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El video muestra a un hombre visiblemente alterado irrumpiendo en una escuela pública de la ciudad de La Plata. Lleva una remera estampada con una imagen de un feto y la leyenda “Soy un ser humano”. A los gritos, discute con quienes lo filman y rodean. Argumenta que está allí para asistir a una docente que se manifestó “en contra de la ideología de género”, acusa a los docentes de la escuela de “subvertir los valores” y anuncia que no va a obedecer “tu ley perversa”, refiriéndose a la de Educación Sexual Integral (ESI), vigente desde 2006.
En el video se ve cómo varias personas de la escuela –suponemos: docentes, tal vez algún alumno– le discuten el contenido de su discurso contrario a la ESI y a lo que estos grupos denominan “ideología de género”. No está demás aclararlo: detrás de ese título anunciado como diluyente de la familia, estos grupos reaccionarios amontonan una serie de mentiras: que la educación sexual integral busca orientar las sexualidades de los alumnos, que se les muestra películas pornográficas, que se les enseña a masturbarse, que se promueve el aborto. Ningún documento curricular a nivel nacional o provincial (derivados de las resoluciones 43/2008 y 340/2018 del Consejo Federal de Educación) incluyen este tipo de contenidos o enfoques. Sí, por cierto, cuestionamientos a los estereotipos clásicos de hombres y mujeres tan naturalizados, con los objetivos concretos de desarmar mecanismos de exclusión y discriminación, y a la vez desmontar las violencias basadas en el género. Dicho de otra manera: no se les dice a los chicos de qué forma vivir su sexualidad, sino que se promueve la autonomía de los alumnos y el respeto hacia los otros. A ser felices con sus cuerpos, en el marco de la ley y el consenso (semanas atrás, Leandro Cahn publicó aquí mismo unas “Respuestas para confrontar a los antiderechos”).
El debate por la interrupción voluntaria del embarazo produjo reagrupamientos para enfrentar a la “marea verde”: a las iglesias evangelistas pentecostales –que tramitan, con acento brasileño, su acreditación como actor político en Argentina– y a la Iglesia Católica se les sumaron grupos de jóvenes con ideas que combinan posturas profundamente conservadoras en términos de género con planteos económicos que se podrían denominar, muy superficialmente, “anarcocapitalistas”: abolición del Estado, pero represión feroz a todo movimiento de resistencia. La suma de todos los miedos progresistas: una tiranía de mercado que utiliza al Estado exclusivamente como un látigo feroz contra la más mínima disidencia. Así de encapotado el horizonte de los derechos, así de abiertas las mandíbulas dispuestas a triturar las conquistas más básicas.
Aquellas noches de vigilia frente al Congreso se escuchaba decir, a quienes anunciaban su voto en contra, que “hace falta más Educación Sexual”. Entre junio y agosto se sucedían estas objeciones en los debates sobre el aborto, pero también se señalaba que muchas de las personas que pedían educación sexual se habían opuesto a ella en su momento. Era cierto.
En el claroscuro abierto entre la visibilización de la agenda feminista y la conquista efectiva de las leyes emergía un nuevo y preocupante fenómeno. La dilación de ese final también dilató la dimensión y el alcance de ese fenómeno. Con los meses aparecieron manifestantes, agresiones, el hashtag #ConMisHijosNoTeMetas, las mentiras sobre la implementación de la educación sexual, un periodista que ingresó ilegalmente a un quirófano para frenar un aborto legal, y anunciando ese delito como un triunfo. Algunas personas intentaron interrumpir, violentamente, el desarrollo normal de las clases en una escuela. Un referente de esta ola anti ESI repudió un video con una canción, trabajada en un jardín de infantes, que promueve la aceptación de diferentes formatos de familia y rescata la importancia de los afectos.
No se trata de referentes aislados y que “desde acá” nos hemos cansado de ridiculizar, como si estuviéramos compitiendo en un concurso endogámico de sarcasmo. Mientras nosotros ironizamos una suerte de neofascismo cobra fuerza, se hace masivo y, más aún, consigue financiamiento. El intruso en la escuela no es un hecho aislado: es parte de una peligrosa tendencia que demanda nuestra atención y acción de forma urgente.
Las conducciones escolares son responsables del desarrollo de las tareas educativas, y tienen la obligación explícita de cuidar el patrimonio edilicio y la integridad de los alumnos (artículos 52, 53 251 y 291 del Reglamento General de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires; arts. 75, 76, 83, 94, 109 y 170 del Reglamento Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por citar las dos jurisdicciones más pobladas). Lo sucedido el 17 de octubre en la escuela de La Plata, lo que se ve en el video, nos debe alertar acerca de cómo respondemos los docentes ante la emergencia de una situación que altera la rutina escolar. Concretamente: de un tercero (el hombre no formaba parte de la comunidad educativa de la escuela, sino que era el esposo de una docente que daba clases allí y lo convocó para llevar adelante esa escena) que se presenta gritando en la escuela a interrumpir el dictado normal de las clases. Dictado de clases que, se sobreentiende, son el acto concreto en el que se produce la garantía del derecho a la educación de los alumnos. De nuevo: ese hombre se presentó en la escuela con formas violentas para interrumpir la garantía de un derecho establecido por la ley.
Por otro lado, en una escuela hay cientos de menores a cargo de adultos. Ninguna persona puede entrar en cualquier momento a una escuela pública por el solo hecho de ser un contribuyente. Ninguna norma establece, en ningún lado, un derecho de esas características.
Es comprensible que, en un contexto en el cual la educación sexual genera discusiones encendidas, los docentes nos veamos tentados a plantear el debate con alguien que acaloradamente reclama darlo. Sin embargo, existen formas y tiempos para ese tipo de planteos en las escuelas. Sólo la conducción de la escuela puede autorizar el ingreso de una persona ajena. Si se tratara del adulto responsable de un alumno, la conducción también debe evaluar en qué formas se produce el ingreso. De ninguna manera se debe permitir que entre una persona a los gritos a interrumpir una clase.
Tampoco, de ninguna manera, hay que prestarse al debate sobre el contenido de lo que esa persona dice: la conducción de la escuela se debe comunicar con las instancias inmediatamente superiores del sistema para evaluar cómo sacar a esa persona del establecimiento. Llegado el caso, llamando a la policía, que debe actuar conforme lo que se le solicita: retirar del edificio a una persona en estado de emoción violenta que ataca a las personas que están desarrollando sus tareas profesionales allí, interrumpiendo el proceso educativo y poniendo en riesgo la integridad de menores.
Los adultos responsables de los alumnos, como miembros de la comunidad educativa, tienen pleno derecho de conocer al personal y la propuesta pedagógica de la escuela. Pero esos intercambios deben ser, en lo posible, pautados de antemano, y guardando el respeto y las formas. Se debe solicitar a la conducción o a los docentes a cargo las reuniones que se necesiten. Por otra parte, si una persona ajena a la escuela desea presenciar una clase o charlar con los docentes sobre los contenidos que se trabajan, también puede solicitar permiso a la conducción, que por supuesto tiene la potestad de denegar o de elevar el pedido –de hecho, es prudente que así lo haga si se prevé la posibilidad de tensiones.
Nuestro trabajo en las escuelas es efectivamente un acto público, no privado, y está regulado. Eso significa que está sujeto a contralor de nuestros superiores: la conducción escolar, el Ministerio de Educación. Si a un padre o a una madre no le gustan los contenidos impartidos, que están aprobados por ley, el reclamo no debe dirigirse a la escuela –que no interviene en el diseño de los contenidos, salvo excepciones– sino a los funcionarios que dirigen el sistema. Los contenidos curriculares se arman en los ministerios de educación de cada provincia, de acuerdo con lineamientos generales a nivel nacional.
En síntesis: no se debate el derecho a la identidad de género con un tipo que entró a los gritos a una escuela a interrumpir las clases. Las funciones de la conducción y de los docentes son resguardar a los alumnos y garantizar la actividad escolar. Se debe tratar de sacar a la persona del lugar, entonces, sin dar ni una sola explicación sobre cuestiones curriculares.
Por otro lado tal vez sea interesante, para los docentes que estamos capacitados en la ESI, intentar entender las motivaciones de algunas de estas familias que reaccionan tan a la defensiva. Nosotros manejamos, con profesionalismo, contenidos ligados a temas que en muchas familias son objeto de férreos tabúes, censuras, mitos y silencios. Los padres y madres anti ESI también son víctimas de esos tabúes, y probablemente jamás hayan manejado información que en las escuelas circula cada vez con más apertura y rigor científico. Es comprensible entonces que muchas personas sientan o vean al sistema educativo y la ESI como una amenaza brutal a un orden familiar basado en la represión de la sexualidad y la naturalización extrema de la familia tipo y la heteronormatividad. ¿Cómo justificar, supongamos, la sostenida condena moral a una prima que se declaró lesbiana, si resulta que ninguna preferencia sexual es más legítima que otra? La Educación Sexual amenaza el orden al interior de muchas familias.
Se ha escrito: vivimos en tiempos en los que circulan con efectividad discursos que promueven la violencia y la exclusión, desprestigiando a su vez las luchas colectivas y el valor de lo público. Los medios masivos de comunicación son usinas, pero también nosotros elegimos nuestra burbuja en las redes sociales. Consumir exclusivamente ideas que confirman nuestros juicios previos favorece la polarización, nos separa del disenso, profundiza el enfrentamiento. Reafirmamos nuestras posturas y nos endurecemos a puro like. Compartimos la indignación una, cien, mil veces. Cada vez más. Nos volvimos adictos a indignarnos.
La escuela (fundamentalmente la pública), que se construyó originalmente en base a silencios –de otros idiomas–, omisiones –de otros cuerpos e identidades–, prohibiciones –de otras ideas, géneros, culturas– se he convertido en el único lugar donde verdaderamente se pone en juego la diversidad social en un marco de igualdad. Hoy en nuestras escuelas hay alumnos de clase media y de clase baja; argentinos, bolivianos, venezolanos, paraguayos y peruanos; alumnas embarazadas y con sus bebés; chicas y chicos que están comenzando su transición hacia un género diferente al de su sexo biológico. Todas y todos en la misma aula, opinando sobre todo –no sin tensiones, desde ya–, hilando las primeras fibras de, tal vez, una parte de la sociedad más predispuesta a la pluralidad de opiniones e identidades. El desafío es que ese esquema esté en condiciones de enfrentar a las violencias de los discursos más excluyentes.
¿Por qué están tan serios, tan enojados, los anti ESI? ¿Será porque la escuela propone que somos todos iguales y transforma esa propuesta en práctica efectiva? ¿Será porque propone democracia contra la violencia y las hogueras inquisitorias de las redes sociales? ¿Será porque les enseña a las niñas y los niños más pequeños a detectar si están siendo víctimas de abuso sexual por parte de adultos? ¿Por qué alguien se opondría a esto?
¿Qué pueden aprender los grupos de padres y madres anti ESI en la escuela? Que está bien preguntar, y que las preguntas se hacen desde el respeto y no la imposición. Que está bien opinar distinto, pero está mal condenar las decisiones íntimas de las personas y juzgarlas por eso. Eso pueden aprender. De hecho, ante la circulación interminable de falacias e indignaciones por los grupos de WhatsApp de padres y madres, las familias pueden frenar el frenesí de notificaciones con una propuesta: “pidamos a la escuela una charla de ESI para padres y madres”. La escuela puede organizar este espacio. No sólo puede: debe hacerlo dentro de las recomendaciones de acercar la actividad educativa a las comunidades de padres, madres, familias, otras organizaciones de la sociedad civil. Una escuela bancada por las familias y el barrio siempre será una mejor escuela que la que es una isla en medio de la nada. Nada garantiza que ese espacio se desarrolle sin tensiones. Pero con pedagogía -o sea, para lo que somos profesionales-, los contenidos y las leyes en la mano -es esencial conocer la normativa: leyes nacionales y jurisdiccionales, las ya nombradas resoluciones del Consejo Federal, resoluciones ministeriales-, explicando derechos y contenidos grado por grado y año por año, muy probablemente estaremos desarmando no pocos prejuicios en desarrollo.
A las normas específicas hay que agregarle una salvedad: los padres anti ESI invocan la Patria Potestad para decidir sobre la vida de sus hijos, cuando la ley 26.061 garantiza el respeto al interés superior del niño, ahora sujeto de derechos, por sobre los intereses de los padres. O, dicho de otro modo: la Educación Sexual Integral es un derecho primordial de las niñas, niños y adolescentes, y los padres no tienen herramientas legales para evitarla.
En definitiva, la escuela pública tiene una buena misión en esta coyuntura. Parece entonces que, finalmente, la escuela pública ofrece la garantía de una estructura legal respetuosa de la diversidad y la vivencia de las propias identidades. Que, finalmente, la escuela pública terminó tomando como bandera la defensa de los derechos individuales en una época en la que estos comienzan a ser cuestionados por derecha, promoviendo regresiones. Que, finalmente, sólo la escuela pública garantiza esas libertades, los debates abiertos, democráticos y ordenados. Que, finalmente, la escuela pública es la única que ofrece un ágora real, igualitario y ordenado contra el caos discursivo que se abre paso a machetazos de mercado, sobre las subjetividades del siglo XXI.
Fotos y video interior: Emiliana Miguelez.