La gente de Andalgalá no tiene nada que ver con Wall Street pero sabe lo que vale el agua. Aprendió a lavar los guardapolvos con agua amarilla, a defender el río por el que pasa -aunque esté prohibido- un mineroducto y a disfrutar la lluvia como a un gol de Maradona. Llevan 15 años denunciando el impacto ambiental de la minería en su tierra. Ahora tuvieron que volver a presentar un amparo contra el gobierno de Catamarca, que en diciembre habilitó la actividad pese a estar prohibida por fallos anteriores. Los diagnósticos médicos son la prueba del costo humano, y la impunidad de Agua Rica evidencia cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países. Ensayo fotográfico de Magalí Druscovich.



Las 20 mil personas que viven en Andalgalá, Catamarca, no tienen nada que ver con Wall Street pero saben lo que vale el agua. Llevan 15 años denunciando su contaminación y los daños ambientales que genera la explotación minera en la zona. Antes, con el emprendimiento La Alumbrera. Ahora, con Agua Rica.

 

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En el pasado, los tumores malignos eran raros en el pueblo. Ahora son parte de la rutina. Hay dos muertes por cáncer cada semana. Los principales son los que afectan el tracto digestivo: lengua, garganta, estómago, hígado. También están en alza los casos de diabetes, lupus e hipertiroidismo. 

 

En el 2010, un grupo de científicos catamarqueños presentó un informe que les llevó cinco años de estudio. Detallaron la aparición de enfermedades raras para la zona, y compararon su incidencia a nivel país.  “El cáncer de hueso es tres veces más alto. La incidencia de Esclerosis Múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%.” Conclusión: la explotación minera a cielo abierto, en actividad desde los últimos 12 años, contamina el medio ambiente. Los diagnósticos médicos son la evidencia.

 

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“Es un gran negocio a costa de nuestra salud”, explica Griselda ‘Chela’ Igna, líder de la asamblea que reúne a los vecinos contra la minería. Ella sufre de lupus e hipertiroidismo. En el 2016, un equipo del CONICET liderado por Margarita Diana Do Campo investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que “los niveles de Cobre, Cromo y Plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática”. Y que tres de esos ríos, los que por ser de mayor caudal abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan Manganeso “en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino”. 

 

La lucha de los vecinos tiene un objetivo claro: no permitir el avance de otra minera en la región. “Agua Rica”, operada por la empresa canadiense Yamana Gold, a 17 km de Andalgalá, llegó en 2006. Después de 15 años de activismo ambiental, el grupo de abogados que representa a los residentes obtuvo una orden judicial que frena el trabajo en la minera. Pero la medida fue ignorada por la empresa, que sigue con las excavaciones respaldada por el gobierno provincial. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia: “Los vecinos de Andalgalá tienen derecho a vivir en un ambiente sano (..). En cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. El caso de Andalgalá es un patrón de cómo operan las multinacionales extractivistas en nuestros países, cambiando nombre de sus empresas para evadir órdenes judiciales. Yamana Gold también tiene denuncias de violación de derechos humanos en otras partes de la región: Perú (Lagunas Norte), Chile (Proyecto Pascua Lama y Honduras (Proyecto Entre Mares). Y otras empresas canadienses con mismos inversores pero otras empresas suman denuncias en Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá.

 

“Agua Rica” planea usar dos ríos que son fuente para el consumo humano y la agricultura. Las exploraciones de la minera ya están en marcha. 

 

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La lista de infracciones es larga. La ley minera argentina determina que los minera-ductos no pueden establecerse bajo ríos. “La Alumbrera” construyó el suyo bajo el río en Andalgalá. Un ducto que tuvo tres pérdidas en sus años de operación. Es el mismo minera-ducto que la nueva minera quiere utilizar. Además, es ilegal que una empresa minera opere donde hay un ambiente periglacial

 

“Si se abre la mina, me voy de acá. Mi hija no puede crecer así”, dice Renata Ayelén cansada de tener que tomar agua embotellada y extremar los cuidados al ducharse y cocinar. 

 

En su informe ambiental, la minera admite que el volumen de agua entregada a la ciudad se reducirá a la mitad en sus primeros tres años de operación. 

Esa región de Catamarca tiene una alta concentración de granjas, en su mayoría pequeñas. La fruticultura y la ganadería son las mayores actividades económicas de las que depende Andalgalá. Si la obra de “Agua  Rica” se activa al 100%, los agricultores se verán privados de agua por completo. La compañía consumiría 300 millones de litros por día, es seis veces más de lo que usa el pueblo. 

 

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El 22 de diciembre del 2020 la Corte de la Provincia de Catamarca falló a favor de la minera y dictó la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que prohibía esa actividad en Andalgalá.  

 

Apenas terminó la feria judicial, los abogados representantes del pueblo presentaron un recurso para que la Corte Suprema vuelva a analzar el caso. Recuerdan: “el Estado tiene la obligación civil de no matar”. 

 

En Andalgalá las lluvias quedaron pausadas, la sequía puede durar meses. La lluvia es deseada. Se festeja como un gol de la selección. Los chicos saltan. Los grandes descuelgan la ropa. En muchos pueblos se junta en bidones para tener agua fresca de reserva. En Andalgalá, pasa: nadie confía ni siquiera en el agua de lluvia por la enorme polución del aire, y hasta tienen trucos para lavar la ropa blanca con ese agua amarilla. Se necesitarían tres días seguidos de lluvia para “limpiar” el aire y lavarlo de partículas. El clima de Andalgalá es un clima seco, que llueva tres días seguidos es improbable. Y ni siquiera sería agua limpia. 

 

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Nota de la redacción: Los datos mencionados en esta nota fueron tomados del expediente judicial presentado ante la Corte Suprema de Justicia por el grupo de abogados ambientalistas que acompañan los reclamos de los vecinos de Andalgalá. Reúne estudios y documentos, muchos de los cuales no están digitalizados ni disponibles en la web. Este artículo fue actualizado el 14 de abril de 2021 para sumar las referencias y fuentes que avalan la información publicada. 

 

 


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