Foto portada: Fotograma PARAÍSO: AMOR (2012). Director Ulrich Seidl.
Hay quienes mes a mes pagan religiosamente el monotributo; cuando compramos alimentos todos pagamos el 21% de IVA (solo unos pocos están exentos o con alícuota reducida); los empleados en blanco que más cobran deben cumplir con el impuesto a las ganancias. La obligación tributaria parece ser un deber, a menos que se trate de grandes empresas y afortunados: ejecutivos, políticos, deportistas o artistas, que pueden contratar a los mejores abogados, contadores, bancos de inversión y otros agentes financieros para sortear controles y refugiar sus riquezas lejos de la AFIP. Si algo deja en claro la filtración de documentos llamada Panama Papers es el doble estándar a la hora de recaudar impuestos. La injusticia tributaria divide a los argentinos -y también a los habitantes del resto del mundo- en dos bandos claros: el de quienes no pueden esquivar las inspecciones y contribuyen a sostener los gastos del Estado; los giles que pagan impuestos. Y los que más tienen (y que por lo tanto deberían contribuir con más recursos), pero que cuentan con tanta plata que pueden invertir lo suficiente para acabar pagando menos tributos, de manera ilegal y así, hacerse más ricos.
Si hay algo que une a todos los países -no importa si se trata de una potencia o uno en vías de desarrollo- es el padecimiento de la planificación financiera de las grandes multinacionales, que logran desviar fondos para terminar pagando impuestos donde menos gravámenes se abonan. Los flujos financieros ilícitos que salieron de países emergentes llegaron a 1,1 billones de dólares en 2013, un máximo desde que, en 2004, la ONG Global Financial Integrity (GFI) los comenzó a medir. Hace 13 años eran 465.300 millones anuales. El 83% de los 1,1 billones corresponden a la manipulación de los precios de lo que se vende entre filiales dentro de los grupos transnacionales. Por ejemplo, una subsidiaria de una empresa en Argentina exporta granos a otra del mismo grupo en otro país, pero declara que esos productos valen menos de lo que realmente cuestan y así pagan menos tributos. Estas operaciones no solo involucran a compañías extranjeras sino también a las argentinas que se han internacionalizado.
El crimen organizado usa estos mismos mecanismos para lavar dinero, del narcotráfico por ejemplo, pero la mayor parte de estas subfacturaciones de exportaciones y sobrefacturaciones de importaciones corresponde a actividades legales. El restante 17% de los 1,1 billones se explica por las salidas de capitales por vías ilegales. Es el mecanismo usado por grandes fortunas con ayuda de bancos de inversión y otros grupos financieros.
De Argentina se fugaron por ambos mecanismos en 2013 unos 17.171 millones de dólares. Con esa plata se podría financiar todo el déficit fiscal que ahora quiere recortar el presidente Mauricio Macri, cuyo nombre figura en el Panamá Papers y cuya responsabilidad o inocencia deberá investigar la Justicia. Pero claro que si todo ese dinero se blanqueara, solo una parte debería tributar por los impuestos a las ganancias y bienes personales. Es que hay otro dato que aún puede colaborar más en la depresión de los que pagan impuestos.
El Estado argentino deja de recaudar la mitad de lo que podría recolectar por el tributo a las ganancias de empresas e individuos, según un estudio que los expertos Juan Carlos Gómez Sabaini y Dalmiro Morán publicaron en febrero pasado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esos fondos incluyen los que se fugan al extranjero. En 2015 hubiesen supuesto unos 381.000 millones de pesos, es decir, no solo el equivalente al déficit fiscal sino también los aportes que el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) transfirieron al Tesoro para cubrir gastos. Con la mitad de ese dinero no recaudado se hubiesen pagado todos los subsidios al gasto corriente (el de funcionamiento, el que no incluye inversión) que ahora Macri está ajustando, incluidos los de la electricidad, el gas, el agua, el transporte público, a Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales. Parte de esas subvenciones suponían transferencias a ricos provenientes de impuestos pagados por pobres, pero en tiempos de los Kirchner y, ahora también, la discusión radica en la gradualidad o no de la eliminación de políticas que agrandan la desigualdad de ingresos.
Todo lo que el Estado nacional está ahorrando echando a 10.000 empleados públicos implica solo el 1,6% de lo que deja de recaudar por el impuesto a las ganancias. Está bien que se eche a los ñoquis, pero está claro que el ajuste de personal excedió mucho esa definición. Con el dinero de la evasión de Ganancias se podrían construir más de 700 hospitales. Pero, tranquilo, señor monotributista, siga cumpliendo con sus deberes.
El escándalo de Panamá Papers es una de las mayores filtraciones de documentos secretos de la historia y deja al descubierto a los clientes y operatorias del estudio de abogados panameños Mossack Fonseca, el cuarto generador de sociedades offshore a nivel mundial. Hasta ahora se conoce una parte de los 11.5 millones de papeles y ya se menciona desde a Mauricio Macri hasta el de un ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Los delitos en torno de la financiación de la política argentina, y mundial, están cada vez más a la vista. Habrá que ver si el jefe de Estado argentino puede justificar que sólo era director y no propietario de la sociedad que su familia tenía en un paraíso fiscal, pero mientras tanto su imagen ha quedado cuestionada. Justo cuando su gente intentaba ventilar más y más acusaciones de corrupción contra los Kirchner al tiempo que se ajustaba la economía.
¿Argentina se irá pareciendo más a Brasil, donde políticos de un lado y otro quedan embarrados en la cloaca del dinero ilegal? El 10% más rico de los argentinos solo paga como impuesto a las ganancias el 8% de sus ingresos brutos, según un informe de Cepal y la ONG Oxfam. En Estados Unidos abonan el 14%; en Francia, el 18%; en Alemania, el 23%; en Reino Unido e Italia, el 25% y en Suecia, el 30%. Por la evasión, por los resquicios legales que conocen grandes estudios de abogados y contadores para eludir controles, por las exenciones que consiguen de los gobiernos y del Congreso, por las bajas alícuotas que efectivamente pagan del impuesto, los millonarios argentinos desembolsan menos al Estado.
El caso de Panamá Papers quizás consuele a algunos porque demuestra la globalidad del mal de la evasión, un robo que parece impresionar menos que el de la corrupción. Ojalá que no. Lo que está claro es que solo con un acuerdo mundial se acabará con las guaridas o paraísos fiscales, muchos de los cuales son islas o Estados dependientes de los países desarrollados.