Cuatro millones de personas que forman parte la economía popular enfrentan un problema: si pierden la calle, no pueden trabajar; si no trabajan, no comen. La pandemia no solo ataca la salud pública, también refuerza desigualdades históricas y torna aún más precaria la vida en los barrios. Aunque las organizaciones conocen cómo es afrontar una crisis: lo hicieron en 1989, en 2001 y durante los cuatro años de Cambiemos. María Inés Fernández Álvarez, Florencia Pacífico y Dolores Señorans destacan que el Estado es vital para contrarrestar los efectos recesivos del aislamiento y dicen que hoy el desafío es fortalecer las redes de cuidado colectivo y generar formas de solidaridad aún en la distancia.



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Frente al COVID-19 el Gobierno ha tomado medidas tempranas de aislamiento para aplanar la curva del contagio y, así, reducir la presión sobre un sistema de salud que ha sufrido embates de diferentes oleadas neoliberales. Pero, ¿qué implica #QuedarseEnCasa para aquellos cuya fuente de ingresos depende de salir a la calle a crearse el trabajo? En Argentina unas cuatro millones de personas ganan su sustento diario bajo formas no asalariadas[1]: vendedorxs en espacios públicos, recolectorxs de residuos, trabajadorxs eventuales en la construcción, costurerxs o productorxs de alimentos y la lista sigue. Son quienes “se inventan” su propio trabajo y forman parte de la economía popular, insertos en cadenas productivas y de comercialización, aunque excluidos del goce de derechos laborales básicos como jubilación, licencias, obra social, aguinaldo, vacaciones pagas. ¿Cómo afecta el virus a esta parte de la clase trabajadora? ¿Cómo se vive la cuarentena en la economía popular? ¿Qué iniciativas se ponen en marcha desde las organizaciones y en los barrios populares para contribuir a la prevención y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad de la vida?

 

La economía popular no es una realidad reciente. Aun cuando esta población haya crecido de manera acelerada en las últimas décadas, algunas actividades como la venta ambulante o la recuperación de materiales reciclables se remontan a varias generaciones. Se trata de labores que exigen exponer el cuerpo a las adversidades climáticas, manejar residuos, sostener extensas jornadas sin descanso, comenzar a trabajar a edades tempranas y enfrentarse a decomisos y hostigamientos de fuerzas policiales. A todas estas situaciones de precariedad en el trabajo debemos sumarles otras: las que se extienden en áreas de la vida como las condiciones habitacionales, alimentarias o sanitarias.

 

Por eso, cuando pensamos en el grado de exposición al COVID-19 de quienes desarrollan sus trabajos y redes de cuidado puertas afuera, de quienes no pueden hacer teletrabajo para llenar la olla, también debemos contemplar las implicancias igual de complejas en términos de la reproducción de la vida. El caso de Silvia Palmieri lo ilustra bien: ella tiene 40 años y desde los 7 trabaja como vendedora en el tren San Martín. Allí, como parte de la CTEP-EVITA, impulsó la formación de una cooperativa con sus compañeras y compañeros que “se morían trabajando en el tren” a edades tempranas. Hoy son más de doscientos.

 

—Estamos totalmente expuestos. Si no trabajamos no comemos y si salimos a trabajar somos perseguidos y criminalizados —dice Silvia, que desde pequeña aprendió a ganarse la vida en el tren de la mano de los viejos vendedores que le abrieron el camino y le enseñaron los códigos del oficio.

 

 

Hoy sus hijas e hijos mayores siguen sus pasos acompañándola en la tarea de organizar vendedoras y vendedoras de otros ramales, colectivos o puerta a puerta como parte de la Rama Vendedores y Artistas en Espacios Públicos de la CTEP-UTEP. Orgullosa de su experiencia como militante, Silvia estudia abogacía en la UNPAZ, convencida de la importancia de formarse para conquistar derechos. Su experiencia de vida en la calle y en el tren no lograron endurecerla y apuesta por construir para sus hijos un futuro en el que puedan trabajar sin sufrir persecuciones y accediendo a las protecciones sociales que ella y los compañeros de su generación no tuvieron.

 

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Hoy esa experiencia le dan a ella y a sus compañeras y compañeros una base para enfrentar los desafíos que imponen la circulación del virus y la recesión. Desde que las noticias sobre los primeros casos comenzaron a circular, compartieron la preocupación sobre cómo cuidarse y cuidar a los otros reorganizando la forma de vender para seguir los protocolos de higiene y evitar aglomeraciones:

 

—Nosotros caminamos entre 8 y 12 horas diarias. Sabemos que estamos en una franja muy alta de posibles transmisores y ponemos en riesgo no solo nuestra salud sino la de toda nuestra familia —cuenta sobre aquellos primeros momentos.

 

Cuando se lanzaron las primeras medidas de aislamiento, desde la Rama no tardaron en emitir un comunicado alertando sobre los impactos sociales de la situación sanitaria. Advierten que de manera vertiginosa el cierre de ferias, estadios y eventos masivos, primero, y las disposiciones respecto de la circulación de las personas en todo el territorio nacional, después, empeoraron de forma drástica las condiciones de vida de muchos de sus compañeros. Todos ellos perdieron su fuente de trabajo.

 

Al igual que quienes se ganan la vida con la venta ambulante, los trabajadores y trabajadoras cartoneros desarrollan su actividad en la calle y sus ingresos dependen del consumo de otros. Javier Godoy es uno de ellos. Desde el 2001 se dedica a esta actividad. En aquellos tiempos y sin trabajo, toda su familia -sus padres, sus hermanas- comenzaron a recorrer las calles del centro porteño para ganarse la vida. Javier salía todos los días junto a María, su compañera y madre de sus hijos. Su zona de trabajo era el barrio de Congreso. Allí trabaron amistad con los porteros de los edificios que les entregaban los materiales reciclables que luego revendía en su barrio, Villa Fiorito. En 2011 emprendieron la tarea de organizar a los cartoneros de su distrito, Lomas de Zamora, y fundaron una cooperativa que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores CTEP-UTEP. En la cooperativa trabajan 160 personas que se dedican a la gestión, clasificación y procesamiento del material recolectado puerta a puerta o de grandes generadores. La experiencia acumulada tras años de trabajo y organización en el sector les permitió impulsar políticas públicas en el municipio para el desarrollo de un sistema de gestión de residuos con inclusión social.

 

—Esta situación nos está afectando un montón porque no entra material. Nosotros vivimos del descarte de la sociedad, papel, botellas, cartón, todo. Hoy no hay nada en la calle —dice.

 

Frente a este escenario, rápidamente tomaron medidas de prevención y cuidado. La cooperativa repartió alcohol en gel, jabón y barbijos, y definió que los mayores y aquellos con alguna condición médica preexistente no asistieran a trabajar. Entre todos afrontarán el pago de la quincena para sostener sus ingresos.

 

—El mayor chasco nos lo vamos a comer nosotros, los trabajadores de la economía popular. No sabemos cuánto vamos a poder aguantar, las cuentas nos siguen llegando.

 

La preocupación es grande. Si en los primeros días volvían con sus bolsones casi vacíos, a partir de las medidas de aislamiento preventivo dispuestas tomaron la decisión de preservar la salud de los trabajadores y no están haciendo sus recorridos. Se garantizó una guardia mínima que realiza la logística para retirar el material de los grandes generadores como supermercados del distrito. Así esperan “aguantar” hasta que puedan regresar a las calles.

 

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El valor económico y social que producen trabajadores y trabajadoras de sectores populares va mucho más allá de lo que alcanzan a ver los análisis ortodoxos. Como señalan las miradas feministas, la vida no se sostiene únicamente a través del mercado. Son aquellas tareas no remuneradas, habitualmente realizadas por mujeres y en espacios vinculados con lo doméstico, las que “mueven el mundo”. En los barrios populares, los trabajos reproductivos y de cuidado realizados en las casas se combinan con otros de índole comunitaria. Es en esa construcción colectiva de estrategias que se saldan las privaciones materiales y se garantiza el acceso a derechos tan básicos como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación o la recreación.

 

Durante los cuatro años Cambiemos, a medida que se empobrecía la población, proliferaron comedores y otros espacios de cuidado. Estos lugares, situados muchas veces en patios o jardines delanteros de las casas, funcionaron como epicentro para la construcción de una multiplicidad de redes de ayuda. Al pensar en ellos, las ventajas sanitarias representadas por el aislamiento se complejizan: para grandes sectores de la población las necesidades básicas no se satisfacen guardándose puertas adentro.

 

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Algo de eso sucede con Zulma Mongues. Ella participa del Movimiento Evita y hace 17 años que lleva adelante un comedor barrial en el partido de San Martín. Allí brindan dos comidas diarias para 230 personas que van desde el año de edad hasta adultos mayores. El espacio funciona como un centro comunitario, en donde no sólo se atienden las necesidades alimentarias de las familias. También se realizan talleres artísticos, clases de apoyo escolar y otras propuestas formativas pensadas para las necesidades de su comunidad. Desde el comienzo de las medidas de aislamientos actividades educativas quedaron en suspenso. Pero interrumpir la asistencia alimentaria no es una opción y por eso los comedores comunitarios quedaron dentro de las actividades esenciales exceptuadas de la cuarentena:

 

—La primera medida que tomamos fue cuidar a las trabajadoras que eran grupo de riesgo: embarazadas, adultas mayores o mujeres con alguna enfermedad como diabetes o asma. Y redoblamos la cuestión de higiene en el espacio y un lavado de mano más frecuente —cuenta Zulma.

 

Para garantizar condiciones sanitarias adecuadas, ella y sus compañeras compraron insumos básicos: lavandina, alcohol y jabón. Se comprometieron a seguir las medidas preventivas de distanciamiento social y a promover estos hábitos en quienes forman parte de su comunidad. Les piden a quienes asisten que concurran en horarios específicos, eviten las aglomeraciones y sólo se acerquen personas adultas, llevando sus tuppers ya higienizados. Les explican a vecinos y vecinas que no es exageración, sino medidas preventivas acordes.

 

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Las respuestas de trabajadores y trabajadoras de la economía popular muestran que cuestiones tan íntimas como nuestros cuidados corporales, la higiene de las manos y el cuidado general de la salud propia son asuntos necesariamente sociales, contundentemente políticos. Son medidas de compromiso con el bienestar y la salud colectiva en momentos en que las afecciones de miles amenazan contra la capacidad de respuesta de las instituciones de salud.

 

Las mujeres suelen ser mayoría en estas redes de ayuda comunitaria. Hoy ellas enfrentan responsabilidades de magnitudes mayores. Estar al cuidado del otro es siempre una actividad con una carga emocional particular. ¿Cómo cuidar en tiempos de pandemia? ¿Cómo abordar las necesidades de otros y, al mismo tiempo, enfrentar la amenaza de un peligro externo nuevo? Un peligro que viaja por microgotas de saliva, un “enemigo invisible” que se suma a otras amenazas y riesgos de los que hay que cuidarse, como el dengue o la tuberculosis y un sinnúmero de violencias sociales que atraviesan las vidas de sectores populares.

 

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Quedarnos en casa, circular lo menos posible y disminuir los contactos sociales son las estrategias preventivas más atinadas para frenar la propagación del virus. Pero ¿en qué casas se quedan los trabajadores de la economía popular? Muchos de ellos viven en barrios populares y viviendas precarias, sin acceso a servicios básicos (agua, luz y cloacas). Allí, y ahora más que nunca, sostener la vida depende de la interdependencia y la solidaridad entre vecinos y vecinas. Apoyándose en esas prácticas y relaciones que históricamente han sabido construir desde abajo, distintos colectivos de trabajadores y trabajadoras de la UTEP se pusieron manos a la obra. Trabajadoras costureras iniciaron la producción de barbijos para donar en hospitales, cuadrillas de Promotores Sanitarios tomaron a su cargo la desinfección de las unidades de transporte público, ambulancias de las organizaciones se pusieron a disposición para atender a vecinos y vecinas de los barrios.

 

La creatividad popular requiere del acompañamiento de políticas públicas acordes y las organizaciones también hicieron oír sus demandas y propuestas para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Junto a las medidas de prevención, desde el Estado se han impulsado una batería de políticas específicas para los más desprotegidos: el Ingreso Familiar de Emergencia de 10.000 pesos para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas; un bono adicional de 3.000 pesos para los más de 500.0000 trabajadores que perciben planes sociales y un bono equivalente a una asignación para quienes perciben la AUH y la asignación por embarazo. Además, el Gobierno reforzó la entrega de alimentos a comedores escolares, comunitarios y merenderos; congeló alquileres; suspendió los desalojos de viviendas por falta de pago;  y se pospondrá  el pago de los créditos de Anses de los meses de abril y mayo. Será vital que durante el aislamiento preventivo el Estado garantice ingresos económicos para los trabajadores de la economía popular, aquellos que estarán impedidos de desarrollar su actividad. Una demanda que, en otras latitudes, también han alzado los trabajadores precarios italianos bajo la consigna “renta de cuarentena”.

 

 

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El desafío de estos tiempos es alcanzar difíciles equilibrios: conciliar distancia social con redes de cuidado colectivo, crear mecanismos para que el aislamiento no se confunda con una idea ficticia de autosuficiencia. En este terreno, las organizaciones populares cuentan con la ventaja de haber acumulado una vasta experiencia sobre cómo afrontar crisis sociales y económicas diversas. Aún en condiciones adversas como la hiperinflación en la década del 80 o la crisis del 2001, estos sectores crearon mecanismos para paliar el hambre y generar trabajo. En los últimos años, mientras una gran porción de la población se empobrecía de forma drástica durante el gobierno de Cambiemos, generaron herramientas gremiales y formas de organización para hacer frente a las medidas de ajuste. La organización colectiva permite que se construyan redes para garantizar derechos y sostener la vida no sólo para aquellos que de manera directa se vinculan con espacios de organización sociales y gremiales, sino también de los vecinos de los barrios y territorios que habitan.

 

Quienes se vienen organizando como parte de la economía popular han aprendido que de las crisis no se sale a partir de arreglos individuales. La peligrosidad del contagio, el temor a un desborde del sistema de salud, los efectos de la recesión económica generada por la cuarentena son fenómenos que impactan diferencialmente sobre países, clases sociales, grupos de edad y géneros. El control de un nuevo virus trae problemas que no crecen sobre un vacío. La pandemia se abre camino como un eslabón decisivo en una cadena de precariedades preexistentes. Este entrelazamiento de desigualdades nos plantea un desafío urgente: revalorizar y apostar a estas redes de cuidado colectivo como base para el desarrollo de formas de solidaridad aún en la distancia.

 

 

[1] Aunque los datos estadísticos son extremadamente difíciles de determinar debido a las características del sector, es posible indicar que la economía popular representa el 35% de la población económicamente activa, alcanzando los 4,22 millones de trabajadores en 2017 (Chena y Roig, 2017) -cifra que ha tendido a aumentar en los dos últimos años, estimándose actualmente en 4,5 millones-.


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