La actuación de diversos factores de poder en el escenario brasileño lo vuelve casi indescifrable. La investigadora argentina Mariana de Gainza y el brasileño Igor Peres dicen que lo que parece firme es la determinación de las corporaciones y las élites de ir más allá de ciertos mecanismos del sistema político. Lo novedoso es la actuación de jueces convencidos de ser los verdaderos garantes de la reforma moral que el país necesitaría, dicen y pronostican que el futuro parecería el peor de los mundos posibles: una “pelea de blancos”. La línea que abre esta tensa coyuntura es la demanda popular por “Diretas Já!”.



¿Cómo interpretar lo que hoy está sucediendo en Brasil, al desatarse un nuevo escándalo dentro del proceso que se inició con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff? Un proceso que algunos percibieron como un “golpe en cámara lenta”, y cuyo desarrollo posterior (a lo largo del año que lleva Michel Temer en el gobierno) otros describieron como un “golpe continuado”, y que hoy se muestra en estado de zozobra por lo que ciertos analistas ven como un “golpe dentro del golpe”.

 

La reiteración de ese término, en un contexto en el que formalmente rigen las reglas de una institucionalidad democrática, llama la atención sobre algo que ni siquiera los defensores del giro político ocurrido el año pasado a instancias de la derecha parlamentaria pueden disimular. Se trata  de la ilegitimidad de origen y que se manifiesta en cada nuevo recodo del camino sinuoso por el que el país está siendo conducido. La actual situación le quita fuerzas a la ilusión de que la alianza de grupos de poder, que hoy controlan el Estado, pueda llegar a estabilizarse para lograr la implementación plena de las reformas neoliberales, su objetivo. Y si bien algunos pasos cruciales en esa dirección ya fueron dados –como la aprobación del Proyecto de Enmienda Constitucional 241 que establece el congelamiento por veinte años del gasto público–, las reformas laboral y jubilatoria aún enfrentan resistencias.  Contra ambos proyectos fue el primer paro general hecho a Temer el mes pasado. A ello se suma el alto índice de desaprobación de Temer (correspondiente a un 61% de la población, según las –nunca inocentes– mediciones de la Data Folha de comienzos de mayo), y el impacto de las revelaciones que surgen de las investigaciones de la Fiscalía Pública, la Policía Federal y la Corte Suprema de Justicia en torno a los sobornos ligados al caso Petrobras.

 

¿Será suficiente para que Temer dé un paso al costado la grabación que lo compromete con la compra del silencio de su compañero de partido, Eduardo Cunha, quien fuera el gran articulador de la operación “impeachment” desde la presidencia de la cámara de diputados, y que hoy está preso por las investigaciones del Lava Jato? Eso es lo que le pide un sector de la alianza que lo sostuvo sin grandes fisuras visibles hasta este momento en que la delación de Joesley Batista (del poderoso grupo JBS) lo coloca en el ojo de la tormenta. Esta disposición para permitir la caída en desgracia de un aliado clave la dejó entrever, sobre todo, el Grupo Globo y responsable de la difusión de la grabación que desató la crisis. Lo cual probablemente signifique que, en el contexto actual, los miembros de la clase política directamente involucrados con la corrupción empresarial[1] pasaron a representar más un obstáculo que una ayuda para la estabilización y profundización de los planes estratégicos de reestructuración neoliberal integral del Brasil.

 

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En todo caso, lo que sí parece firme es la determinación de las corporaciones empresarias y las élites directamente involucradas con la transnacionalización de la economía brasileña de ir más allá de los límites que ciertos mecanismos del sistema político pueden implicar. Hecho que da cuenta de una voluntad de poder auténticamente posdemocrática. Las preguntas sobre la fórmula o la alquimia adecuada para garantizar la gobernabilidad que requiere la acumulación, en un país de las dimensiones y con los niveles de desigualdad de Brasil, parecen encarnadas en la actuación de los diversos factores de poder que hoy disputan entre sí en un escenario que, de tan enmarañado, casi se torna indescifrable.

 

Un aspecto clave de la complejidad de dicho escenario se asocia con la incidencia –¿o la injerencia?– cada vez más ostensiva de los representantes del aparato judicial, tanto en la esfera pública como en el sistema político propiamente dicho. El término “injerencia” no parece tan inadecuado, puesto que nos referimos al accionar de una justicia que actúa prioritariamente a través de un amplísimo sistema de escuchas, entre las cuales sólo algunas reciben el arbitrario privilegio de ser filtradas a la prensa (según una selección del tiempo y la ocasión, que vuelve obligatoria la pregunta política por ese “arbitrio”); que actúa asimismo a través de un instrumento principal, el de las “delaciones premiadas”, que pone en juego la dudosa figura del arrepentido (sobre cuyas problemáticas credenciales democráticas Horacio Verbitsky viene advirtiendo, habida cuenta de la idea del ministro Garavano de incorporar dicha figura a la legislación argentina[2]); que produce conducciones coercitivas espectaculares e injustificadas (como la que todos recuerdan: la del ex presidente Lula, en los momentos previos a la campaña por la destitución), y también persigue a periodistas críticos a sus procedimientos.[3] En fin, lo que parece cada vez más claro es que hay algo efectivamente nuevo que se suma a la histórica actuación de los magistrados en la vida pública brasileña. Habiendo jugado un rol fundamental en la “construcción del Orden” desde los antiguos tiempos del Imperio, hoy en día los juristas parecen convencidos de ser los verdaderos portadores y garantes de la reforma moral que el país –se dice– necesitaría.[4] Los “nuevos mandarines” brasileños despliegan un activismo judicial que acompaña, con lenguaje esotérico y doctrina, el sentido común anti-político que las clases medias y altas “indignadas” expresaron en las calles, pidiendo el fin del “populismo”.

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¿Se transformará Brasil en una Republiqueta Judicial, gracias al apoyo de la moralización de masas provista por las grandes empresas de comunicación –esos aparatos ideológicos del Estado fundamentales en una era posdemocrática? ¿Podrá consolidarse una depuración de la clase política que fluidifique la alianza entre un parlamentarismo de facto y un creciente imperialismo jurídico? ¿Podrán prescindir los factores de poder de esos mediadores políticos espurios (que reclaman para sí unos beneficios que exceden los márgenes de decoro que la corrupción sistémica “legítima” establece), para que directamente asuman los CEOs la totalidad de los puestos de decisión estatal? ¿La policía militar –cuya abolición ha sido más de una vez recomendada a Brasil por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU– logrará sostener su papel como guardián del orden, en condiciones en que se le exige que sobrepase los límites de clase que históricamente habían pautado su actuación represiva? 

 

Los actores y las voces que participaron activamente en el proceso de destitución de la mandataria electa por el voto popular tienden, en esta encrucijada, a posicionarse a favor de que se realicen elecciones indirectas. Prevista por el artículo 81 de la Constitución brasileña, dicha iniciativa implicaría que Temer sea sustituido por el mismo Congreso que lo colocó al frente del Ejecutivo nacional, y cuya composición ideológica es la más retrógrada desde el fin de la dictadura. Además del extenso grupo formado por diputados y senadores corporativamente asociados a las iglesias evangélicas, a los sectores militares y policiales, y al agronegocio (que se ganó el mote de “bancada BBB” –Bíblia-Bala-Boi); el perfil mayoritario del Congreso brasileño no sólo incluye “coimeros” y “transeros” (actualmente investigados o procesados) o políticos de una clásica mediocridad conservadora, sino también un número significativo de neofascistas casi caricaturales. En caso de que el PSDB logre despegarse de la caída de Temer y hacer que triunfe la moción de reconducir parlamentariamente la elección de un nuevo mandatario, se consolidaría la autonomización de un sistema político cuyas falencias democráticas saltan a la vista, y en todo caso, su poder relativo se jugaría en la posibilidad de dirimir sus tensiones con los responsables de la operación Lava Jato. Y si son las peleas o acuerdos entre las élites (financieras, industriales o agroexportadoras, políticas, judiciales, mediáticas, militares) las que terminen decidiendo los modos de transitar la crisis, el futuro que se diseña se parecerá al peor de los mundos posibles –configurado a partir de la resolución temporal y a la actualización ad infinitum de una “pelea de blancos” como elemento dinamizador del sistema político.

 

La línea de apertura de esta tensa coyuntura apunta, sin embargo, en otra dirección. Porque desde que la fractura del bloque de poder quedó expuesta, se escucha la demanda por “Diretas Já!”, esto es, por la idea de que sólo un llamado a nuevas elecciones puede reconducir el actual impasse en un sentido democrático. En Brasil, ese grito democrático no es una novedad. Se trata de la misma consigna que aglutinó al conjunto de la oposición a la dictadura, que en los años 80’ tomó la forma de un movimiento popular masivo, reclamando el fin del régimen militar y el llamado a elecciones abiertas, libres y directas. Diversos frentes de lucha y espacios de politización anti-dictatorial se articularon en aquel movimiento, que contó entre sus protagonistas fundamentales a los movimientos campesinos por la reforma agraria y al nuevo sindicalismo surgido en las fábricas del ABC paulista. Sin embargo, la propuesta de elecciones directas fue derrotada en 1984 en el Congreso, que acabó eligiendo a Tancredo Neves y a José Sarney como presidente y vicepresidente (la fórmula que se impuso por 480 votos, frente al candidato del régimen, Paulo Maluf, votado por 180 legisladores). Pero más allá de la derrota legislativa, la lucha por las “directas” se ganó su lugar en las reconstrucciones históricas posteriores, como el genuino retorno del protagonismo del campo popular, que, restituyendo la fuerza del imaginario democrático, abrió el camino para lo que sería la culminación del proceso de transición democrática: el proceso constituyente de 1987-1988.

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La Constitución del 88 es la que invocan, buscando legitimar sus posiciones, los partidos enfrentados en la actual contienda. Desde la oposición (el PT, el PSOL, el PC do B, la Rede), se recurre a ella en cuanto marco legal de una acumulación histórica de luchas por derechos que daría un soporte institucional al actual grito “¡ningún derecho menos!” que resuena en los espacios de resistencia al golpe. Desde la alianza en el poder (el PMDB, el PSDB, los medios de comunicación, las cámaras empresarias y el conjunto del establishment) se la invoca para sostener que el llamado a elecciones directas es inconstitucional. De esta manera, lo que queda de manifiesto otra vez, bajo nuevas luces, es que efectivamente aquella fue la Constitución que expresó la “negociación” entre las fuerzas populares que reivindicaban una democratización real y aquellas otras que diseñaron un sistema político (ese que hoy está estallando en pedazos) apto para la transición hacia la posdictadura –la cual dura hasta hoy, y cuyos aspectos más flexibles son los que están siendo violentados, a partir de la expulsión del PT del Poder Ejecutivo, por esas élites que según decimos expresan una férrea voluntad de poder posdemocrática. La incumplida promesa democrática, entonces, es la que una vez más se afirma en el grito de los oprimidos y en la reivindicación de ¡Elecciones directas ya! Un grito que si no se vuelve verdaderamente masivo y popular, como una desobediencia y una revuelta real contra la ilegalidad-legal que hoy gobierna Brasil, corre altos riesgos de volver a ser ignorado por los que se autoadjudican el “saber leer y escribir” el curso de la historia brasileña.

 

[1] En los casos más resonantes de corrupción están comprometidas las máximas figuras del PMDB, pero también del PSDB, su aliado en el impeachment y en el actual gobierno. Justamente, aparece también en las conversaciones filtradas a la prensa, pidiendo una coima de dos millones de reales al empresario Batista, el último candidato presidencial del PSDB (y jefe nacional del partido), Aécio Neves, aquel que perdió ante Dilma en el balotaje de 2014.

[2] “Debemos aprender de la experiencia brasileña, y generar un sistema de justicia confiable para toda la población”, dijo Garavano, en ocasión de la visita a Buenos Aires del juez Sergio Moro (el héroe de los “caceroleros” brasileños), invitado por el mismo ministro. Ver en: http://www.telam.com.ar/notas/201704/184607-el-juez-del-caso-lava-jato-delacion-premiada.html

[3] Véase: http://www.telam.com.ar/notas/201703/183160-brasil-juez-moro-declaracion-fuerza-bloguero-testito-lava-jato-corrupcion-lavado-dinero-petrobras.html

[4] Para un relato breve y condensado del papel del poder judicial en la historia brasileña, véase el artículo de Luiz Werneck Vianna, “O Terceiro gigante e nós” (7/05/2017), disponible en: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o-terceiro-gigante-e-nos,70001766354


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