En la víspera de nochebuena, el vuelo AR 1060 de Aerolíneas Argentinas trajo al país la primera partida de 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V. Las cámaras de televisión mostraron en directo cómo el avión descendía sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y carreteaba por la pista de aterrizaje hasta detenerse frente a los camiones de la empresa de transportes encargada de distribuir las dosis entre las 24 provincias. Cinco días más tarde, empezó la campaña de vacunación anunciada como la más grande de la historia argentina: con ella se espera inmunizar contra el virus del SARS-CoV-2 a 15 millones de personas antes del comienzo del otoño. El tono épico con que el gobierno narró la misión se inscribe al interior de una política dirigida a que la población acepte la vacuna. El propio Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19, presentado por el Ministerio de Salud de la Nación un día antes del arribo de la Sputnik V, comprende que “[l]a comunicación sobre la seguridad de la vacuna […] jugará un papel clave para mantener la confianza de la población en la vacunación”.
Los desafíos que el Plan debe afrontar en materia comunicacional son varios. Entre ellos, los discursos de un difuso movimiento anti-vacunas que durante la pandemia adquirieron cierta audibilidad en el espacio público. Amplificados a través del uso de redes sociales, intervenciones en los medios y manifestaciones callejeras, los enunciados de rechazo a las prácticas de inmunización se entremezclaron con reclamos por la defensa de las libertades individuales, oposiciones a medidas de gobierno, teorías conspirativas sobre la existencia del virus, y cuestionamientos a las capacidades del método científico para la constatación de fenómenos como la curvatura de la Tierra.
Según una encuesta realizada en 149 países por integrantes del Vaccine Confidence Project, la desconfianza o rechazo a la vacunación es una manifestación de alcance global cuyo mayor arraigo se encuentra en el hemisferio norte. Publicada en septiembre por la revista The Lancet, la encuesta señala que en 2019 Argentina se situaba entre los países con mayor porcentaje de aceptación de vacunas. Mientras tanto, en enero del mismo año, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe que ubicaba la renuencia a vacunarse entre los diez mayores peligros para la salud, listado que compartía con una por entonces posible nueva pandemia mundial de gripe.
Así como la hostilidad hacia las políticas de vacunación es un problema que trasciende el ámbito local, también está lejos de ser una inflexión exclusivamente contemporánea surgida al calor de las fakenews y la literatura conspirativa. Sus expresiones no se limitan a una articulación con discursos neoliberales en contra de toda forma de intervención estatal, ni se fundamentan sólo en creencias anti-cientificistas en un creacionismo pre-darwiniano. El rechazo a la vacuna forma parte de la historia social y cultural de la medicina casi desde el momento en que Edward Jenner publicó, a fines de la década de 1790, los resultados de los experimentos que doscientos años después terminarían por erradicar la viruela. En el Atlántico sur americano, tales manifestaciones irrumpieron en la agenda pública a comienzos del siglo XX, cuando se sancionaron en los países de la región las primeras leyes de vacunación obligatoria.
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Las primeras dosis de vacuna contra la viruela arribaron al Río de la Plata en 1805 conservadas en los brazos de tres esclavos a bordo de un barco portugués. Tras la epidemia de fiebre amarilla de 1871, se presentó en la Legislatura porteña un primer proyecto de ley de vacunación obligatoria. Como sucedió con otros posteriores, distintos actores lo resistieron y rechazaron por diferentes motivos. La historiadora María Silvia Di Liscia identifica dos focos de resistencia: el de médicos que aplicaban la vacuna de manera privada y veían en el horizonte de cobertura universal una amenaza a sus negocios, y el de sectores de la población que temían por la exposición de sus cuerpos a sustancias extrañas. Finalmente, en 1886 se aprobó en Buenos Aires la ley de vacunación y revacunación antivariólica obligatoria y, en 1903, una nueva ley extendió la medida a los territorios nacionales.
En sus comienzos, la implementación de la norma legal enfrentó una serie de dificultades. Entre ellas, la escasa presencia de médicos diplomados en regiones del país alejadas de las grandes urbes. En muchos lugares, el cuidado de la salud quedaba a cargo de curanderos y curanderas cuyas prácticas y saberes heterodoxos se hallaban lejos de responder de manera irrestricta a los nuevos dictados de la ciencia. Pero el llamado curanderismo no se desplegó exclusivamente en zonas rurales. La curandería era un campo heterogéneo compuesto por una miríada de versados en el arte de curar cuyas distintas formas en que ejercían y prestaban sus servicios era encuadrada por las autoridades regulatorias al interior de la figura de ejercicio ilegal de la medicina. Entre manosantas, curadoras de empachos y ojeos, espiritistas y magnetólogos, hacia fines del siglo XIX los médicos naturistas comenzaron a hacerse un lugar en este multivariado universo de sanadores irregulares.
A través de la edición de libros y revistas, los naturistas se manifestaron públicamente en contra del uso de la vacuna. Y el modo en que lo hicieron no partía de una oposición tajante a las formas propias del conocimiento científico. Más bien, expresaba una reacción al interior de las reglas de producción de saber inauguradas por la modernidad. Uno de los primeros propagandistas del naturismo en Buenos Aires fue el periodista uruguayo Antonio B. Massiotti, quien a comienzos del siglo XX editó la revista La Vida Natural. En ella publicó una serie de escritos en los que, apoyándose en las leyes de la mecánica, cuestionaba el carácter científico de la medicina oficial por considerar que esta no seguía las vías rectas del progreso, y ponía como ejemplo de sus supuestos desatinos el descubrimiento de Jenner.
En 1904, año en que se reglamentó la ley nacional de vacunación, Massiotti publicó una carta abierta dirigida a los asistentes al Congreso Médico Latinoamericano que se realizaba en Buenos Aires. Sostuvo que la vacunación era “la mayor de las iniquidades de la Medicina oficial, amparada e impuesta por el Estado”, y sugirió a los congresales que, si querían hacer un bien a la humanidad, declararan la inutilidad de la vacuna. Posiblemente debido a que la obligatoriedad de la antivariólica estaba vigente en la ciudad desde hacía varios años, la oposición de los naturistas no tuvo mayores repercusiones. Ni siquiera entre los anarquistas, en cuya prensa se daban a conocer los lugares en que los obreros podían aplicarse gratuitamente la inyección profiláctica.
Mientras tanto, ese año se desató en Río de Janeiro un enorme levantamiento popular que pasó a la historia como la “revolta da vacina”. El presidente de Brasil, Francisco de Paula Rodrigues Alves, había emprendido un programa de saneamiento y reforma de la ciudad para el cual demolió viviendas que formaban numerosas cuadras en los barrios centrales. Los sectores más pobres de la población carioca fueron desplazados hacia las colinas de la periferia, produciéndose la expansión de las favelas. En ese contexto, el médico Oswaldo Cruz asumió la Dirección General de Salud Pública y promovió la sanción de una ley de vacunación antivariólica obligatoria.
Pocos días después de aprobarse en el Congreso, la ley empezó a implementarse a través del ingreso por la fuerza de policías y efectivos de salud a los hogares. La mayoría de las personas aún ignoraba la efectividad de la medida inmunológica, y temía por los efectos que la inyección de fluidos extraños pudiera ocasionarles. El 11 de noviembre de 1904, la indignación ante la violencia con que los agentes estatales irrumpían en las casas y en los cuerpos desató el levantamiento. Miles de personas salieron a las calles a enfrentar la política de Cruz, a quien el caricaturista Leonidas Freire llamó, desde las páginas del periódico O Malho, el “Napoleón de la jeringa y la lanceta”. Frente a la multitud, los pelotones de las fuerzas de seguridad dispararon con armas de fuego y dejaron decenas de muertos y heridos, y cerca de mil detenidos.
Los militares opositores aprovecharon la ocasión e intentaron un golpe de Estado. El Congreso ordenó el Estado de sitio y el gobierno detuvo a los líderes golpistas, quienes poco tiempo después fueron amnistiados. Para quienes participaron de los enfrentamientos callejeros la suerte no fue la misma. Si bien la campaña de vacunación fue interrumpida, la represión continuó y se trasladó al interior de las favelas. Cientos de detenidos fueron enviados a la base militar de Isla de Cobras y deportados al Estado de Acre, en el extremo noroeste de Brasil.
Por su parte, en Uruguay, luego de dos intentos fallidos de sanción de una ley de vacunación obligatoria a fines del siglo XIX, en 1910 el Poder Ejecutivo solicitó al Consejo Nacional de Higiene la elaboración de un tercer proyecto. Su debate en el Congreso comenzó en octubre y generó profundas discusiones entre vacunistas y anti-vacunistas.
La revista Natura, editada por el Centro homónimo de medicina naturista y dirigida por J. Fernando Carbonell, encabezó la campaña en contra de la sanción de la ley. A partir de la edición de mayo de 1910, cada uno de sus números mensuales estuvo dedicado de manera casi exclusiva a combatir lo que sus redactores consideraban un atropello a la libertad y la salud. Un año más tarde, los integrantes del Centro constituyeron en Montevideo la Liga Latino-Americana pro Libertad de Vacunación. Su estatuto fundacional sostenía que el objetivo de la Liga era “trabajar por todos los medios lícitos y conducentes para conseguir que los Poderes Públicos se desentiendan completamente de la vacunación, dejándola librada al juicio de los señores médicos y sus clientes”.
Uno de los principales argumentos esgrimidos contra la vacuna fue el presunto riesgo de contagio de tuberculosis que la misma producía. Dicho riesgo no era del todo infundado, ya que durante gran parte del siglo XIX, antes de la difusión de los métodos asépticos de conservación, la aplicación de la antivariólica solía realizarse brazo a brazo, lo que ocasionaba el peligro de inoculación sifilítica o tuberculosa. En su obra sobre la historia de la medicina en Uruguay, José Pedro Barrán señala que “[e]l temor popular a la vacuna del Novecientos, por consiguiente, no tenía por único motivo a la superstición. Podía calificarse de anacrónico pero no de incomprensible pues su fundamento empírico estaba en el pasado.” [1]
A diferencia de lo ocurrido en Buenos Aires, los anarquistas montevideanos y la Federación Obrera Regional Uruguaya tomaron una posición activa en la lucha contra la ley. Conformaron un Comité dedicado a organizar acciones de protesta y lanzaron un manifiesto en el que denunciaban la vacunación obligatoria como un atentado a la libertad de pensamiento y la inviolabilidad del domicilio. “Imitemos al pueblo de Río de Janeiro —impulsaba el escrito—, que al grito de ‘no somos ganado para que se nos marque’, derrocó en pocas horas la infame Ley de Vacunación Obligatoria.” En la manifestación del 1° de mayo, la oposición a la norma legal ocupó un lugar entre las consignas por salud y revolución social. La militante anarquista Virginia Bolten hizo uso de la palabra para expresar su rechazo a la vacuna y se desplegaron banderas con las frases: Respetad la libertad del ciudadano; Abajo la vacunación obligatoria. Nada de ello logró impedir que la ley fuera aprobada el 23 de septiembre de 1911.
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Lejos de responder a creencias arcaicas, los argumentos de quienes impugnaron las primeras leyes de vacunación obligatoria en el Atlántico sur americano se compusieron al interior de los regímenes de saber propios de su tiempo. Antes que renunciar a las estrategias científicas de producción y validación de conocimientos, los anti-vacunistas apelaron a ellas buscando refutar los informes que, con mayor éxito, argumentaron en favor de la importancia de la obligatoriedad de la vacuna. Pero las formas de protesta buscaron rechazar no sólo la práctica de inmunización, sino también los modos en que las autoridades y efectores a cargo la informaron e implementaron. A propósito de esto, vale recordar que, tanto ayer como hoy, los laboratorios no son el único espacio en que se pone a prueba la verdad de los descubrimientos médicos. También lo son el Congreso, la prensa, las calles, los hospitales, las casas y los cuerpos.
La pandemia que estamos atravesando actualiza y profundiza los riesgos que pueden ocasionar sobre nuestras vidas ciertas manifestaciones de rechazo o desconfianza hacia tecnologías potencialmente beneficiosas para la salud. Sin embargo (o, mejor, precisamente por ello), tal vez sea prudente avanzar en la comprensión de tales manifestaciones desde una perspectiva que no asuma el progreso como la forma invariable del devenir de la ciencia médica, la vacuna como la cúspide de su desarrollo y, por tanto, sus impugnaciones como un simple retraso epistemológico. Como afirma la médica y filósofa francesa Anne-Marie Moulin: “Cuando se deje de atribuir las resistencias, rechazos y reticencias en relación a la vacunación al invencible atraso de los hombres, y se considere el fenómeno en toda su complejidad, a la vez científica, política y social, la vacunación recuperará su verdadero lugar en la historia: el de un desafío sorprendentemente fértil e ingenioso, susceptible de presentar nuevos desarrollos como aquellos a los que asistimos en los últimos años”
[1] José Pedro Barrán, Medicina y sociedad en el Uruguay del Novecientos. Tomo2. La ortopedia de los pobres, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1993, p. 214.