Además del reconocimiento, les migrantes que trabajan y sostienen la pandemia precisan garantías y derechos. Un estudio de Agenda Migrante 2020 revela que durante la crisis el sesenta por ciento de esta población dejó de percibir ingresos, y que ocho de cada diez no recibe ayudas ni beneficios sociales de ningún tipo. Natalia Gavazzo y Ana Paula Penchaszadeh cuentan con testimonios, cifras e historias las vidas de aquelles que hoy mantienen la máquina funcionando.



njamín se levanta todos los días, se sube a su bici y se conecta al aplicación de pedidos para la que trabaja, comenzando así su rutina de idas y vueltas para la entrega de comidas, medicamentos y otros objetos de necesidad. Amanda sale de su casa y toma el colectivo que la lleva del conurbano a capital para cuidar a una abuelita de 90 años, cuyas hijas son mayores de 60 y sus nietes tienen niñes y no la pueden atender como necesita. Yamila camina al hospital donde trabaja como enfermera todos los días, haciendo turnos prolongados por la emergencia sanitaria, dejando a sus hijes al cuidado de su marido y tomando distancia al regresar para no contagiarlos. Ernesto levanta la cosecha de hortalizas en una quinta del área periurbana y la carga en la furgoneta que va directo al mercado en donde se distribuye a todas las verdulerías de la ciudad. Rosa, que solía trabajar por hora en casas particulares, colabora todos los días en el comedor de su barrio con otras doñas, para ayudarse y ayudar a otras familias. ¿Qué tienen en común estas personas? Son trabajadores migrantes en tiempos de cuarentena que siguen desempeñándose en sus tareas.

 

Se ha hablado mucho del carácter democrático del coronavirus y que “podría afectarnos a todos por igual”, algo implícito en el hashtag #argentinaunida. Sin embargo, esta enfermedad y el aislamiento social preventivo – única herramienta con la que contamos para contener su avance – afectan de manera selectiva a distintos sectores de la población y agudizan las desigualdades y exclusiones preexistentes. Hace un par de semanas, Franco “Bifo” Berardi advirtió que “el trabajo había sido abolido sólo para unos pocos”, mientras que Judith Butler anticipó que “la desigualdad radical encontraría nuevas formas de reproducirse y fortalecerse en este contexto”. La pandemia es un problema global, pero lejos de afectarnos a todes por igual visibiliza de modo brutal las desigualdades locales. Para muestra un botón: en Estados Unidos más del 60% de los muertos por coronavirus serían latinos o afroamericanos. 

 

En Argentina el mantra/mandato “quedateencasa” pareciera haberse impuesto sin grandes resistencias: una sociedad temerosa acata, se desacelera, deja de circular y migra a sus espacios domésticos. ¿Pero esto ha sido así para todes? El aislamiento para algunes sólo puede hacerse posible sobre la base de la circulación y exposición de otres, entre les que se encuentran les migrantes. ¿Quiénes hacen posible “nuestro” aislamiento? Todes aquelles que mantienen la máquina funcionando: especialmente, aquelles que producen, venden y distribuyen lo que necesitamos para guardarnos en casa y protegernos del virus. ¿Sabías, por ejemplo, que más del 50% de los trabajadores de plataformas (Rappi, Pedidos ya y Glovo) son migrantes? 

 

 

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El mandato/mantra de guardarse tiene un efecto clasista inmediato: hay quienes pueden aislarse y dejar de producir, y hay quienes no pueden sostener el aislamiento sin poner en riesgo su subsistencia. Hay que preguntarse, entonces, por las condiciones que “vulnerabilizan” a ciertas poblaciones durante la pandemia. 

 

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En un informe que elaboramos desde Agenda Migrante 2020, con base en una encuesta contestada por unas 1000 personas migrantes residentes en Argentina, solo un 28% se encontraba trabajando de manera formal antes de iniciarse el aislamiento obligatorio. El resto trabajaba de manera informal (26,5%), de forma esporádica (28.3%) o no trabajaba (17,2%). A partir de esta situación por demás precarizada, el 58% de las personas indicó que, al iniciarse el aislamiento, dejó de percibir un salario o ingreso. A esta desesperante situación laboral, habría que agregar que el 77% indicó que no recibe ayudas ni beneficios sociales de ningún tipo. 

 

Uno de los problemas más urgentes para la población migrante es la documentación, requisito necesario para acceder a cualquier tipo de derecho ciudadano en Argentina. Los trámites en la Dirección Nacional de Migraciones, que ya venían con grandes demoras durante el gobierno de Macri, ahora con la cuarentena se encuentran paralizados. Así, los trámites del DNI exceden los plazos reglamentarios y dejan a las personas en situaciones de total indefensión, como comentó una persona encuestada: “Por favor: ayuda con los DNI, tengo 9 meses esperando mi documento y nada”. La falta de DNI imposibilita cualquier trámite, incluso los permisos de circulación en la cuarentena. Una mujer embarazada respondió que “en caso de urgencia no tengo la opción de realizar un permiso para circular: cuando fui a un centro de salud, a pedido de mi obstetra, para verificar mis estudios realizados anteriormente, de vuelta a casa policías me bajaron a mí y a mi compañero del colectivo por el sólo hecho de contestarle de dónde veníamos, porque según ellos no teníamos permiso para circular …en caso de algo grave que hago?”. ¿Dónde están los derechos de esta mujer que forma parte de la población de riesgo y su hije, une future ciudadane argentine?

 

En la misma línea, otra persona manifestó: “Aún estoy esperando el día de mi cita para mi DNI y por eso no había sacado el CUIL. Ahora no puedo sacar el permiso único que exigen, no quiero dejar de trabajar. Soy el único sustento de mi familia”. Incluso un cuarto encuestado contó que sin DNI no puede tramitar el permiso de circulación para trabajar como médico. Y otro amplió: “Llegué de Venezuela cuando comenzó el aislamiento obligatorio, por lo que no he podido tramitar la precaria ni el DNI para optar a trabajar como médico”. Dos profesionales que podrían estar en el frente de la batalla al coronavirus. 

 

La situación económica de les trabajadores migrantes, si bien se asemeja a las de cualquier trabajador precarie native, se agrava por la falta de documentación generada por el desconocimiento de la normativa por parte de les empleadores y las demoras de los trámites migratorios. Como nos dijo encuestada: “Por mi situación migrante y la de muchos, no me firman contrato de alquiler, no me contratan en blanco, no puedo tener obra social, no me otorgan créditos, no tengo ningún tipo de ayuda social. Y ahora, en la pandemia, no puedo trabajar para cobrar y mantener a mi familia y el estado tampoco me ayuda”. 

 

La falta de DNI o del requisito de residencia en este momento afecta la capacidad de trabajar de les migrantes. Un joven senegalés compartió su miedo, que representa el de muches: “no sé de qué voy a vivir… Porque ya no tengo nada y no puedo salir a trabajar.  Soy monotributista pero no puedo acceder a ninguna ayuda del gobierno por falta de documento.  La mayoría de los senegaleses están en la misma situación que yo”. Algunos solo pidieron una oportunidad para trabajar, como una pareja que contó que “salimos a trabajar por nuestros hijos y nuestras familias que están en Venezuela”. Vivir con incertidumbres en este contexto genera angustias, sea por no poder trabajar y no tener dinero para pagar el costo de la residencia o por tener un empleo pero vivir con el temor de perderlo siendo el único sostén familiar. En ese sentido, la situación de les trabajadores migrantes es tan preocupante como la de cualquier precarizade: “Me preocupa mi situación económica porque antes del aislamiento no tenía trabajo. Estaba en búsqueda. Y ahora es mucho más complicado generar algún tipo de recursos. Había comenzado a ofrecer comida venezolana y eso se detuvo también”, dijo un encuestado que refleja una situación generalizada. ¿Qué deberían hacer estas personas para sobrevivir?

 

Vivienda -esa “casa” en la que deberíamos  quedarnos hoy para protegernos- y comida -¿cómo podríamos permanecer en un lugar donde no la hubiere?- son las dos grandes preocupaciones del colectivo migrante hoy: “Necesitamos ayuda, temo quedar en la calle con mi familia por no poder pagar el alquiler estamos desesperados y sin comida”, se repite varios testimonios. La Encuesta arrojó que les migrantes están más preocupades por los problemas económicos que por enfermarse. ¿Qué hacemos con las familias que pueden quedar en situación de calle en medio de una pandemia? 

 

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Las fronteras internacionales se han cerrado a lo largo y ancho del mundo, de forma que ya no es posible “migrar”. Las personas que se hallan fuera de su país de origen (con total independencia de sus motivos) han quedado cautivas en otros Estados-nación, ancladas en su condición de no-nacionales, de extranjeras. La migración se ha vuelto entonces “forzosa”, pues no existe la posibilidad de retornar. Entre les encuestades hay quienes quisieran hacerlo pero no pueden: “me gustaría volver a mi país, pero no me es permitido, por ser residente en Argentina. Estuve hablando con el consulado pero igual no me pueden ayudar”. Esto coloca a los Estados anfitriones ante una nueva e inédita responsabilidad: atender a todas aquellas personas que se encuentran (sin opción) habitando su territorio.  ¿Quién es responsable por estas personas afectadas por el cierre de fronteras?

 

Para contener a las poblaciones más golpeadas por la desaceleración económica el Estado argentino implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Es sabido que les migrantes recién llegades están más expuestes en los primeros años a situaciones de desclasamiento social y pobreza. El IFE, sin embargo, excluyó de esta ayuda a todes les que no pudieron acreditar una residencia regular de dos años (como el gran contingente de venezolanes que respondieron mayoritariamente la encuesta) o que no cuentan con DNI, siendo les que más la necesitaban. El testimonio de una mujer venezolana es ilustrativo: “Yo recién había llegado de mi país cuando empezó la cuarentena. Es muy difícil que te digan ‘quédate en casa’ y tener que aislarse si una todavía no tiene nada armado, no tiene una vida acá. No puedo buscar laburo y empezar a construir mi rutina”.

 

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Desde el Espacio Agenda Migrante 2020, realizamos la recomendación al gobierno argentino de eliminar el requisito de los dos años de residencia, ya que –como señala otro encuestado- “es un criterio injusto porque discrimina a quienes llevamos viviendo menos de dos años y nos deja vulnerables económicamente”. Se trata de trabajadores que aportan a la economía y pagan sus impuestos, ¿no merecen ser tratades como iguales como dicta nuestra Constitución Nacional y la Ley de Migraciones 25.871? Pensemos incluso en aquelles migrantes que tienen hijos argentines: ¿qué pasa con los derechos de eses niñes y adolescentes? El relato de uno de les encuestades da cuenta de esta urgencia: “No me parece justo que no podamos recibir la ayuda por parte del gobierno por no tener los 2 años, tengo una bebé 5 meses y no estoy recibiendo ni un peso porque donde trabajo cerro y estoy en negro y no me pagan”.

 

El Estado no sólo debe asumir su responsabilidad sino también demandarla a les empleadores, tal como reclaman les encuestades: “Yo trabajo para una empresa que nos obliga a ser monotributista y pago mis impuestos todos los meses. Pero al tener precaria el sistema no te toma en cuenta para nada. Ya casi tengo un año pagando servicios e impuestos. Y ahora para el Estado no soy un segmento a ayudar.” En esa misma línea, otra persona comentó: “Este país, nos ha recibido desde el primer momento con los brazos abiertos y estamos agradecidos, considero que deberían poner más mano dura para los empleadores que no quieres tener compromiso al empleado y que lo tienen trabajando en negro, que se deshacen del trabajador y juegan con la necesidad ajena”. Además del reconocimiento, les migrantes precisan garantías y derechos.

 

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El imperativo de “quedateencasa!” conlleva un peligro: que perdamos de vista que hay necesidades por fuera del ámbito doméstico. Cuando el miedo es el que comanda nuestras acciones, esa pasión triste y defensiva, pareciera quedar muy poco margen para la solidaridad. Sin embargo, en muchos barrios y comunidades de migrantes, la regla es la generosidad, la ayuda colectiva y ahí donde comían antes unes cuantes, ahora comen muches más.  

 

Sabemos que los comedores comunitarios de barrios populares de todo el país han aumentado su demanda de viandas al doble o triple y que las organizaciones de migrantes se han estado ocupando no sólo de asesorar y realizar trámites, sino de pedir y organizar donaciones para proveer de alimentos a gran cantidad de familias. Estas redes no solo atienden y alimentan a migrantes, sino también a natives que tampoco pueden “quedarseencasa”. La semana pasada productores hortícolas bolivianes de la región periurbana de La Plata donaron 7 camiones de verduras a los hospitales de esa ciudad. ¿Algune de les que estamos en cuarentena nos preguntamos qué haríamos sin les trabajadores migrantes en este contexto? Mismo estando en una situación desesperante, nos enseñan una vez más que la solidaridad y las redes de ayuda y cuidado son el verdadero remedio de cualquier enfermedad. A los actuales hashtags “argentinaunida” y “quedateentucasa” debemos sumar otros: #ifeparatodes, #cuarentenaconderechosparatodes, #noscuidamosentretodes, #migrarnoesdelito, #solidaridadentrelospueblos.


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