El 35,4% de la población (16 millones de argentinos) viven en la pobreza y el 7,7% no tiene ingresos suficientes para alimentarse. Los comedores, los clubes de barrio y hasta las ollas populares de los sindicatos son la última frontera del hambre. Cuatro años después de la promesa macrista de “pobreza cero”, lo que queda es hambre y malnutrición: los niños crecen petisos y obesos porque lo poco que comen solo contiene harinas y azúcares. Esta crónica forma parte de una edición especial de Le Monde Diplomatique, editada junto a IDAES y Anfibia.



Jonathan “Kiki” Lezcano, de 18 años, y Ezequiel Blanco, de 25, dos pibes de la Villa 20 de Villa Lugano estuvieron dos meses desaparecidos. Kiki apareció enterrado como NN en el cementerio de Chacarita; Ezequiel, en la Morgue Judicial. Los dos fueron asesinados el 8 de julio de 2009. A mediados de 2017, un tribunal declaró inocente a Santiago Veyga: consideró que el policía federal actuó en “legítima defensa” al ser asaltado. Unas semanas después, Ángelica Urquiza, madre Kiki, escuchó una frase que la sacó del “bajón” pos veredicto, y la hizo llorar: “Angélica, anoche no pude dormir porque me dolía la panza”. 

 

Después del crimen de su hijo, Angélica abrió “La Casita de Kiki”. Primero recibió a los chicos de la Villa 20 para darles apoyo escolar, charlas sobre educación sexual y la merienda. Así fue durante ocho años hasta que escuchó que una de las chicas no había dormido porque tenía hambre. “Con algunas vecinas dijimos ‘hagamos un comedor’. El primer día preparamos un guiso y dimos 90 raciones. Empezamos abriendo dos días por semana a la noche para que a nadie le doliera la panza al dormir. Ahora damos 190 raciones de lunes a viernes y tengo más de cien personas en una lista de espera”, dice Urquiza, mientras cocina fideos tostados y albóndigas.

 

Casi 16 millones de argentinos, el 35,4% de la población, viven en la pobreza, según el último informe difundido en septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato abarcó el primer semestre de 2019 pero no contempló el efecto de la devaluación del 30% después de las PASO, cuando el dólar saltó de 45 a 62 pesos. La indigencia, en la que están quienes no tienen ingresos suficientes para comer, afecta al 7,7%. Las cifras son las más altas de la toda la presidencia de Mauricio Macri.

 

El inicio de la “catástrofe social” que vive el país puede fecharse en abril de 2018, dice Claudio Lozano, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). A partir de ahí, “el derrumbe se aceleró de manera brutal”. Entre abril de ese año y noviembre de 2019 el IPYPP registró un alza de la pobreza del 44% (5,1 millones de personas) y del 70% de la indigencia (1,5 millones). Cuando Macri comenzó su gobierno en diciembre de 2015, con la promesa de campaña de llevar a cero la pobreza, el número de pobres -según el Instituto que coordina Lozano- se ubicaba en el 28%, un registro que llegó a bajar en el primer trimestre de 2018 hasta al 25,5%. “Al finalizar su gestión Macri dejará entre el 39% y el 40% de pobres, siempre y cuando no haya otro sobresalto cambiario”, dice Lozano.

 

Entre las tantas críticas que hizo al gobierno de Cambiemos durante su campaña electoral, Alberto Fernández consideró que “lo más grave” es la multiplicación del hambre. “Nos debe avergonzar que en este país, donde decimos que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, no seamos capaces de alimentar a 15 millones”, fue una de sus frases más repetidas. Fernández anunció que una vez en el gobierno implementará el plan “Argentina contra el hambre” para mejorar la alimentación y la nutrición de los argentinos, bajar el precio de los alimentos, crear empleos e implementar un sistema de alimentación sustentable y sostenible desde la producción hasta el consumo, que incluirá alimentos frescos como frutas, verduras, carnes y lácteos comprados por el Estado a los sectores de la economía popular. “A raíz del hambre y la malnutrición estamos yendo hacia una población de chicos petisos y obesos”, dice el diputado nacional Daniel Arroyo, uno de los autores del programa. Arroyo destaca que el consumo de lácteos es determinante en la dieta de las niñas y niños pero, según el Observatorio de la Cadena Láctea, la compra de estos productos cayó a los niveles más bajos desde 2003 por el aumento de los precios y la crisis del sector.

 

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“Hay provincias en las que nuestros comedores no reciben leche hace meses”, confirma Esteban Marcioni, dirigente del Frente Popular Darío Santillán en la zona sur del Conurbano. La organización alimenta cada mes a 30.000 personas. Para eso el Ministerio de Desarrollo Social nacional le entrega 100.000 kilos de alimentos, principalmente fideos, yerba, arroz, azúcar y aceite, lo que representa 3,3 kilos por persona mensuales y 30 gramos al día. La ayuda no incluye carnes, verduras y frutas, que tienen que conseguirse en otro lado. “Tenemos familias que almuerzan o cenan en un comedor y se van rápido a otro para volver a comer. En Lanús, las maestras les anotan a los chicos en el cuaderno de comunicaciones los horarios de los comedores abiertos para que puedan ir’”, dice Marcioni.

 

Silvia Saravia, coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, agrega que en los comedores que tiene la organización en la ciudad de Buenos Aires el sobrepeso y la obesidad afecta al 53% de las niñas y niños que asisten. “No aparece tanto la desnutrición como sí la malnutrición, que está en todos los estratos sociales pero mucho más en los más bajos”, donde predomina una alimentación basada en harina y azúcar.

 

“Las poblaciones pobres tienen mucho más riesgo de enfermarse y de morirse”, dice Alejandra Sánchez Cabezas, médica y presidenta del Proyecto Surcos, que promueve condiciones de vida más saludables para la comunidad. Los niños nacidos de madres mal alimentadas, explica, tienen más riesgo de padecer enfermedades coronarias, hipertensión y diabetes a edades más tempranas y una expectativa de vida más corta. “En términos de desnutrición, los primeros mil días de vida están directamente relacionados al desarrollo cerebral. Además, una sociedad que está frustrada, lastimada y dedica la mayor parte de su tiempo a tareas de supervivencia tiene poco tiempo de dedicación a actividades neurocognitivas, y entonces es menor su capacidad intelectual. Cuando se fragmenta la sociedad, las familias que tienen mayor conflictividad social y menos redes de apoyo tienen más mortalidad infantil”, explica la médica. 

 

La última frontera

 

“Mi nieto se duerme en la clase porque tiene hambre”, dice Nelly, desempleada desde hace tres años y voluntaria en el Comedor “Padre Mugica”, en la ex villa 31. El lugar abre de lunes a viernes de 9 a 11:30 y alimenta cada día entre 900 y 1.200 personas. Los lunes y viernes son los de más concurrencia porque, como en “La Casita de Kiki”, los fines de semana “no hay donde comer gratis”. El comedor recibe ayuda del Estado y también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Algunos comen cinco platos para aguantar hasta el día siguiente”, destaca Nelly.

 

Teófilo “Johnny” Tapia tiene 77 años y fundó el comedor hace más de treinta. Llegó al barrio en 1963 desde Mendoza aunque nació en Jujuy y trabajó junto al cura Carlos Mugica. Una foto del religioso tercermundista está pegada sobre el mostrador donde se apoyan los platos. Es miércoles y se sirve sopa, un guiso y una manzana. “Yo sigo el camino de Mugica”, dice Tapia, que comienza a cocinar a las once de la noche para el día siguiente. Pasada la medianoche llega un grupo de mujeres que trabaja en la cocina. La comida tiene que estar lista a las 6. 

 

Si los comedores comunitarios son la última frontera del hambre, los clubes barriales, como las escuelas, son la primera defensa: allí juegan pero también comen. “La situación se agravó en el último año. Hace algunos unos días un equipo fue a jugar como visitante a otro club y siempre ocurría que se llevaban para después del partido una fruta o un sandwich. Esta vez ninguno llevó nada. Tuvimos que ir a comprar comida para todos”, dice Diego Indycki, presidente de la Unión de Clubes de Barrio de Quilmes. Indycki cuenta que el hambre de los chicos se ve reflejado en las lesiones y en la enfermedades: más casos de tuberculosis y fracturas. “Y también tienen más desgano, más tristeza”, destaca. 

 

“La situación social está lejos de 2001. Las estadísticas de pobreza e indigencia actuales son similares a las de 1995-1996 y 2004-2005. Pero ahora el panorama es más complicado porque nos encontramos en estanflación, la combinación de un estancamiento económico y una persistente alza de la inflación”, explica Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

 

¿Por qué, pese a la grave combinación de factores sociales y económicos, Argentina no revivió en las calles los días de fines de 2001 y principios de 2002? “En términos de protección social, por herencia del kirchnerismo, existe un colchón que no alcanza para evitar que una persona caiga en la pobreza pero sí funciona como una contención. Y, además, hubo en las organizaciones sociales un aprendizaje muy interesante de su rol frente al conflicto, una búsqueda política de la salida sin quebrar la institucionalidad”, opina Agustina Gradin, coordinadora del Observatorio de Reforma Estructural y Políticas Públicas de FLACSO Argentina.

 

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Cenar o cargar la SUBE

 

“El hambre es un crimen”, decía el sociólogo cordobés Alberto Morlachetti, que fue el impulsor de la Asignación Universal por Hijo a principios de 2000, cuando la mecha del estallido social ya estaba encendida y el número de pobres y hambrientos crecía sin contención alguna. Morlachetti había comenzado a trabajar en 1974 con los niños pobres del barrio Piñeyro, en el cinturón industrial de Avellaneda. Con ellos jugaba al fútbol y después les daba la merienda. A fines de los 80, creó la Fundación Pelota de Trapo, sostenida en un modelo de educación popular para la infancia en situación de riesgo social. La Fundación incluye un hogar en el que viven unos 21 niños y adolescentes, recibe de lunes a viernes a otros 200, a los que alimenta, educa, baña y cura, y ofrece una salida laboral en sus talleres escuela de imprenta y panadería. Morlachetti lideró también el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que hasta fines de los 2000 marchó cada año de norte a sur argentino denunciando la criminalidad del hambre en un país, decía, “donde no faltan ni alimentos, ni platos, ni madres, ni médicos, ni maestros”. Murió en 2015, y desde ese momento la Fundación continúa su tarea aunque con grandes dificultades económicas. No recibe ayuda estatal y afronta deudas de cientos de miles de pesos en servicios públicos. Por eso lanzó una campaña para reunir fondos. “Acá vienen niños que son la cuarta o quinta generación de familias sin trabajo”, dice Darío Cid, a cargo de la imprenta de Pelota de Trapo.

 

“La realidad es más dramática de lo que el INDEC nos muestra. Caminando el territorio se advierte la desatención social que hay a escala nacional y municipal. Y en esto también hay que tener en cuenta la incidencia en los hogares de los aumentos de los servicios públicos”, dice Enrique Martínez, coordinador del Instituto para la Producción Popular. Durante el macrismo, el aumento en las tarifas de electricidad totaliza 3.240 % y en el gas 4.096 %.

 

“El otro día llegó una joven, de unos 20 años. Me contó que estudia, que alquila un departamento con una amiga pero que no le alcanza para comer. ‘Cenando acá, mañana puedo cargar la SUBE’, me dijo.” Roberto Bonetti es secretario general adjunto de Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la ciudad de Buenos Aires. Hace dos meses decidió instalar los martes y viernes una olla en la puerta de la sede sindical, en Hipólito Yrigoyen al 4100, a una cuadra del cruce de las avenidas Rivadavia y De la Plata, en Caballito. Cada día cenan allí 200 personas. “Los que vienen son todos vecinos del barrio. Es cierto que Caballito todavía es una zona acomodada de la ciudad pero el aumento de los servicios públicos desacomodó a todos. Y a eso se suma la inflación. Es terrorífico”, dice. 

 

A pocas cuadras, en el barrio de Boedo, Isis Civis coordina el comedor “Athos Mariani” en la calle 33 Orientales y Cochabamba. Allí cenan 300 personas los lunes y jueves. Varias de ellas son cartoneros que trabajan en la ciudad. “Vienen familias con cinco o seis chicos. También jubilados. A veces te cuentan que hay día que no comen y se te ponen a llorar”, dice.

 

El alza de la inflación causó un estancamiento y un retroceso de los salarios. La pérdida del poder adquisitivo en las clases populares sufrió una caída en torno al 20%. A eso se agrega el aumento del desempleo, que subió del 9,6 al 10,6% en el segundo trimestre de este año con relación al mismo período de 2018. Hay, entonces, dos millones de desocupados urbanos, 250.000 más que en 2018. Pero si se incluye a la población rural, el desempleo afecta a más de 2,5 millones de personas. También se incrementó la subocupación de 11,2 a 13,1%. Más de 2,5 millones de argentinos trabajan pocas horas pero están dispuestas a trabajar más.

 

“En los barrios hay personas que trabajan entre 12 y 14 horas y les pagan dos mangos. Conozco el caso, por ejemplo, de laburantes de frigoríficos que se pasan 12 horas adentro de una cámara, a muy baja temperatura, en condiciones horribles y les pagan 3.000 pesos”, cuenta Saravia.

 

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Caer o vivir en la pobreza

 

“¿Qué representación tienen los más ricos de los más pobres?”, le preguntaron el periodista Diego Iglesias y el politólogo Marcelo Leiras a Gustavo Grobocopatel, dueño del grupo “Los Grobo” en el podcast “Mejor país del mundo”. “Hay de todo. Hay una parte importante que piensa que no laburan, que viven de la dádiva del Estado. Hay un sector que piensa realmente que han sido perjudicados de políticas públicas y que quedaron afuera del sistema y que el Estado tiene que incluirlos. Hay poca comprensión profunda del problema y te diría que el compromiso es muy liviano. Piensan que están comprometidos pero en el fondo, cuando rascás un poco, en los hechos no es demasiado”, respondió.

 

Gala Díaz Langou, directora de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), asegura que “en los sectores pobres muchas familias trabajan, incluso, más que en otros porque le tienden a dedicar más horas en un contexto de precariedad, lo que implica una vulneración de sus derechos”. En la urgencia que representa esta realidad, el próximo gobierno debe priorizar estrategias para interrumpir los canales de transmisión intergeneracional de la pobreza, dice Díaz Langou. “Hay muchos que caen en la pobreza pero otros que están constantemente allí, tanto que ni siquiera en los periodos de crecimiento lograron salir.” 

 

Juan Negri, profesor de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), afirma que la herencia social que recibirá Fernández “es muy delicada” pero advierte, “sin ánimo de exonerar” a Macri y su responsabilidad, que la Argentina “tiene un cuarto de su población en la pobreza desde hace 35 años”. En una evolución histórica, detalla, solo el primer gobierno de Carlos Menem y el de Néstor Kirchner dejaron como legado una baja de la pobreza. “Macri empeoró una situación que ya era problemática”, evalúa.

 

Ante ese escenario, Lozano propone duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), situado hoy en poco más de 2.600 pesos, y llevarlo a los 5.500 pesos que fija el INDEC para que una niña, niño o adolescente menor de 18 años no caiga en la pobreza. Con esa medida, asegura, 3,7 millones de personas saldrán de la indigencia rápidamente. Salvia acuerda con la necesidad de implementar medidas de emergencias y estructurales frente a una profundización de la pobreza, el hambre y la marginalidad. Dice que se deben aumentar los programas sociales, abastecer a los comedores sociales, mejorar la asistencia sanitaria. Nadie saldrá de la pobreza así -asegura- pero al menos sentirá un alivio.

 

Fernández recibirá de Macri el 10 de diciembre una composición social en la que el 58% de la sociedad, unos 25 millones de argentinos, tiene la incertidumbre cotidiana de si podrá o no comprar una canasta básica. 

 

Al comedor del barrio La Fe, en Monte Chingolo, llegan caminando familias que viven a unas 20 o 30 cuadras de ahí. “Son de otros barrios”, dice María, una de las cocineras. Una niña, de unos dos años, entra al comedor, le pide un pan y sale. A los pocos minutos regresa por otro pan, y otro más. “No es para comerlo ella. Lo lleva a su casa para sus hermanos”, dice María.

 

 

 

Fotos: Dossier crónicas


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