Los países más desiguales del mundo están en América Latina y el Caribe. ¿Garantizar la igualdad no es prioridad de los gobiernos que votamos? Oxfam y CLACSO investigaron las razones del fracaso. Le llaman “captura del Estado” al procedimiento global por el cual las élites económicas logran políticas públicas que las benefician, más allá del costo social. Se trata de un guión neoliberal que combina los mismos mecanismos. El documento, presentado en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de CLACSO, también ofrece alternativas: una de ellas, el activismo como desfribilador de la democracia.



 

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En colaboración con Diego Igal. 

 

Crecimos con un diagnóstico: en nuestros países, cada 10, 15 años hay una crisis económica. Como la de ahora. Una crisis sin estallido, en cámara lenta. Pero con evidencias en la vida cotidiana: un frasco de yogurt cuesta casi 5 viajes en subte, y eso que el subte está caro. En el bodegón del barrio sacaron algunos cortes de la parrilla: por el precio ya nadie los pide. De la compra mensual en el hipermercado pasamos al abastecimiento diario y riguroso. Todo es nada cuando escuchás que los que construyeron una casa gracias al PROCREAR tuvieron que sacar otro crédito para pagar las cuotas. El ajuste, a nuestros pies: hay familias enteras durmiendo hasta en las garitas de los cajeros automáticos.

 

“En una democracia, el bien común debe primar sobre los intereses individuales. Y lo último que debería hacer una política pública es aumentar la pobreza o la desigualdad. La función de los Estados es desarrollar programas que enfrenten estos fenómenos y aumenten y mejoren los derechos de la ciudadanía. Sólo en un Estado capturado puede ocurrir lo contrario.” Las palabras de la economista española Rosa Cañete Alonso (coordinadora de la Campaña Iguales en América Latina y el Caribe de Oxfam) inician un extenso trabajo que esa ONG realizó junto con CLACSO. El documento nace con una premisa: para saber cómo enfrentar la pobreza hay que estudiar también la riqueza. Por eso muestra cómo los grupos con más poder económico influyen de forma abusiva en los gobiernos y en el diseño de políticas que los benefician, incluso en desmedro del resto de la sociedad. Las élites entendidas como los grupos que concentran diferentes tipos de recursos, no solo económicos: concentran riqueza, contactos, relaciones, la propiedad de los grandes medios de comunicación. Y usan su poder para influir de manera desmedida en las decisiones sobre políticas públicas. Es más, se habla de “élites extractivas” por su habilidad para extraer de la sociedad beneficios que la sociedad ha producido, y sin devolverlos de forma equitativa.

 

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El estudio también da cuenta de las estrategias de persuasión de las élites difundidas por los grandes medios que logran, en muchos casos, que la ciudadanía los apoye e incluso desconfíe de la democracia.

 

¿La política fiscal es una política capturada? ¿Cómo desenmascarar el poder oculto? ¿Cuál es el rol de las élites en la lucha contra la desigualdad? ¿Y cuál es el compromiso desde la comunicación y los activismos para revertir esta coyuntura?

 

“Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos” se presenta este 21 de noviembre en el marco del 1º Foro Mundial del Pensamiento Crítico y 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales organizados por CLACSO. El lema del encuentro es “Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento”. Participan docentes, investigadores, militantes, dirigentes de movimientos sociales y populares, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, comunicadores, feministas.

 

Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief) nació en 1942 para combatir las consecuencias que los conflictos armados dejaban en la población civil. Luego se enfocó a los países en desarrollo. Su postulado para acabar con la pobreza estructural es enfrentar la desigualdad. 

 

Ahora apunta a América Latina y el Caribe. El nuevo documento lo prueba: esta es la región más desigual del mundo, algo que no tiene que ver con los balances económicos sino con la gestión política. “Esto solo se explica por la falta de calidad democrática.” ¿Qué define la calidad democrática, entonces? El reconocimiento de la igualdad de derechos de todas las personas por igual. Un principio que no implica solo la capacidad de voto sino la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones colectivas.

 

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El 75 por ciento de las y los latinoamericanos piensa que la clase dirigente gobierna sólo para los poderosos, que la democracia funciona sólo para unos pocos. Cuando esto pasa, el Estado “está capturado”. Las élites repiten los mismos mecanismos para manipular la toma de decisiones oficiales y maximizar sus privilegios: los “latifundios mediáticos”, la “puerta giratoria”, los beneficios obtenidos por decretos firmados a la madrugada (y el cajoneo de leyes con perspectiva social), el financiamiento a los partidos políticos y sus campañas, el lobby, el control de conocimiento o “velo técnico”, los marcos que dificultan la incidencia política de la sociedad civil, los fallos judiciales que frenan reformas normativas, los sobornos y el tráfico de influencias, el secreto bancario y los paraísos fiscales.

 

“Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos” se basa en resultados de investigaciones presentadas en el concurso sobre “Políticas fiscales, élites y desigualdad” desarrollado en 2017 por Oxfam y CLACSO. La lupa está puesta en el rol que juegan las élites para incidir en las medidas fiscales, estrategia central para redistribuir la riqueza y luchar contra la desigualdad.

 

En América Latina y el Caribe, el 10 por ciento más rico de la población concentra el 68 por ciento de la riqueza. Los 89 milmillonarios que aparecen en la lista de Forbes atesoran u$s 440 mil millones, un monto mayor al PIB de casi todos los países de una región en la que 2 de cada 10 trabajadores son pobres o indigentes.

 

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La política fiscal vigente aumentó la pobreza en Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, incluso en Bolivia. Es decir, después de que el Estado recauda sus impuestos y los invierte en políticas públicas hay más personas en situación de pobreza que antes de esa intervención.

 

“No es ningún secreto. Sabemos qué hay que hacer para enfrentar la desigualdad”, dice el informe. Y repasa políticas que fueron efectivas en este suelo, durante el ciclo pasado: el aumento del salario mínimo, las acciones contra la inequidad de género, el impulso del empleo y la inversión, los impuestos a la renta y a la riqueza, el desarrollo de programas sociales en materia de educación, salud y protección social.

 

Si se conocen las recetas, si se trata de gobernantes elegidos por la mayoría, ¿por qué no se ponen en la mesa? La respuesta está en descubrir quiénes se benefician y quiénes no. Dice Cañete Alonso, economista de Oxfam: “Las élites cooptan, corrompen o desvirtúan la naturaleza de las instituciones democráticas para impulsar políticas que mantienen su posición privilegiada. Este proceso contribuye al círculo vicioso de reproducción de desigualdades y desequilibra el ejercicio de los derechos y la representación política”.

 

Un dato: la disparidad de los salarios entre los trabajadores de nuestra región es muy parecida a la de los países más industrializados. Sin embargo, después de aplicar estrategias fiscales, en muchos lugares esa brecha se neutraliza. Todo lo contrario a lo que pasa en América Latina y el Caribe, que alberga a 11 de las 20 naciones más dispares del planeta.

 

Esta “captura del Estado” se observa en el bloqueo constante que los grupos económicos activan contra iniciativas a favor de la redistribución. El informe Oxfam/CLACSO da cuenta de los discursos que justifican privilegios: necesitan de la ayuda de los medios de comunicación -de las redes sociales, incluso de las encriptadas como el WhatsApp- para facilitar estos “debates” públicos con información manipulada que simule beneficiar a la mayoría.

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La forma en la que se aplicó el ajuste en los años ‘80 y ´90 fue común en toda la región. Incluyó medidas como el recorte del gasto social, la privatización de los servicios públicos, la nacionalización de la deuda privada, la liberalización del mercado de trabajo y la reducción de los salarios. Se puso en primer plano el pago a los acreedores externos, y se dejó de lado la recuperación social y económica. No hubo final feliz: América Latina y el Caribe entraron al Siglo XXI rompiendo el récord de sus propios índices de desigualdad económica y social.

 

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A partir del año 2000, se aplicaron políticas productivas que pronto derramaron, por ejemplo, en la calidad de los servicios públicos y en el poder adquisitivo de los sueldos. La flecha de la balanza comienza a inclinarse a favor de la sociedad. El informe reconoce que se apagaron varios incendios pero hubo focos que quedaron sin atender: las causas estructurales de la exclusión, las brechas que genera el patriarcado, las consecuencias del extractivismo, las rutas de la corrupción, la precarización laboral, la concentración obscena de la riqueza.

Hoy, los índices de pobreza, como vemos a diario, vuelven a escalar. “Las viejas recetas fracasadas están otra vez en escena.”

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El informe se detiene en otro karma: habla del IVA, el impuesto más poderoso de la región, que recarga de forma general el consumo de bienes y servicios, más allá del ingreso, de la capacidad económica de los consumidores. Entre 1990 y 2015, y a pesar del ciclo progresista, la tasa aumentó mucho más que otras. La recaudación pasó del 3.2 al 7.1 por ciento del PIB. Es la medida fiscal que profundiza la pobreza de las clases bajas, un sector que “dedica la totalidad de su ingreso a consumir, ya que no consigue ahorrar”.

 

Los gobiernos de la región siguieron mirando para otro lado: sólo bajaron las tasas a la renta y a la riqueza. El informe de Oxfam/CLACSO pone como ejemplo el caso argentino. “En 2015, Mauricio Macri, un exitoso empresario, llega al poder e impulsa una reforma tributaria que busca incentivar la inversión y la creación de empleo dando mejores condiciones a las empresas.” Ese proyecto planteaba reducir el Impuesto a las Ganancias corporativo del 35 al 25 por ciento. “Otra medida fue eliminar o disminuir las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Esto, combinado con la devaluación y el subsidio de u$s1.000 millones a los productores de provincias sojeras, mejoró la rentabilidad del campo y le aseguró el apoyo electoral de la pampa sojera.”

 

Al defender su proyecto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne avisó que la Argentina tenia una de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativas más altas de la región. Habló de “promover la inversión”, la “competitividad”, el “empleo de calidad”, hacer el sistema tributario “más equitativo”, “eficiente” y “moderno”. El proyecto fue criticado y resistido tanto desde la oposición como desde la academia, que planteaban su impacto regresivo a nivel social. La reforma fue aprobada en diciembre de 2017.

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Otro de los mecanismos para capturar al Estado se llama “puerta giratoria”. Enlaza personajes e intereses del sector privado y el estatal.

 

El 31 por ciento del gabinete macrista ocupó alguna vez un cargo alto en una empresa privada: seguro fue gerente o director en un banco, en una financiera, en una petrolera. Por eso el gobierno actual “se transformó en un área de profunda influencia de los CEOs y dirigentes de las principales corporaciones empresarias. Esto constituye un rasgo inédito en la experiencia argentina reciente por dos motivos:

 

1) la magnitud, extensión y visibilidad que adquirieron dentro del Gabinete;

 

2) el desborde del ‘área económica’ para colonizar el ‘área política’”, como plantea un estudio del Observatorio de las Élites Argentinas de UNSAM.

 

¿Cuáles son los riesgos de esa “puerta giratoria”? “El esquema de lealtades que prima en quienes consolidaron su carrera en el sector privado puede generar conflictos de intereses o ser permeable ante las presiones de los actores económicos y al sesgo antiestatal, antipolítico y promercado que impregna la configuración de sentido de los CEOs. Están convencidos de que el mercado debe liderar los procesos de desarrollo, dejando al Estado en un rol subsidiario.”

 

La puerta giratoria más ancha de todos los ministerios argentinos es la de Economía: el 40 por ciento de los funcionarios de alto rango son exgerentes. Y en el CV del 33 por ciento de ellos no figura ninguna experiencia de gestión pública previa.

 

 

La Argentina también es caso testigo para señalar el desaprovechamiento del impuesto al patrimonio que afecta a quienes tienen inmuebles, reciben una herencia y son habitués de abultadas transacciones financieras. “Gravar la riqueza debería ser una importante opción a la hora de financiar de forma justa políticas públicas que garanticen derechos.” Los impuestos que pagan la vivienda y la tierra en 2016 representaban un 0.3 por ciento del PIB de la región.

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La semana pasada en Argentina las y los senadores aprobaron el presupuesto 2019: reduce recursos para educación pero no para la renta financiera. “Cuando hablamos de gasto público, hablamos de políticas públicas y de derechos humanos”, dice el informe “Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos”. Pese a las brechas que vive aún la región, el aumento del gasto social y las políticas públicas financiadas con este recurso fueron claves en el acceso a  derechos socioeconómicos durante los recientes gobiernos progresistas. En 1990, el gasto social era del 9 por ciento del PIB; para el 2016 había aumentado a 14.7 por ciento del PIB.

 

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Es que el gasto público también es capturado por élites políticas y económicas a través de dos pasos: privatizar los sistemas de seguridad social y armar asociaciones público-privadas para ejecutar obras de infraestructura. Verdad/Consecuencia: “La sociedad se polariza entre quienes pueden y quienes no pueden pagar. En educación y salud, por ejemplo, se generan escenarios de servicios públicos para pobres y servicios privados para clases medias y altas”, dice la economista Rosa Cañete Alonso.  

 

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La corrupción y el clientelismo son otras formas de apropiación de los recursos nacionales que tienen las élites. Firman contratos que no responden a los códigos de transparencia ni al proceso legal, se quedan con terrenos del Estado o los adquieren a precios subvaluados y luego montan allí sus negocios. O sobrevaloran presupuestos para realizar obra pública, como la causa Odebrecht.

 

Los casos que golpearon a la región en los últimos años aumentaron la desconfianza en el manejo de los fondos oficiales. Esto llevó a cuestionar el rol del Estado, a fragmentar el contrato social y el apoyo al sistema democrático.

 

“Pese a que muchos utilizan el argumento de la corrupción para plantear la necesidad de reducir los Estados, pocos hablan de cómo la corrupción también es impulsada por el sector empresarial. Escándalos como el de Odebrecht son un ejemplo. América Latina y el Caribe no necesita Estados más pequeños. Al contrario, los necesita fuertes y más eficientes en la provisión de servicios y en la regulación del sector privado”, dice el informe.

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Contemporáneo, al informe no le falta perspectiva de género. Las élites son el club de los machos: sólo un 30 por ciento de los cargos parlamentarios en América Latina y el Caribe están ocupados por mujeres. Ellas sólo acceden a un 26 por ciento de los gabinetes ministeriales y a un 27 por ciento de los directorios de los bancos centrales. A nivel ricxs y famosxs pasa lo mismo: en 2017, de las 89 personas más megamillonarias sólo 16 eran mujeres.  

 

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La contracara, la feminización de la pobreza. Las latinas ganan un 16 por ciento menos que ellos, pese a estar mejor formadas. Y trabajan el doble: la mitad del tiempo realizan tareas de cuidado no remuneradas. Si acaso les queda tiempo libre, lo aprovechan para dormir. Las políticas que permitan redistribuir esa carga son prioritarias para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.

 

Y otra vez el gasto social: en este contexto también es una llave.

 

Hay más: por su precaria inserción laboral las mujeres tienen baja cobertura de seguridad social y pierden garantías para obtener pensiones decentes a la hora de jubilarse. Esto pasa porque los trabajos disponibles suelen ser informales, y porque a veces su carrera laboral es interrumpida por la maternidad.

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Un Estado democrático debe proteger la movilización y el derecho a la manifestación como derecho civil, como herramienta frente a la asimetría de poder. “La protesta pública puede convertirse en el único medio de los sectores descontentos no alineados con partidos políticos y los grupos marginados del debate público para hacer escuchar su punto de vista”, dice el informe. El derecho a cortar la calle para pedir trabajo irrita a las élites.

 

Otro índice que está en alza en la región es el de la indiferencia ante la forma de gobierno que se adopte. Un 65 por ciento de lxs latinoamericanxs siente que la democracia no le trae beneficios, que no representa sus intereses.  

 

“Es hora de enfrentar la captura del Estado -dice el informe Oxfam/CLACSO-. La participación ciudadana es clave para asegurar un contrapeso.” El debate sobre la desigualdad es político.

 

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