC, 2007-2013) debió hacer lo propio con sus clases de filosofía en la UBA y su cargo en el CONICET.
Como mostraron los politólogos Mariana Llanos y Francisco Sánchez, si habitualmente las cámaras altas poseen rasgos más tradicionales y de mayor cierre social respecto a las cámaras bajas, los cambios que se terminaron de aplicar en 2001 hicieron que los senadores argentinos se parecieran mucho más a los diputados en comparación a otros países de la región, tomando como referencia la edad promedio, el nivel educativo y el tipo de carrera política previa, entre otras variables.
Razones del voto
A un año de las elecciones de 2019, que renuevan cargos legislativos y ejecutivos en todo el país, la previsión respecto al impacto de sus votos sobre el aborto legal en los futuros comicios resultó central en las decisiones de muchos legisladores. Con la continuidad de sus carreras políticas siempre en juego, las variables estrictamente partidarias y estratégicas jugaron un rol clave en las tomas de posición realizadas a través de sus discursos y en las decisiones materializadas por medio de sus votos. Pero no alcanza con ese conjunto de factores para comprender el debate, ya que en muchos casos las opciones para los senadores no son obvias. No siempre es evidente ni certero el impacto de sus decisiones en el electorado ni en sus posicionamientos en las internas partidarias de las que participan. En debates como el del aborto, la dimensión cultural e ideológica ocupa un lugar fundamental.
Ahora bien, las creencias e imaginarios imperantes en las distintas regiones del país no se traducen automáticamente en votos a favor o en contra, sino que atraviesan distintas mediaciones. En primer lugar, se hacen presentes en las trayectorias de cada senador a través de los procesos de socialización por los que va transitando a lo largo de su vida y en los que incorpora valores, creencias, representaciones y visiones del mundo, que son producto del medio social en el que se mueve. La familia en la que la persona nace y en cuyo seno se cría. La ciudad o pueblo en el que vive. La escuela a la que asiste y los amigos que tiene. Los clubes, grupos e iglesias que frecuenta. La carrera universitaria que elige y la institución en la que la cursa. Las agrupaciones políticas en las que milita. En todos estos ámbitos existen significados en disponibilidad que los actores interiorizan o de los que se apropian creativamente de distintas maneras dándoles un cariz particular y cambiante de acuerdo a su biografía personal y a su actividad política, pero siempre circunscriptos dentro de los horizontes de posibilidad y sentido que formaron parte de su experiencia de vida.
En segundo término, esas mismas creencias se hacen presentes en el modo en que los senadores interpretan qué ideas son más afines al electorado de sus provincias al que buscarán captar en la próxima elección. Su propia continuidad como senadores o en cualquier otro cargo electivo dependerá de su rendimiento electoral y de la evaluación que hagan respecto al impacto de su decisión en sus potenciales votantes. De ahí la importancia dada por muchos senadores a las encuestas de opinión sobre el tema, ya sea las encargadas a consultoras como las que hicieron en sus páginas web.
Nuevos tradicionalismos
Analizar el debate sobre el aborto a partir de la matriz interpretativa tradición-modernidad resulta limitado y riesgoso. Desde ese punto de vista, quienes se encuentran a favor representarían valores modernos, seculares y, sobre todo, actuales, es decir, propios de nuestro tiempo. Por su parte, los opositores serían agentes retardatarios que bloquean el avance irrefrenable del progreso y la modernidad; adalides del atraso y del imperio de la religión, cuyas creencias pertenecen al pasado y están condenadas a desaparecer más pronto o más tarde. Esta lectura dicotómica es la que ha prevalecido, a veces con algunos matices, entre muchos partidarios de la IVE.
Aun cuando entre los senadores que votaron en contra veamos algunas apelaciones a la familia tradicional, a lo rural, lo telúrico, al valor de lo inmanente, el núcleo duro del rechazo al proyecto de ley estuvo encarnado por un tipo de conservadurismo que en su génesis, dinámicas y efectos es tan moderno como la postura contraria. Por eso, resulta más productivo verlo no tanto como un enfrentamiento entre lo moderno y lo arcaico, sino entre dos cosmovisiones que, cada una a su modo, son absolutamente modernas y contemporáneas. No desde un punto de vista valorativo, sino por sus características sociológicas.
La sociología acuñó el concepto de “destradicionalización” para identificar cómo, en las últimas décadas, las tradiciones no desaparecen ni pierden centralidad, sino que ven modificado su estatus, en un marco en el que las personas poseen una capacidad creciente para evaluar y cuestionar sus propias prácticas y creencias a la luz de nuevos conocimientos. Costumbres, ideas, legitimidades e instituciones ya no son incuestionables, porque quedan expuestas a un constante examen y debate públicos, pudiendo producir como resultado tanto movimientos emancipadores que promueven la ampliación de derechos como nuevos tradicionalismos de impronta conservadora.
Así, encontramos en la actualidad grupos que reivindican un pasado –real o imaginario-, producen memorias, se ven a sí mismos como parte de un linaje histórico determinado y construyen identidades sociales en el marco de las cuales militan políticamente. Desde partidos políticos hasta movimientos sociales de distinta índole, entre los que encontramos tanto a verdes como a celestes. Estas estructuras, en principio, pueden apuntar hacia una pluralidad de direcciones, tanto a la derecha como a la izquierda, y presentar una amplia variedad de colores. Lo que las une es su carácter moderno, productor de nuevas identidades y tradiciones, ya sean estas más conservadoras o más progresistas. En las calles, esto lo vimos en una pluralidad de agrupaciones a ambos lados de las vallas.
En las fundamentaciones de los votos contrarios a la IVE vamos a encontrar mucho más de nuevos tradicionalismos que de viejas tradiciones. Se trata de conservadurismos muy modernos, encarnados en actores con altos niveles educativos, nacidos y criados en ciudades medianas o grandes y, en algunos casos, con trayectorias sociales fuertemente transnacionalizadas.
Tomemos el caso de dos de las más fervientes opositoras, Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta, 2013-2019) y Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos, 2015-2021). Ambas egresadas de las universidades católicas de Salta y Tucumán y con especializaciones cursadas en derecho y administración de empresas, respectivamente. Sus discursos son un compendio de argumentos jurídicos –cuestionando la constitucionalidad del proyecto de ley- y de otros pretendidamente científicos –fundamentando la cuestión del comienzo de la vida- antes que de invocaciones religiosas o de alusiones a la existencia de un orden social natural. Fiore en particular realiza un recorrido muy prolijo por tópicos legales a la vez que recurre repetidas veces al tema del “derecho a la vida” y a la “cultura del descarte”.
No continúan con antiguas tradiciones, sino que más bien construyen otras nuevas reivindicando selectivamente elementos del pasado. Esa construcción de un linaje y la voluntad de definirse a sí mismos en relación a un flujo histórico, son ejercicios eminentemente modernos y remiten a lo que Fortunato Mallimaci y Verónica Giménez Béliveau denominaron como “reafirmación identitaria antimoderna”. Anti-modernidad que no es en modo alguno pre-modernidad. Una cruzada contra algunos valores que se identifican como propios de la modernidad –específicamente la secularización y su correlato jurídico, la laicidad- es, paradójicamente, algo muy moderno.
Conviene además reparar en que ambas posturas, se unen, en ese impulso ultramoderno, por aquello que Émile Durkheim denominaba el “culto al individuo” y que constituye un rasgo de los procesos de individualización que atraviesan a las sociedades a lo largo de la historia. Éste no reside en una glorificación del yo, sino en la exaltación del individuo en general, en un interés por las experiencias humanas y por las subjetividades que coloca a la persona en el centro de las reflexiones y preocupaciones que acontecen en la escena pública. Ya sea que se busque defender a “las dos vidas” o garantizar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, es la experiencia individual la que se enaltece.
Fotos: Honorable Cámara de Senadores de la Nación