La Corte Suprema atravesó los últimos cuatro años envuelta en intrigas palaciegas y enfrentamientos personales. ¿Qué desató el estado de guerra en el cuarto piso del Palacio de Justicia? En su nuevo libro sobre el máximo tribunal de la Argentina, Irina Hauser muestra las disputas y traiciones detrás de cada fallo trascendente o de una simple medida administrativa. Un fragmento de “Rebelión en la Corte” (Planeta).



Al primer plenario posterior a su derrocamiento, Ricardo Lorenzetti llegó con cara de abatido, pero prolijamente afeitado y tratando de sacar pecho como siempre. En la silla que ocupaba con anterioridad, en un extremo de la fila con forma de medialuna que se arma al ubicarse los supremos en la mesa de acuerdos, estaba sentado Carlos Rosenkrantz. A su lado, la vicepresidenta eterna, Elena Highton de Nolasco. Era 2 de octubre de 2018.

 

—¿Adónde me tengo que sentar? —preguntó el ex presidente, que durante once años había liderado las reuniones, siempre desde ese mismo vértice.

 

Estaba acostumbrado a que el ordenanza de los plenarios, casi testigo único de esas reuniones desde hacía más de dos décadas, Julio Aguirre, le sirviera el café primero que a nadie, las galletitas, el agua. Que se pusiera siempre a su disposición. Aguirre es un mayordomo muy querido en el tribunal. De familia salteña, discreto y de voz suave, alguna vez se ganó el Quini 6, y tiene, con la misma lógica de la familia judicial, parientes en otros despachos. Su hijo Ezequiel trabaja en las oficinas de Rosatti, que se cansa de decirle que atienda primero a los demás porque quiere romper con las formalidades arcaicas.

 

Rosenkrantz le señaló a Lorenzetti la cuarta silla. Era casi una venganza secreta para él. Cuando recién llegó a la Corte y le tocó participar del primer acuerdo, lo había llamado el ex secretario Cristian Abritta para avisarle que Lorenzetti lo pasaría a buscar por su despacho para ir juntos. Es una tradición cortesana que se repite cada vez que llega un nuevo integrante. Pero pasaba el rato, y nada. De pronto sonó el teléfono de su despacho y una voz le regañó: “Doctor, lo están esperando en el acuerdo”.

 

A los secretarios, que suelen estar presentes en la primera parte del acuerdo, Rosenkrantz les dijo que les quería ver la cara porque los tenía casi a sus espaldas. Hizo cambiar la hilera de sillas a un costado.

 

Habían pasado ya más de dos semanas desde la expulsión de Lorenzetti de la presidencia. Rosenkrantz, apenas lo votaron, se había tomado un avión a Estados Unidos por dos semanas. Sus secretarias pidieron los pasaportes diplomáticos para él y su familia y hojas con membrete de la presidencia de la Corte. La huida no cayó nada bien entre sus pares, y a su regreso el clima estaba de lo más tenso. Había dos temas cruciales irresueltos: qué pasaría con la estructura de comunicación de la Corte y el Centro de Información Judicial (CIJ), que manejaba la colaboradora de máxima confianza de Lorenzetti, María Bourdin, y qué pasaría con la Administración General del Tribunal, a cargo de Daniel Marchi, otro funcionario casi hermano de Lorenzetti. Circulaba con fuerza el rumor de que el flamante presidente cambiaría todo de cuajo, pero no quería dialogar con su antecesor ni con nadie.

 

Mientras se debatía entre encarar a Rosenkrantz o no hacer nada, Bourdin recibió una visita sorpresa en su despacho.

 

Era Morgenstern, uno de los secretarios estrella del flamante presidente que le llevaba un mensaje en clave de advertencia:

 

—Hiciste muy mal en contestarle públicamente a Elisa Carrió —disparó el joven ideólogo y autor del 2×1 para represores.

 

El comentario aludía a un hecho ocurrido casi cuatro meses antes. La diputada de la Coalición Cívica había dicho en televisión que Bourdin le organizaba “reuniones secretas” a Lorenzetti, todavía presidente, con fines “golpistas”, y le atribuía una relación personal con él. Carrió aludía al encuentro que el juez supremo había tenido en el Jockey Club con empresarios en medio de la crisis económica y la disparada del dólar.

 

Bourdin, alterada, apeló a la posibilidad de difundir una respuesta en Infobae. Escribió un texto personal —alimentado también por el enfrentamiento de la dirigente con su jefe— con el título “Me cansé de las mentiras de Carrió”. Algunos tramos decían: “Volvió a mencionarme injuriándome, abusando de su inmunidad parlamentaria para mentir […] O Carrió está muy mal informada por sus operadores, o miente a sabiendas de que lo hace. A esta altura no sé qué es peor. No tengo, no tuve ni tendré una relación personal con Lorenzetti. No soy su amiga, no tengo un vínculo de afecto ni de confianza con él. Tampoco le organizo reuniones secretas, ni participo de estrategia golpista alguna […] Me cansé de que se meta conmigo y con mi familia, mi marido y mis dos hijas”. Termina así, evocando una frase de Beatriz Sarlo en el programa televisivo 6, 7, 8: “Conmigo no, Carrió. Porque si usted sigue injuriándome, yo le voy a contestar, no con chismes ni con mentiras, sino con información. Y recuerde que el poder del que hoy usted abusa no es suyo sino de los ciudadanos”.

 

—No me arrepiento de nada. Tenía que contestar —replicó Bourdin a Morgenstern con vehemencia, mientras le clavaba sus ojos celestes en la cara y los tacos aguja en el piso. 

 

Al rato, apareció directamente Rosenkrantz en la oficina de la periodista y la invitó a la suya. El supremo volvió a la carga con la misma cuestión, pero le agregaba el anuncio fatal de que sería desplazada.

 

—La contestación que le diste a Carrió selló tu suerte —levantó la voz el juez. Era evidente que pretendía mantenerse en armonía con el Gobierno y con su amigo Pepín Rodríguez Simón, también amigo de la diputada, y quitarle a Bourdin algo que ella había creado.

 

—Si no fuera porque te conozco desde hace tiempo te habría echado —le espetó.

 

Bourdin es egresada de la Universidad de San Andrés, donde el supremo era rector; también mandó a su hija mayor a esa casa de estudios.

 

—Mirá, Carlos, me vas a entender cuanto tengas un par de años acá y un par operaciones de prensa encima en las que se metan con tu familia. Deberías hacer una transición y hablar con Ricardo —le devolvió la periodista envalentonada, en el mismo idioma que él la había encarado.

 

Esa misma tarde Rosenkrantz fue a ver a Lorenzetti y le pidió que le entregara todo el aparato de comunicación de la Corte y la administración. Para lo primero, fueron a visitar a Bourdin a su oficina como quien pide rescate, los dos hombres que se encaminaban a hacerse cargo de las publicaciones y todos sus derivados. Uno era el secretario Valentín Thury Cornejo, un abogado ultracatólico que casi no ejerció la profesión; conoció a Rosenkrantz cuando era investigador del Conicet y dirigía el portal Todo sobre la Corte, por lo que fue convocado a la Universidad de San Andrés a dar clases. El otro era un abogado, consultor privado, llamado Ariel Neuman, experto en lo que llama “marketing judicial”, a quien  Rosenkrantz  terminó  contratando  en  forma  privada. Le pidieron trabajar coordinados. La respuesta fue un tajante “no”.

 

Con una resolución de Lorenzetti, Bourdin y su mano derecha, Pablo Méndez, se mudaron para trabajar en su vocalía. La mayoría del personal del Centro de Información Judicial quedó repartido en diferentes dependencias: la Morgue, Ceremonial y Protocolo y la Biblioteca. En total fueron doce movimientos los que se registraron en las resoluciones de la Corte de los últimos días de noviembre de 2018. En la vocalía de Rosenkrantz decían que alguno fue enviado a la oficina de escuchas e investigaciones, pero no hay constancia de tal pase en la web de la Corte Suprema.

 

En medio de todo ese tironeo estaba por producirse algo perturbador para Lorenzetti. El 9 de octubre comenzaba el «J20», que era la conferencia judicial de las cortes supremas que participaban del llamado «G20» —un foro internacional de cooperación económica, financiera y política de los países más poderosos del mundo—, que tenía como sede a la Argentina. Lorenzetti llevaba meses pensando en ese acontecimiento y organizando los detalles. Estaba todo planeado para que fuera el anfitrión y principal orador del evento, que se haría en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Pero ahora el presidente era otro.

 

La contratación de Neuman respondía a la inminencia del J20. Rosenkrantz quería que se ocupara de la comunicación del evento y de amortiguar los contratiempos en puerta, porque su posición era la de alguien importantísimo, pero solitario y desarmado.

 

El joven, de tez blanca, pelo negro con entradas prominentes, voz nasal y rasgos de nerd, estaba trabajando como coordinador del Posgrado de Comunicación en la Universidad Austral y hacía tiempo que no pisaba tribunales. Su nexo con el mundo cortesano era la esposa de Thury Cornejo, que había sido su jefa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo a cargo el Boletín Oficial desde un día después del incendio en el boliche Cromañón. Thury Cornejo había hecho una maestría en Comunicación Política en Austin, Texas, y elaborado una tesis sobre la comunicación en la Corte Estados Unidos. Neuman cursaba un doctorado en Comunicación Política en la Universidad Austral, tema común que los puso en contacto. Pero, además, el consultor también es profesor de Derecho Empresario en la Universidad de San Andrés.

 

Cornejo lo llamó el 2 de octubre algo desesperado preguntándole qué podían hacer con el J20. Neuman sugirió que como era un acontecimiento que sería único tenían que buscar la manera de darle cobertura y visibilidad. Al rato lo volvió a llamar. Como era su cumpleaños, Neuman iba camino a la Universidad Austral con una torta en la mano, y apenas podía sostener el teléfono celular.

 

—¿Te parece que te contratemos por un mes? —le propuso el secretario cortesano, compañero habitual de gimnasio de Rosenkrantz.

 

—Un mes y vuelvo —acordó con la Corte, con la universidad y con su socio en una revista.

A Neuman le tocó la peor parte. Lo mandaron con una nota a pedirle las claves del CIJ al programador, quien se comunicó con Pablo Méndez.

 

—No se las podés dar, porque no es empleado de la Corte, simple —fue la respuesta.

La reacción del flamante presidente supremo fue feroz: abrió un sumario contra Méndez y el programador.

 

***

 

El 8 de octubre, día previo al inicio del J20, Rosenkrantz prendió la mecha de un escándalo cuando decidió declararle la guerra a su antecesor y firmar una resolución en la que denunciaba que Lorenzetti había vaciado —antes de dejar la presidencia— la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, que no había personal suficiente y que estaba en riesgo el funcionamiento del Centro de Información Judicial «compro­ metiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación», decía. Advertía que esas áreas tenían dependencia directa del presidente de la Corte y que como fuera le tenían que dar acceso al CIJ y al sistema informático. Instruía al secretario de administración para que «proceda a la recuperación de todos los dispositivos tecnológicos» que permitían manejar la web y que procure la «seguridad informática» de todo. El texto se conoció en medio de los preparativos para la cena de bienvenida a los jueces invitados, donde se percibieron los primeros choques por el manejo del micrófono, que logró arrebatar la jueza Highton de Nolasco.

 

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Lorenzetti, a años luz de la parsimonia campechana que traía en 2004 cuando llegó a la Corte, era pura furia. El día del acto inaugural, le contestó a Rosenkrantz con una carta sin precedentes que hizo pública, con acusaciones gravísimas que empezaron a reproducirse desde temprano en todos los portales de noticias.

 

«Hace muy pocos días —le decía— usted se apersonó en el despacho de la Secretaría de Comunicaciones (Bourdin) efectuando expresiones que contrarían las directivas de políticas de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no solo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartaron notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte —que tiene rango de juez de Cámara—, de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante y de la independencia que se le debe a un periodista profesional». Le adjudicaba actitudes propias de «épocas que hemos querido superar». Solo en los peores momentos del menemismo se habían vivido dentro de la Corte peleas de un voltaje semejante.

 

Lorenzetti decía en el texto que esa situación había motivado que la funcionaria pidiera su traslado. Le endilgaba a Rosenkrantz haber creado un clima de «tensión, de temor, de amenazas telefónicas y falta de respeto a los derechos del trabajador y de la persona humana, así como a los procedimientos internos».

 

«Lamento muchísimo semejante mediocridad», ironizaba Lorenzetti. «No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros […] el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y jurisprudencia», seguía. Daba cuenta también de que desde la creación del área de Comunicación habían existido «muchos intentos de incorporar personas vinculadas al Poder Ejecutivo, o al sector privado, lo que siempre fue rechazado por considerar que se afecta la independencia del Poder Judicial». Como en una gran paradoja que lo ponía frente al espejo de lo que él mismo supo ser, Lorenzetti le aconsejaba: «La Presidencia no es un área personalista y concentrada, sino descentralizada y participativa».

 

Con este tembladeral como música de fondo, los jueces supremos se tenían que juntar en el sector contiguo a la cúpula toda vidriada del CCK. Rosenkrantz ya estaba ahí cuando Lorenzetti bajó del ascensor a pura sonrisa. El presidente supremo lo recibió desencajado:

 

—¡Las cosas que estás diciendo por la prensa! ¿A vos te parece?

 

—Te desubicaste, Carlos, la agrediste a María —defendió Lorenzetti con fortaleza a su colaboradora primordial, mientras intentaba sostener la sonrisa.

 

—No la agredí —contestó ofuscado su colega.

 

—Sí, le faltaste el respeto.

 

La discusión empezó a subir de tono, los supremos aproximaron sus cuerpos y casi se van a las manos. En ese momento, los mozos preparaban una mesa larga para el coffee break. Uno de ellos, instalado en la máquina para preparar el café, paraba la oreja. Alguien pidió por favor que lo sacara de ahí la custodia, porque la escena era patética.

 

De pronto empezaron a llegar los jueces invitados de otros países, mientras la discusión continuaba. También apareció entre ellos, a paso lento, Highton de Nolasco, completamente ajena a lo que pasaba.

 

—¿Me esperan que voy a mear? —dijo como si tal cosa. Sus compañeros están acostumbrados a escucharla hablar en esos términos en la intimidad de los encuentros cortesanos.

 

Rosatti, alias «el relajador», trató de separar a Rosenkrantz y a Lorenzetti. Después se llevó al flamante presidente con él al primer panel, para neutralizar el desastre.

 

***

 

La foto del acto de apertura fue una postal de la situación: todos los supremos estaban sentados en unas modernas sillas blancas y en el centro de la imagen se destacaban Rosenkrantz y el presidente Mauricio Macri, que parecía un juez más. A la derecha, los peronistas Maqueda y Rosatti; a la izquierda Highton y en el extremo lejano Lorenzetti. La posición del ex presidente supremo para la foto había sido tema de deliberaciones e incomodidad para los encargados de Ceremonial y Protocolo de la Corte, que no sabían cómo decirle que debía sentarse en una punta. Para peor, venían lidiando con un problema adicional: la nueva edición del libro institucional de la Corte, que suelen regalarle a las visitas ilustres, en especial extranjeros, y que repartirían entre los jueces asistentes al J20. El libro ya estaba en la imprenta. Lo había mandado la gestión de Lorenzetti. Pero una de las secretarias de Rosenkrantz, María Rivero Ayerza, previno al personal de Ceremonial:

 

—Vamos a cambiar el libro, porque cambió el presidente. En la foto no puede estar Lorenzetti en el centro, debe estar el doctor Rosenkrantz —comunicó con severidad.

 

Al enterarse, Lorenzetti armó revuelo. Pondría cuanto escollo estuviera a su alcance.

 

—De ninguna manera, el J20 lo organicé yo —mandó a decir a sus emisarios.

 

Era tan evidente e incómoda la batalla por cuestiones de divismo que los jueces mandaron a debatir a sus secretarios y secretarias. Bourdin, que tenía facultades sobre el material fotográfico, zanjó la deliberación al advertir que necesitaban permiso de ella para el uso de imágenes. En conclusión: no hubo libro institucional.

 

Rivero Ayerza, una rubia de pelo pesado que le llega hasta los hombros y nariz aguileña, trabajó en McDonald’s (Arcos Dorados en la Argentina) desde 1996, y fue allí donde conoció a Rosenkrantz, cuyo estudio de abogados atendía los problemas legales de la empresa. Según su currículum, la abogada de 55 años codirigió la operación de compra de McDonald’s en Latinoamérica por parte de la firma Arcos Dorados y dirigió el grupo de crisis ante denuncias de supuestas intoxicaciones por escherichia coli. También dice que comandó el equipo que preparó a Rosenkrantz para la audiencia en el Senado para ser juez de la Corte. Ese día no pudo contener la emoción al ver a Rosenkrantz defender su pliego. No dejó de sacarle fotos, aunque, como estaba sentada unos metros detrás —junto a Thury Cornejo— solo atinó a retratar la nuca caniza del jurista.

 

Cuando le tocaba a Rosenkrantz hacer el discurso de apertura en el J20, Rivero Ayerza temía el boicot y la ausencia de algunos de sus colegas dado el alboroto desenfrenado que se había generado. Además, era ostensible la bronca que provocó que no hubiera anticipado ni consultado a sus pares nada de lo que tenía pensado decir en nombre de la Corte. Fue entonces cuando la secretaria lanzó una frase que dejó pálidos a los miembros de Ceremonial que la escuchaban:

 

«Cualquier cosa hay que perseguir a los jueces con una picana eléctrica y traerlos». El comentario causó un escozor mayor a quienes sabían que es hija del vicealmirante Máximo Rivero Kelly, piloto de la Armada que bombardeó Plaza de Mayo repleta de trabajadores el 16 de junio de 1955 en el intento por quebrar al gobierno de Juan Domingo Perón. Durante la presidencia de Alfonsín, el entonces vicealmirante Rivero Kelly fue el primer oficial en actividad en ser llamado a declarar por crímenes durante la dictadura en el sur del país. En esos años había sido el jefe de la base Almirante Zar de Trelew, tristemente célebre por la masacre de 1972 y por ser un centro de detención para presos políticos durante los años del genocidio. Lo terminó favoreciendo la Ley de Obediencia Debida de 1987. Pese a la reapertura de los juicios y a que tuvo alguna citación a indagatoria, se las ingenió para esquivar la justicia.

 

Tiempo después, María Rivero fue desplazada del lugar que ocupaba en el despacho de presidente supremo y pasó a cumplir una función más burocrática, de chequeo de los expedientes que ingresan y los temas previstos para el acuerdo. La explicación oficial atribuye el cambio a desavenencias con la otra secretaria, Gabriela Giordano, y parte del equipo.

 

El discurso de Rosenkrantz en el J20 era su primera exposición como presidente, en este caso ante colegas del mundo. Tuvo algo, a la vez, de mensaje a su antecesor. Habló de la «independencia» de los jueces y juezas, tema recurrente también en los discursos de Lorenzetti, que le había enrostrado en la carta pública. El flamante presidente quiso acentuar que él abordaría la cuestión de manera diferente.

 

«Ustedes quizá piensen que no estoy diciendo nada nuevo —se atajó el juez—. Sin duda se afirma con frecuencia, y es verdad, que los jueces deben ser independientes de los otros poderes del Estado. Más aún, se afirma con frecuencia también que los jueces deben ser independientes de todos los poderes no institucionalizados, por ejemplo de quienes concentran poderes económicos o sectoriales en la comunidad. Pero yo quiero decir algo parcialmente diferente aquí, y es que la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces no se satisfacen meramente con la independencia de otros poderes. Ser un juez independiente e imparcial exige mucho más pues nos exige la independencia más difícil de honrar. Nos exige la independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y políticas». «Nosotros los jueces no hemos sido elegidos para decidir de acuerdo con nuestra visión política, moral o religiosa», insistió.

 

Al público, por los comentarios en la platea, no le pareció que dijera nada novedoso sino una habitual expresión de deseo que pocos jueces y juezas son capaces de sostener.

 

(…) Al final del J20 los supremos y los jueces del mundo se sacaron la «foto de familia», que fue publicada en el CIJ, en su compleja y sinuosa transición. Lorenzetti se ríe ampliamente. Rosenkrantz tiene un esbozo de sonrisa forzada, igual que Highton. Maqueda y Rosatti, pegados, pusieron la peor cara de enojo a su alcance. Las fotos, a veces, son buenos termó­ metros y permiten anticipar algo del futuro.

 

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