Desde 2014 murieron más de cinco mil personas que, desde África y Medio Oriente, intentaban cruzar hacia el Viejo Continente. Detrás de los golpes de pecho de los dirigentes europeos, la política migratoria sigue siendo la misma: vía libre para capitales y mercancías y una postura cuasi bélica contra migrantes y refugiados. Javier de Lucas, referente mundial en políticas migratorias, de asilo y derechos humanos, disecciona las normativas y las imágenes que se construyeron sobre ellos para justificar el gasto en control y vigilancia antes que el de salvamento y rescate. Un adelanto de “Mediterráneo: El naufragio de Europa”, publicado por la editorial Tirant en España.



Foto de portada: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

Fotos de interior: Freedom House

 

 

Aunque nos parezca un concepto indiscutible, lo cierto es que la etapa del proceso de globalización en la que vivimos parecía haber impuesto un contexto de desterritorialización en el que se desvanecían los elementos clásicos de la noción de frontera, y se profetizaba que pronto no quedaría nada del argumento de la frontera como instrumento de afirmación de soberanía territorial respecto a quien se la disputa (en principio, otro Estado o bien hordas invasoras). Es decir, la desaparición de la noción de barrera de defensa frente al enemigo exterior. Al menos, del tipo de límite geográfico fortificado frente al enemigo exterior para que no se infiltre, (el estigmatizado en la novela El desierto de los bárbaros). Desaparecido el muro de Berlín y con ello desaparecido el mundo del «siglo corto», quedarían sólo dos vestigios, la frontera entre las dos Coreas y el perverso modelo de frontera/muro entre el Estado de Israel y los territorios palestinos.

 

Y sin embargo, sí que subsiste e incluso se incrementa el vínculo entre frontera y desigualdad económica y demográfica, cuyos ejemplos más claros son la frontera entre EEUU y México y, precisamente, el Mediterráneo como frontera. Aún más: conviene insistir en el hecho de que el Mediterráneo es hoy la mayor frontera del planeta, en el sentido de la mayor falla demográfica: hay una proporción inversa y gigantesca entre el PIB y la tasa de crecimiento demográfico a una y otra orilla de nuestro mar. Eso no puede dejar de constituir un efecto doble: de salida desde esos países (donde la población menor de 21 años constituye una proporción abrumadora, sumado al hecho de las escasas o muy mediocres expectativas de mejora de nivel de vida), hacia los países del norte, envejecidos, pero con un PIB y un Índice de desarrollo humano que multiplica hasta cinco veces los de los países ribereños del sur. Lo que no podíamos sospechar es que esa frontera marina se convertiría en la más peligrosa del planeta.

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Todo ello no ha conseguido calar suficientemente en la opinión pública, que tiene una representación aún lejana de la realidad. Por eso me parece necesario recodar algunos datos y tesis basados en los análisis más recientes de los flujos en el Mediterráneo. En septiembre de 2014, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), publicó su Informe Fatal Journeys. Tracking Lives Lost during Migration, un estudio que se inició tras el naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa, en octubre de 2013. El primer resultado que llama poderosamente la atención es la constatación, insisto, de que el Mediterráneo es la frontera más peligrosa del mundo. Así (en 2014) 3.072 inmigrantes murieron intentando cruzarlo, de un total de 4077 muertos en las diferentes fronteras del planeta (251 en la zona este de África, 230 en la frontera entre Estados Unidos y México, 205 en la bahía de Bengala y 123 en el Cuerno de África). Un 30% de los inmigrantes muertos en el Mediterráneo eran originarios de Oriente Medio y el norte de África —Siria y Eritrea como principales países de origen—; otro 30% del África Subsahariana; un 11% del cuerno de África; y de un 29% se desconoce la nacionalidad. La conclusión de este Informe es muy grave para la UE: “El informe revela a Europa como el destino más peligroso del mundo para la migración irregular”. La OIM calcula que desde el 2000 han fallecido 22.394 personas en las fronteras externas europeas —un promedio de 1.500 muertos por año—. Mientras, desde 1998, 6.029 ilegales han perecido en la frontera de México y EEUU; y al menos 1.790 sin papeles han perdido la vida en el desierto del Sahara, entre 1996 y 2013.

 

Más recientemente, en junio de 2015, el Migration Policy Institute (MPI) con sede en Bruselas, ha publicado su Rapport Before the Boat. Understanding the Migrant Journey, una investigación basada en entrevistas realizadas a inmigrantes y refugiados que han cruzado el Mediterráneo y también de quienes conducen ese tráfco de personas, cuyo objetivo es tratar de entender cuáles son las motivaciones reales que inducen masivamente a los inmigrantes a afrontar una estrategia de viaje que les pone en manos de organizaciones criminales de contrabando de seres humanos. ¿Qué hay detrás de esa decisión tan arriesgada que lleva a miles de personas a emprender viajes que pueden llegar a durar hasta tres años para luego jugarse la vida en manos de esos traficantes? ¿En qué consiste lo que podríamos «economía política» de los grupos mafiosos que trafican y explotan a esos centenares de miles de personas?

 

En definitiva, el Informe del MPI destaca cinco argumentos o, mejor, cinco presupuestos falaces que estarían detrás de la mirada errónea, característica de las políticas europeas de migración y asilo, tal y como resume bien Kristy Siegfried, la editora sobre migraciones de IRIN, en una nota publicada el 2 de junio de 2015 con ocasión de la presentación del Informe.

 

En efecto, el Informe mostraría en primer lugar que es una falacia suponer que los inmigrantes que se embarcan en este viaje lo hace porque no son conscientes de los riesgos, sino que realizan una ponderación razonable de los mismos, aunque sin duda es importante que la UE realice una labor informativa sobre los mismos, abriendo centros ad hoc en los países de origen y tránsito, como los que se han fundado, por ejemplo, en Níger o Mali, a partir de 2008.

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En segundo lugar, constituye un reduccionismo el enfocar a los inmigrantes y desplazados o refugiados, protagonistas del gran viaje, como meras víctimas de los traficantes. En realidad, como explican los codirectores del Informe, Townsend y Oomen, ni el traficante es sólo un criminal, ni el inmigrante es sólo una víctima pasiva [1]. Hay que ser cuidadosos para evitar generalizaciones, porque muchos de los sujetos que median en el viaje no son considerados como traficantes, en el sentido en que sí lo son los jefes de las mafias que operan a lo largo del mismo, sino como agentes de servicios que ofrecen ayuda —pagada— a los inmigrantes y refugiados: “los migrantes pueden distinguir entre los distintos tipos de traficantes: desde los jefes libios que controlan los botes hasta los mediadores que actúan en sus poblados de origen… Usar “traficante” sin definirlo en términos precisos no cuaja con el trayecto de muchos de los migrantes”.

 

Además, es un error pensar que los países de tránsito, como Túnez o Turquía, (tampoco los de origen) tienen necesariamente interés y capacidad para contener los movimientos de inmigración y para asumir la tarea de readmisión o repatriación (la terminología es deliberadamente confusa) que querría imponerles la UE. (…)

 

Un tercer error es identificar la lucha contra las redes de traficantes como la única medida eficaz en la política de lucha contra la inmigración irregular y de reducción de la misma. Lo cierto es que esas redes son extremadamente fluidas y se adaptan, como se ha comprobado empíricamente, a los cambios en los instrumentos de las políticas europeas de inmigración y asilo. En particular, los autores del Informe llaman la atención sobre lo irrazonable de las expectativas de que la intensificación de las actuaciones policiales e incluso militares pueda hacer desaparecer las redes. Así, explica Townsend, “La cuestión central es: ¿cuánto puede sostenerse? En términos políticos y de costos. Es muy probable que los traficantes sobrevivan a la Unión Europea si ellos son el único foco de aproximación al problema”.

 

Finalmente, una aproximación realista obliga a rebajar las expectativas acerca del impacto de nuestras políticas migratorias y de asilo en la decisión de las personas que asumen su estrategia migratoria o de refugiado. Lo cierto es que influye más, por ejemplo, la existencia de una red comunitaria de diáspora, que une al país de origen con el de destino. En lo que se refiere a la distinción legal que constituye un postulado de nuestras políticas, la diferencia entre inmigrantes económicos y refugiados o demandantes de asilo, creo que lo menos que se debe decir es que tal distinción no es en absoluto clara para las personas que se deciden a emprender el viaje[2]

 

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Quisiera añadir otra advertencia. Aunque en las páginas que siguen me centraré en el análisis de lo que sucede en esa frontera sin derechos en la que parece haberse convertido el Mediterráneo, eso no quiere decir —obviamente— que se trate de la única frontera que institucionaliza la crueldad hacia los otros. Es de todos conocido lo que sucede en la frontera entre EEUU y México, incluso a lo largo de América central, hasta llegar a esa frontera, un trayecto de enrome riesgo simbolizado en el tren —la bestia— en el que los inmigrantes que quieren llegar al sueño americano afrontan toda clase de violaciones de derechos humanos incluido el riesgo de perder la vida. Menos presente en la opinión pública son otros casos de fronteras y de exclusión. Baste quizá poner como botón de muestra lo acaecido a lo largo del mes de mayo de 2015 con los rohingyas (también conocidos como roinyás, o ruanigás), un grupo etno-religioso (musulmán) de aproximadamente un millón de personas, que habitan en el Estado de Rajine (o Rakain), en Myanmar [3]. Las autoridades de Myanmar no sólo les reprimen y se les han negado sus derechos humanos durante decenios, sino que han impuesto respecto a ellos un régimen de verdadero apartheid, en el que ni siquiera son considerados oficialmente un grupo étnico. Así, la Ley de Nacionalidad de 1982 les niega la ciudadanía, es decir que, de hecho, son apátridas. En realidad, las autoridades myanmaras niegan su existencia como tales e insisten en considerarlos inmigrantes bengalíes. En los últimos tres años, la presión ha sido tal que se han visto obligado a la diáspora y se calcula que más de 200.000 han huido a otras zonas del país mientras que unos 110.000 han recurrido a exiliarse por mar, saliendo a la Bahía de Bengala, sin que ninguno de los Estados cuyas aguas territoriales surcaban haya querido acogerlos.

 

En todo caso, conviene recordar que el contexto de globalización impone el reconocimiento de la porosidad de las fronteras y el fracaso de todo intento de cerrar las fronteras como fortaleza, un intentoque la UE trata de resucitar de tanto en tanto, desde una miope visión económica (centrada en la obtención del ejército de reserva, ni más ni menos) que daña exigencias elementales del Estado de Derecho respecto a los inmigrantes y aún peor, obligaciones internacionales de los Estados miembros en materia de derechos de los refugiados. En efecto, aunque algunos puedan pensar que esa situación resulta de utilidad para el mantenimiento de un abundante contingente laboral o, en los términos acuñados por Karl Marx en El Capital, de un copioso ejército industrial de reserva, siempre disponible para cubrir las demandas de la economía (ya sea formal o sumergida), incurre en el error de reducir un fenómeno social global (en el sentido de Mauss) a su dimensión económico laboral y aún así de forma dudosamente eficaz, por su conjugación (si no supeditación) a la dimensión de orden público, exigencia/coartada de la política de miedo que trata de paliar la pérdida de agregación de las clases convertidas en precariado y produce un efecto de estratificación social que propicia una situación estructural de violación de los derechos humanos muy poco acorde con los presupuestos normativos mínimos del Estado de Derecho.

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En realidad, pese al mensaje continuado de la necesidad de control absoluto de las fronteras en términos de filtro que no deje pasar al no deseado, al que seguimos denominando “ilegal” (no tanto porque sea un delincuente peligroso sino porque se trata de un inmigrante “excedente”), es casi imposible ofrecer ejemplos de Estados cuyo territorio esté completamente sellado, incluso pese al continuo perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia de las fronteras. La porosidad de las mismas es una señal más de la progresiva erosión de la soberanía estatal aún más escandalosamente visible en el caso de la UE, con una geometría variable de definición de su territorio y de sus fronteras, que acaba impactando sobre la movilidad de sus propios ciudadanos, como estamos viendo ahora en los casos de Bélgica, la RFA o el Reino Unido: el nexo político y jurídico entre soberanía y territorio se ha visto cuestionado por la multiplicación de poderes y ordenamientos supranacionales, el rápido crecimiento e intensificación de los vínculos transnacionales, así como por el afianzamiento de los nuevos circuitos globales de producción y de intercambio de capitales.

 

(…)

 

Una guerra sucia y clandestina contra inmigrantes y refugiados

 

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de la “cultura de la vida” por parte de la UE.

 

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis sostenida por la red euroafricana de ONG´s MIGREUROP desde 2013, con su campaña FRONTEXIT: la UE está en guerra contra los inmigrantes y ahora también, contra los refugiados, una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina.

 

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo que se denominaba con pretensión de contundente denuncia “tragedia humanitaria”, que debía ser abordada “con urgencia”, según proclamaban indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón. Peor, un viejo y tramposo ratón, que tenía como guinda —o cola— el recurso a la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial “política de cañoneras”, de la mano de Renzi [4]. El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.

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Ítem más, nuestros supuestos adalides han de tomar decisiones que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería risible si no fuera trágico. Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un proyecto presentado como panacea, bombardear los barcos de los traficantes de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan la costa libia, entre el reducto gubernamental del este (de Bengasi a Tobruk, desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el guetto yihadista en que se ha convertido Trípoli.

 

Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos el enemigo que justifica la prioridad de blindar nuestras fronteras y, aún más, convertir la legislación de inmigración en un Derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno Rajoy por legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa express y fuera de lugar [5] (un objetivo que parece haber encontrado eco muy recientemente en alguna decisión judicial). Pero claro, según nos dicen los periódicos, la UE pone como ejemplo a España en su “lucha contra la inmigración irregular”.

 

El mismo propósito es el que hay detrás de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, y reducen a cuotas vergonzosas (5000 refugiados)[6] la “carga” asumible por la UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que tratan de externalizar la acogida y atención de los refugiados, fuera de nuestras fronteras, un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en sentencias de pena de muerte y por tanto, alguien en quien confiar para defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y refugiados. Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: lo saben bien en Italia donde en 2014, de las casi 150.000 personas que arribaron sin papeles, más del 35% provenían de Siria, Eritrea y Mali.

 

 

 

 

[1] Como escribe el primero, “There’s an implicit view that the smuggler is the supplier of services and the migrant is just a passive victim or commodity… But that’s a bit erroneous in most cases, that’s more like human trafcking. In migrant smuggling, the migrant is an active player facing various difcult choices; they’re more like a consumer”. Por su parte, Oomen señala: “Sometimes smugglers are seen as the ones you need to stay alive… They can be seen more as a tour guide; someone who knows how to travel certain roads which are feared more in certain areas because of government forces – for example the road between Bengazi and Tripoli (in Libya)”.

 

[2] Como argumenta Townsend, “The majority of people we’ve spoken to, the key question is the long-term outcome. So they don’t really care what their legal category is. They just want the question answered – will I be able to reside in Europe long term?”.

 

[3] Rapport de Amnesty International (2004), Myanmar, Te Rohingya Minority: fundamental Rights denied.

 

[4] Fue Renzi quien propuso la política de acuerdos/ayudas a Egipto, Túnez y Somalia para que se hagan cargo de controlar los fujos de población y acepten acoger a los interceptados.

 

[5] Sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el titulado “Devoluciones express”, del Servicio Jesuita de Migraciones. También, el informe “Derechos en la frontera. ¿Frontera sin derechos?”.

 

[6] Nota de la redacción: en septiembre de 2015, la UE propone llevar ese número a 120 mil.

 

 


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