Esta madrugada Diputados dio media sanción a la Ley de solidaridad social que, entre otras medidas, anuncia una actualización en lo que pagan los productores agropecuarias por lo que exportan. Mientras la discusión sigue en el Senado, Roly Villani derriba una a una las razones que esgrimen las patronales agropecuarias para sostener los cuatro pesos por dólar.



La llamada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica es un paquete de medidas que incluye subas de impuestos a bienes personales, retenciones, a compras en el exterior, suspensión de tarifazos durante un semestre y, lo que generó más polémica, una modificación en las retenciones a la exportación de granos. ¿Por qué este proyecto ayuda a combatir la pobreza y la desigualdad?

 

 

Retenciones es un mal nombre

 

En el campo del lenguaje, la guerra es constante. Bien lo sabe el equipo de propaganda de Cambiemos, que inventó “reperfilamiento” para designar la reestructuración y el virtual default de la deuda. Y llamó “sinceramiento” al aumento de tarifas. Las palabras no son inocentes. ¿Por qué aceptar mansamente que el impuesto a las exportaciones de soja es una retención, con todo el bagaje negativo que eso tiene? Retención denota capricho, arbitrariedad. Injustificación, incluso. Una retención es una situación anómala. Y, desde que las sociedades se organizan en torno de un Estado, no hay nada menos anómalo que el cobro de impuestos.

 

 

Tampoco hubo un aumento

 

Siguiendo con el uso de las palabras, no hay, en el paquete de medidas que se discuten en estos días en el Congreso y que ya tiene media sanción de Diputados, un aumento del impuesto a los derechos de exportación. Macri dispuso en septiembre de 2018 -en plena “tormenta” cuando habían “pasado cosas”- que los exportadores debían pagar cuatro pesos por cada dólar que cobraran. Como el dólar se disparó (y los exportadores ganan mucho más) se actualiza la cifra teniendo en cuenta el nuevo valor de la moneda. Pero esta vez se hace en forma de porcentaje en lugar de una cifra fija por cada dólar. El porcentaje se terminará de definir cuando se apruebe la ley en el Senado.

 

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No es un invento argentino

 

Los defensores del libre mercado dicen que la Argentina es el único país que aplica este tipo de impuestos. Falso. En el mundo hay casi 200 países (la ONU reconoce 193) de los cuales 111 aplican alguna forma de impuesto a su producto más exportado. Cuando quieren ser un poco más precisos, los detractores de las retenciones dicen que solo los países con economías pequeñas y perfiles exportadores más humildes lo hacen. También es falso. Brasil, Canadá, China y México, entre otros, las utilizan.

 

 

Impuestos vs actividad económica

 

Otro de los argumentos favoritos del neoliberalismo es que los impuestos desincentivan la actividad económica. Sin embargo, 2017 fue el año con peor tasa de crecimiento de las exportaciones en los últimos diez: justo cuando no había retenciones. Y durante la década kirchnerista la exportación de soja creció como nunca antes en la historia pese a la existencia de retenciones. En realidad, el crecimiento de una actividad es mucho más sensible a otros factores como la demanda internacional de ese producto o las capacidades internas para generarlo que a los impuestos que se le aplican. Si la actividad es rentable, se banca cualquier impuesto. En todo el mundo las actividades más rentables subsidian a las menos rentables.

 

 

No es un instrumento comunista

 

El primer presidente en aplicar impuesto a los derechos de exportación fue nada más y nada menos que don Bartolomé Mitre, fundador del diario que hoy es la voz cantante del liberalismo antiretenciones. El Ejército, llegó a ser, en 1863, la institución con el peso más alto dentro del Presupuesto Nacional y Mitre logró duplicar la recaudación con la Ley de Aduanas.  Dos años más tarde, entraría en la Guerra contra el Paraguay. ¿Se puede justificar la medida de entonces como algo extraordinario por una crisis? De ninguna manera. Mitre las implantó en 1862 y los dirigentes de la “dorada” generación del 80 las mantuvieron hasta 1905. Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Sáenz Peña, Uriburu y Quintana hicieron caja con este instrumento. Tampoco puede decirse que las sostuvieron porque era un ingreso gravitante: en aquella época eran más altos los ingresos por derechos de importación que los de exportación. Conclusión: ese impuesto nació y existió simplemente porque es razonable que un Estado recaude por una actividad lucrativa. 

 

 

No es la 125

 

Muchos dicen que la mal llamada grieta nació con la famosa Resolución 125 de 2008. Eso desconoce una historia de polarizaciones que recorre toda la política de la segunda mitad del siglo XX pero, aun aceptando que eso sea así, la intención de identificar la ley de Solidaridad social con la resolución impulsada por el entonces ministro de Economía Martín Lousteau es tendenciosa. Esa medida buscaba establecer un mecanismo que disparara los porcentajes de retenciones de acuerdo al precio internacional del grano. Por eso se las llamaba retenciones móviles. Y en 2008 los precios de los commodities como la soja fueron los más altos de la historia. La medida se aplicaba sobre lo que declaraban las empresas exportadoras, que no son necesariamente los productores. Por ese motivo costaba tanto diferenciar grandes, pequeños y medianos: a todos los afectaba por igual. Ahora el presidente advirtió que se buscarán mecanismos compensatorios para los pequeños y medianos productores. Esa fue una de las negociaciones que se hicieron entre ayer y esta madrugada para que lxs diputadxs aprueben la ley.

 

 

Este campo no es el mismo de 2008

 

La Mesa de Enlace estaba conformada por cuatro entidades: Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA). Estas dos últimas representaban la “pata pobre” de la mesa: Coninagro tiene en su padrón a muchas cooperativas y FAA nucleó históricamente a los productores medianos y pequeños. FAA aportó en 2008 a dos de los dirigentes más visibles del conflicto: Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli. Nada de esto sigue igual. Coninagro valoró la idea de diferenciar el tamaño del emprendimiento a la hora de aplicar el impuesto y el actual presidente de FAA, Carlos Achetoni, pidió que esas diferenciaciones sean parte del cuerpo de la Ley. El campo no es el mismo, el gobierno no es el mismo y hubo trabajo para evitar que los establecimientos más chicos se “abroquelen” con las organizaciones tradicionales del sector agropecuaria. 

 

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Los campesinos entraron en escena

 

Hay más diferencias. Las organizaciones campesinas, que hasta 2015 no tenían una línea de prensa, hoy están llegando a miles de hogares con los bolsones de verdura agroecológica. Las siglas UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena) o FONAF (Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar), que antes de la asunción de Macri eran completos desconocidas, tienen hoy sus propias redes de distribución y, como parte de la llamada Economía Popular, tienen un público creciente. Por lo tanto, su voz se escucha más y, en todos los casos, están de acuerdo con las subas al impuesto a la exportación. 

 

En un comunicado, la FONAF dice “La actualización de las retenciones es una medida redistributiva, una decisión justa. Todxs tenemos que aportar para sacar a Argentina del pozo donde la dejaron. Las retenciones son un derecho del estado nacional, de carácter constitucional que busca la justa distribución de los ingresos nacionales y desenganchar los precios del mercado interno de los precios internacionales, manejados desde la especulación globalizada”. La UTT, que logró gran notoriedad con el “verdurazo”, aquél reparto gratuito de verduras en Plaza de Mayo apenas dos días después de la represión por la reforma previsional, dice en un comunicado: “fuimos perjudicados por la devaluación y motorizamos un cambio de modelo productivo hacia la agroecología y la democratización de los canales de comercialización”. Y agrega: “apoyamos medidas redistributivas como las retenciones a la exportación, sobre todo en momentos de una Emergencia Social y Alimentaria”. 

 

Los productores de la fruta y la hortaliza de calidad que de a poco va ganando terreno en los hogares de todo el país reclaman también que les faciliten la llegada a la tierra para seguir mejorando y ampliando la oferta. Agustín Suárez, integrante de UTT, dijo: “hace cuatro años vendíamos cincuenta bolsones por semana con cuatro o cinco variedades de verdura agroecológica. Hoy tenemos tres almacenes en Capital Federal, tres en el sur del Gran Buenos Aires, el Mercado Mayorista de Avellaneda y esos cincuenta bolsones se convirtieron en una red de nodos en toda el área metropolitana que vende al menos diez bolsones cada uno”. 

 

 

Crece el latifundio

 

Los economistas ortodoxos aman decir que la intervención del Estado es “distorsiva”. Que los impuestos, las leyes laborales, la fijación de precios generan una “distorsión” que hay que reparar. ¿Cómo se repara? Eliminándolas. Dejando que el mercado actúe libremente. Es una canción tan vieja como el capitalismo. Pero la tendencia natural del mercado es la concentración. Si el Estado no interviene, la plata y la toma de decisiones se concentran. Eso pasó en el agro. Según el último Censo Nacional Agropecuario de 2018, las Explotaciones Agropecuarias (EAP) fueron 250.881 contra las 333.533 de 2002. Esto implica la desaparición de 82.652 explotaciones y una tasa de concentración del 25 por ciento. El único rubro que creció en ese período es el de las “EAP de más de 1000 hectáreas”, es decir que las explotaciones más chicas le vendieron sus campos a las más grandes pese a la intervención estatal. ¿Alguien puede sostener que la concentración de la tierra es deseable, competitiva? Nadie lo diría abiertamente, ni siquiera los que se beneficiaron con esa concentración. Entonces, ¿no habría que generar más mecanismos de intervención?

 

 

4 pesos, 6 de diez niños pobres

 

Ricardo Buryaile, ex Ministro de Agroindustria de Macri y vocero de la patronal sojera, lo dijo con claridad en varias entrevistas. “No quiero discutir el decreto de Fernández. Eso es un detalle. Lo que quiero discutir es la filosofía de estos impuestos”. Lo que no quieren es que se los considere un actor pasible de tributar más. En 2008, De Angeli lo decía con bastante menos elegancia: “No me gusta que me metan la mano en el bolsillo”. No es que pierdan sus inversiones o los números no cierren. Es que se niegan a ganar un poco menos. Solo en 2018, el estado se perdió de recaudar casi 20 mil millones por la modificación a la baja de este impuestos. Tampoco ahora se les va a cobrar esa cifra perdida. Se niegan a actualizar el impuesto al ritmo del dólar y de sus ganancias en un país en el que seis de cada diez chicos es pobre, en el que creció un 90 por ciento la indigencia entre los menores de diez años.


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