El gobierno de Alberto Fernández enfrenta un problema: el rápido financiamiento con actividades extractivas para afrontar la crisis implica también un veloz deterioro de las condiciones ambientales. ¿Cómo lidiará con esta tensión? ¿Qué políticas deberían diseñarse para los pueblos originarios afectados? ¿Cuáles son las demandas urgentes que plantean? Alejandro Balazote y Sebastián Valverde dicen que el desafío es elaborar una agenda pública que implique una reparación histórica para estos grupos y, a la vez, tenga consecuencias concretas en el acceso a la tierra y a los recursos naturales.



El gobierno de Alberto Fernández abre y reformula interrogantes que, durante el descalabro socioeconómico de la gestión macrista, fueron obturados. Los últimos cuatro años debimos enfocarnos en minimizar la pérdida de derechos que considerábamos ―hasta hacía poco tiempo― inalienables, denunciar la transferencia obscena de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía y expresar nuestra solidaridad con reclamos urgentes de los sectores sociales más vulnerabilizados. Hoy, uno de los desafíos del nuevo Gobierno es diseñar una nueva estructura productiva para el financiamiento y el funcionamiento del Estado. Abordar este campo complejo y multidimensional abre una infinidad de preguntas.

 

¿Cómo se financiarán los gastos para atender urgencias como la pobreza y la alimentación de millones de argentinos que pasan hambre? ¿Cuál es la estructura impositiva que permitirá obtener estos recursos? ¿Cómo conciliar el voraz requerimiento de recursos que demanda el complejo agroexportador con el invalorable aporte que realiza la producción familiar? ¿Cuál será el rol de los pequeños productores familiares en la producción de alimentos? ¿Cómo será encarada la cuestión ambiental? ¿Cuáles serán las políticas implementadas en relación con los pueblos originarios de nuestro país? ¿Cuáles son las demandas urgentes que plantean a partir del cambio de Gobierno? Nos detendremos en este último sector social, ya que hace décadas que nos dedicamos a investigar y desarrollar diferentes trabajos junto con los pueblos indígenas y, en particular, con el pueblo mapuche.

 

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Tala de bosque nativo en el sector Pichunco, en el territorio del Lof Paichil Antriao, Villa la Angostura, provincia de Neuquén. Foto equipo Facultad de Filosofía y Letras-UBA / Universidad del Comahue.

 

 

Queda claro que las actividades extractivas generan ingresos fiscales casi inmediatos y esto resulta fundamental para las arcas exhaustas de un Estado desfinanciado. El balance del 2019 de los ingresos del Estado, por ejemplo, da cuenta de los aportes provenientes del rubro “Derechos de exportación” por 398.311 millones de pesos ($). A esta cifra se le suma que las retenciones a las exportaciones se incrementaron de forma notable (248,9% de suba) respecto de 2018 –cuando este valor era de 114.160 millones de pesos- como resultado del aumento del tipo de cambio nominal y el aumento en las proporciones recaudadas. Además de representar una fuente de divisas “frescas” en dólares, compensan la baja en otros rubros como los basados en el consumo.

 

Pero la capacidad contributiva del complejo agroexportador, más allá de las tensiones de su aplicación, es proporcional al impacto ambiental que genera. Las rentas extraordinarias que se obtienen impulsan el corrimiento de las fronteras agrarias y, por ende, el desplazamiento de miles de agricultores familiares, pequeños productores y campesinos indígenas, así como la destrucción de bosques y montes nativos. El rápido financiamiento del Estado implica también el veloz deterioro de las condiciones ambientales. Si bien el extractivismo clásico de los gobiernos conservadores y el neoextractivismo de los gobiernos progresistas latinoamericanos de los primeros años del siglo XXI se diferencian, según Gudynas, en relación con la apropiación de lo producido, generan similares efectos ambientales.

 

En este escenario, el nuevo Gobierno deberá enfrentar múltiples desafíos: reparar lo dañado, reconstruir lo destruido y rearmar una estructura estatal que garantice la efectiva implementación de las diversas líneas políticas diseñadas.

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En la Argentina hay más de 40 pueblos originarios que nuclean alrededor de un millón de integrantes sobre una población total de 45 millones. Si bien la presencia indígena en nuestro país no posee la trascendencia demográfica de otros Estados nacionales de América Latina ―que correspondían a las civilizaciones estatales como las culturas andinas y de Mesoamérica―, los pueblos originarios son parte fundamental de nuestros orígenes y de la realidad actual en muchos ámbitos locales. Tal es el caso de ciertos departamentos de las provincias de Salta, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Chubut y algunas localidades específicas a lo largo de todo el país e, incluso, de la provincia de Buenos Aires. Los grupos demográficamente más numerosos son el pueblo mapuche (con más de 200.000 miembros), el pueblo toba (qom) y el guaraní (con menos de 200.000 y más de 100.000). Luego, con 50.000 y 100.000 integrantes, le siguen los grupos diaguita, colla, quechua y wichí. El 70% de la población originaria de la Argentina forma parte de estos siete pueblos, mientras que el 30% restante pertenece a más de 30 grupos (INDEC, 2012).

 

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Tala de bosque nativo en el sector Pichunco, en el territorio del Lof Paichil Antriao, Villa la Angostura, provincia de Neuquén. Foto equipo Facultad de Filosofía y Letras-UBA / Universidad del Comahue.

 

 

A diferencia de otros países de América Latina, durante el período de formación del Estado-Nación argentino, el predominio de una ideología positivista se plasmó en el imaginario colectivo: el mito de una nación de raigambre europea. Esto explica que, históricamente, se tendió a negar la presencia indígena hasta bien entrado el siglo XX. Por eso, las políticas que tienen como destinatarios a los pueblos indígenas son relativamente recientes.

 

Más acá en el tiempo, y más allá de los anuncios de “maquillaje”, la falta de apoyo estatal a indígenas y pequeños productores rurales quedó en evidencia desde el inicio del gobierno de Macri. Prueba de ello fue el desmantelamiento de la Secretaría de la Agricultura Familiar, la desfinanciación de los programas que estimulaban la producción doméstica gestionados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la reducción de todo incentivo económico a los pequeños productores. De más está decir que el mercado nunca fue amigable con estos productores, pero la falta de regulaciones por parte del Estado lo tornó aún más hostil. A su vez, el deterioro general de los ingresos de todos los sectores dependientes de ingresos fijos afectó particularmente a los pueblos originarios y a los productores rurales más pobres, dada su condición de vulnerabilidad socioeconómica.

 

Fue a mediados de la gestión anterior que, con gran dificultad y gracias a la lucha de los pueblos originarios, se logró en noviembre de 2017 la prórroga de la Ley Nº 26.160 “de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, en un contexto de gran conflictividad y estigmatización hacia los pueblos indígenas, en especial, el pueblo mapuche. Esta ley sancionada en 2006 (y sus prórrogas de 2009, 2013 y 2017) declara la emergencia de los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, reconoce su precaria situación, suspende los desalojos mientras esté vigente y estipula la realización de relevamientos en todo el país.

 

A 13 años de la sanción de esta ley, alrededor de la mitad de las 1.687 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (RETECI) ―que depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) ― fueron relevadas. Solo en el 38% de los casos todo el proceso ha sido concluido (es decir, al momento en que la comunidad cuenta con resolución de finalización). Estos datos surgen del informe de la ONG Amnistía Internacional de 2019 y a partir de análisis propios según la base de datos elaborada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y disponible en el Portal Nacional de Datos Abiertos.

 

El INAI, el organismo responsable de la instrumentación de la política indígena en nuestro país, fue vaciado de presupuesto, personal y capacidad de gestión durante los últimos años de la gestión macrista. La ejecución de los estudios de la mencionada Ley Nº 26.160 prácticamente se ha paralizado. De hecho, en los últimos dos años se realizaron solo 136 relevamientos. También a partir del análisis de la base datos del INAI de las diferentes comunidades, podemos concluir que en cada año de la gestión de Cambiemos se han relevado la mitad de las comunidades que las que se habían efectuado en las dos gestiones previas (2007-2015).

 

Mapa del relevamiento de la Ley Nº 26.160 en la provincias de Neuquén y Negro (comunidades en condiciones de ser relevadas o ya concluido el relevamiento o en curso) [1]

 

Al día de hoy, hay por lo menos 720 comunidades indígenas registradas en todo el país que no han sido relevadas. Muchas se encuentran en un estado de conflictividad constante. Tal es el caso de la comunidad mapuche Lof Paichil Antreao de Villa la Angostura, provincia de Neuquén, fuertemente afectada por la actividad inmobiliaria. O el de las comunidades en el nordeste o noreste argentino, que viven situaciones muy complejas en relación con el avance del agronegocio y los desmontes. La demora de la ejecución de la Ley Nº 26.160 en provincias con situaciones de elevada conflictividad con los pueblos indígenas está ligada al tipo de explotaciones económicas que afectan a sus territorios tradicionales. Es el caso de Formosa, Jujuy, Salta, Chubut, Neuquén y Río Negro.

 

Por eso la demora en el relevamiento no puede ser reducida a un mero recorte de recursos típico de un contexto de ajuste. Por el contrario, constituye una toma de posición muy marcada frente a los actores involucrados en la disputa por los recursos. Conviene observar, entonces, no solo los grupos indígenas afectados por la falta de regularización territorial, sino qué actores económicos se benefician con ella: empresarios, emprendimientos turísticos e inmobiliarios, empresas mineras, terratenientes, empresas del complejo agroexportador. En este sentido, frente a la campaña de estigmatización y criminalización en 2017, el rol del INAI fue de absoluta prescindencia. Quizás lo más adecuado sea hablar de virtual complicidad frente a estos hechos. Jamás hubo una declaración pública, manifestación o ―menos aún― una campaña de esclarecimiento respecto de las falacias y tergiversaciones que circulaban en relación con los pueblos indígenas en general y, en particular, con el pueblo mapuche.

 

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Tala de bosque nativo en el sector Pichunco, en el territorio del Lof Paichil Antriao, Villa la Angostura, provincia de Neuquén. Foto equipo Facultad de Filosofía y Letras-UBA / Universidad del Comahue.

 

 

Una problemática similar se da con la aplicación de la Ley Nº 26.331 “de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”, conocida popularmente como ley de bosques[2]. Las dificultades en su implementación tienen un claro impacto sobre poblaciones indígenas: los permanentes desmontes han afectado sus capacidades productivas y posibilitado el avance de diferentes emprendimientos inmobiliarios en zonas definidas como “restringidas”.

 

Ejemplos claros son los emprendimientos que afectan a las comunidades de diferentes pueblos originarios en el noroeste argentino, o la situación conflictiva de la cual somos partícipes, junto con otros sectores sociales y académicos en la región cordillerana de la provincia de Neuquén, frente a los daños ambientales y socioculturales que los desmontes vienen generando a las comunidades mapuches (ver fotos adjuntas). 

 

En relación con los efectos que las actividades extractivas generan en los pueblos indígenas y en los pequeños productores rurales, el nuevo Gobierno debería tomar medidas urgentes y elaborar un modelo de desarrollo y de crecimiento económico que articule los recaudos ambientales con los beneficios sociales que demandan estas poblaciones. Esto no es otra cosa que pensar a los pueblos originarios y a los pequeños productores como actores centrales de este proyecto macro de desarrollo y no como un obstáculo para llevarlo a cabo.

 

Por eso, en primer lugar, el nuevo Gobierno debería repensar el vínculo que históricamente ha tenido el Estado-Nación con los pueblos originarios. Y para ello es necesario efectivizar su reconocimiento como sujetos de derecho. Esto implica una profunda revisión de la historiografía conservadora, proeuropea, que ha justificado el genocidio y negado la presencia indígena en nuestro país.

 

Foto troncos cortados - M Schmidt - CONICET-FSOC

 

En segundo lugar, y con especial énfasis en las actividades de explotación de los recursos naturales, debe cumplir con los preceptos que rigen al Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI) que establece la obligatoriedad de la consulta en los aspectos que atañen a los pueblos indígenas, en especial cuando afectan el manejo de sus territorios. El incumplimiento de esta consulta viola la Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) y las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) al cual ha adherido la Argentina en 2001.

 

Este punto es crucial cuando se desarrollan procesos que requieren de grandes inversiones. La realización de represas, gasoductos, tendidos de alta tensión o rutas modifican las condiciones de reproducción de pequeños productores criollos o indígenas. Los efectos son de tal magnitud que, en ocasiones, causan la relocalización de las comunidades. Es el caso de las represas construidas en el río Limay y otras de la región de Norpatagonia ―mayormente, en la década de 1980―.

 

Otro escenario particular es el de las explotaciones hidrocarburíferas que impactan sobre los pequeños productores. Las rentas extraordinarias que produce la actividad hidrocarburífera son comparables con las de la explotación de la soja y la presión sobre los recursos es, en ambos casos, muy grande. En 2019 los productos primarios –básicamente soja- y el complejo cerealero –maíz y trigo– fueron las exportaciones más destacadas, pero los combustibles también tuvieron un papel central, en especial en algunos contextos regionales.

 

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Protesta mapuche y de ONG ambientales por tala de arboles, en el Lof Paichil Antriao, Villa la Angostura, provincia de Neuquén.

 

 

 

En Neuquén ―primer estado provincial productor de la Argentina― las regalías hidrocarburíferas representan el principal ingreso. En el presupuesto previsto para 2020, la extracción de gas y petróleo serán (por un valor de más de 50.000 millones de pesos argentinos) la principal fuente de ingresos para las arcas provinciales, mientras que el cobro de impuestos quedará relegado a un segundo lugar. Para explicar este panorama hay que tener en cuenta el incremento que se dio en 2019 como resultado de la mayor producción de Vaca Muerta. Este gigantesco yacimiento es más que una rica reserva de recursos no convencionales (Shale Gas y Shale Oil). La construcción simbólica con que fue presentado, tanto ante la opinión pública como ante los inversores, le dio desde el inicio una impronta especial: la “pródiga naturaleza” nuevamente jugaba a favor de los argentinos.  Pero su proximidad a diversas comunidades mapuches es un elemento que torna más compleja su explotación. La comunidad de Campo Maripe, por ejemplo, ha tenido una serie de inconvenientes ligados a esta situación.

 

Nuevamente, vemos que las explotaciones económicas que permitirían cierto alivio a la crisis económica están en tensión, por un lado, con criterios que regulen el cuidado ambiental y, por otro, con la fuerza de las corporaciones que pujan por la apropiación mayoritaria de su producto. El gobierno de Alberto Fernández deberá trabajar activamente para resolver estas contradicciones, más cuando los pequeños productores criollos e indígenas son actores afectados.

 

Foto desmontes para cultivos -Foto M Schmidt - CONICET-FSOC

 

Los desafíos que se le abren a la nueva gestión en relación a esta problemática son múltiples y sumamente complejos. En particular en lo que respecta a la gestión en algunos organismos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En sus primeras declaraciones, la nueva responsable Magdalena Odarda expresó: “Vamos a remover completamente la política del macrismo con los pueblos originarios”, haciendo “primar el diálogo por sobre la represión que caracterizó al ministerio de Patricia Bullrich”. Sería deseable que el nuevo Gobierno comience a repensar ―o quizás “inaugurar” ― nuevos formatos en el vínculo que históricamente ha tenido el Estado-Nación con los pueblos originarios; cuya violencia todavía hoy continúa teniendo consecuencias. Es necesario el reconocimiento de la participación estatal en el genocidio de los pueblos indígenas, algo que prácticamente ningún Estado americano ha hecho. Pero reconocer esa responsabilidad, así como la efectiva preexistencia de los pueblos originarios, no puede limitarse a un simple enunciado. Será clave diseñar una agenda pública que implique una reparación histórica que tenga consecuencias concretas en relación con el acceso a la tierra y a los recursos naturales.

 

Agradecemos a Pamela Pulcinella por la atenta lectura y sugerencias a este artículo. A Ezequiel Fernández Bravo (UNSAM) por facilitarnos el mapa de las comunidades relevadas en la Ley Nº 26.160. A la Dra. Mariana Schmidt  (IIGG-FSOC-UBA/CONICET) y al Dr. Gabriel Stecher (AUSMA-UNCo/ CONICET) por las fotografías de los desmontes que se adjuntan.


 

 

[1] Puede observarse la gran cantidad de comunidades en zona cordillerana de gran importancia turística o en la zona de explotación hidrocarburífera (cerca de la localidad Cutral-co que figura en el mapa).

 

[2] Ver los siguientes comunicados que hemos publicado desde el Instituto de Ciencias Antropológicas, y que fueron reproducidos en algunos medios locales).

 


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